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14 de Marzo del 2016
Investigación
Lectura: 21 minutos
14 de Marzo del 2016
Redacción Plan V
Alimentación escolar: 58 centavos para cada niño

Los planes de alimentación escolar requieren más de USD 100 millones en alimentos cada año. En lugar de comprar al sector de la economía popular y solidaria, el gobierno lo entrega a las grandes empresas.

 

Una investigación revela cómo el Estado entrega millonarios recursos a grandes empresas alimentarias para los programas de alimentos del gobierno. Al menos un 75% de los contratos se da a los conglomerados, mientras que una mínima parte queda para la economía popular y solidaria. Hay trabas y requisitos en los pliegos de contratación para favorecer a la gran industria, en desmedro de la pequeña y microempresa, a pesar de que la Constitución y la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria obliga al sector oficial a privilegiar a este sector económico más pobre. Técnicos estatales replican estas conclusiones y aducen que técnicamente, en la realidad ecuatoriana, solo la gran y mediana empresa está en condiciones de entregar un producto barato y de alta calidad nutricional y sanitaria a los 2,8 millones de escolares que atiende el Estado. El gobierno, revelaron los técnicos, destina entre 25 y 58 centavos de dólar diarios para cada niño.

Entre los años 2009 y 2015, el gobierno nacional destinó USD 380,7 millones para la provisión de alimentos procesados, semiprocesados y frescos a los sectores educativo, militar, cárceles y otros. El gobierno había manejado esta actividad desde el Programa de Distribución de Alimentos, que fue reemplazado en el 2013 por el Instituto de Provisión de Alimentos, Proalimentos. Ahora hay cambios institucionales al respecto.

Informe de consultoría para la Copisa sobre las compras públicas en la alimentación escolar.

Una investigación realizada para la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, Copisa, mostró que en un periodo de muestra, entre el 2012 y el 2014,  solo seis grandes empresas proveedoras de alimentos procesados y cinco grandes empresas de lácteos fueron beneficiarias de las compras públicas. Entre estas 11 empresas vendieron al Estado el 82% de los USD 196 millones en alimentos. El resto quedó para las empresas pequeñás y de la economía popular y solidaria.

En el 2015 la tendencia continuó. Un informe del Compras Públicas señala que en ese año el Instituto de Provisión de Alimentos realizó contrataciones relacionadas con alimentación escolar por USD 115 millones. De ese dinero, el 63% se contrató con grandes proveedores, el 17% con empresas medianas, y solo el 19% con empresas pequeñas y microempresas. El dato de adjudicaciones para alimentos procesados señala que de USD 93 millones adjudicados ese año USD 71 millones fueron a parar a grandes grupos, USD 20 millones a empresas medianas y menos de USD 6 millones a empresas pequeñas y microempresas. 

Lo mismo en los lácteos que compra el Estado para la alimentación escolar: USD 21,6 millones fueron a parar a grandes empresas mientras que USD 13,6 millones llegaron a empresas medianas. Las pequeñas empresas y microempresas no vendieron un solo centavo. Lo cual, según los autores del informe, el gobierno no cumple con el mandato constitucional y legal de la Soberanía Alimentaria, que define como una obligación del Estado comprar a las empresas de la economía popular y solidaria.

El informe señala que los pliegos de las bases de contratación ponen una serie de barreras a las pequeñas y microempresas y tampoco el gobierno ha fomentado el desarrollo de ese sector para que entren a competir con eficacia frente a los grandes conglomerados. Sin embargo, se detecta la no aplicación de las normas establecidas, especialmente en la relación del acceso de los pequeños productores a las compras públicas: “Esto está relacionado con la definición de la demanda del Estado, que consiste sobre todo en productos procesados de alta tecnología, que no pueden producir las organizaciones de productores con capacidad de transformación de alimentos; por otro lado, el Estado requiere servicios de alimentos preparados, en los que la modalidad de catering, por su alta especialización y combinación de diferentes servicios (desde el acopio de alimentos, hasta la elaboración y servido de platos preparados), resulta bastante inaccesible para organizaciones de productores o de la economía popular y solidaria. A esto se suman requisitos de precios demasiado bajos como para constituir un incentivo a la participación de organizaciones de pequeños y medianos productores, y otros requisitos relacionados con la calidad del producto, así con la formalización y las capacidades financieras y logísticas de las organizaciones de la economía popular y solidaria que en la práctica funcionan como barreras de acceso de las mismas a las compras públicas de alimentos”. 

Sin embargo, desde el lado oficial hay reparos a estas observaciones. Fuentes vinculadas a Proalimentos, que hablaron con este medio de modo extraoficial, comentaron que las escuelas no tienen la infraestructura adecuada para garantizar que los alimentos lleguen de modo barato, sano y con alta calidad a las 16.000 escuelas que reciben el desayuno y refrigerio escolares. "Hay que tomar en cuenta la realidad, las escuelas no tienen capacidad de producción ni bodegaje y por ello se requieren productos de larga duración".  

Además, el informe revelado por la Copisa no menciona, dicen las fuentes, que si bien el grueso de recursos de alimentación se quedan en grandes industrias, el Estado ha entregado el 100% de los contratos a 47 pequenas y microempresas para el catering, durante el 2015. El monto transferido es de USD 9,4 millones, lo cual corresponde a un poco menos del 10% de los USD 115 millones que el Estado compró para la alimentación escolar. Además, en ese año también se compraron USD 5,5 millones de fruta fresca a varias asociaciones.

El sistema de alimentación escolar se cambió en el 2009 por decisión del Ejecutivo. El sistema, entonces, permitía que los padres de familia asuman la responsabilidad de la alimentiación es las propias comunidades y unidades educativas. Sin embargo, diversos problemas como el manejo presupuestario y logístico atentaron contra la continuidad del sistema y se cambió al actual sistema.

Actualmente, el Estado atiende 2,8 millones de niños en edad escolar con dos tipos de servicios: para los más pequeños el desayuno escolar, que consiste en un líquido (leche fortificada) y tres sólidos (fruta, galletas vitaminizadas y granola); y para los más grandes el refrigerio, que consiste en un líquido (colada) y dos sólidos. Para los primeros, el presupuesto es de 58 centavos diarios por niño, y para los segundos es de 25 centavos diarios por niño.

Los técnicos estatales que hablaron con Plan V  lamentaron que los recursos para la alimentación de los niños sean tan bajos, pero destacaron que a pesar de ello han garantizado que los productos sean de alta calidad nutricional y eso solo se puede lograr con una economía a escala. Es más, Proalimentos destaca que este año han innovado con ocho nuevos productos que incluyen insumos nacionales como la quinua, el amaranto, cebada, maíz suave, morocho, zapallo. El 86% de los insumos con los que se hacen los productos sólidos es nacional. La leche que se entrega a los niños a través de Proalimentos es la de mejor calidad en el país, destacan.  Y en las condiciones actuales del Ecuador, insistieron, solo la gran industria garantiza esa calidad a ese costo.

 

No parece haberse integrado en las compras públicas alguna medida de apoyo a la agricultura agroecológica, tal como está mencionado en la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria.

La Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria (LORSA), en su artículo 14, manda que el Estado “en sus programas de compras públicas dará preferencia a las asociaciones de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores y a productores agroecológicos”. En su Art. 30 también dice que La participación de los productores en las compras públicas se repite luego: “El Estado incentivará y establecerá convenios de adquisición de productos alimenticios con los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores agroalimentarios para atender las necesidades de los programas de protección alimentaria y nutricional dirigidos a poblaciones de atención prioritaria”.

En los términos de la legalidad, los investigadores observaron algunas brechas entre lo prescrito por la legislación, y las prácticas observadas del gobierno:

"1. No parece haberse integrado en las compras públicas alguna medida de apoyo a la agricultura agroecológica, tal como está mencionado en la LORSA. Asimismo, no se encuentra rastro del Plan Nacional de Desarrollo de la Producción Orgánica previsto en el artículo 10 del Acuerdo Ministerial 299 del MAGAP. Esto pudiera ser interesante por ejemplo en el caso de alimentación a niños de educación inicial, que son más sensibles a una alimentación sana.

2. Tampoco se encuentra referencia hacia un tratamiento diferenciado en temas de registro sanitario para los pequeños y medianos productores mencionado en la LORSA.

3. No se encuentra el registro de compras públicas de la Economía Popular y Solidaria mencionado en el Código de la Producción.

4. La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, LOEPS, no aclara debidamente la relación entre MIPYMES, los micro, pequeños y medianos productores a cargo de la soberanía alimentaria y el sector de la economía popular y solidaria. ¿Puede una familia de productores agropecuarios ser considerada como una Unidad Económica Popular? En todo caso, la LOEPS aclara que las organizaciones de producción están en el ámbito de la Economía Popular y Solidaria, y que pueden tener organismos de integración, ya sea para una representatividad o para una integración económica (Art. 121 LOEPS)".

Los investigadores reconocieron que para esta consultoría se buscó identificar experiencias exitosas en la venta de productos de la soberanía alimentaria en las compras públicas, a través de referencias de diferentes personas claves. Sin embargo, esta tarea rápidamente se les reveló muy difícil. "Existen muy pocos casos actuales de participación de productores agropecuarios en las compras públicas; tampoco existen muchos casos de participación de emprendedores de la economía Popular y Solidaria en estos sistemas. Según la Secretaría Nacional de Planificación, Senplades, los emprendedores de la economía Popular y Solidaria sólo participaron en el 1,8% de las compras públicas del Estado ecuatoriano en el año 2012".

¿Y la desnutricion?

En el Enlace Ciudadano que se diera en la ciudad de Vilcabamba, Loja, el presidente Correa reconoció como "un fracaso", el hecho de que su administración no haya podido bajar la desnutrición crónica en el Ecuador. Tema que reveló este portal y que Correa ha reconocido meses más tarde. El presidente no entró en mayores detalles de las causas de este fracaso, los responsables ni los montos que se gastaron en el fallido proceso. Lo que hizo a continuación fue lanzar como una solución al tema de la desnutrición, la propuesta de aumentar de tres a nueve meses el periodo de lactancia materna, al cual tienen derecho las madres trabajadoras. Así evitó el tema y puso a analistas y periodistas a discutir de la conveniencia o no del periodo de lactancia en lugar de la desnutrición crónica en el Ecuador.

Informe de Plan V sobre la desnutrición crónica en la administración Correa.

Algo que no obviaron los consultores del informes sobre las compras públicas. Estos relacionaron el problema de la desnutrición de la infancia en la población estudiantil, con el tipo de alimentación que estaban recibiendo desde el Estado. El informe de la SERCOP señala que los productos que se dan en la alimentación escolar en este gobierno se basa en barras de cereales, cinco tipos de galletas fortificadas, tres tipos de granolas, leche entera y fotificada, y coladas fortificadas. 

Para los consultores de la Copisa, con ese tipo de alimentación "se mantenían los problemas nutricionales entre los niños beneficiarios del PAE. El 44% de los niños y niñas beneficiarias padecía de algún tipo de problema de malnutrición. Estos problemas consisten en la desnutrición crónica (con una prevalencia de 19%) y el sobrepeso (con una prevalencia del 30%), mientras que 6% de la población tiene ambos. (Fuente: Schneider, Sergio: comunicación personal, 2014)".

Además, "los alimentos provistos no aseguraban adecuadamente las necesidades nutricionales de los niños (en particular, podían darse casos de exceso de azúcar). Una parte importante de la materia prima utilizada para la elaboración de los alimentos procesados era importada, según informes del propio Proalimentos. Y, la pertinencia cultural de los productos ofrecidos era muy baja, ya que se presentaban productos estandarizados, que presentaban bajos niveles de aceptación entre los beneficiarios, y que no correspondían a sus referencias culturales". Es decir, una dieta de granola o galletas vitaminizadas chocaba con las constumbres alimenticias comunitarias y familiares.

Respecto al tema de la desnutrición, los técnicos estatales rechazaron las conclusiones del informe, y defendieron el tipo de alimentación que entrega Proalimentos. Dijeron, además, que el Estado en este caso, solo es responsable de las raciones que entrega a los 2,8 millones de niños en las escuelas; de lo demás, de cómo se alimenten en casa Proalimentos no es responsable. Es decir, las necesidades nutricionales diarias de los niños no se resuelven en las escuelas. Esto ayuda pero son las familias y las comunidades las que también deben preocuparse del problema.

Una de las conclusiones del informe dice: "para que los pequeños y medianos productores agropecuarios puedan beneficiarse del sistema de compras públicas de alimentos para su desarrollo, tal como sucede en otros países del continente , será necesario rediseñar más profundamente el sistema, enfocándose no solamente en cambiar los requisitos de los productos y bienes demandados, sino también en reducir las barreras de entrada que todavía subsisten y por supuesto en fortalecer organizaciones de productores que puedan cumplir con los requisitos solicitados por el sistema rediseñado".

Al parecer, el gobierno va en camino hacia un nuevo modelo de compras públicas en la provisión de alimentos. Un documento del Sercop tiene una hoja de ruta para ello.

Al parecer, el gobierno va en camino hacia un nuevo modelo. El documento del Sercop tiene una hoja de ruta para ello. Para mayo está previsto tener lista una propuesta de alimentos sustitutos para preparados alimenticios, harinas y lácteos de alimentación escolar. El tema deberá ser posicionado políticamente en junio, durante el gabinete itinerante que corresponde, donde se haría una denuncia contra los granoleros (algo que en el documento no está especificado), en julio se haría el posicionamiento de una nueva propuesta de dieta escolar y la catalgocación de la nueva dieta estaría lista en agosto. Un tema que coincide con la precampaña electoral.

Michel Laforge, ingeniero agrónomo, quien vive 13 años en el Ecuador,  y uno de los autores del informe de la Conferencia de Seguridad Alimentaria, dice al respecto que la idea de la consultoría era saber cuánto dinero de las compras públicas iban a los pequeños productores. En Francia y Brasil, dice, hay normas claras para que el Estado compre a las familias productoras. El Estado ecuatoriano dice que compra a los pequeños; para nada, no es cierto, asegura. Este gobierno nada ha hecho por la gran masa de pequeños y medianos productores. Se ha enfocado en temas típicos de la gran agroindustria y hay millones de dólares que se les ha pasado en ayudas para la exportación. "A estas alturas, es incomprensible que haya grupos campesinos que quieran apoyar a la revolución ciudadana y quepiensen que pueden lograr algo. La ley de Tierras, por ejemplo, es nula, no dice nada nuevo; la ley de Aguas es peligrosa para las comunidades que manejan sistemas de riego desde hace siglos. Cuando esto termine debe haber una comisión de la verdad sobre la revolución agraria. Hay que ver cosas muy de cerca, como la importación de bovinos. A estas alturas ya no se importan animales en pie sino las pajillas. Se supone que se importa para mejorar la genética", dice.

Para este experto en temas agrarios, en el sector campesino ecuatoriano hay unas 500 mil familias que producen alimentos, muchas veces con una agricultura manual y muy poco acceso a riego.

Luis Andrango, dirigente campesino y coautor del informe, dice que la deuda del gobierno es con el sector agrario y campesino. A pesar de que la ley es mandatoria al respecto, esta no se cumple. El fondo del Estado para provisión alimentaria es de más de USD 100 millones anuales. "Cuando empezamos a desmenuzar todo el sistema de compras públicas en alimentos, identificamos que en los pliegos de las bases se favorece a productos que demandan una alta capacidad tecnológica, con lo cual de entrada quedaban excluidos los sectores campesiones", dijo. Se podía, frente a eso, definir diez productos de la soberanía alimentaria que se incluyan en el sistema de compras públicas, que son alimentos que no necesitan de mucha elaboración.  Estos alimentos pueden ser incorporados de inmediato; papas o maíz, por ejemplo, señaló.

Todo esto favorece a la gran industria, tanto en catering como en producción alimenticia. Los campesinos no tienen capacidad industrial para manejar volumen.

Laforge dice al respecto que el modelo que se ha implantado ahora es altamente centralizado. Hay ahora un proceso de descentralización en marcha, pero cuando se dice que se va a repartir leche en todo el país, se compra una vez para todo el año y el producto se concentra en Quito, y de ahí tiene que ir a Loja, por ejemplo. Por esas condiciones, es una leche que no puede estar viva. Tienen que ser una leche UHT y tetrapac, lo cual es alta tecnología en conservación. El modelo centralizado obliga a eso. El sistema anterior permitía que los alimentos sean elaborados en las propias comunidades, eso ya no existe ahora. Se han dado intentos porque algunos grupos que daban ese servicio se formalicen, pero es mínimo. El otro problema es el precio, porque no es rentable para esos colectivos. Todo esto favorece a la gran industria, tanto en catering como en producción alimenticia. Los campesinos no tienen capacidad industrial para manejar volumen y las grandes empresas, dice el gobierno, generan más empleo. Pero no se trataba de eso, sino de permitir el desarrollo de la economía popular y solidaria se desarrolle con altos estándares de calidad tanto industrial como sanitaria. Para mi lo escandaloso, dice Laforge, que habiendo plata para dar alimentos en diferentes sectores (como en las cárceles, las escuelas, los cuarteles, las guarderías infantiles...) es que los productores de la economía popular y solidaria están excluidos por definición; desde el inicio, desde que defines que el sistema para distribuir ese alimento debe ser centralizado. El único alimento donde la economía popular y solidaria logró participar es en la granola.

Para Andrango, el objetivo era que no haya más desnutrición en los niños del nivel escolar. Pero este se mantiene pese a los años de inversión. Es obvio porque se despreció la capacidad alimentaria de la zona, de las comunidades. La granola y las galletas no son alimentos de referencia cultural; las coladas sí pero no hay chochos ni tostado o ese tipo de productos.

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