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27 de Julio del 2023
Ideas
Lectura: 8 minutos
27 de Julio del 2023
Luis Córdova-Alarcón

Coordinador del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador.

Votos, balas y masacres: ¿Por qué continúan las masacres y el pánico?
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Las fuerzas de seguridad del Estado no son neutrales frente al crimen organizado; la militarización de la seguridad pública no busca vencer a los criminales, sino allanar el camino para una «paz mafiosa»; y EE.UU. está moviendo sus fichas para que el/la próximo/a presidente/a esté alineado con sus intereses, por las buenas o por las malas.

Entre el domingo 23 y el martes 25 de julio Ecuador fue testigo de un nuevo espectáculo macabro, dispuesto en cuatro actos: primero, el amotinamiento en siete cárceles del país, con el secuestro de más de 100 guías y masacre de varias decenas de personas en la Penitenciaría del Litoral. Segundo, el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, a plena luz del día. Tercero, el despliegue de un repertorio violento en Esmeraldas y Guayaquil. Cuarto, una serie de mensajes audiovisuales en los que los líderes de las pandillas carcelarias, escoltados por oficiales de Policía y funcionarios públicos, refrendan una «paz mafiosa».

Para entender lo ocurrido durante esas 72 horas de terror propongo analizar brevemente tres dimensiones de la conflictividad que vive el país, como si fuesen tres tableros de ajedrez. Solo entonces se observará cómo se alinean algunas piezas, mientras otras adelantan jugadas probables en el corto y mediano plazo. 

Esas tres dimensiones son: la político-electoral (Votos), la estrategia de seguridad hemisférica de EE.UU. que se implementa en Ecuador (balas) y la gobernanza criminal (masacres).

Votos: A nivel político-electoral hay dos dinámicas de conflicto evidentes. Primero, acelerar el modelo neo extractivista (agroindustria, minería metálica y petróleo) o replantear la política económica. Este conflicto tiene expresión electoral a través de la consulta popular por el Yasuní (a nivel nacional) y para prohibir la minería metálica al noroccidente de Quito (a nivel local).

Desde que se inscribieron las candidaturas este tema ha ganado terreno en el debate público, estropeando los guiones de candidatos y estrategas que afincaron sus líneas argumentales en torno a la inseguridad.

Si a esto se añaden las inundaciones por el cambio climático, las catastróficas secuelas que se esperan del fenómeno de El Niño y el último derrame petrolero ocasionado por Petroecuador en las playas esmeraldeñas, el SI por el Yasuní parecía tener una victoria segura.

Para ciertos representantes de los intereses mineros (formales e informales), petroleros y agroindustriales, nada mejor que expulsar de la agenda mediática y electoral este polémico asunto. Eso, precisamente, se ha conseguido con el reciente espectáculo macabro. En las tres semanas que restan de campaña electoral la agenda estará copada por el tema de la inseguridad. Las propuestas de «mano dura» se reposicionarán y, con ellas, el modelo neo extractivista quedará a buen recaudo para su expansión con el próximo gobierno.

La otra dinámica de conflicto político-electoral se desenvuelve en Manabí; provincia en la que la «Revolución Ciudadana» tiene su mayor caudal de votos. Pero es, también, la provincia que no ha padecido los niveles de «visibilización de la violencia criminal» que se observan en Guayas o Esmeraldas. Tal vez, porque sus autoridades locales lograron contenerla o tal vez porque ahí se ha consolidado un régimen de gobernanza criminal con suficiente hegemonía para evitarla.

No digo que en Manabí no se produzcan homicidios violentos; los hay. Pero no se han producido eventos violentos cuya visibilidad genere un impacto mediático y simbólico contundente, como ocurrió con los dos cadáveres colgados de un puente peatonal a la entrada de Durán, o las masacres carcelarias con desmembramientos y decapitaciones, difundidas por videos a través de redes sociales.

Pero el asesinato del alcalde de Manta podría cambiar drásticamente la percepción de inseguridad ciudadana. Sobre todo, en los sectores de clase media de esa provincia, que ahora sienten el pánico que padecen sus homólogos de Quito, Guayaquil y Samborondón. Precisamente, el segmento electoral que más interesa conquistar a las opciones «anticorreistas».

Balas: El otro tablero de ajedrez tiene que ver con la estrategia de seguridad hemisférica de los EE.UU. y los obedientes generales ecuatorianos que la siguen a pie juntillas. En este tablero se han ensayado varios movimientos. El primero fue introducir la estrategia militar de «decapitación»; también conocida en las escuelas de antiterrorismo y contrainsurgencia como «golpear la cabeza de la serpiente» ("striking the head of the snake").  Se basa en la idea de que al capturar o eliminar a un líder criminal/terrorista/insurgente se neutraliza a toda la organización. 

Para implementar esta estrategia la embajada de EE.UU. «recomendó» a Patricio Carrillo como Ministro del Interior (Él mismo lo reconoció en una entrevista en La Posta, el 11 de abril de 2022). Ya como ministro, Carrillo decidió reabrir «La Roca» para encarcelar a los líderes de los grupos delincuenciales.

Meses más tarde develó la estrategia para contener la violencia criminal. En una entrevista del 19 de agosto del 2022, ante la pregunta «¿Cuál es la estrategia de la Policía y del Estado?», el ministro Carrillo contestó «… Nosotros vamos a continuar con esto, porque llegará un momento en que esto tiene que autorregularse. El tema parecería como que no tiene efecto porque no desaparece la violencia, pero esta nunca va a desaparecer». 

¿Qué quiso decir con esto? Él mismo lo detalló meses después. En otra entrevista del 29 de mayo del 2023,  Carrillo, ya como candidato a Asambleísta, nuevamente señaló que «hay que buscar un mecanismo de autorregulación» y añadió que “Los Choneros fueron un grupo hegemónico que logró contener la violencia…” sugiriendo que si vuelven a ser hegemónicos la violencia criminal existiría, pero ya no sería tan visible. 

En definitiva, la estrategia de seguridad tutelada por EE.UU. siempre ha sido devolverle la hegemonía a Los Choneros como «mecanismo de autorregulación» de la violencia criminal. Es decir, una «paz mafiosa» en la que el Estado tolera que Los Choneros trafiquen a cambio de que “pacifiquen las cárceles y las calles”.

Fiel a esta estrategia, el director de la SNAI intervino con policías y militares en la Penitenciaría del Litoral, el 1 de noviembre del 2022. Trasladó a más de 500 personas privadas de la libertad de las pandillas rivales de Los Choneros hacia otros centros carcelarios y volvió a garantizarles predominancia dentro de esa cárcel. 

Masacres: Lo anterior también explica por qué el mando policial y gubernamental “toleró” esta nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral. Porque de otra manera no lograrían devolverle la hegemonía a Los Choneros en el sistema carcelario. Y esto muestra también por qué era necesario deshacerse de Leandro Norero (asesinado en la cárcel de Cotopaxi en octubre de 2022), financista de Los Lobos.

Apenas terminó la masacre, la versión de la Policía Nacional fue que la causa de la masacre habría sido una ruptura entre Los Lobos y Los Tiguerones. Sin embargo, fue el líder de Los Choneros quien llamó a la «paz mafiosa», la noche del martes 25 de julio, escoltado por un oficial de la Policía Nacional.

Así se confirma, una vez más, que las fuerzas de seguridad del Estado no son neutrales frente al crimen organizado; que la militarización de la seguridad pública no busca vencer a los criminales, sino allanar el camino para una «paz mafiosa»; y que EE.UU. está moviendo sus fichas para que el/la próximo/a presidente/a esté alineado con sus intereses, por las buenas o por las malas.

 

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