Fue un operativo simultáneo entre Ecuador y Colombia. En Ecuador fue calificado como el golpe más contundente contra el narcotráfico en el 2017. Se llamó Sol Naciente y ocurrió entre el 12 y 13 de abril del año pasado. Participaron 210 agentes para capturar a 11 integrantes de una temida banda dedicada al tráfico internacional de drogas con conexiones en Centroamérica y Estados Unidos.

Mientras que en Colombia, un día antes, el 11 de abril, caía el líder de la agrupación: alias Gerald. A él la prensa colombiana lo ha llamado como el Pablo Escobar ecuatoriano. Un capo nacido en Tarqui, Manta, capaz de exportar 250 toneladas de drogas en dos años y de intentar de enviar otras 150, sin éxito, en el mismo lapso.

Tras el operativo, el exministro del Interior, Diego Fuentes, dijo que con esa acción se estaba devolviendo la tranquilidad a las dos provincias costeras ecuatorianas. No exageraba. Los miembros de esta organización estaban relacionados con varias muertes violentas. La banda usaba sicarios para ajustes de cuentas por la disputa de territorios. Amenazaba a fiscales y policías para evitar cualquier investigación. En los allanamientos de abril de 2017 fue evidente además el poder económico de la organización. En tres viviendas en ambas provincias fueron hallados casi 12 millones de dólares encaletados.

El Ministerio del Interior difudió videos de cómo los agentes encontraron el dinero encaletado del capo.

Entre los 11 miembros capturados estuvieron guardaespaldas, choferes, abogados y hasta un capitán de la Policía - Freddy Zambrano Herrera- que daba información a Gerald. Fueron recluidos en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga y sin acceso a visitas. En esta última prisión, el ahora excapitán Zambrano fue encontrado colgado de una sábana, pero sobrevivió. La versión oficial aseguró que el uniformado intentó suicidarse. Pero mientras en Colombia, el capo ecuatoriano ya fue extraditado a Estados Unidos, en Ecuador los días de la banda en prisión estarían por terminar en pocos meses.

El cambio de delito

La banda fue acusada por la organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de drogas. En el Código Penal Integral (COIP) este delito se encuentra en el artículo 221 y tiene una pena de entre 16 y 19 años. En las leyes ecuatorianas esa es la falta por drogas con la pena más alta. Pero el 1 de agosto de 2017, la Fiscalía reformuló los cargos. Pidió que sean procesados por el artículo 369 del COIP referente a delincuencia organizada con una pena de 7 a 10 años. El acusador fiscal dijo que este tipo penal se “ajustaba mejor” a los hechos investigados.

En la audiencia preparatoria de juicio, del pasado 5 de febrero, la Fiscalía explicó que los procesados estaban de acuerdo con someterse al procedimiento abreviado. Esta es una figura a la que se solo se pueden acoger los acusados por delitos con penas de hasta 10 años de cárcel. Bajo esta modalidad, el acusado acepta los hechos y se le garantiza la rebaja de al menos un tercio de la pena. Según el COIP, “en ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por el fiscal”.

Y la Fiscalía sugirió para la mayoría de los miembros de la banda entre 20 y 28 meses de cárcel. El sábado pasado, 17 de marzo, se realizó la audiencia de procedimiento abreviado. El juez de la Unidad Penal Norte 2 de Guayaquil impuso la condena sugerida por la Fiscalía. Juristas consultados por este medio confirmaron que con esta resolución los involucrados solo permanecerían 9 meses en la cárcel porque llevan 11 meses detenidos. 

Pero el proceso más de una vez ha sido dilatado. Por ejemplo, la audiencia preparatoria de juicio fue diferida, suspendida o reinstalada al menos ocho veces. Fue convocada por primera vez para el 3 de octubre de 2017, pero solo logró instalarse casi cuatro meses después en la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil. En medio, estuvo el pedido de la defensa de Gerald para que sea extraditado de Colombia al Ecuador. La solicitud fue acogida en noviembre pasado por un juez de Guayaquil. Pero el envío de Gerald a Estados Unidos finalmente se dio el 24 de febrero pasado.

El poder del ‘capo’

La revista Semana fue la primera en comparar a Gerald con Pablo Escobar. Al igual que el capo colombiano, el ecuatoriano tiene un origen humilde. Edison Washington Prado Álava nació en 1981 en Tarqui, Manta. Es bachiller y soltero. Según el medio colombiano, en sus inicios fue un avezado lanchero que captó la atención de Los Rastrojos y del Cartel Norte del Valle. Transportaba la droga que llegaba desde Tumaco, Colombia. Pero la desarticulación de esas bandas permitió que el manabita surgiera como el nuevo capo. Sabía quiénes eran los dueños de los cultivos y de los laboratorios. Conocía a los compradores y a los carteles mexicanos, especialmente a los de Sinaloa.

Gerald nació en Tarqui, Manabí. Fue lanchero y ascendió rápidamente en el mundo del narcotráfico hasta manejar desde la producción hasta la venta de estupefacientes. Se lo vincula al cartel mexicano de Sinaloa.

“Era dueño de una veintena de barcos y varias docenas de lanchas rápidas, conocidas como go fast”, agrega Semana. En Ecuador, según testimonios recogidos en el proceso judicial, un miembro de la organización era el encargado de buscar embarcaciones grandes y pequeñas en zonas como Playita Mía, en Manta. Pedía a los pescadores que se las alquilaran.

También tenía una red de sicarios en Ecuador, Colombia y en Centroamérica, según la misma publicación. En Ecuador, su principal brazo armado sería un líder de los Choneros (ver detalle más adelante). Pero también usaba extranjeros. Por ejemplo, en junio de 2017, llegó Anderson G. al aeropuerto de Quito. A él la Fiscalía lo señaló como un lugarteniente de Gerald para obtener información e identificar a los funcionarios públicos que ordenaron y ejecutaron los operativos del año pasado contra la banda.

El hombre colombiano de 26 años fue detenido en la terminal aérea cuando se disponía regresar a Bogotá. En su billetera había un manuscrito con dos nombres de policías y las direcciones de sus casas. En las investigaciones se determinó que el hombre sería muy cercano a la seguridad de los hermanos de Gerald.

De acuerdo con la Fiscalía, los hermanos del capo habrían “ejecutando acciones de narcotráfico desde Colombia para financiar el pago y valores que están demandando los procesos penales en Ecuador y Colombia”. Según un testigo protegido, cuyo testimonio están en el expediente, la hermana de Gerald, Betsy P., habría quedado al mando de la organización después de que el capo fuera detenido en Colombia. Su hermano, Manuel Eduardo Prado Álava, fue asesinado en Pereira, Colombia, el 15 de agosto del año pasado. Diario El Tiempo reportó que a raíz de su asesinato se habría disparado una ola de crímenes en Risaralda, Pereira.

Desde aquí, abogados buscaron que el capo sea juzgado por la justicia ecuatoriana. El diario El Espectador publicó que al menos 26 juristas de EE.UU., Colombia y Ecuador lo visitaron en las cárceles del país vecino por donde pasó, entre ellas, la Picota de Bogotá. Estas acciones demoraron en Colombia la extradición del capo, mientras que en Ecuador dilataron el proceso judicial. Sus abogados en Ecuador han logrado, por ejemplo, que quede libre en un juicio por asesinato en Manta. O han asesorado a mexicanos detenidos en el país. “Hubo un caso en Esmeraldas sobre una avioneta en la que encontraron droga y habían dos mexicanos detenidos, se realizó una asesoría jurídica transparente, pero yo colegí claramente que eran narcos, no tienen nada que ver con este caso, solo estuve en una reunión, no sé nada del caso”, dijo el testigo protegido.

Gracias a su testimonio, ahora se conoce más sobre cómo actuaba el capo en Ecuador. No solo se transportaba en camionetas blindadas sino que gustaba de lujosas casas. Las pagaba en efectivo. Por ejemplo, para la casa de Puerto Azul en Guayaquil entregó 300.000 dólares al vendedor. Por una propiedad en Ciudad Celeste, un sector de clase media alta en la vía a Samborondón, pagó entre 600.000 y 800.000 dólares. En el mismo sector habría adquirido otra propiedad por un valor entre 400.000 y 500.000 dólares. Todo esto detalla el testigo protegido. En su testimonio narra que un corredor de bienes raíces era quien le ofrecía los bienes. Además de las casas, le ofreció gasolineras al costo de 3 o 4 millones de dólares y barcos. “Le quería vender media Ciudad Celeste al señor Prado”, dijo. Usaba fachadas. En Tumaco decía ser un próspero empresario pesquero. En Ecuador, se hacía pasar por un empresario ganadero.

La pareja del ‘capo’

No hay duda que se trató de un negocio familiar donde participaron los hermanos y la pareja de Gerald. Pero de su entorno más cercano, solo Julia M. fue detenida en los operativos de abril de 2017. Para ella, la Fiscalía pidió 28 meses de prisión en el proceso por delincuencia organizada. A ella la señaló como la cabecilla de la organización. Era la pareja de Gerald en Ecuador. En las investigaciones se determinó que ella tendría propiedades que sumarían 225 mil metros cuadrados y a su nombre estaba registrada una nave.

Ella fue observada junto al capo en dos casas de Guayaquil, ubicadas en Puerto Azul y Los Ceibos, donde se construyeron caletas para ocultar millones de dólares. En la primera se hallaron 7,5 millones ocultos en el garage. En la segunda, los agentes encontraron más de 1 millón encaletado debajo de un basurero, bajo una tapa de cemento de 15 centímetros de espesor. En los allanamientos de abril, también fue ubicada una casa en Manta con 3,1 millones. Allí también encontraron documentos de Gerald y su hermana. En toda la operación fueron decomisados 17,3 millones de dólares. El Ministerio del Interior informó en ese entonces que los inmuebles tenían cámaras tipo domo de circuito cerrado para la seguridad del dinero.

En el expediente se revela a detalle cómo actuaba la banda. Los agentes hicieron seguimiento a sus operaciones. Para el tráfico de droga, la banda usaba lanchas rápidas para el transporte de los cargamentos hasta Guatemala. Esta información fue corroborada por una asistencia penal del país centroamericano. El 3 de abril de 2017, la organización de Gerald tenía previsto enviar desde Esmeraldas 1.500 kilos de cocaína. El traspaso y la entrega final del producto se iba a realizar en altamar (ver gráfico). De las interceptaciones al teléfono de Julia lograron esa información. El juez la sentenció a 28 meses de cárcel y le impuso una multa de 30 salarios básicos, el decomiso de los bienes y de los 17,3 millones de dólares.

Un chonero como brazo armado de Gerald

José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, es otro líder de la banda con voz y voto. Fito pertenece a los Choneros, una de las organizaciones criminales más temidas en Ecuador. En 2012 fue condenado a 25 años de prisión por asesinato. Pero un año después se escapó de la cárcel La Roca de Guayaquil, junto a otros ocho integrantes de la banda. Fue recapturado tres meses después.

Pero la cárcel no impidió que siga al frente del grupo delictivo que actuaba sobre todo en Manabí. En junio de 2017, cayó parte de su estructura conformada por 36 miembros. Se dedicaban a atentados contra la vida, robo de vehículos, extorsión, clonación de vehículos robados, comercialización de repuestos, microexpendio de droga, enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, tráfico de influencias, entre otros delitos. Tras esta acción policial se informó que Fito sería el brazo armado de Gerald en Ecuador.

En el proceso por delincuencia organizada, la Fiscalía estableció que Fito era el encargado de coordinar los envíos de gasolina mediante barcos desde Manta y Jaramijó, para que se abastecieran las lanchas rápidas que llevaban la droga. A través de interceptaciones se conoció también que desde la cárcel mantenía contactos telefónicos directamente con Gerald y sus abogados. En una de ellas se le escucha decir que “vienen ciudadanos de la tierra de Vicente Fernández”. Pero también se lo menciona “como el presunto autor del robo de tres millones de dólares en efectivo” de una caleta ubicada en Manta, según el expediente. Para él, la Fiscalía pidió 28 meses de cárcel. Los jueces también le impusieron una multa de 30 salarios básicos. Pero como él ya está en prisión condenado a 25 años esta pena no se sumaría.

El capitán y la abogada

Freddy Eduardo Zambrano Herrera es otro de los procesados. Cuando fue detenido en abril de 2017 era un capitán de la Policía en servicio activo. Fue señalado por entregar información privilegiada al capo. En la cárcel de Latacunga donde fue recluido apareció colgado de una sábana porque supuestamente intentó suicidarse.

Junto a él, también fue detenida la abogada Olga Rosalía Machuca Mera. En las interceptaciones telefónicas se registraron llamadas entrantes y salientes con los distintos miembros de la organización desde su celular. En el allanamiento realizado a una unidad educativa privada en la vía a Samborondón, vinculada a la pareja, se encontró 70.216 dólares. Pero también proyectiles y alimentadoras. Así como un sobre con 5.000 dólares con la palabra “Lupo” que, según la Fiscalía, se refería al capitán.

Alias Lupo tenía informantes que se hacía pasar por testigos protegidos para declarar inocente a Gerald en un caso de asesinato en Manta, afirmó el testigo protegido. Su esposa abogada, según el testigo, estaba buscando que ese informante se filmara en un video para “que le saque de todo el problema del asesinato a Edison Prado Álava”.

De acuerdo a este testimonio, Machuca quien fue candidata para asambleísta en las elecciones de 2017 habría recibido dinero de Gerald. Machuca fue aspirante por el movimento Fuerza Ecuador del excandidato presidencial Abdalá Bucaram Pulley. En ese entonces, Bucaram confirmó que ella era parte del partido, pero que estuvo bajo la responsabilidad de la directiva provincial de su partido, liderada por Roberto y Saruka Rodríguez, exdiputado y exasambleísta por Manabí, respectivamente.

Este es parte del interrogatorio al testigo:

Pregunta: ¿La señora Olga Machuca tenía comunicación con el señor Edison Prado Álava?
Respuesta: Sí ella tenía comunicación directa. Ella, no el Capitán.
Pregunta: ¿Cómo fue la entrega del dinero por parte del señor Edison Prado Álava a la señora Olga Rosalía Machuca Mera?
Respuesta: El señor Édison Prado Álava solo entregaba dinero en efectivo.
Pregunta: ¿Tiene un aproximado de los valores recibidos por la señora Olga Machuca Mera?
Respuesta: Tengo entendido que la ayudaron para la campaña entre doscientos y trescientos mil dólares.

Ambos fueron sentenciados a 20 meses de cárcel. Zambrano, Machuca y alias Fito también enfrentaron otro proceso por delincuencia organizada en Manta. La pareja de igual manera se acogió al procedimiento abreviado. El abogado de Machuca, José Garzón, dijo a Plan V que ha solicitado que se anule uno de los dos procesos porque su defendida no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. 

En el juicio de Manta por delincuencia organizada, un juez de la Unidad Judicial Penal de esa ciudad sentenció a Fito a 28 meses de cárcel, que tampoco se sumarían a la condena que tiene a 25 años de prisión. Los tres asimismo están vinculados al asesinato de un menor de 8 años en Manta.