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7 de Diciembre del 2017
Ideas
Lectura: 8 minutos
7 de Diciembre del 2017
Los vuelos de la muerte
La justicia argentina condenó, por los vuelos de la muerte, a cuarenta y seis represores del régimen militar, imponiendo a veintinueve de ellos pena de cadena perpetua y, a los demás, penas que van de ocho a veinticinco años. Por su edad actual, muchos de estos asesinos y torturadores, posiblemente, perdieron su libertad para siempre.

Entre 1976 y 1983, mientras Argentina fue sometida a una dictadura militar instaurada supuestamente para proteger la patria de la avanzada comunista, se establecieron los “traslados” como el procedimiento de la Armada para manejar la eliminación de subversivos. 

Los traslados, llamados también “vuelos”, debían realizarse por las noches, el personal militar no debía emplear uniformes, ni se debía dejar registro alguno. Era el mecanismo de asesinato sistemático de los detenidos por la dictadura, que se estableció para evitar los problemas que Pinochet o Franco habían tenido por fusilar a los subversivos. Es decir, para evitar el registro del asesinato y su evidencia innegable: los cadáveres.

Los vuelos empezaban en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), el Campo de Mayo y el Garage Olimpo; en esos lugares se retenía ilegal y clandestinamente a quienes se consideraba subversivos. Ahí eran torturados de muchas formas físicas, psicológicas y sexuales. Hasta que cualquier día durante ese período, llegaba el oficial a cargo y cantaba el número de cada uno de los detenidos que tenían orden de “traslado”. Los señalados eran sacados de las barracas y se les inyectaba pentotal, luego, en los aeropuertos designados esperaban los aviones tipo Electra y Skyvan. Desde ellos, en pleno vuelo, miles de hombres y mujeres indefensos, fueron arrojados al mar o al Río de la Plata.

Por mucho tiempo, otras víctimas de la tortura y la detención arbitraria que lograron salvar sus vidas, los familiares de muchas de las víctimas, algunos demócratas, los y las defensoras de derechos humanos, lucharon para alcanzar lo imposible: que se juzgue y se condene a los responsables de esas graves violaciones de derechos humanos; que se dignifique la memoria de todas las víctimas; que el recuerdo de tanta injusticia y dolor contribuya a que estos hechos nunca más se repitan.

Y paso a paso, después de más de 40 años de trabajo tenaz, las esperanzas de lograr estos propósitos van volviéndose realidad. Ya los medios de comunicación no cierran las puertas, las pantallas y los micrófonos para que las víctimas cuenten su versión de la historia y denuncien las violaciones que sufrieron personalmente y, a través de ellos, toda la sociedad. Ya los gobiernos reconocen la responsabilidad del Estado en esos atroces crímenes y son capaces de establecer medidas de reparación para las víctimas. Ya la sociedad está consciente de que nunca más puede tolerar que un régimen político o militar intente usar la detención arbitraria, las tortura, la desaparición forzada y el asesinato como mecanismos de gobierno y control. Ya las Fuerzas Armadas y la Policía han esclarecido que su misión suprema incluye, en todos los casos, el respeto a los Derechos Humanos de todos los habitantes del Estado.

Pero hacía falta que los responsables fuesen condenados, y eso sucedió hace pocos días, para ser precisos el 30 de noviembre de 2017. En efecto, la justicia argentina condenó, por los vuelos de la muerte, a cuarenta y seis represores del régimen militar, imponiendo a veintinueve de ellos pena de cadena perpetua y, a los demás, penas que van de ocho a veinticinco años. Por su edad actual, muchos de estos asesinos y torturadores, posiblemente, perdieron su libertad para siempre.

Y es precisamente la contundencia de las sanciones impuestas por la justicia ordinaria de Argentina la que sienta un precedente de inconmensurable valor para la región y para el mundo. Nos hacen tener la esperanza de que todos los pueblos que hemos sufrido, con mayor o menor intensidad, el abuso de los poderes civiles y militares, podemos aspirar a lograr lo que Argentina ha logrado: verdad, justicia y reparación.

En el Ecuador hace apenas nueve años se inició el trabajo de la Comisión de la Verdad, la cual estuvo conformada por la Hna. Elsie Monge, el Dr. Julio César Trujillo, el Ing. Pedro Restrepo y Mons. Luis Alberto Luna Tobar, para investigar graves violaciones de derechos humanos desde 1983 hasta 2008.

El informe final de esa Comisión, de la cual fui su primer secretario ejecutivo, fue presentado en junio de 2010, aportando luz y verdad sobre hechos que implicaban eliminación sistemática de personas, privación arbitraria de la libertad, torturas y desapariciones forzadas. Muchas de ellas tienen el mismo origen que en Argentina: el combate a los izquierdistas, es decir el combate enemigo interno que subvierte el orden establecido por los no izquierdistas. Pero hay muchas otras violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, que se cometieron para castigar la marginalidad, la pobreza y la delincuencia común.

En relación con las graves violaciones de derechos humanos de raíz política, nuestro país ha hecho importantes avances que pasan por el enjuiciamiento a varios militares y policías de tropa y de alto rango, gracias a un trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado desde 2011 a inicios de 2017. Sin embargo, todavía quedan alrededor de 114 casos por judicializar y resolver, pues solo 4 casos han llegado a sentencia.

También tenemos la Ley para la Reparación de las Víctimas, promulgada en diciembre de 2013, que canaliza modestas formas de reparación a las víctimas, si se las compara con el proyecto de ley original que presentó la Defensoría del Pueblo, que era mucho más ambicioso, y que fue trabajado con base en las necesidades de las víctimas y desde la experiencia de Cristhian Bahamonde, quien fue el segundo secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad. Ley que en este momento pone a prueba la voluntad política de la propia Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para pasar a los hechos aquello que consta en el papel, pues hasta ahora se han concretado solo 37 acuerdos indemnizatorios, lo que corresponde apenas al 8 % de las 456 víctimas identificadas. 

Es decir que algo de luz, verdad, justicia y reparación se ha puesto en las graves violaciones de derechos humanos de raíz política, pero lastimosamente, nada se dice o se hace sobre los 952 asesinatos que documentó la Comisión de la Verdad en Sucumbíos, ni sobre otros procesos de “limpieza social” que se han realizado en nuestro país y que todavía no han sido investigados ni documentados suficientemente.

Y todo esto debe ser señalado aquí, en Argentina, en Colombia, en Honduras, en España, en Perú, en Paraguay, y en todos los países del mundo que han sufrido la tragedia del autoritarismo en su versión más violenta. Y debe ser señalado constantemente para entender y recordar el valor de procesar los conflictos democráticos pacíficamente, respetando la ley y usando los canales institucionales. Pero, sobre todo, hay que hablar y escribir sobre esto para que la memoria –de lo que nunca más debe pasar– se mantenga viva, y para que las víctimas, sus familiares y su sufrimiento no sean olvidados, ni vejados, ni considerados inútiles.

romelgsd@hotmail.com

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