En gobiernos anteriores surgieron entre los juristas indicios de interés por la Justicia Indígena. Se la enmarcó dentro del Derecho consuetudinario y se trató de valorar su contenido humano. Sin embargo, bajo el actual régimen, se observa que se intenta destruirla, sin percatarse que las medidas de predatorias que se toman inducen a los indígenas a la desobediencia civil.