La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) informó que, desde este 30 de julio, los certificados de exportación de minerales de las coordinaciones regionales de Guayas, El Oro, Imbabura, Azuay, Orellana y Chimborazo se emitirán desde Quito.

En un escueto comunicado, la Arcernnr aseguró que esa decisión es parte de las acciones de control e intervención de la entidad enfocados en precautelar los intereses del Estado y de la ciudadanía en general. Pero no explicó cuáles son las razones de este cambio.

Comunicado de la Arcernnr.

Sin embargo, su reacción llega después de la investigación de este portal titulada Una red de empresas fantasmas en Ecuador exportó 500 millones de dólares en oro, publicada el pasado 1 de julio. En ese artículo se explica cómo al menos una decena de empresas, de reciente creación, se convirtieron en menos de tres años en las mayores exportadoras de oro de Ecuador, superando incluso a compañías con décadas en el sector.

Lo particular de estas empresas es que vendieron millones de oro al extrajero, pese a tener  escasos registros financieros y realizar pagos mínimos de impuestos. Además, las direcciones que registraron en la Superintendencia de Compañías no coinciden con las calles o barrios que mencionan. Por ejemplo, una de ellas dijo estar detrás de una urbanización, pero la reportería confirmó que en ese lugar solo hay un terreno baldío.

Una de estas compañías fantasmas es Soulmetals, que en el último semestre del 2023, exportó más de 100 millones de dólares en oro. Sus fundadores apenas terminaron la escuela y el colegio y nadie da con la ubicación de la compañía. Esta es solo una de varias empresas fundadas en El Oro, fronteriza con Perú, que tienen las mismas características.

Esta provincia, junto a Azuay, concentra el 86% de la producción nacional de oro, según datos del Ministerio de Energía y Minas. Pero al mismo tiempo son las provincias con la mayor conflictividad por el avance de la minería ilegal, un negocio que en la actualidad se disputan grupos criminales.

Las empresas necesitan un certificado emitido por esta agencia para exportar oro u otros minerales. Pero son las oficinas o coordinaciones regionales las que los aprueban. Durante la investigación, fuentes del sector -que prefirieron mantener su identidad en reserva- hablaron sobre la fuerte corrupción que existe en la zonales para emitir dichos documentos. Tanto es así, que la Arcernnr recordó en su comunicado que el trámite del certificado no tiene ningún costo.

Este es un requisito que se implementó recién en el 2016. Hasta ese año, el único documento que las autoridades ecuatorianas solicitaban para esta actividad era la Declaración Aduanera de Exportación (DAE). Pero la directora de la agencia minera de entonces alertó que existían “graves indicios de que la exportación de oro no tenga un origen lícito”.

Esto sobre todo a raíz del caso de las empresas Spartan y Clearprocess, que incluso fue documentado por la OEA en un informe de esa organización de 2021. Allí, el organismo internacional menciona que ambas compañías -que estaban relacionadas- se convirtieron rápidamente en las principales exportadoras de oro en Ecuador.

Pero formaban parte de una red internacional que compraba grandes cantidades de oro ilícito de Perú y que ingresaba al Ecuador por contrabando. Luego, lo exportaban a empresas de EEUU usando documentos falsificados. Por eso, en las cifras de exportaciones del 2013 al 2014 tienen un súbito repunte: de USD 433 millones pasaron a más de USD 1.000 millones.

Desde la pandemia, Ecuador pasa por un nuevo repunte inédito en sus exportaciones de oro. En el 2020, envió 8,1 toneladas al extranjero a un valor de USD 378,4 millones. Pero, en 2023, esta cifra se triplicó y exportó 25,1 toneladas que alcanzaron la cifra récord de ventas por USD 1.279 millones, como se detalló en un segundo artículo de la misma investigación.

Este tipo de empresas han sido consideradas por la OEA como de riesgo por su uso para el comercio de oro ilícito. En los últimos años, esta es la primera investigación en Ecuador sobre el masivo comercio de oro que sale a través de empresas ecuatorianas con escasos o nulos controles.

Este trabajo fue parte del proyecto “Dorada opacidad: mecanismos del tráfico del oro latinoamericano”, liderado por Convoca de Perú con la participación de Pan V y medios de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Esta alianza periodística lanzó un artículo con un análisis regional sobre los mecanismos oscuros y los controles fallidos que permiten el lavado y desvío masivo del oro que produce Sudamérica. 

Tras esta investigación, el pasado 15 de julio, la Arcernnr propuso a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) firmar un convenio para fortalecer la colaboración entre ambas entidades. La UAFE está a cargo de la prevención, detección y erradicación del lavado de activos en el país.

El 8 de mayo pasado, mediante decreto, el presidente Daniel Noboa dividió a la Arcernnr en tres entidades y a restableció la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que fue creada en 2009. La Arcernnr mantendrá su personería jurídica hasta el próximo 8 de agosto, fecha en la que se cumplen los tres meses que dio Noboa para la división de las agencias.