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14 de Febrero del 2017
Ideas
Lectura: 9 minutos
14 de Febrero del 2017
Consuelo Albornoz Tinajero

Profesora universitaria, investigadora y periodista.

De veras ¿cuánto nos importa la corrupción?
En la década correista sus dirigentes se han especializado en controlar a todas las funciones, a todos los poderes, oficinas y organismos del estado y han caricaturizado la rendición de cuentas con las sabatinas, el ejemplo más logrado de esta desfiguración. En la década correista sus cabecillas han abominado de la participación ciudadana y social; se han dedicado a denigrarla, a debilitarla y una prueba de ello es el famoso decreto 16.

Hace un par de años la organización Change recibió esta petición para “declarar la corrupción DELITO DE LESA HUMANIDAD. Hacerlo ley. Solicitar la confiscación de los bienes ilícitos. Cárcel a los culpables. Revisión de todas las causas de los Últimos 30 años. "NUNCA MÁS" corruptos. Devolver el dinero del pueblo”. 

La demanda fue cerrada, porque apenas alcanzó 89 simpatizantes. La interesada, de nacionalidad argentina, comentaba: “La corrupción mata, atrasa, envilece. La corrupción nos roba el futuro de nuestros hijos y nietos. Mientras los hijos de los corruptos estudian ‘cine’ en Nueva York, los nuestros se mueren en las discotecas, trenes, rutas, hospitales”. Pese a la descripción exacta del daño de la corrupción, no solo en Argentina, su pedido fue ignorado por sus compatriotas.

En estos días, un ciudadano ecuatoriano acaba de proponer a través de la organización Avaaz una invitación para luchar contra la corrupción, porque es un imperativo social, al ser una enfermedad cuyo costo “es mayor al de cientos de accidentes de tránsito, a los miles de casos por cáncer y al porcentaje de personas que padecen enfermedades catastróficas. Lo que se pierde por este rubro pudiera mejorar la calidad de vida de toda la población y, sobre todo, la más marginal en temas de educación, salud, vivienda y seguridad social”.

Se podría argumentar que una petición virtual no pasa de lo discursivo y que no tiene consecuencias reales. No necesariamente. Ni en todos los casos. Si usted revisa los planteamientos de ciudadanos de Ecuador y del mundo en las dos plataformas podrá hallar victorias más o menos contundentes, con efectos en la realidad, conseguidas por gente como usted, como yo. El pedido originado en Argentina no logró suscitar la adhesión necesaria, y el generado en Ecuador no consigue apoyos a la velocidad que otros. ¿Por qué? No creo que sea por desinterés ni por falta de información. Hay un sugestivo debate para reflexionar sobre los daños de la corrupción, hay índices globales sobre los impactos de la corrupción, se celebran foros sobre cómo combatir la corrupción y hasta hay un día para pensar sobre los efectos de la corrupción a nivel global. ¿Entonces…?

El autor del sitio web mediolleno se pregunta por qué la corrupción no ha llegado al estatuto de crimen de lesa humanidad, a pesar de que las definiciones del artículo 7 del Estatuto de Roma, sobre cuáles son los delitos de lesa humanidad, le calzan como anillo al dedo. El autor concluye que la corrupción no llega a ser calificada como un delito horrendo porque se ha naturalizado su existencia y la sociedad no la percibe en su gravedad. Entonces, el poder político, representado en las legislaturas, no regula ese crimen por no sentir la presión social suficiente para que actúe. 

El jurista argentino Eugenio Raúl Zafaroni examina la vinculación entre el crimen organizado y la corrupción, su “consorte”, y describe como la lucha contra la corrupción se circunscribe a expedir leyes y a crear burocracias más interesadas en cumplir formalidades que en prevenir su cometimiento. O en fortalecer el poder punitivo y de vigilancia del estado, con el riesgo de aumentar la “discreción policial”, o como el énfasis en este combate se centra en los costos de la corrupción para los inversionistas y no en el fortalecimiento de la calidad institucional y de la democracia “el único remedio para este mal”.

Ahora mismo, somos testigos horrorizados de los capayaleaks y de los odebrechtleaks. Antes lo fuimos de los Papeles de Panamá. Hemos visto la persecución a periodistas como Fernando Villavicencio, por citar al más atacado; el acoso permanente a medios de prensa y periodistas que divulgan incorrecciones, errores de buena fe, y toda suerte de arbitrariedades del régimen. En las últimas horas, los empleados del correismo han emprendido, con uso de nuestros recursos, en una campaña a favor del candidato oficial, como lo divulga la periodista Ana María Cañizares. Y sin recelo alguno, altísimos funcionarios del gobierno y ciertos órganos de propaganda del correismo difunden encuestas falsas o inventadas, para beneficiar al mismo candidato,  aunque, en realidad, lo debilitan. ¿Será, acaso, que todos estos actos de corrupción, por ser cuotidianos, nos han acostumbrado a contemporizar con este abuso contra la sociedad toda? Me niego a aceptar esta posibilidad. Si fuera así, no habría tanta indignación ni desasosiego en la ciudadanía ecuatoriana.

Ecuador es suscriptor de la Convención Interamericana contra la Corrupción, acordada en marzo 29 de 1996. El país la ratificó el 26 de mayo de 1997.  En virtud de este instrumento está obligado a “promover y fortalecer el desarrollo (…) de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”.

También nuestro país firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en diciembre de 2003 y la ratificó en agosto de 2005, pocos meses antes de que entrara en vigor, en diciembre de tal año. Ello le obliga a “promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos”.

¿Qué ha hecho el correismo, en una década, para cumplir el mandato de ambos instrumentos? Las dos convenciones, vinculantes, por supuesto, enfatizan en que la transparencia, la rendición y petición de cuentas, y la participación ciudadana y social son los elementos clave para prevenir, combatir y sancionar la corrupción. La opacidad, el descontrol y la indiferencia la amplifican, la potencian y la preservan. 

En la década correista sus titulares se han empleado a fondo en evitar la transparencia. Han obstaculizado el acceso a toda información, y de ahí su política de estado –la única- contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa.  En la década correista sus dirigentes se han especializado en controlar a todas las funciones, a todos los poderes, oficinas y organismos del estado y han caricaturizado la rendición de cuentas con las sabatinas, el ejemplo más logrado de esta desfiguración. En la década correista sus cabecillas han abominado de la participación ciudadana y social; se han dedicado a denigrarla, a debilitarla y una prueba de ello es el famoso decreto 16. Otra muestra de esto han sido los constantes cuestionamientos a la acción de organizaciones como Transparencia Internacional (TI). En diciembre de 2011 el presidente Correa cuestionó a esta organización “cuyo informe sobre percepción de corrupción ubicó a Ecuador en el puesto 120 de 182 países”, conforme lo publicó el sitio Ecuador inmediato.  Este 2016, TI colocó a Ecuador en el mismo puesto 120, pero entre 176 países.  ¿Avanzamos patria?

Con la gestión del correismo, la prevención, el control y la sanción a los actos de corrupción se volvieron casi imposibles.  Casi.  Y la realidad actual es prueba de ello.

[PANAL DE IDEAS]

Carlos Rivera
Pablo Piedra Vivar
Marlon Puertas
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Rodrigo Tenorio Ambrossi
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Carlos Arcos Cabrera
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