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17 de Febrero del 2015
Ideas
Lectura: 6 minutos
17 de Febrero del 2015
Gustavo Abad

Periodista e investigador de la comunicación, ha trabajado como reportero y editor en  El Comercio, HOY, El Universo y El Telégrafo, en las áreas de Investigación y Cultura. 

Y el culpable del racismo en el Ecuador se llama...
El paternalismo con que los defensores del asambleísta lo han tratado es más discriminador que cualquier crítica. Y es más ofensivo, porque lo representa como un ser desvalido que por su condición étnica no puede ser criticado. Una pieza antropológica que se rompe si la tocan.

La Supercom y el Cordicom, los dos organismos de control de la comunicación en el Ecuador, han hecho lo que ningún juez haría sin que se lo tomara por chiflado. Los burócratas de la primera, basados en un informe de los burócratas del segundo, acaban de sancionar al caricaturista Xavier Bonilla “Bonil” y al diario El Universo bajo el argumento de haber cometido “discriminación indirecta” contra el “colectivo social afro-ecuatoriano” en una viñeta humorística. Lo asombroso es que en ninguna parte los sancionados aluden a dicho colectivo.

Pasado el primer espanto, uno se pregunta: ¿en qué consiste la discriminación indirecta?, ¿significa que esos juzgadores pueden leer las segundas, terceras o cuartas intenciones del presunto discriminador? Las faltas, las infracciones, los delitos, etc., se cometen o no se cometen. Lo que existe son varios niveles de participación y este no es el caso. Más bien parece una cantinflada jurídica para ocultar la inclinación con que actúan esos organismos a favor del oficialismo. ¿Alguien puede imaginarse un mundo donde se sancionen los actos fallidos: robo “indirecto”, estafa “indirecta”, secuestro “indirecto”?

Aunque el tema es harto conocido, vale la pena recordar los hechos. El 5 de agosto de 2014, Bonil publicó una fotocaricatura respecto de una penosa intervención del asambleísta Agustín Delgado en el Legislativo. Allí, el ex futbolista profesional y ahora legislador del oficialismo demostró tener serias dificultades para leer un texto y, por tanto, para desempeñar una función para la que se requiere al menos un nivel aceptable de dominio del lenguaje escrito.

La bancada oficialista y los simpatizantes del régimen reaccionaron en contra del caricaturista y lo acusaron de racismo, pese a que Bonil en ninguna parte había hecho alusión a la etnia, ni al color de piel, ni al origen socioeconómico del asambleísta, sino a su lamentable actuación como funcionario público. Si a los aspirantes a un cargo de ventanilla se les exige solvencia en la lectura y escritura, ¿por qué un legislador debería estar exonerado de esa responsabilidad?, ¿acaso se le confiaría el pilotaje de un avión a alguien que no supiera reconocer los controles del aparato?, ¿la Selección Nacional de Fútbol mandaría a la cancha a alguien que no pudiera dominar el balón?...

Ahora, El Universo deberá presentar una “disculpa pública a los colectivos afro-ecuatorianos” durante siete días consecutivos, y Bonil recibirá una amonestación por escrito “previniéndole de la obligación de corregir y mejorar sus prácticas”. Para justificar su decisión, la Supercom se atiene al argumento de la parte acusadora que dice: “a través del tiempo y por distintas causas, los pueblos afros del Ecuador se han sentido discriminados socialmente en toda la estructura colectiva desde el fundamento del Estado ecuatoriano”.

Nada más cierto y nadie lo niega. Pero nada más falso que vender la ilusión de que se hace justicia histórica cargando sobre un diario y un caricaturista la responsabilidad por todo el racismo y la discriminación acumulados por la sociedad ecuatoriana a lo largo de su historia. Si lo vemos bien, el racismo aquí está en la mirada de los que defienden a Delgado y acusan al caricaturista, porque ahí donde Bonil vio a un asambleísta con dificultades para leer y desempeñar un cargo por el que gana más de 6.000 dólares mensuales, la Supercom y el Cordicom vieron a un negro pobre y discriminado.

El paternalismo con que los defensores del asambleísta lo han tratado es más discriminador que cualquier crítica. Y es más ofensivo, porque lo representa como un ser desvalido que por su condición étnica no puede ser criticado. Una pieza antropológica que se rompe si la tocan.

No obstante, lo cuestionable de todo esto, además de la sanción injusta, es el antecedente jurídico que construye. En lugar de hacer justicia, se alienta el ejercicio irresponsable de un cargo público. En adelante, cualquier funcionario podrá alegar descriminación indirecta de cualquier tipo cuando se ponga en evidencia su falta de preparación para el cargo. Ya me imagino a un médico, a un ministro, a un docente cuestionado por un mal ejercicio de su actividad, escudado en su origen étnico o socioeconómico para ocultar su ineptitud.

Visto con ironía, aquí no hay error, porque cuando se quiere causar daño y se lo causa, no hay error. Lo que hay es mala leche. Más bien, la resolución es coherente con la mentalidad de los servidores de un régimen que se atribuye ser el inventor de todo: la felicidad, la soberanía, la dignidad, la justicia, el desarrollo, las carreteras, la revolución… Todo lo que ha estado aquí hace cientos de años, ellos creen que se lo inventaron hace ocho, incluida la lucha contra el racismo.

Cuando alguien haga una caricatura de esos burócratas por su incapacidad para distinguir entre el humor político y el racismo histórico, nada raro sería que lo acusen de discriminación indirecta a los pobres de entendimiento.

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