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23 de Noviembre del 2020
Ideas
Lectura: 6 minutos
23 de Noviembre del 2020
María Fernanda Solíz

Psicóloga por la Universidad del Azuay y PhD en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es investigadora y académica. 

Las vidas que no merecen ser salvadas
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Cuando llevaron a Santiago al hospital público, no lo admitieron. Le recetaron paracetamol y le sugirieron descansar. A las pocas horas el dolor crecía insoportable.

El día martes 10 de noviembre, temprano en la mañana, Santiago despertó con un fuerte dolor de cabeza. Era insoportable, incluso para él, un adolescente alegre y sano que a sus 19 años no se quejaba de dolor alguno. Santiago es de los primeros nietos que, siendo de una familia de recicladores, ya no tuvo que reciclar. Es de los primeros en terminar el colegio y acceder a la universidad.

Conocí a su abuela Marisol hace casi 20 años. Una mujer llena de vida, su risa podía alegrar a todo el barrio. Marisol es una muy querida compañera recicladora, al igual que lo fueron su madre y su abuela. Sus hijas e hijos también son recicladores, pero algunos de sus nietos, como Santiago, han podido cortar con la herencia del oficio precarizado y están estudiando. Son el orgullo de la familia.

Cuando conocí a Marisol, sus últimos hijos eran pequeñitos y reciclaban con ella, lo hacían a cielo abierto en el botadero del cantón Portoviejo. El vertedero para entonces era un gigante basural a cielo abierto. Ahí los recicladores y sus familias promovían, desde el comunitarismo, una alternativa económica para sobrevivir.  El vertedero era el sustento económico colectivo, representaba el bien común, el espacio laboral, de recreación y, para muchos, incluso de vivienda. Pequeñas casitas de recicladores todavía existen alrededor y dentro del basural.

El basural era fiesta, era trabajo y era la única certeza para casi dos centenares de familias. El basural era quizás la única garantía de que se contaría con alimentos, con agua y, quién sabe, incluso con ropita y juguetes que eventualmente llegaban en buen estado.

Marisol y su familia vivían un poco más abajo, en el barrio Los Cañonazos, catalogado como “asentamiento informal” y ubicado en una de las parroquias más pobres del cantón Portoviejo:  El San Pablo. El San Pablo es conocido por no contar con servicios sociales, por su pobreza, violencia y conflictos por drogas. El abandono estatal, la discriminación social y el rechazo han sido, por muchos años, responsables de la reproducción de estas inequidades.

Santiago es de los primeros nietos que, siendo de una familia de recicladores, ya no tuvo que reciclar. Es de los primeros en terminar el colegio y acceder a la universidad.

Sin legalización de sus terrenos ni de su oficio, la vida transcurría con tres grandes temores: el miedo al desalojo, el miedo a la prohibición de su ingreso al basural para continuar con su oficio como recicladores y el miedo a enfermar. Estas tres amenazas, aun hoy, persiguen a las familias recicladoras cada día, cada noche, cada minuto de sus vidas. Con ingresos que oscilan entre los 30 USD y los 200 USD mensuales: sin tierra, sin techo, sin agua, cada familia gasta hasta 25 USD semanales en tanqueros de agua dulce (ni siquiera de agua potable o entubada). En promedio pagan 8 USD por metro cúbico de agua. ¡El agua más cara del país!

Día a día disputan su derecho a permanecer en las tierras que habitan por décadas, disputan su derecho a ejercer su oficio en dignidad, enfrentan las prohibiciones y limitaciones para su ingreso al vertedero y recuerdan décadas atrás cuando los comisarios los sacaban del basural a tiros. Por ahora han logrado acordar con el municipio su permanencia, al menos hasta que el botadero se cierre y se convierta en un relleno sanitario ubicado a casi 20 km de distancia y en el que definitivamente ya no les permitirán ingresar.

Cuando llevaron a Santiago al hospital público, no lo admitieron. Le recetaron paracetamol y le sugirieron descansar. A las pocas horas el dolor crecía insoportable. La mitad derecha del cuerpo de Santiago se paralizó, empezó como un hormigueo y terminó llevándose su habla. Santiago ya no puede comunicarse, solo se sacude con la mitad del cuerpo que aún controla.

Lo llevaron nuevamente al hospital, entonces lo admitieron e ingresaron, y recién dos días después, el 12 de noviembre, le hicieron una tomografía computarizada que develó un aneurisma cerebral. Los accidentes cerebro vasculares (ACV) requieren atención inmediata, de ello dependerán las secuelas y las posibilidades de recuperación. Pero las vidas de las familias recicladoras no valen igual que otras vidas. Al parecer, hay vidas que no merecen ser salvadas.

Bauman tenía razón cuando denunciaba que los recicladores habían sido configurados como humanidad residual. Santiago sufre, no aguanta el dolor, no puede hablar, no puede moverse, le duele tanto que quiere lanzarse de la camilla intentando arrastrarse con la mitad del cuerpo que aún controla.

Hoy se cumplen 13 días desde su internamiento y, pese a la presión ejercida en el Ministerio de Salud Pública y las medidas cautelares interpuestas por la Defensoría del Pueblo, la agonía de Santiago y su familia continúan. No sabemos si Santiago volverá a caminar o hablar. La negligencia del Estado y del Sistema de Salud pueden dejarlo con una discapacidad permanente.

Ahora sabemos bien que el temor de los recicladores a enfermar es en realidad el temor a enfrentarse a un Estado que, cuando enferman, ejerce la necropolítica y los deja morir con crueldad e indiferencia.

Santiago Agustín Quiroz Macías necesita con urgencia ser intervenido quirúrgicamente. Repliquemos esta denuncia hasta que lo consiga.

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