El viernes 31 de Octubre, después de dos días de debate sobre el proyecto de “enmiendas” constitucionales planteado por los asambleístas oficialistas, la Corte Constitucional descartó, en 16 de los 17 temas propuestos, la consulta popular para que sea el pueblo el que decida si cambia o no lo que fue acordado y luego se aprobó en la Constitución de Montecristi.

Según el pronunciamiento de la Corte Constitucional es la Asamblea Nacional (mayoritariamente integrada por asambleístas de Alianza País) la instancia estatal que debe decidir si los cambios propuestos por los oficialistas proceden o no. Sentencia que aunque esperada, no deja de sorprender por su grosera anticipación.

De los 17 temas planteados para ser enmendados, quizá los más delicados son la restricción del papel de la Contraloría y de los gobiernos municipales, la limitación a llamamiento a consulta popular por iniciativa ciudadana, la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular, las nuevas competencias de las Fuerzas Armadas, el manejo de los fondos previsionales públicos, la comunicación como servicio público y los cambios laborales. El tema más discutido sin lugar a dudas ha sido el de la reelección indefinida, pero no por ello es el más importante en la vida de los ecuatorianos. Si se observa con detenimiento, la mayoría de cambios suponen una limitación del ejercicio democrático en base a un claro proceso de concentración del poder de decisión que el Estado y básicamente el Ejecutivo va teniendo sobre la vida en común de nuestra sociedad. 

Se limita el papel de la Contraloría como ente de regulación y control del funcionamiento del Estado. No es lo mismo controlar la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado que simplemente controlar el uso de recursos del Estado. Lo primero supone que la Contraloría General tenga potestad de verificar el cumplimiento del funcionamiento institucional del Estado en atención a los objetivos emanados del mandato constitucional; lo segundo es un control de recursos, digamos de gasto no de procesos, procedimientos y políticas. En otras palabras, la Contraloría pierde potestad como ente de control que evita y sanciona los procedimientos inconstitucionales y por lo tanto poco democráticos de los funcionarios estatales.

El control de  las competencias de los gobiernos municipales en manejo de infraestructura de salud y educación por el ente rector de política pública, es una restricción a los procesos de descentralización y un aumento a la concentración de poder en el Gobierno central. Lo pertinente desde una perspectiva de ampliación de la democracia sería darle mayor poder de control a la ciudadanía y no al Estado y menos al Gobierno central.

En lo referente a las consultas populares de iniciativa ciudadana, retirar la frase “sobre cualquier asunto” es una clara disminución de la democracia directa, pues la sociedad organizada y responsable tiene no solo el derecho sino la obligación de decidir sobre su vida, sobre cualquier asunto de su vida común que considere necesario.  Es claro que esta “enmienda” busca limitar la participación directa de la población y generar mayor delegación al Gobierno, lo cual no es saludable para la vida en democracia. Quizá esta “enmienda” tenga mucho que ver con la fuerza que tuvo la iniciativa de consulta popular propuesta por el colectivo Yasunidos para pedir que sea el pueblo ecuatoriano el que decida sobre el destino del petróleo en el Parque Yasuní y no un Gobierno abiertamente extractivista. 

Las nuevas competencias complementarias de las Fuerzas Armadas, de apoyar en la seguridad integral del Estado, son un cambio fundamental en el papel de los aparatos estatales de seguridad, en especial, en un contexto donde se está ejecutando una política de criminalización de la protesta social. En un escenario de un Gobierno claramente autoritario que se ha adherido al discurso fascista del Estado norteamericano del terrorismo, con el cual buscan criminalizar la resistencia y la lucha social en contra de la avanzada capitalista en su forma más violenta, la intervención de las Fuerzas Armadas, para apoyar la seguridad del Estado, puede agudizar gravemente la violencia del poder estatal en contra de la sociedad.

En cuanto a que la comunicación sea declarada un servicio público sabemos que el problema no gravita necesariamente en esta declaración, sino en lo que se quiere hacer a partir de ella.  Con el antecedente de la Ley de Comunicación y de sus organismos de control como la Superintendencia de Comunicación, no augura nada bueno para la democracia la  “pequeña enmienda”.  

En relación a la reelección indefinida el asunto no puede estar más claro. Hay sin lugar a dudas el propósito de cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder del Estado y desarrollar su proyecto económico de ampliación del marco mercantil. Conocen su experiencia en el manejo del marketing político, de los mercados electorales, de la marca electoral  RC, de las ventajas que les da el marco jurídico electoral que construyeron, etc., así que lo único que necesitan es la “enmiendita” constitucional.

Sin embargo, hay que decirles que nunca nada está seguro y que debería hacer caso al 70% y más de la población que quiere ser consultada sobre el tema de la reelección indefinida.      

Ahora bien, lo que más indigna de la sentencia de la Corte Constitucional es que se da dentro de una puesta en escena de un ritual que simula un ejercicio democrático. El bloque de asambleístas oficialistas en un acto claro de simulación democrática se dirigen a dejar su propuesta en la Corte Constitucional, ésta a su vez simula recibir la propuesta para analizarla y emitir su sentencia. Después de sesionar, la Corte, en la persona de su  presidente, Patricio Pazmiño, anuncia el dictamen en una conferencia de prensa, en la valga decir con énfasis no se permitió preguntas a los periodistas. No es necesario puntualizar que los ciudadanos de a pie, como se acostumbra a decir cuando nos referimos a los miembros del pueblo o de los pueblos, no tienen ninguna posibilidad de preguntar nada. El ritual de simulación debe cumplirse sin que ninguna “pregunta inoportuna” lo ponga en evidencia, el ritual cumple su función, en este caso simular democracia,  siempre y cuando no haya un observador externo que evidencie la simulación.

Luego, en un acto de igual simulación democrática, después de “conocer” el dictamen, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, manifiesta que “asumirán con responsabilidad” el fallo de la Corte Constitucional y que esperan que éste sea notificado al Legislativo para iniciar el trámite con la conformación de la comisión ocasional que tratará el tema. Con toda esta escenificación ritual, que por cierto resulta grotescamente cínica, el oficialismo, al parecer, cree haber disimulado el procedimiento real con el cual se va a ejecutar las reformas constitucionales, es decir  a espaldas y contra los pueblos que habitan y constituyen esta sociedad ecuatoriana, a espaldas y contra la participación directa de la sociedad, a espaldas y contra la democracia real.