El 2 de agosto de 2014 el presidente Rafael Correa, durante su Enlace Ciudadano 384 descalificó a la prensa, en especial, al equipo de la revista digital Plan V, de quienes dijo son unos “amargados”, “acomplejados”, y “mediocres” que juegan con los intereses sagrados de la Patria, por la publicación de una investigación que revela la existencia de un contrato de más de 6 millones de dólares, firmado entre el Estado y una empresa de ecuatorianos, entre los cuales figuran algunos exfuncionarios.

Durante el segmento La libertad de expresión ya es de todos, el Presidente aseguró que los medios están posicionando un escándalo sobre un contrato de lobby. “¿De dónde sacan todas estas locuras? Qué complejos que tienen! O sea tratar de disminuir al otro para sentirse superior. Eso es símbolo de mediocridad. En verdad esas empresas han tenido que ser contratadas para defender al país ante esta arremetida criminal de Chevron”, afirmó Correa.

Tras reiterar que dicho contrato tuvo por objeto la defensa del país, el Presidente arremetió directamente contra Plan V  y dijo: “son estos amargados que nos odian. $6,4 millones para la imagen del líder mundial. ¿De dónde sacan estas cosas estos enfermos? ¿Hay que ser acomplejado no? (…) ¿De dónde sacan esto para aseverar que se contrataron esas empresas para mejorar la imagen del liderazgo mundial del presidente Correa? Acomplejados, mediocres. Después soy yo el que insulta ¿Cómo más se define esto? Qué no saben con lo que están jugando, con los intereses sagrados de la patria”, dijo el Presidente antes de insinuar que no les extrañe que Chevron esté atrás de esto, pagando a periodistas para hacer daño.

Esta fue la más reciente rección del Presidente frente a la serie de reportajes sobre este contrato. La cual fue registrada como está escrita en Alerta mundial emitida por Fundamedios. Ante el curso de los hechos y luego de la sabatina, el propio Secretario Nacional de Comunciación pidió en su cuenta de twitter que la Contraloría intervenga, en el marco de sus atribuciones, ante las especulaciones sobre este contrato. También el asambleísta Andrés Páez, de CREO, anunció que pedirá a la Fiscalía y a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que analicen el destino de los montos del contrato, el uso del dinero, y si el convenio estuvo acorde a las normas ecuatorianas. También dijo que pedirá a las autoridades de Estados Unidos que investiguen las labores de la empresa contratista.

A la pregunta del Presidente de que dónde se sacó que ese contrato era para el liderazgo del Presidente, la respuesta está en los argumentos con los cuales el propio funcionario, Fernando Alvarado, justifica la necesidad de esa contratación. En uno de los párrafos del oficio dirigido a la Secretaria General de la Presidencia, Alvarado dice que "es prioritario para el gobierno nacional informar a los ciudadanos y ciudadanas de las acciones ejecutadas en su administración (…). Desde la elección del Presidente Rafael Correa, en el año 2006, la influencia del Ecuador  ha venido incrementándose en la región y el mundo. Ecuador es ahora una nación soberana, independiente y progresista. Postura que en el contexto geopolítico actual ha despertado en los círculos de poder internacionales —políticos y económicos— animadversión. Estas fuerzas buscan calladamente debilitar el crecimiento económico del Ecuador, destruir la creciente imagen de liderazgo mundial del Presidente Correa y aislar al país de la comunidad internacional".

Días antes...

“No atiendo a periodistas corruptos”, fue la respuesta el secretario de Comunicación de la Presidencia, Fernando Alvarado Espinel, cuando un periodista del diario El Universo le pidió, por correo electrónico, una entrevista para conocer detalles del contrato de comunicación firmado con la empresa Mcsquared PR por USD 6,4 millones más gastos.
El martes 29 de julio, la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, Nathalie Cely Suárez, aseguró que ella firmó el contrato con esa empresa acatando una delegación de la Presidencia de la República y deslindó su responsabilidad. Mientras se encontraba en Quito, para un acto oficial, Cely dijo que se debía preguntar a la Secretaría de Comunicación (Secom): “La Embajada no es la responsable del mismo, el contrato es sumamente claro en señalar quién es el administrador, los productos que debía generar, los medios de pago y sobre eso no puedo pronunciarme”, dijo. Para la administración del contrato, señala el contrato, el gobierno designó a Fernando Alvarado Espinel o su delegado.

Roggiero, ex vicecónsul vinculado a MC2PR

El diario El Universo informó en su edición del 30 de julio que un día antes de que se inicie el contrato entre el Gobierno y Mcsquared PR (MC2PR), la directora de esa empresa, María del Carmen Garay Calero, arrendó una oficina en el norte de Quito: la número 7 del edificio Braganza. El contrato con el gobierno, que comenzó el 30 de mayo del 2013,  obligaba a MC2PR a tener un representante en Ecuador, ya que la firma está asentada en New York, en el condado de Brooklyn, Estados Unidos.
En febrero del 2014, Garay formó la empresa de comunicación Maverickcom y la domicilió en esa oficina. Su nombre comercial es Elipsis Comunicaciones, según el Servicio de Rentas Internas.
En la empresa Maverickcom figuran como socios Garay y Danilo Roggiero Cevallos, quien fue representante de la Secretaría Nacional del Migrante en Estados Unidos y Canadá, y vicecónsul en Connecticut), según consta en la base de datos de la Superintendencia de Compañías.
 

El Universo acudió a esa oficina en busca de los representantes de MC2PR. Un rótulo en la entrada presenta a la compañía como Consultcorp Asesores.
En la recepción se encontraba Cynthia Zapata Solís, contacto de MC2PR en Ecuador. Ella trabajó como relacionista en Navas Navas & Asociados.
Zapata indicó que Garay estaba en una reunión. Roggiero, presente en la oficina, se excusó de dar declaraciones.
En su cuenta de Linkedín, Garay apunta que, antes de fundar MC2PR, trabajó en Nueva York como asistente en varias financieras.

La historia

El 12 de abril del 2013, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado Espinel, mediante memorando PR-SGSPSC-2013-000965-M, dirigido a María Luisa Donoso, entonces secretaria general de la Presidencia de la República, solicitó la contratación de actividades de comunicación internacional con la compañía MCSquared. Inc. En Estados Unidos.

En la parte pertinente, el memorando manifestaba que “es prioritario para el gobierno nacional informar a los ciudadanos y ciudadanas de las acciones ejecutadas en su administración (…). Desde la elección del Presidente Rafael Correa, en el año 2006, la influencia del Ecuador  ha venido incrementándose en la región y el mundo. Ecuador es ahora una nación soberana, independiente y progresista. Postura que en el contexto geopolítico actual ha despertado en los círculos de poder internacionales —políticos y económicos— animadversión. Estas fuerzas buscan calladamente debilitar el crecimiento económico del Ecuador, destruir la creciente imagen de liderazgo mundial del Presidente Correa y aislar al país de la comunidad internacional.

“El Ecuador se encuentra frente a los siguientes desafíos: 1. Liderazgo en la preservación de la Amazonia y el medio ambiente. 2. Liderazgo en la protección de los derechos humanos, del derecho a la libre expresión en la red, dentro de su compromiso con la preservación del derecho fundamental a la libertad de expresión y libertad de prensa. 3. Compromiso inamovible con la preservación del Estado de derecho. (…)

“Ante las evidencias del progreso y avance de la sociedad y el Estado ecuatoriano, evidenciado no solo en estadísticas nacionales sino en  indicadores que constituyen los organismos internacionales de desarrollo nacional y económico, se ha generado una corriente de reacción negativa en la opinión pública, primero para negar esas certezas y luego develar el verdadero objetivo de recuperar el estatus quo en los cuales los grupos de interés detentaban su capacidad de incidencia, influencia para la realización de sus intereses de grupo, y recuperar sus ganancias individuales en detrimento del interés general.

“Se ha verificado la existencia de una práctica sistemática para tergiversar la realidad de los hechos y las actuaciones del gobierno ecuatoriano, otorgándole arbitrariamente un efecto negativo precisamente en contra de los objetivos de reivindicación de la gestión: recuperar el ejercicio de los derechos de los habitantes del Ecuador en el marco del Buen Vivir.

“Una vez analizada la oferta presentada, se solicita de la Secretaria General de la Presidencia de la Republica la realización de las gestiones necesarias para que a través de la Embajada del Ecuador ante los Estados Unidos de América, en Washington D.C, se contrate a la compañía MCSquared, MC, para realizar las actividades de comunicación internacional y hacer frente a la actividad de organizaciones y corporaciones multinacionales para menoscabar la reputación del Ecuador en el plano internacional, por el monto de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (en mayúsculas en el original. Ndlr.), por el lapso de un año, de conformidad con la oferta que ha sido aceptada por esta Secretaria Nacional de Comunicación. Este contrato deberá suscribirse en los Estados Unidos de América por lo que deberá aplicarse el artículo 3 del Reglamento a Ia Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

Ese, el texto para justificar la contratación de la compañía de ecuatorianos asentada en Brooklin, NYC.
El 24 de abril, la Dirección Financiera de la Presidencia de la República certificó la disponibilidad presupuestaria y mediante acto administrativo dispuso que se efectuaran los trámites administrativos y legales para la contratación de MCSquared, por USD 6,4 millones. La partida presupuestaria fue la 530218 denominada “Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva”.

La secretaria general de la Presidencia, mediante el mismo acto administrativo, delegó a la economista Nathalie Cely Suarez, embajadora del Ecuador en Estados Unidos para que haga la contratación correspondiente. Esto en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos segundo y quinto del artículo 3 y, artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Los incisos del artículo 3 dicen que:

Inciso 2: “No se regirán por dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y  cuya importación la realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en otros  países, procesos que se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional”.

Inciso 5: “Toda convocatoria para la adquisición de bienes o la prestación de servicios referidos en el inciso segundo de este artículo, a más de las publicaciones en medios internacionales, deberá publicarse en el Portal: www.compraspublicas.gov.ec”.

Al respecto, Plan V no encontró rastro de este proceso de contratación en el Portal de Compras Públicas ni en las contrataciones regulares, de emergencia, de régimen especial y de procedimientos especiales.

El inciso 3 del Reglamento también dice que: “Para la adquisición de bienes en el extranjero se requerirá, previamente la verificación de no existencia de producción u oferta nacional, de conformidad con el instructivo que emita el Instituto Nacional de Contratación Pública (Incop)”.

El objeto del contrato era para: “la provisión de estudios y formulación de estrategias  de comunicación, información, imagen y publicidad comunicacional a nivel internacional". Se determinaron para ello cuatro insumos estratégicos: 

1) La adopción de un plan de contención de crisis, mediante el cual la empresa ejecutará una estrategia de contención inmediata para reducir cualquier daño y mitigar los efectos de las acciones identificadas de organizaciones y corporaciones multinacionales para menoscabar la reputación e información del Ecuador en el plano internacional.

2) Diligencia debida; para identificar y evaluar los riesgos y posibles riesgos que pueden requerir de protección mediante el establecimiento de un rápido e intenso periodo de revelación. Para ello, por ejemplo, “usando la información preliminar recopilada después de cuarenta y cinco días, LA CONTRATADA realizara un estudio de campo acerca de la opinión pública en EE.UU. sobre el Ecuador, y para probar mensajes negativos y positivos sobre organizaciones internacionales, compañías multinacionales y sus responsabilidades. Todos los costos de estas encuestas de investigación serán adicionales a los montos especificados en este contrato”.

3)  Implementación de la estrategia; la empresa ejecutará las tácticas recomendadas. La recomendada podrá proponer varias tácticas y el administrador del contrato (en este caso, el Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado) seleccionará las prioritarias en cuatro áreas: legal, lobby, diplomática y comunicaciones.

4) Solución; la empresa elaborará y ejecutará una solución para reforzar la reputación internacional del país, contener la crisis, mitigar riesgos de futuras crisis y aprovechar las oportunidades que surjan en el plano internacional.

A pesar de que se contemplaba el pago por USD 6,4 millones, hay rubros de gastos adicionales que le toca pagar al Ecuador: los costos de las encuestas de investigación; las tácticas recomendadas podrían incluir nuevas estructuras, nuevos programas de medios y nuevo personal. El contrato dice que “todos los costos por las nuevas estructuras, programas, personal, programas internacionales,  y demás elementos acordados serán pagados por el cliente".

USD 1 200 000 al año por una página web

La casa donde la empresa MCSquared opera, según la dirección de su web, queda en 643 de Morgan Av.,  Brooklyn, New York. Es un edificio antiguo de ladrillo visto, de dos pisos. Está en un área de bodegas y de industrias. Sin embargo, en el contrato se da otra dirección: 565- 85 TH Street, Brooklyn. Es un conjunto de edificios donde sobre todo se asientan viviendas, aunque no se descartan oficinas. (ver fotos) Sus socios son Jean Paul Borja Jácome y María del Carmen Garay. Y, de acuerdo al Washington Free Beacon, una de las personas que aparecía en la página de MCSquared como punto de contacto era Cynthia Zapata Solis, quién anteriormente había sido empleada del Ministerio del Medio Ambiente de Ecuador.

Jean Borja fue uno de los personajes que en el 2012 relató a El Ciudadano, semanario publicado por la Secom, cómo fue supuestamente intimidado por los directores de El Universo, cuando iban a recibir el premio a la Libertad de Expresión de la Universidad de Columbia, en New York. Él era entonces un estudiante de periodismo y supuestamente cubría la noticia.

Esta empresa es la que administró USD 6,4 millones, y recibió por ello 12 pagos iguales de USD 534 000 cada mes. El detalle de los gastos mensuales se desglosa así:

USD 150 000 al mes por los siguientes productos: Elaboración de estudios e informes técnicos sobre tácticas de reparación de reputación y manejo de crisis en cuatro áreas específicas: cabildeo, diplomacia, legal comunicación. Total USD 1 800 000 al año.

También el Estado pagó USD 90 000 mensuales por encuestas y sondeos de opinión en Estados Unidos, lo cual suma USD 1 080 000 al año.

Otro rubro del contrato fue la elaboración de una plataforma virtual (sitio web) con espacios para ubicar columnas de opinión, material audiovisual y buzón (anónimo) para recepción de información procedente de usuarios. Por eso, se pagaron USD 100 000 mensuales. Lo cual suma USD 1 200 000 por un sitio web, de acuerdo al anexo del contrato.

También, por el mismo precio, es decir USD 100 000 mensuales durante 12 meses, se pagó la “producción de video y otro material multimedia para inserción en blogs, websites, portales virtuales y medios digitales”.

El resto del dinero, USD 94 000 al mes por 12 meses, fue para: monitoreo y análisis de medios digitales, tradicionales y redes sociales, diseño e implantación de agendas de trabajo para funcionarios de gobierno en Estados Unidos y Europa, entrevistas, coberturas de conferencias y eventos varios para Estados Unidos y Europa.

El contrato en mención es el más alto que ha firmado el gobierno del Ecuador en Estados Unidos para fines similares.  La empresa beneficiaria solo hizo su registro obligatorio ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que debió haberla hecho a la firma del contrato, cuando el medio digital Washington Free Beacon descubrió que MCSquared no había registrado su relación con el gobierno ecuatoriano.

Una semana después de publicado este informe, la embajadora del Ecuador en Washington, Nathalie Cely deslingó responsabilidades en el manejo del contrato. En declaraciones al diario El Universo, aseguró que ni ella ni la Embajada son responsables del contrato con la empresa de relaciones públicas MCSquared RP.

Cely aseguró que si bien su firma aparece en el contrato con esa empresa, no tiene nada que ver en el proceso de contratación: “Recibí una disposición de la Presidencia de la República de celebrar el contrato en los Estados Unidos, por tanto la Embajada no es la responsable del mismo, el contrato es sumamente claro en señalar quien es el administrador, los productos que debía generar, los medios de pago y sobre eso no puedo pronunciarme”. 

El admnistrador del contrato es el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado Espinel.

Cely dijo, durante un envento en Quito, que se debía preguntar a la Secretaría de Comunicación (Secom) sobre ese tema: “tengo entendido que no es un contrato de relaciones públicas ni de gestión de comunicación, es un contrato mucho mas global y que no solo abarca Estados Unidos”.

Explicó que los contratos de comunicación sobre los que tiene responsabilidad la Embajada son con las agencias Brown James & Lloyd y Ketchum.

USD 11 millones en relaciones públicas y cabildeo

Esta no es la primera vez que Ecuador contrata una firma de relaciones públicas en Estados Unidos para penetrar medios de comunicación o establecer canales de diálogo con el gobierno americano. De hecho, Ecuador es el país de América Latina más activo en este tipo de contrataciones, superado solamente por México

De acuerdo a registros oficiales del Departamento de Justicia, y reportes recogidos por el Centro de Periodismo de Investigación para las Américas, CIJA, entre principios del 2009 y finales del 2014, Ecuador habrá gastado en Washington un total estimado de USD 10 426 999 en honorarios más USD 398 191 en expensas y gastos de representación, a través de 10 diferentes firmas de relaciones públicas, relaciones gubernamentales y abogados: Brown Lloyd James LDT, DTB Associates LLP, Fenton Communications,  Humanitas Global Development, Patto Boggs LLP, Van Scoyoc Inc., McSquared PR, Ketchum Inc., y Delahunt Group LLC, esta última contratada pocos días atrás. 
La firma que más dinero recibió de Ecuador fue MCSquared PR, que como ya dijimos, entre mayo del 2013 y abril del 2014 recibió un total de USD 6 408 800 dólares.

Otra de las grandes beneficiadas fue el bufete de abogados Patton Boggs LLP (ahora llamada Squire Patton Boggs), que en un periodo estimado de 39 meses facturó un total de USD 1 847 932 incluyendo expensas. 

Brown Lloyd James, trabajó con el gobierno ecuatoriano 18 meses. En ese periodo recibió un total de USD 848 264, lo que equivale a un fee mensual estimado de USD 46 602. Van Scoyoc Associates, Inc. por su parte, trabajó con Ecuador durante 6 meses, facturando un total de USD 218 578.

De acuerdo a información disponible en la página de Sunlight Foundation, estas firmas, que actuaron como agentes del gobierno ecuatoriano, tuvieron un total de 685 contactos con el gobierno estadounidense, la prensa internacional, u otros actores relevantes. 177 de esos contactos fueron en persona, 196 por email, 30 por teléfono, y 282 clasificados como “otros”. Quién más contactos realizó fue Brown Lloyd James con un total de 242, seguido por Fenton con 136, Patton Boggs con 133 y Van Scoyoc con 124.

En las reuniones personales, emails o llamados telefónicos, se registraron pedidos de reuniones para la embajadora Nathalie Cely y otros visitantes de Ecuador, entre los cuales resalta el nombre de Gustavo Jalkh. Jalkh es el Presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador, un organismo encargado de administrar la justicia en el país y que ha sido reiteradamente señalado por las irregularidades en los procesos de selección de jueces.

Los principales temas de conversación con miembros del Congreso de Estados Unidos, Departamento de Estado, Departamento de Justicia y la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, fueron las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos y la extensión de Atpdea (Tratado Andino de Promoción Comercial), tratado que finalmente fue cancelado por el propio Correa a mediados del 2013, luego del evidente fracaso de sus 'lobistas' por intentar extenderlo y ser de público conocimiento que el Congreso americano no tenía intención alguna de extenderlo.

A través de sus agentes, la Embajada también impulsó una fuerte estrategia de promoción mediática. Por ejemplo, McSquared colocó USD 125 500 en compra de anuncios en medios de comunicación a través de la subcontratación de Fitzgibbon Media y USD 85 468 en la colocación de un anuncio en el Washington Post, entre otros. Los diferentes agentes también trabajaron para asegurar entrevistas y lograr la colocación de columnas de opinión.