No siempre tenemos la oportunidad de observar en vivo y en directo la escenificación de un fenómeno complejo como es el de la confección de la posverdad. El diccionario de la Real Academia Española define a la post verdad como la “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”. En inglés post-truth, según el Cambridge Dictionary, es un adjetivo “relacionado con una situación en la que es más probable que las personas acepten un argumento basado en sus emociones y creencias, en lugar de uno basado en hechos”, y está vinculado con el vocablo fake-news. La ofensiva contra la fiscal general Diana Salazar, a propósito de la acusación de plagio en su tesis de grado, es un ejemplo preciso y concreto de cómo un conjunto de individuos y colectivos trata de instaurar una posverdad, es decir: tergiversar de modo premeditado una situación e ignorar los datos que la contradicen. 

La desfiguración de los hechos contra la fiscal Salazar provino en sus inicios de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  (CPCCS), acolitado por el Consejo de la Judicatura. La primera versión fabricada fue que Salazar plagió su tesis de grado en la facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador (UCE). El ataque fue avalado por supuestos académicos; defendido con opiniones y pareceres y divulgado, hasta el cansancio, por parte de amigos, aliados y los ejércitos de trolles del correísmo. Todo esto con ayuda de las redes sociales que facilitan este tipo de acciones.

La tesis fue escudriñada mediante programas informáticos para detectar plagio, o sea citar sin atribución de la fuente, como si fuera algo propio de la autora. Estas revisiones clarificaron que no hubo plagio. Sin embargo, sus acusadores no dejaron de repetir tal infundio. A estos propagadores de desinformación no les importó que los escrutinios no concordaran con sus afirmaciones, ni que las verificaciones los desdijeran. No les preocupó que la ausencia de plagio, es decir que la tesis tuviera originalidad, hubiera sido probada reiteradamente.

El vocerío levantado por un grupo denominado Acción Jurídica Popular llevó a que la Universidad Central del Ecuador conformara una comisión académica e inspeccionara con prolijidad la tesis. El informe de este comité descartó el cometimiento de fraude académico, y desestimó el pedido del colectivo mencionado de revocar el título de doctora en jurisprudencia a la fiscal Salazar. El documento mencionó la existencia de impericia en las citaciones. Para cuando la tesis fue presentada ¿la facultad de Derecho de la UCE impartía alguna asignatura, taller o curso sobre escritura científica?  ¿Ya lo hace en los cursos de grado profesional o solamente en los estudios de posgrado? El dictamen fue conocido por el Consejo Universitario de la Central, cuyos integrantes lo aprobaron por unanimidad.

Por supuesto, como corresponde a todo partícipe de la posverdad, la resolución de la Universidad Central no detuvo una nueva andanada de versiones. Y una expansión de los ataques. Su principal blanco fue el rector de la UCE, las autoridades de la facultad de Derecho y la propia Universidad. ¡Ah! , y nuevas acusaciones contra Salazar: esta vez de tráfico de influencias. 

Lo cansino e improductivo de elaborar posverdades no es su ángulo más problemático. El rasgo más peligroso es que la posverdad va acompañada de desinformación, de información maliciosa: de mentiras, en suma. Esta condición es la que facilita que la práctica de la posverdad afecte a la democracia y a la conversación pública. Y es el meollo de porqué los adeptos a la posverdad detestan al periodismo. Necesitan aniquilarlo para que la posverdad y su reino de subjetivismo y de opiniones sacrifique los hechos observables, de los que da cuenta el periodismo. Más aun si los habitantes de la posverdad, usuarios de las redes sociales y dueños de un iPhone, son parte de una “cultura en donde unos pocos reclamos en Twitter tienen el mismo peso que una biblioteca llena de investigaciones”.

Uno de los máximos prácticantes de la posverdad, el ex presidente de los EE.UU. Trump, expresó “30.573 afirmaciones falsas o engañosas” en sus cuatro años como gobernante, que fueron contabilizadas por la prensa estadounidense, según el documento “La ruta de la posverdad” de la consultora chilena Tironi.

¿Qué hacer? Persistir en develar las patrañas. Más aún en este período electoral que bien podría desembocar en una transición hacia una mejor democracia o hacia la pérdida de las libertades.