Siento romper la promesa de silencio que había hecho al no hablar del tema Yasuní en esta campaña. No puedo. Algo tengo que decir, a la final, durante casi veinte años he estado escribiendo acerca de ello. Ahora siento estar nadando a contracorriente en un río tormentoso, entre las falacias de los argumentos y cifras de los petroleros y los sueños y utopías de los defensores de la naturaleza.  

Celebro que a Yasunidos se le haya concedido, luego de 10 años, un derecho que les fue negado. Es una manera de reconocer que les robaron las firmas de su solicitud de consulta. La campaña está bonita, alegre, colorida, llama a decir Sí a la protección de la naturaleza, a la defensa de la vida. Todo eso suena bien alhaja, tanto, que se han sumado desde amigos artistas hasta la iglesia que se ha trepado en ese carro en concordancia con el llamado del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Pero el problema es que la pregunta no es “¿Está de usted de acuerdo en que se mantenga el crudo en tierra en el Yasuní? sino otra y dice: ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43 indefinidamente en el subsuelo?

El bloque petrolero 43, llamado ITT, es solo una pequeña porción del Yasuní y su crudo no está en el subsuelo sino que desde 2016  fluye y se convierte en dólares y con esos dólares se ha dividido a las comunidades.

Otra cosa sería si la consulta planteara, en serio, que se deje de explotar lo poco que queda del Parque Nacional Yasuní. O que se pregunte al país quiere cambiar de modelo económico. O si está usted de acuerdo en que ya no se hagan nuevas concesiones petroleras en el Yasuní y en sus alrededores. El sí, entonces, sería contundente. Como está planteado, no lo es.

Sé que es un tema político. Cosas también del mercadeo y la propaganda. Hace más de diez años, cuando el gobierno de entonces hacía la campaña para recaudar fondos internacionales para dejar el crudo en tierra de ese mismo bloque petrolero (por cierto, nada se supo del destino de esos fondos), escribía lo mismo que hoy en un librito llamado La Selva de Papel en donde reunía, además, varios artículos publicados en diario El Comercio sobre el tema. En ese momento, mientras la propaganda oficial mostraba el interés de la conservación, en la realidad se hacía todo lo contrario: decenas de barcazas bajaban por el río Napo para instalar la tubería que se necesitaba en el ITT, para hacer sus plataformas y abrir la carretera. Está escrito, una y otra vez, que el llamado “Plan B” que era el de la explotación, iba más rápido que el “Plan A”, que era el de conservación.

La consulta de ahora no es todo lo lindo que parece. Tiene varios problemas. El primero, insisto, en confunde la parte con el todo. El segundo, que se dice que dejar la operación de ese bloque servirá para proteger a los pueblos aislados Tageeri, Taromenani y Dubakairi, pero resulta que ellos no solo circulan por ahí: hay huellas de su presencia, casas y chacras en otros bloques petroleros (17, 14, 16, 31 y muchos otros puntos selváticos), tanto dentro como fuera de la llamada Zona Intangible, así que de ninguna manera dejar la explotación en ese bloque salvará sus vidas. Es curioso esto de la propaganda: se invisibiliza a unos pueblos que viven en las inmediaciones del ITT (los kichwas naporunas de las comunidades de Boca Tipuniti, Martinica, Vicente Salazar, Sinchi Chicta, etc…) y se habla de la protección de los waorani (que no viven ahí, salvo los waorani de Kawimeno) y de las familias aisladas que han sido ocultadas o ignoradas por distintos intereses.

La consulta, tal como está planteada, puede ser como un cuchillo de dos filos. De ganar el Sí, y con el argumento de que el Estado sigue necesitando cada vez más y más recursos luego de “semejante sacrificio”, no habrá reparo en abrir más concesiones a pretexto de “recuperar la pérdida” que, según los falaces argumentos petroleros, será enorme.

La voracidad petrolera irá a por más: a por el sur,  seguramente, a los bloques del Curaray (donde por supuesto hay presencia de grupos aislados) e incluso podría llegar a la mismísima Zona Intangible donde está prohibida la explotación salvo declaratoria de interés nacional aprobada por la Asamblea a solicitud del Presidente, de acuerdo a la Constitución (ese mismo argumento se utilizó para permitir la explotación del ITT y, con el apetito de los gobiernos, lo pueden volver a usar). De ganar el No pasaría lo mismo. Parece que no habrá pretexto que valga para saciar el hambre de petróleo.

En 2018, Lenín Moreno también hizo una consulta política para ganarse a los ambientalistas en el inicio de su gobierno. Preguntó al pueblo: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? La segunda parte de la pregunta hacía justamente referencia al ITT. El resultado de la consulta fue afirmativo, ganó el Sí y en 2019 se firmó el decreto de ampliación. Sin embargo, esa ampliación no solo que no fue técnica sino que ignoró las sugerencias de sus mismos funcionarios que, descontentos, renunciaron a sus cargos.

Algo más y tiene que ver con el derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen las comunidades indígenas en sus territorios. ¿Una consulta a nivel nacional invalida la decisión de una comunidad sobre la actividad en su territorio? ¿Puede una mayoría decidir sobre una minoría y más aún, una minoría que jamás va a poder ser consultada (como los tagaeri, taromenani, dubakaeri u otros)? Sea cual sea el resultado de esta elección, una vez más, las minorías se quedan sin voz y las comunidades sin el derecho a ser consultadas sobre lo que pase en sus territorios, sobre su futuro, pues eso lo decidirá una mayoría en cuanta consulta popular se proponga.

Bastaría que se cumpla la Constitución para defender la vida y defender al Yasuní.  Ahí dice claramente que  los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. Eso obligaría a no ampliar más las fronteras petroleras, agrícolas ni a hacer más carreteras.

Nado a contracorriente en las turbias aguas de la campaña por el Sí y por el No a la suspensión de la explotación en el ITT, entre remolinos de falacias y de intereses. Su defensa es urgente. Pero no creo que en las urnas esté la mejor forma de defender al Yasuní, a su ecología y a su gente.