Los diálogos que se instalen entre los dirigentes de la Conaie y el Gobierno Nacional de modo alguno deben presuponer un virar la página de esas casi tres semanas en las que Quito fue destruido, en las que se impidió el traslado de enfermos a los hospitales y más servicios de salud, en las que los estudiantes no pudieron ir a sus escuelas, colegios y universidades. Tres semanas en las que se dejó de trabajar de manera absoluta. Un tiempo en el que se perdieron miles de millones de dólares. Una pérdida a la que la dirigencia indígena no hace referencia alguna como si le importase poco o nada el bien del país en su integridad.

¿De dónde les proviene el poder de hacer lo que les viene en gana con los derechos de los otros? ¿De dónde procede su poder para invadir la capital y destruirla y, como siempre, decir que patrocinan el diálogo y, sin embargo, sentarse a la mesa de las negociaciones, con la pistola en la mano? ¿Cuál es la fuente que financia sus traslados, sus estadías, su manutención? Imposible aceptar que tan solo sobreviven en esos días gracias a la generosidad social justo de una ciudad que destruyen.

Ampliamente se ha analizado la situación de vida de quizás la mayoría de las comunidades indígenas. Pero es necesario que no se pase por alto el hecho de que existe un ordenamiento social, político y jurídico al que estamos sometidos todos los ciudadanos del país, sin excepción alguna. Las comunidades indígenas no constituyen el “menos uno” absurdo que confirmaría la ley de la convivencia social. Las comunidades indígenas poseen ciertos organizadores propios legalmente estatuidos, pero no se hallan al margen de la ley ante la cual todos los ciudadanos somos iguales en los derechos y obligaciones. Por ende, indígenas y no indígenas, urbanos y campesinos, todos forman parte de la nación que se halla regulada por un sistema jurídico común.

Parecería que los dirigentes indígenas se hubiesen convencido de que ellos se encuentran más allá de la ley y del orden, del bien y del mal. Como si para ellos no hubiese ni crimen ni castigo. Que, por ende y en cierta medida, pueden hacer y deshacer a su antojo el orden jurídico y social estatuido. Lo cual constituiría un grave error, no solo jurídico sino también ético y hasta político.

De hecho, parecería que se hubiesen colocado en el campo de excepción: ellos se consideran más allá del bien y del mal. Por ende, destruir la capital, no solo carece de importancia, sino que tampoco implica delito alguno. Por otra parte, si ya lo hicieron ayer ¿por qué no ahora y mañana? Cuanto más que, gracias a su violencia, en otras ocasiones, ya logran sus objetivos.

Sin embargo, las comunidades indígenas y sus dirigentes no se encuentran más allá del bien y del mal. Si bien es cierto que la misma Constitución contempla ciertas cualidades administrativas y jurisdiccionales propias de sus comunidades, de modo alguno las libera de su sometimiento a la Constitución y a las leyes generales del país.

¿Por qué no piensan que, de modo alguno, aceptarían que lleguen a sus comunidades los habitantes de una ciudad a destruir sus chacras, sus ganados, sus casas y que, luego, no solo se retiren sin pedir perdón y resarcir los daños, sino que, además, amenacen con volver a hacerlo si no se someten a sus requerimientos? ¿No reaccionarían con violencia para defender lo suyo?

Por desgracia, las comunidades indígenas y sus dirigentes no vinieron a dialogar sino a exigir. Llegaron dispuestos a imponerse a la fuerza. No trajeron propuestas. No querían diálogos porque, parecería, no creen en el valor fundante de la palabra del otro. Al contrario, parecería que todo acontece y debe acontecer de conformidad a sus deseos vestidos de imposición.

Nadie en el país puede considerarse ni fuera ni más allá de la ley y del orden. Todos por igual tenemos la obligación de cumplir las normas que permiten y sostienen la convivencia social. Por ende, por muchas razones que tengan las comunidades indígenas para reclamar y exigir que los gobiernos nacionales y seccionales atiendan sus necesidades, nada les justifica hacer uso de la violencia y menos aún de aquella violencia extrema de la que hicieron alarde en su última visita a Quito.

Así como ellos, con toda razón, reaccionarían violentamente si alguien destruye sus chacras y sus viviendas, las autoridades de Quito no pueden ni guardar silencio ni dejar de reclamar enérgicamente a la Conaie por los daños que ocasionaron a la ciudad.

Por ende, en el futuro, las negociaciones con el gobierno central deberían sostenerse en los principios éticos de la convivencia y el respeto al otro. La dirigencia indígena debería convencerse, de una vez por todas, de que nada legitima el que entren en las ciudades para destruirlas como único medio de lograr que los gobiernos atiendan sus justas reclamaciones.