El coctel explosivo

Los mandatarios de los dos booms petroleros que ha vivido el Ecuador, Guillermo Rodríguez Lara y Rafael Correa.

Primero, el gobierno militar del general Guillermo Rodríguez Lara: “Nacionalista y Revolucionario de las Fuerzas Armadas“, inauguró el mini boom petrolero en 1972, exhibiendo en Quito el primer barril de crudo producido por la transnacional Texaco en consorcio con la naciente Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana – CEPE. Casi medio siglo después, el gobierno de Rafael Correa Delgado: “Revolución Ciudadana“, cerrará practicamente el ciclo extractivo, exprimiendo las últimas gotas del oro negro. Si al agotamiento de las reservas le agregamos el desplome de los precios del crudo, tenemos un cuadro de tragedia económica en un país que ha atado su destino al hidrocarburo.

Las cifras ponen al desnudo la tragedia petrolera, una realidad sin prescedentes en los últimos 50 años. Es una suerte de coctel explosivo preparado con bajos precios del petróleo y altos costos de extracción; el primero determinado por el mercado global de hidrocarburos y el segundo establecido en los revolucionarios contratos de servicios petroleros, suscritos entre 2010 y 2014. La fórmula fatal es muy sencilla y no hace falta ser experto para entenderla: cuando sacar un barril de petróleo cuesta más que venderlo, el negocio explota.

De los dos ingredientes, el precio del crudo es un factor externo al ámbito del régimen, pero la definición del costo de producción (Tarifa) en los contratos fue de exclusiva responsabilidad del gobierno de Rafael Correa, y constituyó el elemento central en la configuración de la participación del país en la renta petrolera. Mientras en 1972 el gobierno militar de Rodríguez Lara, modificó el contrato con la transnacional Texaco determinando una participación para el Estado del 87%; el gobierno de Correa, al renegociar los contratos de exploración y explotación el año 2010 con las compañías extranjeras, estableció tarifas de 35 y 41 dólares por barril (U4/BL), en aquellos bloques de mayor producción. Entre tanto, para las áreas de manejo estatal a cargo de Petroecuador y Petroamazonas (Joyas de la Corona), con la firma de contratos de servicios específicos, los años 2012 y 2014, para incrementar la producción, se dispararon los costos de producción de 9 dólares a 27 U$/BL, según lo confirmó el gerente de Petroamazonas, Osvaldo Madrid.

El año 2014, el petróleo generó tanto por exportaciones como por venta de derivados U$ 15.367 millones, considerando un precio promedio del barril de U$ 80, de los cuales U$ 11.757 millones corresponden a: costos de producción (U$ 5582 millones) e importación de derivados (U$ 6174 millones). El aporte neto al presupuesto del Estado durante el referido año fue de apenas U$ 3600 millones.

Para el año 2015, considerando un precio del petróleo de 50 U$/BL, lo cual implica que el WTI o crudo de referencia debe estar en 60 U$/BL, la situación es de catastrofe: por exportación de crudo y venta de derivados el país recibiría U$ 9942 millones, pero los costos de producción (tarifas) y la importación de derivados representaría U$ 10.145 millones, dejando un déficit de U$ 226 millones, como se expresa en el siguiente cuadro.

La creciente presión de los subsidios a la economía fue advertida desde el año 2013, en un estudio realizado por la consultora Wood Mackenzie, contratada por el Ministerio de Recursos Naturales. Las conclusiones encendieron las alarmas oficiales: si no se eliminan los subsidios a los principales combustibles: Glp, diesel y nafta, entre el 2015 y el 2017, el colapso económico sería inminente. Es importante destacar que estas conclusiones se realizaron antes de que el país empiece a soportar los efectos de la caída del precio del petróleo. El total de subsidio del año 2014 alcanzó la cifra de U$ 3907 millones.

Fin de la quimera del oro negro

En el mundo del petróleo, ni los gobiernos ni las empresas pueden cambiar la geología de la Tierra, solo nos queda aceptar que el legado natural petrolero del Ecuador se está desvaneciendo. Durante este período (Medio siglo), el petróleo se convirtió en el principal agente de transformación del Ecuador, pero también en el aceite que lubricó una de las maquinarias de corrupción más grandes de la historia nacional, de cuya operación emergieron poderosos grupos de poder.

Cuando se inauguró el mini boom petrolero en 1972 el país contaba con 8 mil 084 millones de barriles de reservas probadas, en la actualidad, esas reservas reales de crudo comercialmente explotables, se han reducido a 2 mil 680 millones de barriles (2014), incluyendo el ITT. Se estima que al 2017, cuando Rafael Correa deje el cargo, la última reserva petrolera será de 2 mil 134 millones de barriles. Considerando una tasa de extracción de 560 mil barriles diarios, el horizonte hidrocarburífero ecuatoriano, se agotaría en 11 años, aproximadamente. Sin la explotación de los bloques del Parque Nacional Yasuní (ITT y 31) el horizonte se reduciría sustancialmente.

Uno de los misterios mejor guardados por los gobiernos son los informes de reservas de hidrocarburos, además del manejo interesado de los conceptos de reservas: probadas, probables y posibles. Según el último informe público elaborado por el Ministerio de Recursos Naturales en 2010, el volumen de reservas probadas remanentes del Ecuador era de 3407 millones 164 mil 956 barriles de petróleo. Para actualizar las cifras al 2017 se ha considerado un promedio de 182 millones anuales de extracción.

Fracking de EE.UU., fractura a productores

Una suerte inédita, es la que ha gozado el gobierno de Rafael Correa durante estos ocho años, en los que los precios del petróleo se han mantenido altos, con un promedio de 70 dólares el barril, aunque ha llegado a picos de hasta 140 dólares.

Este es el esquema del fracking, o fracturación hidráulica que permite extraer hidrocarburos que se encuentran en las rocas a presión.

Solo en 2009 se experimentó una súbita, pero corta caída. Sin duda el desplome de los precios registrado en 2014 que se mantiene hasta la fecha -sin posibilidad de recuperarse en el corto plazo- es un golpe letal a la economía ecuatoriana. Este hundimiento de los precios estuvo advertido en la agenda de la economía global desde el año 2010 cuando se evidenció una baja de la demanda de derivados, producto del debilitamiento de la economía europea, principalmente, y ante la revolución silenciosa de EE.UU que le permitió subir la producción petrolera, a través de la novedosa técnica de fracturación hidráulica (Fracking), orientada a extraer hidrocarburos atrapados entre las rocas.

Una suerte inédita, es la que ha gozado el gobierno de Rafael Correa durante estos ocho años, en los que los precios del petróleo se han mantenido altos, con un promedio de 70 dólares el barril, aunque ha llegado a picos de hasta 140 dólares. Solo en 2009 se experimentó una súbita, pero corta caída. Sin duda el desplome de los precios registrado en 2014 que se mantiene hasta la fecha -sin posibilidad de recuperarse en el corto plazo- es un golpe letal a la economía ecuatoriana.

Este hundimiento de los precios estuvo advertido en la agenda de la economía global desde el año 2010 cuando se evidenció una baja de la demanda de derivados, producto del debilitamiento de la economía europea, principalmente, y ante la revolución silenciosa de EE.UU que le permitió subir la producción petrolera, a través de la novedosa técnica de fracturación hidráulica (Fracking), orientada a extraer hidrocarburos atrapados entre las rocas.

Como resultado de esta operación, EE.UU se ha convertido en el primer productor de petróleo del mundo, con 11 millones de barriles diarios, superando incluso a Arabia Saudita. Actualmente, la sobreoferta de crudo se estima en dos millones de barriles al día.

Esta revolución petrolera de EE.UU., no solo logró fracturar la geología sino que, al desplomar los precios del crudo, también fracturó a aquellas economías dependientes del petróleo, que actualmente ostentan gobiernos identificados como autoritarios. De esta forma, regímenes como el de Vladimir Putin (Rusia), Nicolás Maduro (Venezuela) y Rafael Correa (Ecuador), experimentan graves impactos en sus economías: Rusia prácticamente ha ingresado en recesión; en Venezuela, país que depende en un 95% de las exportaciones petroleras, la crisis está tocando fondo; y, la economía de Ecuador está entrando en terapia intensiva. La economía es mala consejera, la falta de dinero vuelve impopulares a los caudillos. De esta forma, EE.UU está exhibiendo una nueva estrategia para incidir no solo en la economía global, sino incluso “fracturar“ a gobiernos como los de Putin, Maduro y Correa, dejando en el pasado el cuestionado intervencionismo.

No hay excusa. El gobierno de Ecuador estaba advertido de la caída del precio del crudo y debió adoptar medidas para enfrentar los impactos en la economía, como crear una reserva con los recursos petroleros que excedieran el precio presupuestado. Por el contrario, las políticas emprendidas en el sector hidrocarburífero desde el año 2007 fueron en dirección opuesta. La entrega de la administración de Petroecuador a la Marina, privilegió objetivos políticos del gobierno, antes que la definición de una política energética soberana, los resultados fueron evidentes: caída de la producción, mayor corrupción, e impulso de inversiones millonarias en proyectos no sustentables, como la refinería del Pacífico, la explotación del ITT dentro del área protegida Yasuní, la construcción de la planta de gas en Monteverde cuando se va a sustituir el consumo de gas; o, cuestionados negocios con China, como el oneroso endeudamiento garantizado con petróleo.

Como nunca antes en la historia petrolera ecuatoriana, el crudo de exportación fue entregado sin licitación y a precios descontados, a Petrochina (China), Pdvsa (Venezuela), Petrovietnam (Vietnam) y Ancap (Uruguay), empresas estatales que sirvieron de pantalla para transferir el petróleo a intermediarios privados, que hicieron millonarios negocios a través de la reventa del hidrocarburo en el mercado norteamericano, principalmente.

En el plano de la contratación petrolera, el gobierno de Correa impulsó una propuesta orientada a liquidar el “pasado neoliberal“, recuperar una mayor participación en la renta petrolera y refrendar la “soberanía energética“: cambio de modalidad contractual de Participación a Prestación de Servicios. El revolucionario contrato de Prestación de Servicios diseñado por el exministro Wilson Pastor, no era sino el mismo viejo modelo aplicado por el propio Pastor durante el gobierno socialcristiano de León Febres Cordero, con la compañía norteamericana Maxus (Bloque 16), solo que ahora con algunos maquillajes modernos.

La diferencia central entre el contrato de Participación y el de Prestación de Servicios, radica en que, en el primero, la compañía recibe una participación directa en la producción de crudo, mientras con el segundo, el Estado paga a la contratista una tarifa por barril extraído, de esta forma las compañías extranjeras se aseguraron un ingreso permanente, no así el país, cuyos ingresos estaban determinados por el comportamiento del precio internacional del hidrocarburo. Aunque en el contrato de servicios, literalmente el 100% del petróleo es de propiedad del Estado, en la práctica las tarifas se cancelan con petróleo.

Contratos como el de Maxus sirvieron de ejemplo para sendos cuestionamientos, por cuanto fomentaban graves distorsiones económicas y abusos de las compañías que inflaban los costos de producción, los que al final eran cubiertos por el Estado. Por esta razón este tipo de contrato fue sustituido por el de Participación en la década de los 90, aunque la cura resultó peor que la enfermedad, no porque el modelo sea malo en sí, sino por una pésima negociación, que definió una inequitativa participación del país en la producción de petróleo. En síntesis, durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, en los contratos de Servicios con costos de producción superiores a los precios del crudo, los ingresos para el país fueron cero, mientras que, en los renovados contratos de Participación, igualmente el Ecuador recibió un promedio de apenas 25 barriles de cada 100, una participación marginal.

Con ese telón de fondo, los funcionarios de la revolución ciudadana definieron el cambio contractual, el retorno al viejo modelo de servicios petroleros, maquillado. Cuatro fueron los beneficios que pensaban alcanzar con los nuevos contratos: a) mejorar la participación del Estado en la renta petrolera; b) atraer inversión extranjera para actividades de riesgo exploratorio; c) incrementar las reservas de petróleo; y, d) subir la producción de los bloques privados.

En la práctica, los objetivos a, b y c, resultaron un rotundo fracaso. El primero tuvo un relativo éxito debido a los altos precios del petróleo hasta el 2014, lo que le permitió al gobierno obtener mayores ingresos fiscales por exportación, hasta que los precios se desplomaron y dejaron en harapos el ponderado modelo contractual.

Durante los cinco años de vigencia de los contratos, las reservas probadas de los bloques operados por las transnacionales no se incrementaron, la producción cayó hasta ubicarse en 2014 en 120 mil barriles diarios. Los yacimientos operados por las compañías extranjeras están prácticamente agotados.

El gobierno garantizó tarifas de entre 35 y 41 dólares por barril a las compañías extranjeras, en los principales bloques petroleros, aunque en algunos casos como Ancón, la tarifa es de 58 U$/BL, además redujo el impuesto a la renta del 44.4% al 25%. Así, las compañías se aseguraron un ingreso fijo, mientras la participación del Estado quedaba a expensas del precio internacional del petróleo. El costo de producción de Petroecuador y Petroamazonas a esa fecha (2010) era de 9 dólares el barril, promedio.

Según las propias cifras del gobierno lo que ganó el país con el cambio de modalidad contractual de Participación a Prestación de Servicios, fue 0,34 centavos de dólar por barril. Una cifra insignificante, como se expresa en el cuadro.

En el área de mayor producción privada, como es el Bloque 16 de Repsol, el país perdió 2,27 US/BL, con la nueva tarifa. Además se le amplió el contrato por 6 años, en circunstancias que desde el 2012, el 100% de las reservas, infraestructura y producción (38 mil barriles diarios) debieron pasar gratuitamente al Estado.

En el caso del bloque Tarapoa operado por la empresa china Andes Petroleum (CNPC), con la renegociación se anexó el campo unificado Fanny 18B, cuyo 70% de reservas eran de propiedad de Petroecuador, esta acción se adoptó pese a que en la reforma legal no consta ninguna disposición relativa a campos compartidos.

Con la compañía italiana Agip (Bloque 10) igualmente se amplió el plazo contractual y se anexaron los campos Lumbiquiti y Oglan, este último descubierto por Petroecuador, con reservas probadas de 60 millones de barriles, cuya extracción hoy le cuesta al país 35,00 US/BL.

Las joyas de la corona van a compañías extranjeras

Con el objetivo de subir la producción en los campos maduros, conocidos como “joyas de la corona“, anteriormente operados por la estatal CEPE-PETROECUADOR, el gobierno procedió a la firma de contratos de servicios específicos, entre los años 2012 y 2014, con las compañías extranjeras: Halliburton, Schlumberger, Tecpetrol, Sinopec, Sertecpet, para los campos Auca, Shushufindi, Cuyabeno, Libertador, Aguarico. Previamente, el campo Sacha, uno de los más grandes del país, fue adjudicado a la empresa mixta Río Napo (Petroecuador-Pdvsa) con una tarifa de 17,06 U$/BL.

Con estos contratos se obliga a la empresa pública Petroamazonas a adquirir a las empresas privadas extranjeras, directamente y por 15 años, los equipos y servicios para mantener y subir la producción; además, se incluye la aplicación de tecnologías de recuperación mejorada, con una tarifa de 39 dólares el barril. Las inversiones en equipos y contratación de servicios de Petroamazonas el 2014 ascendieron a U$ 3384 millones, mientras el año 2007 fueron apenas de U$ 342 millones. La vigencia de estos contratos y el crecimiento de la inversión pública, permite explicar el incremento de los costos de producción de Petroamazonas, de 9 a 27 U$/BL. En menos de tres años prácticamente los costos se triplicaron.

Como se aprecia, con los contratos de servicios específicos estas compañías se aseguraron por 15 años la provisión directa (Sin licitación) de bienes y servicios a Petroamazonas, por una cifra superior a los U$ 3000 millones anuales, uno de los mayores negocios del país. Durante siete años de la revolución ciudadana (2007 – 2014) las inversiones en exploración y explotación de petróleo realizadas por las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas, llegaron a U$ 13.037,01 millones, una de las más altas de la historia petrolera, pero los resultados, principalmente el descubrimiento e incorporación de nuevas reservas probadas, son negativos.

Aunque literalmente, la empresa pública Petroamazonas figure como operadora de los campos maduros (Joyas de la Corona), en la práctica, de acuerdo con los contratos de servicios específicos, la casi totalidad de actividades: desde los servicios de alimentación, estudios técnicos, fiscalización, sísmica, mantenimiento y perforación de pozos, las realizan compañías privadas extranjeras, en una suerte de privatización encubierta.

Rafael Correa estaba enterado

En la cadena presidencial del sábado 5 de diciembre de 2009, un molesto Rafael Correa Delgado condenaba la primera fase de renegociación de contratos con las compañías petroleras extranjeras, calificándola como un “crimen, delito de lesa patria y traición”.

El presidente Rafael Correa, durante sus enlaces sabatinos.

Los principales acusados, aunque no visiblemente expuestos, se miraban y agabachaban sus cabezas, esperando el momento en que sus nombres revienten. Las palabras del mandatario sonaron como ráfagas: “Esto no va a quedar en la impunidad, el país sabrá los nombres y apellidos de quienes permitieron esta miseria y me voy a reunir con las privadas y vamos a hablar claro: o me invierten o se van, pero con el país no van a seguir jugando”, se escuchó en tono mayor.  Pero, los nombres de los responsables nunca salieron de su boca, al parecer eran muy cercanos y propios, como para dejarlos en evidencia: Galo Chiriboga, ministro de Minas y Petróleos, contralmirante Luis Jaramillo Arias, presidente de Petroecuador, y una plantilla de técnicos de viejo y nuevo cuño que conformaban los equipos negociadores.

Más allá de las palabras y acusaciones públicas, la información oficial señala que esta fase de negociación fue manejada y decidida directamente por Rafael Correa, su ministro Galo Chiriboga y un equipo asesor nombrado por el citado funcionario. El primer presidente de Petroecuador puesto por la Marina, contralmirante Fernando Zurita, cuestionó el proceso de negociación y anticipó los perjuicios que causaría, por esta y otras razones fue removido del cargo. En una carta de 21 de mayo de 2008 dirigida al presidente Correa, ubica nombres de los responsables: “La renegociación de los contratos de exploración y explotación de petróleo, siempre fue liderada por el Ministro de Minas y Petróleo, Dr. Galo Chiriboga Zambrano, y, su grupo de asesores…“ (…) Durante el análisis de la negociación propuesta por el Ministro Chiriboga, él impuso su agenda, validando todo lo actuado por el grupo negociador, especialmente en los términos económicos".

En la “célebre” sesión del Directorio de Petroecuador, de 19 de mayo de 2008, el presidente de la República, reveló que el informe de los técnicos extranjeros (CURTIS MALLET) contratados por el Estado señalaba que apenas una compañía estaría perdiendo con el 99/1, sin embargo de ello, Rafael Correa acogió el criterio de Galo Chiriboga, como se aprecia en el audio de la sesión:  “De acuerdo a la información que tu equipo presentó Galo (Chiriboga) con el decreto 99/1 seis compañías  estaban perjudicadas: City, Oriente, Repsol, bloque 16, Petrobras, Petroriental bloque 14, Petroriental bloque 17, la semana pasada me dicen no, que es solo una, si es que está perdiendo es City Oriente, el resto está ganando plata…¿Quién está en lo correcto ustedes o los mexicanos (CURTIS MALLET)? A lo que Galo Chiriboga responde: “Me parece que estamos nosotros”. Rafael Correa retoma la palabra para precisar: “… yo como presidente no puedo aceptar que esté tremendamente presionado para negociar los contratos y revocar el Decreto 99/1 porque seis petroleras están perdiendo plata para que un equipo de expertos traídos… (CURTIS MALLET) y que a lo sumo una está perdiendo plata, todo mundo está ganando y bastante, no puede ser, bueno, me presentas en informe unificado.”

Como ha podido apreciarse, el presidente Correa estaba al tanto de los estudios presentados por la consultora “Curtis Mallet”, además tenía los criterios expuestos por el expresidente de Petroecuador Fernando Zurita, de que la renegociación de contratos en los términos planteados era inconveniente y perjudicial a los intereses del Estado. Rafael Correa, sabía que incluso con el 99/1, “todo mundo está ganando y bastante”, sin embargo el Presidente acabó validando el criterio del entonces ministro Galo Chiriboga, que era coincidente con el de las compañías.

En esa dirección, el gobierno acordó la suscripción de un contrato transitorio con vigencia de 1 año, luego de lo cual se migraría a un contrato de Prestación de Servicios, la extensión de los contratos por varios años adicionales, muchos de los cuales estaban próximos a fenecer y la reducción del porcentaje por incremento del precio del crudo de 99% a 70%.

La segunda fase de negociación que concluyó con la firma de los contratos de Prestación de Servicios, fue validada por el presidente Rafael Correa,  y su liderazgo estuvo a cargo de Wilson Pastor Morris.