Coordinador del Programa de Ecoturismo y Energías Renovables de Fundación Pachamama
La recientemente aprobada Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo es un nuevo esfuerzo para promover la actividad turística en el país. En ella destacan tres temas: el incentivo para viajar en feriados con un IVA reducido del 8% para la prestación de servicios turísticos; la creación de créditos al sector turístico con tasas de interés y plazos preferentes (y con facilidades de refinanciamiento para operaciones turísticas existentes que mantengan deudas con el SRI e IESS); y la creación del Fondo de Desarrollo Turístico del Ecuador, cuyo objetivo es financiar la ejecución de actividades, programas y proyectos de promoción, competitividad y desarrollo turístico del Ecuador.
Este es un esfuerzo que busca reactivar una industria que no ha logrado recuperarse desde el 2019; sin embargo, es un intento incompleto que descuida varios temas medulares para el verdadero desarrollo del turismo en el Ecuador a largo plazo. En Ecuador todavía no existe una cultura turística comprometida con proteger lo que realmente nos hace especiales: nuestra biodiversidad única, y la amalgama de culturas y patrimonios de nuestro territorio.
Este escenario presenta un reto mayúsculo especialmente en la Amazonía ecuatoriana, donde el petróleo, y ahora la minería, son consideradas por el Estado como prioridades para el desarrollo económico del país. Dos industrias que indudablemente representan una amenaza directa e irreversible a nuestra riqueza natural y cultural.
La pregunta permanece: ¿podemos realmente esperar un auge del turismo en Ecuador? Si la pregunta va dirigida a aquellos que hacemos turismo responsable en todo el país, la esperanza eterna es un nítido “SÍ”. El Ecuador está lleno de rincones y pueblos mágicos, y es tarea de todos resguardarlos. Pero para lograrlo, necesitamos un verdadero compromiso por parte del Estado, un liderazgo más estratégico por parte del Ministerio de Turismo como ente rector del desarrollo turístico, y mayor responsabilidad en las estrategias, políticas, planes, programas y proyectos en los tres niveles de gobierno (provincia, municipio, parroquia).
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