Ya en este mundo entendemos que obtener la paz mundial es un sueño alejado de lo posible. En Quito, en la actualidad, también se convierte en utópico el respeto al oído del otro. No hay control del ruido y exigirlo da pie a los consejos más atrevidos por parte de algunos funcionarios públicos: cámbiese de casa si le molesta la bulla de sus vecinos. Como si todos tuviéramos la misma economía que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien vive en Capelo, lejos de las convulsiones ciudadanas. (Además, una denuncia de él, por ruido excesivo, seguramente obligaría a las fuerzas del orden a actuar y catalogar su requerimiento como una emergencia. Para qué nos hacemos, otra cosa que debemos aprender cuando estamos en el contexto ecuatoriano, es que no todos los ciudadanos somos iguales a la hora de hacer un reclamo, todo depende de quién lo haga).

Ni el Municipio de Quito ni la Policía Nacional se hace cargo de manera efectiva del exceso de ruido ocasionado en domicilios. Hace unos meses viví (y lo vivo) este problema. Encerrados por la cuarentena, los ciudadanos tuvimos que soportar que nuestros vecinos hicieran de sus casas, sus discotecas particulares, el alboroto con música fue de día y de noche. En mi caso, por solicitar que la policía se acercara para terminar con el escándalo, me convirtió en víctima de agresiones por parte de vecinos e incluso hubo uniformados que me indicaron que no los llame “por estas cositas”. Lo que fue un problema de ruido, luego se transformó en amenazas a mi integridad física. Tuve advertencias de que me acuchillarían si continuaba quejándome por los estruendos de sus parlantes y luego, pintaron toda mi casa con insultos. Cuando publiqué mi caso en twitter pensé que iba a ser la única con este gran problema, -aunque algunos agentes del orden crean que tienen mejores cosas que hacer, el exceso de ruido afecta a la salud de las personas y se pueden presentar graves consecuencias – pero no, surgieron cientos de historias de quiteños que estaban hartos de que nadie controle a vecinos irrespetuosos. 

Muchos comentarios llegaron a mi red social, varias personas se quejan que han peregrinado por muchas instituciones públicas buscando una solución y a nadie le importa. E incluso, algunos quiteños duermen en hoteles o en casas de familiares para evitar discusiones con los bulliciosos, ya que además de que ellos son los que faltan a la correcta convivencia, resultan ser los perjudicados por gente que pretende impedir su bullanga. 

Para este artículo conversé con varios representantes de instituciones públicas vinculados al tema y nadie tiene la solución. ¿Por qué? A mi criterio, porque no hubo ni hay el trabajo y la voluntad para hacer una ordenanza municipal contra el exceso de ruido en domicilios en Quito. Simplemente, ¡no importa!, pero sí hay interés en que los ciudadanos paguemos a tiempo nuestros impuestos como la patente municipal… 

Desde comunicación del Ministerio del Medio Ambiente informaron que cada Municipio debe poner su normativa con respecto al ruido y efectivamente así lo establece la Ley de Gestión Ambiental. En consulta a la Secretaría del Ambiente del Municipio de Quito, los funcionarios indicaron que sí revisan el ruido en la capital, pero solo el generado por fuentes fijas en lugares comerciales; se permiten 55 decibeles en el día y 45 decibeles en la noche. Y según la Policía Nacional, debería ser el Municipio el que vigile o de la orden para controlar este problema ya que su acción es limitada. Y lamentablemente, así es. Cuando acuden al llamado por exceso de ruido, a los habitantes de la vivienda solo les sugieren que bajen el volumen, nada más… a lo que algunos –lo he visto- se ríen y se burlan de los propios policías y los uniformados no pueden multarlos ni llevarse sus equipos, es más, el vecino ruidoso, incluso, ni sale a atender a la policía hasta que esta se retira del lugar y sigue el escándalo. 

El 1 de noviembre el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, en su cuenta de twitter hizo conocer que se firmó una ordenanza por feriado donde se prohíbe el exceso de ruido en lo público y privado. Parecía que al fin había una luz en el camino, pero no, la secretaría del Ambiente del Municipio aclaró que ellos no tienen incidencia en domicilios. No solo que el problema continúa sino que demostraron una desarticulación de labores entre las entidades del Cabildo. 

De igual manera, por notas periodísticas donde se expuso el problema del ruido en la capital, las autoridades indicaron que iban a estar vigilantes, al menos con el sonido de los carros de gas, sin embargo, nada pasó. Para el abogado, Pablo Sampertegui, la tranquilidad de los habitantes de una ciudad depende de las gestiones de su Municipio, en este caso bastaría una reforma al Código Municipal sobre el ruido ambiental. “Deben hacer un alcance a la ordenanza 123, para que pueda llegar al ámbito privado”, argumenta cuando se refiere al ruido provocado en domicilios. Y también indica que en el incumplimiento de una normativa clara sobre el ruido, estaría el cobro de multas, las mismas que le vendrían bien a los fondos municipales. Este cobro se podría hacer por medio de las planillas del servicio público. 

Varios concejales consultados sobre este asunto opinan que cada persona tiene su formación y que no se puede hacer mucho con la poca cultura de algunos individuos. Lamentablemente el ser humano no puede regirse por este libre albedrío, dejar que el otro haga lo que quiera, porque si matar es lo que pretende, no existirían sociedades en pie. Se necesita control y sobre todo, es urgente que las autoridades desde las instituciones estructuradas para dicho control hagan su trabajo. Este problema tiene importancia para preservar una buena salud física y mental. El vivir sin ruido no es un privilegio de la burguesía, sino un derecho de todos.