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26 de Mayo del 2020
Ideas
Lectura: 6 minutos
26 de Mayo del 2020
Fernando López Milán

Catedrático universitario. 

¿Y si nos bajamos la democracia?
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La izquierda y la derecha populista; los economistas ultraliberales y los heterodoxos; las organizaciones indígenas y sindicales; los grandes empresarios y los empleados públicos; los ricos y los pobres, todos, por fin, se han puesto de acuerdo para lanzar al país al abismo.

En octubre del año pasado, la maltrecha democracia ecuatoriana recibió un gancho en la mandíbula que la dejó al borde del K.O. Ahora, los artífices de octubre, con nuevos y experimentados refuerzos, han regresado para darle el golpe de gracia.

Todas las fuerzas sociales, políticas y económicas del país, el gobierno incluido, parece que se han puesto de acuerdo para impedir que las decisiones que deben tomarse se tomen.

La izquierda y la derecha populista; los economistas ultraliberales y los heterodoxos; las organizaciones indígenas y sindicales; los grandes empresarios y los empleados públicos; los ricos y los pobres, todos, por fin, se han puesto de acuerdo para lanzar al país al abismo.

Llevar al Gobierno a un callejón sin salida, impidiéndole tomar las decisiones que el momento demanda, es invocar al caos. Y del caos, las democracias débiles como la nuestra nunca salen fortalecidas, salen, por el contrario, convertidas en pseudodemocracias o en francos autoritarismos.

Blancos y rojos, todos, con su intransigencia, están destruyendo lo poco que nos queda de democracia. Porque, para ellos, la democracia es solo un instrumento. Cuando no les sirve para conseguir sus intereses, no dudan en favorecer las soluciones autoritarias de cualquier signo.

Como todo drama, el que vivimos tiene diversos personajes: el Chivo Expiatorio, la Doncella Presa en el Castillo, el Economista, Robin Hood, el Ogro, Tartufo.

El Chivo Expiatorio del momento no es otro que el empleado público. Al él se le responsabiliza del déficit fiscal del Estado, y a él se le quiere cargar todo el peso de las contribuciones que, efectivamente, el Estado necesita para garantizar el cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. El Economista arguye que gana demasiado. Que es impensable que su salario sea mayor que el de un empleado privado. Y uno, que no sabe de economía, se pregunta por qué. Y se da cuenta de que lo que el Economista dice tampoco es muy cierto. Pues hay gerentes de empresas privadas que pueden llegar a ganar 20.000 dólares, mientras que un ministro, sin la reducción actual, menos de cinco mil.

La Justicia ordenó al Gobierno “respetar” las manifestaciones pacíficas que pudieran darse en contra de las leyes recientemente aprobadas para enfrentar la crisis múltiple que nos afecta. Tuerta como es, solo alcanzó a ver el derecho a la protesta. No así, el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos. ¿No son las multitudes, acaso, espacios fértiles para la propagación del coronavirus?

¿No será que esos gerentes también tienen que contribuir? Adelantar el pago de un porcentaje del impuesto a la renta a las personas que ganen cincuenta mil dólares o más al año no es, de ninguna manera, una contribución. Entregar el 16% del sueldo, sí.

La Doncella, que, el año pasado, tuvo ganancias superiores al millón de dólares, ha sido rescatada por Tartufo -no sé por qué, al pronunciar su nombre, se me vienen a la mente las caras de César Rohon y Pavel Muñoz-   y por el Ogro Bueno.

¿Dónde está el Ogro? En el Palacio de Carondelet. Su mayor habilidad, lo recordarán quienes leyeron El Gato con Botas, consiste en transformarse en lo que quiere: tigre, perro, león. Así que cuando uno trata con él no sabe con quién mismo está hablando, y si el Ogro va a mover la cola o lo va a devorar. Puede convertirse, también, en ratón. Solo que, cuando adoptó esa forma, el Gato con Botas se lo comió. ¿Nebot? ¿Están pensando en Nebot?

Robin Hood, como todos saben, roba a los ricos para dar lo robado a los pobres. El problema está, precisamente, en eso: el dinero no es suyo. Si el personal del sector público llegó a crecer tanto es porque desde siempre, pero, sobre todo, desde la administración de Correa, el Estado se convirtió en una máquina para convertir funcionarios en clientes políticos. Es fácil ser solidario con la plata de los contribuyentes. Y robinhoodses abundan en todas, todas, las instituciones y servicios públicos.

La Justicia, la dama ciega, es otro personaje, aunque, ahora, solo es ciega de un ojo. Vio al funcionario que cobraba por dar información sobre los cuerpos de los muertos por coronavirus en un hospital público, y lo metió preso. Pero no ha conseguido ver, hasta ahora, a los políticos y líderes sociales, que, pese a confesar públicamente sus delitos y sacar pecho por haberlos cometido, siguen libres, promoviendo el derrumbe de nuestra democracia.

La Justicia ordenó al Gobierno “respetar” las manifestaciones pacíficas que pudieran darse en contra de las leyes recientemente aprobadas para enfrentar la crisis múltiple que nos afecta. Tuerta como es, solo alcanzó a ver el derecho a la protesta. No así, el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos. ¿No son las multitudes, acaso, espacios fértiles para la propagación del coronavirus? Y luego, ¿en una situación de emergencia sanitaria provocada por la presencia de tan poderoso agente infeccioso, la gente tiene, realmente, el derecho a salir en masa a las calles a expresar su descontento, sabiendo que, al hacerlo, pone en riesgo la salud de los demás?

Nos estamos llevando por delante la democracia. No estoy seguro de que nos importe.

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