Las actas de los directorios de la Empresa Refinería del Pacífico, que intentó construir un enorme complejo petroquímico en las cercanías de la ciudad de Manta, en la costa manabita, evidencian cómo la voluntad política de los jerarcas correístas de intentar construir la Refinería, aún sin tener ni financiamiento ni petróleo para poder operarla, se impuso a cualquier criterio técnico o económico.

Tras fracasar en por lo menos dos ocasiones en sus intentos de obtener no menos de 10 mil millones de dólares para la construcción de la planta, el régimen correista se empeñó en gastar dinero de Petroecuador  y PDVSA para las llamadas “obras tempranas”, que consistieron en una enorme explanada (en donde se debían colocar los aparatos de refinación, que son diseñados según el volumen de producción y el tipo de producto), una vía de acceso en dos tramos y un acueducto, cuyo propósito fundamental, además de conducir agua dulce a las instalaciones de la refinería, fue enviar el líquido vital a localidades como Montecristi, Jaramijó y la propia ciudad de Manta. Además, cerca de la explanada, está construido un campamento para los empleados, que tenía el propósito de alojar en viviendas prefabricadas a los trabajadores de la planta petroquímica.

Entre 2008 y 2018 se gastaron $1.531 millones en la Refinería del Pacífico, de los que $613 millones corresponden a estudios, ingenierías, licencias y servicios de asesoría gerencial y legal, $678 millones al valor agregado del costo de los terrenos y construcción de las obras tempranas, $83 millones a gastos operativos y de compensación social y $157 millones al pago de impuestos.

Pero todas estas instalaciones están, actualmente, sin uso. Por lo menos 30 contratistas nacionales e internacionales recibieron cantidades millonarias para las construcciones de las obras tempranas.

Revisamos esa lista en busca de los beneficiarios finales y para descubrir hacia dónde fue el dinero que el Estado ecuatoriano desembolsó para esta obra monumental.

También conversamos con expertos con relación al posible uso que podría tener la infraestructura construida en la costa manabita, cerca del mar, en donde el correísmo intentó colocar una planta con la capacidad de refinar crudo de Ecuador y Venezuela y producir derivados para consumo nacional y para exportación, e, inclusive, hasta electricidad.

Esta gigantesca explanada es todo lo que hay de la refinería del Pacífico en el Aromo, al sur de Manta.  Foto: El Comercio

Los apuros de Jorge Glas

Corría el año 2008, y la cercana relación entre los ex presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador se concretó en la firma de  un memorando de entendimiento para construir la Refinería del Pacífico.

Aún Venezuela no estaba sumida en el actual colapso económico y la política chavista se orientaba a invertir sus recursos petroleros en los países de la región cercanos a su postura política. Por medio de la ALBA, una alianza regional de países de sur y centro América y algunos del Caribe, se buscaba extender la influencia venezolana en la región. La presencia y a ratos, la injerencia económica y militar de Venezuela era evidente en países como Bolivia y Cuba.

Rafael Correa y Hugo Chávez anunciaron el proyecto de un complejo petroquímico que sería financiado por China.

Los acercamientos con el Ecuador encontraron su proyecto más importante en el intento de construir una gran refinería en el sector de El Aromo, en la provincia de Manabí. Se trataba de levantar un complejo petroquímico y de refinación para procesar 300.000 barriles de petróleo por día y producir gasolina, diésel, gas licuado de petróleo, jet fuel y productos petroquímicos para consumo interno ecuatoriano y para la exportación. La obra podría costar no menos de 10.000 millones de dólares y las inversiones iniciales estarían a cargo de las estatales petroleras Petroecuador del Ecuador y Petróleos de Venezuela que constituyeron una empresa en la que Petroecuador tenía el 51% de las acciones. El grueso del dinero, sin embargo, debía provenir de un crédito chino, pues ninguno de los dos estados sudamericanos iba a poner la millonaria inversión. Según anunció el correísmo en su momento, las empresas chinas que iban a participar serían la petrolera CNPC y el banco ICBC.

En 2015, tras fracasar los diálogos con estas dos instancias, el gobierno hizo una nueva propuesta a un consorcio conformado por las empresas chinas Sinomacht, Sinocons y con la coreana Hyundai, que tampoco se concretó en 2016. En esa ocasión se intentó conseguir $13.300 millones. En un informe de 2020, la Contraloría analizó las vicisitudes del proyecto que finalmente condujeron a que Petroecuador aporte la mayor cantidad de dinero para el fallido complejo refinador de petróleo.

Informe de la Contraloría sobre el caso de la Refinería del Pacífico.  Ver PDF

Pero los financistas chinos echaron para atrás en dos ocasiones, dejando al proyecto sin posibilidades reales de financiamiento.

Ello no impidió que funcionarios ecuatorianos y venezolanos de la refinería se empeñaran en firmar grandes contratos.

Así, el 7 de abril de 2009, PDVSA solicitó al directorio de la Refinería del Pacífico que contrate directamente, bajo la figura de emergencia, a la empresa South Korea Engineering & Construction Co Ltd (SK), para que realice el estudio de Línea Base (estudios ambientales) y la Ingeniería Conceptual; por $ 9 y $ 45.1 millones respectivamente. El papel de esta empresa coreana sería clave en el desarrollo posterior de la planta. El contrato de ingeniería básica, que había sido estimado inicialmente en $140 millones, terminó costando $287´153.909.

Tras el fracaso de gestiones directas en China para obtener recursos, en 2010 se contrató a la consultora japonesa Mizuho, con la misión de obtener más financistas internacionales para la obra.

Las decisiones de Jorge Glas fueron clave para la construcción de obras como la explanada y el acueducto.

En ese mismo año fue nombrado gerente de la planta Carlos Proaño Romero, quien en diálogo con este portal en 2018, sostuvo que se comunicó con el secretario particular del ex presidente Correa, Galo Mora y le informó que existían inconsistencias en la contratación de SK, entre ellas un “injustificado incremento en el presupuesto de la Ingeniería Básica”; y por eso pidió que el contrato fuese revisado por el secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera Giler y que el presidente de la República Rafael Correa Delgado, “firme como testigo de honor”.

Para el 5 de marzo de 2010, se adjudicó el contrato de gerenciamiento de la obra a  la coreana SK, por USD 259´970.000 con las firmas de Luis Jaramillo (presidente del directorio de RDP), Carlos Proaño (gerente general de RDP), Du Yeon (apoderado general de SK), Ki Ho Kang (gerente general de SK), Rafael Correa (presidente de la República y testigo de honor), Germánico Pinto (ministro de recursos naturales no renovables) y Kwang Chul Choi (presidente en Corea de SK).

En una investigación conjunta con otros medios digitales, publicada en 2018, este portal reveló que aunque no habían terminado etapas clave como la ingeniería básica y de detalle, y no tenían financiamientos, los funcionarios del correato se empeñaron en gastar cantidades millonarias en los trabajos de obras tempranas.

El papel de Jorge Glas en el prematuro proceso fue clave. El 12 de enero de 2012, según revelaron actas del Directorio de la empresa, el entonces ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas Espinel, dispuso  “priorizar” el movimiento de tierra e iniciar las obras, mientras que su colega de Gabinete, Wilson Pástor, quien era ministro de Recursos Naturales, se oponía, señalando que se debía empezar con la faraónica tarea hasta no conseguir  por lo menos 10 mil millones de dólares en financiamiento, que por dos ocasiones, buscaron en China sin éxito.

Las actas del Directorio en donde se evidencian las decisiones de Jorge Glas. Ver PDF

Pero contra todo criterio técnico y hasta contra el sentido común, Glas se impuso y el dinero que había en la empresa, proveniente en su mayoría de una gran inversión de Petroecuador, se comprometió para algunos de los gastos más significativos: la remoción de tierras para colocar la refinería y la construcción de un acueducto que debía traer el agua de la represa La Esperanza hacia la planta.

Además de Glas, estuvieron involucrados en el proceso el viceministro Rafael Poveda Bonilla y el asesor Pedro Merizalde Pavón. La Contraloría confirmó, en la actual gestión de Carlos Riofrío, una glosa solidaria de $1223 millones en contra de Jorge Glas, Carlos Pareja Yannuzzelli, Álex Bravo, Marco Calvopiña. Pedro Merizalde, Bismark Andrade y la empresa Petróleos de Venezuela. En la sesiones del directorio participó también Pabel Muñoz como delegado de Planificación. 

La Refinería y la trama de Odebrecht

¿Pero qué estaba detrás de este millonario apuro? En 2018, la investigación publicada por este portal reveló que  la prisa por firmar los contratos, por cerca de USD 600 millones, para la remoción de tierras y la construcción del acueducto La Esperanza estuvo relacionada con el venezolano Freddy Salas Neuman, gerente técnico del proyecto, quien había llegado a un acuerdo con José Conceição Santos, apoderado de Odebrecht en Ecuador, para que la constructora brasileña gane el contrato a cambio de coimas.

Cuando el ejecutivo brasileño contó quiénes le habían pedido sobornos a cambio de obras y por cuánto, mencionó que en la explanada de la Refinería del Pacífico se entregó $7.7 millones en sobornos. En julio de 2013, el venezolano Salas se acercó a Conceição para la construcción del acueducto La Esperanza y el monto de sobornos ahí fue de $2,5 millones.

Carlos Proaño Romero, entrevistado por PLAN V y medios aliados en 2018, relató que “quien tomó el liderazgo fue Jorge Glas. Sus instrucciones eran transmitidas mediante su viceministro Poveda y su asesor Merizalde. La primera instrucción fue contratar a Hogan Lovells como asesor legal internacional por $1´200.000 y a la empresa Shaw como asesor técnico por 290.000 dólares para que busque un PMC (supervisor de obra), también se nombró a Wilson Pastor como nuevo presidente del directorio”, contó entonces.

El ex gerente recordó que “había un interés especial por la contratación del PMC a pesar de que no era el momento, ya que su trabajo empezaría una vez concluida la ingeniería básica, que en ese momento apenas tenía un avance del 7%, de la misma manera era indispensable contar con el cierre del financiamiento, esto estaba en todos los cronogramas maestros, Mizuho estaba trabajando en la estructuración del pull de financiamiento y le faltaba por lo menos de 2 años para su cierre”, explica. “El PMC o gerenciamiento del proyecto debía implementarse una vez terminada la ingeniería básica y después de tener el diseño de los equipos (ELTE); era indispensable además el financiamiento y la ingeniería de detalle, luego de eso vendría el IPC (movimiento de tierras)”, explicó el ex gerente.

El ex gerente relató a este medio digital sobre presiones para contratar apresuradamente a la empresa Worley Parsons, de origen australiano, para la gerencia del proyecto, ya que esta tenía previsto trabajar con empresas del entorno correista.

 Carlos Proaño Romero fue gerente de la refinería del Pacífico hasta julio de 2011 y lo reemplazó Pedro Merizalde Pavón, quien firmó los contratos con Worley Parsons y Odebrecht.

Proaño relató que en junio de 2011, en una reunión en Houston (EE.UU) con el CEO de la empresa australiana, “se solicitó ayuda con un descuento en el precio de sus servicios, ya que la oferta era demasiado alta y no contábamos con ese presupuesto; me supo indicar que ellos sólo harían una supervisión y que quien iba hacer de PMC era la empresa ecuatoriana Azul, incluso con sus técnicos ecuatorianos, lo cual era un engaño ya que el valor que iban a cobrar los técnicos de Azul, era muy inferior a los que iba a pagar RDP”. El grupo Azul de propiedad del norteamericano radicado en el Ecuador William Phillips, estuvo muy cerca del correato, pues la esposa de Phillips, Mónica Hernández, era asesora presidencial en el llamado Plan Familia, una instancia oficial que pretendía imponer una moral sexual conservadora.

Los reparos técnicos del gerente no fueron atendidos, según contó a este medio. Así relató haber hablado con el ex ministro Rafael Poveda y le dijo que no era el momento oportuno para contratar la gerencia del proyecto,  “ya que rompería el orden lógico del proyecto y el cronograma maestro”, pues la ingeniería básica no registraba ni el 10% de avance, “para mover tierra debíamos haber concluido esta ingeniería y tener avanzada la ingeniería de detalle, que incluso no teníamos financiamiento en firme, no teníamos ni el diseño de los equipos ni su peso, ¿cómo iban a hacer las plataformas?”, a lo que le respondieron que “no se haga problema” y continué con las contrataciones.

Proaño Romero dejó la gerencia de la Refinería del Pacífico en julio de 2011, tras recibir una llamada de Palacio.

Le sucedió Pedro Merizalde como nuevo gerente general, e inmediatamente contrataron en un directorio a Worley Parsons, para la gerencia del proyecto por USD 205´747.722,00; aprobaron el modificatorio de la ingeniería básica y autorizaron el movimiento de tierra.

En enero de 2012, en otro directorio, Jorge Glas advirtió que “el movimiento de tierra es parte de la ruta crítica de la ejecución del proyecto, por lo tanto, debería contratarse este año. Así como priorizar en este contrato las zonas que son 100% seguras”. El ex ministro Wilson Pástor lo contradijo y señaló que “no existe el financiamiento, que, en relación al movimiento de tierra, no se han tomado las decisiones a tiempo; que hasta no conseguir el financiamiento no se deberían realizar inversiones”. Pero nuevamente, no le hicieron caso a Pástor ni a la consultora japonesa Mizuho, que explica que la reticencia de los chinos a prestar el dinero tenía relación con  que el crudo ecuatoriano estaba comprometido para pagar los créditos a los propios bancos chinos, por lo que no era probable que autorizaran otro préstamo.

Jorge Glas Espinel, Pedro Merizalde Pavón y José Conceição Santos, en uno de los eventos de la refinería del Pacífico.

La consultora japonesa enfatizó que el objetivo era que la operación comercial de la Refinería arrancase en 2015, para ello detalló un “calendario de construcción fast track” pero precisó que antes de la adjudicación de los contratos de ingeniería, procura y construcción se debía planear los contratos, la ingeniería de detalle temprana, adquirir equipos de larga entrega, y, por último, la preparación del sitio, que curiosamente, era lo que las autoridades correístas se empeñaban en hacer primero.

El 13 de agosto de 2012, adjudicaron a Odebrecht el contrato para la remoción de tierras por USD 229.995.259,68. Luego, entre los años 2013, 2014 y 2015 la constructora brasileña firmó cuatro complementarios; finalmente el proyecto costó 249 millones de dólares.

El contrato para construir el acueducto La Esperanza llegó un año después, en septiembre de 2013; costó USD 259.9 millones. En los años posteriores suscribieron cinco contratos complementarios y ocho órdenes de trabajo, lo que elevó el valor del acueducto a USD 279.559.749,53. Aquí también intervino Worley Parsons, pero según pudo establecer la auditoría de 2018 de RPS, quien realmente realizó los estudios fueron las firmas del Grupo Azul.

Estos serían algunos de los contratos más grandes y polémicos, pero la Refinería contrató también estudios ambientales, licencias para la construcción de los equipos de la planta de refinación, estudios jurídicos, y otras relacionadas con las vías de acceso a la planta y el campamento para la vivienda de los trabajadores que debían operar la planta petroquímica.

La auditoría internacional y un sombrío pronóstico

Al asumir el poder en 2017, el régimen de Lenin Moreno heredó el más grande elefante blanco del correato: la explanada vacía de la Refinería del Pacífico y sus obras anexas en  la costa de Manabí. Para el nuevo gobierno, el proyecto era únicamente una “novelería”, por lo que se intentó tibiamente relanzarlo con una nueva denominación, según relata la Contraloría General del Estado en un informe del 2020. Pero como otros tantos proyectos del morenismo, como el tren playero, pronto quedaría en el olvido.

Lo que sí hizo el morenismo fue contratar una consultoría internacional, con apoyo de las Naciones Unidas, con la intención de establecer si el concepto de la planta y los contratos realizados habían sido bien ejecutados.

En un informe de 472 páginas, entregado en noviembre de 2018, la consultora británica RPS Energy estableció, entre sus conclusiones más importantes, que el proyecto tenía una cierta fundamentación, que los contratistas eran empresas líderes en sus respectivos campos, que en varios contratos hubo precios bastante competitivos y que el Ecuador tiene, efectivamente, la necesidad de aumentar su capacidad de refinación. Pero también destacó que se tomó una decisión catastrófica al iniciar las obras tempranas antes de tener asegurado el financiamiento de la obra y que, además, se detectaron posibles sobrecostos en hasta un 23% en el dinero que se había gastado.

Informe de 2018 sobre la Refinería del Pacífico realizado por la consultora RPS Ver PDF

En el informe se precisa que una  evaluación entre 2008 hasta 2018, con cortes de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, determinó que hasta esa fecha se habían gastado $1.531 millones de los que $613 millones corresponden a estudios, ingenierías, licencias y servicios de asesoría gerencial y legal, y $678 millones corresponden al valor agregado del costo de los terrenos y construcción de las obras tempranas, $83 millones a gastos operativos y de compensación social y $ 157 millones al pago de impuestos.

Sobre los contratistas, el informe señaló además que “los principales contratistas del proyecto son empresas de reputación internacional, incluso líderes en sus respectivas especialidades.  No obstante las conclusiones precedentes, es evidente que la experiencia y calidad profesional de los contratistas, no son suficientes para garantizar el éxito en la ejecución del proyecto; es fundamental la participación enterada y efectiva del dueño y patrocinador en la gestión del proyecto”.

El informe sostuvo también que la inversión total se estimó en $ 14.100 millones en 2012,  pero determinó que “la mayor parte de los elementos de costos de construcción de la refinería (directos e indirectos), en términos porcentuales, estuvieron dentro de los rangos aceptados internacionalmente”.

Sobre las obras tempranas, avaluadas en $663 millones, la contratistas dijo que tuvo “muy poca evidencia de negociación de los valores presupuestados y ofertados, falta de definición de los estudios de ingeniería necesarios para los detalles de las obras,  inadecuada supervisión de la construcción de la plataforma, vías, campamento y acueducto. Todo esto llevó a sobrecostos y/o costos adicionales considerables, estimados en aproximadamente un 23% del precio total de estas obras”.

Lenin Moreno suspendió el proyecto de la refinería que fue abandonado durante su administración. 

Las conclusiones de la consultora internacional sobre el proyecto fueron poco optimistas y marcaron la situación actual de la Refinería del Pacífico durante el Gobierno de Lenin Moreno: “Si la refinería no llega a ejecutarse tal como fue propuesta en 2008, se puede afirmar que los únicos activos de valor rescatable serían el campamento, las vías de acceso, la plataforma y el acueducto. Una gran parte del valor gastado en estudios especiales, asesorías, ingenierías y licencias de procesos se habría perdido. Solo como un ejemplo, si se cambia el tamaño y/o configuración de la refinería o las características de la materia prima sería necesario incurrir en costos adicionales en licencias y reingenierías de los procesos afectados”.

Finalmente, la consulta internacional concluyó que “RPS considera que el proyecto, tal como concebido en 2008 no era bancable ni adecuado para atender las necesidades de Ecuador. Se requeriría revisar la visión original sobre su ubicación, capacidad de procesamiento, configuración, dieta de carga y gama de productos refinados a fin de maximizar la monetización de crudo ecuatoriano y resolver el déficit de combustibles existente, incluido el GLP, muy posiblemente eliminando la producción de bases petroquímicas”.

Los beneficiarios finales: ¿a dónde fueron los dineros gastados?

En junio de 2022, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo publicó el estudio “La Importancia de los Beneficiarios Finales y cómo buscarlos” de autoría de la periodista Mónica Almeida.
Ahí se precisa que “conocer a los beneficiarios finales de tal o cual entidad jurídica permite establecer conexiones entre empresas y revelar esquemas creados para recibir sobornos, acaparar contrataciones en el sector público, evadir impuestos, lavar activos del narcotráfico o camuflar otras actividades ilícitas como el financiamiento al terrorismo”. Se sostiene también que los beneficiarios finales son “las personas naturales que poseen y/o controlan una entidad jurídica y por ende reciben las ganancias de su actividad”.

Pero en el mismo documento se precisa que, en muchos casos, los beneficiarios finales están camuflados por entramados societarios, que contribuyen a hacer más difícil saber a quiénes llegan los dineros de las entidades. En Ecuador se han realizado grandes contrataciones de obra pública, sobre todo, durante el correato, en las que se han gastado millones de dólares de dinero público.

La Fundación realizó también un informe y una cronología sobre los hitos de este caso. 

Reporte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sobre la Refinería del Pacífico. Ver PDF

En este reportaje, hemos identificado a por lo menos 30 grandes contratistas relacionados con los principales gastos que se realizaron en la fallida construcción de la Refinería del Pacífico.

Estos son los diez principales contratistas de la Refinería del Pacífico y sus beneficiarios finales:

1.- SK Ecoplant, el gigante coreano y su subsidiaria ecuatoriana

Tiene su sede en la capital de Corea del Sur, Seúl, y oficinas en América, Asia y Europa. Fundada en 1977, es descrita como un conglomerado industrial de 96 compañías. Actualmente su principal división de construcción es conocida como SK Ecoplant que a su vez es una subsidiaria de SK Holdings Co Ltd, la empresa matriz. Es una transnacional que cotiza en bolsas internacionales y no publica la información sobre las personas naturales y jurídicas que tienen sus acciones, pero está distribuidas en Corea, Europa y Estados Unidos.

SK Ecoplant ofrece servicios de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) en las áreas de vivienda, petroquímica, infraestructura, industria y tecnología.

Según su información corporativa, la empresa ejecuta la construcción de edificios residenciales, edificios inteligentes, equipamientos culturales, albergues, complejos deportivos y otros proyectos relacionados con la construcción y la ingeniería. También brinda servicios relacionados con el desarrollo, financiamiento, ingeniería, adquisición y operación y mantenimiento de proyectos, así como construcción de plantas petroquímicas, de refinación de petróleo y de gas, y servicios de ingeniería y plantas industriales. SK Ecoplant tiene operaciones en Asia, Europa, Medio Oriente y América.

Sede de SK Ecoplant en Corea del Sur 

La empresa firmó varios grandes contratos con la Refinería del Pacífico. El más importante fue el de ingeniería básica por $260 millones, un estudio de impacto ambiental, por $9´341.608, y un contrato de ingeniería conceptual, por $45 millones. La empresa coreana tiene una subsidiaria en nuestro país que es la que firmó el contrato con la Refinería del Pacífico, llamada Ske & C Consultores Ecuador S.A., con RUC 1792190916001 que aparece en la web del holding surcoreano como la única empresa subsidiaria que tienen en Latinoamérica, además de una empresa en Estados Unidos y otra en Canadá.

Según la información disponible en el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, los accionistas de la subsidiaria son el ciudadano coreano radicado en Ecuador Hyun Seok Ho, con un dólar, la empresa coreana SK Engineering & Construction CO.LTD con $99.999 y la empresa canadiense Sunlake CO. LTD. con $2´160.000.

La empresa tiene su domicilio en el norte de Quito y su objeto social principal se refiere a “Servicios de consultoría y todo tipo de estudios, directa o indirectamente relacionados al desarrollo de actividades hidrocarburíferas como la prospección, exploración, explotación. Supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e investigación”.

Está representada  en la gerencia general por el coreano Sung Seung Bae, mientras que Hyun Seok Ho ejerce la presidencia.

Sobre la empresa canadiense Sunlake, pudimos establecer que tiene su domicilio Canadá, y se dedica a actividades de construcción y planificación de ingeniería. Sunlake, domiciliada en 2700 Dome Tower 333 - 7th Avenue, SW, Calgary, AB, T2p 2Z1, Canadá, aparece como la subsidiaria canadiense de SK, por lo que la inversión provino íntegramente de los coreanos.

Accionistas de SK Ecuador. Ver PDF

Según el último informe de auditoría de la empresa subsidiaria domiciliada en Ecuador, que ha sido enviado a la Superintendencia de Compañías, la empresa no tiene actividades comerciales, pues fue constituida únicamente por el proyecto de la Refinería del Pacifico.

Su principal preocupación en la actualidad es cobrarle $ 28´856.670 a la Refinería del Pacífico y pagarle a su casa matriz en Corea del Sur $ 31´254.704 que aún afirman que les deben del proyecto de la Refinería. La compañía, según explica el informe de auditoría, ha perdido el juicio contra la Refinería para el cobro de ese saldo y ha presentado una casación.

Además de su participación en la Refinería del Pacífico, SK tuvo contratos para la Rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas en 2013 con Petroecuador y también participó en el esquema de sobornos de Alianza País, por lo que fue procesado su apoderado Mateo Choi.

2.- Worley Parsons y el contrato de gerenciamiento del proyecto

La empresa australiana Worley, conocida así desde 2019, firmó con su nombre anterior de Worley Parsons un contrato para el gerenciamiento de la Refinería del Pacífico, por un monto de $205 millones. El gerenciamiento es clave en el proyecto, pues implica varias actividades relacionadas con la planificación de la obra y su concepción técnica.

Worley tiene su matriz en Australia y actualmente reporta operaciones en países de la región como Colombia, Argentina, Chile, Brasil y Perú, aunque ninguna en Ecuador.

Sus oficinas principales están en la ciudad australiana de Sydney, pero tiene dependencias en América, Europa, Asia y Oceanía.

La empresa publica su información corporativa en su página web. Según su último reporte, correspondiente a 2022, el 87% de las acciones de Worley pertenecen a su vez a otros grandes holdings, entre los que se cuentan varias empresas y bancos internacionales, sobre todo de Estados Unidos.

En Ecuador, Worley abrió un subsidiaria llamada Worleyparsons Ecuador S.A, actualmente en liquidación que tiene el RUC 1792530652001. Además de esa empresa ecuatoriana, en la misma dirección al norte de Quito opera una sucursal de la empresa Worley, con el RUC 1792345928001.

La empresa tenía un capital de $12´500.000, provisto directamente desde Australia por las empresas de Worley llamadas Worley SPV1 y Worleyparsons South America. Estuvo gerenciada por Raymon Marvin, un ciudadano estadounidense.

Worley en Ecuador se encuentra en disolución y liquidación.  Ver PDF

Al igual que en el caso de la empresa coreana, Worley Parsons también ha iniciado un proceso legal contra el Estado ecuatoriano, al que reclama $35 millones por un supuesto trato injustificado por parte de la Refinería.

3.- La huella de Odebrecht / Novonor

La polémica empresa brasileña, involucrada en una red de corrupción y sobornos que abarcaba a buena parte de los países de la región, operaba en Ecuador como una sucursal de empresa extranjera, con oficinas en la avenida 12 de Octubre en Quito y en la avenida Joaquín Orrantía de Guayaquil.

Durante todo el periodo de la construcción de las obras tempranas en la Refinería del Pacífico, la empresa operó en esa condición, por lo que presentó muy poca información detallada de sus operaciones en la Superintendencia de Compañías.

En la Refinería del Pacífico, la constructora brasileña obtuvo el contrato para movimiento de tierras y construcción de la plataforma de la planta -actualmente vacía- por $ 303´075.808 y también para la construcción del acueducto La Esperanza, avaluado en 279´000.000.  Según ha informado la Constructora, aún le deben $14 ́743.247,14 que está tratando de recuperar por vía judicial.

La trama de sobornos de Odebrecht también llegó a la Refinería del Pacífico. 

Al conocerse la red de sobornos de Odebrecht, se conoció de pagos por casi diez millones en coimas a funcionarios de la Refinería del Pacífico para obtener ambos contratos.

La empresa brasileña tiene oficinas en las principales ciudades de Brasil, pero las más importantes están en Río de Janeiro, en el sector de Botafogo, y en la ciudad de San Pablo. Durante la construcción de las obras para la fallida refinería, los principales ejecutivos de la empresa eran Luiz Antonio Mameri y Jayme Gomez Da Fonseca.

Ambos ejecutivos entregaron, en septiembre de 2015, un amplio poder a su representante en Ecuador, José Conciecao Santos para que administre su sucursal en nuestro país. Como Santos confesó después, eso incluyó también la negociación y pago de sobornos.

El poder que concedieron los principales ejecutivos de Odebrecht a José Conceicao Santos Ver PDF

A partir de 2020 y tras el escándalo regional de sobornos, la empresa cambió de nombre y es conocida como Novonor.  Actualmente, el holding de la antigua Odebrecht tiene por lo menos ocho grandes divisiones en varios ámbitos de construcción e ingeniería y apunta a recuperar sus activos frente a las acciones judiciales por corrupción que enfrentó la compañía. Al igual que otras grandes corporaciones, sus acciones se cotizan en varias bolsas internacionales. La empresa sigue operando en más de 20 países y tiene 35 mil empleados.

4.- Compañía Verdú y las vías de acceso

La necesidad de conectar el terreno de la refinería con las carreteras más cercanas motivó la necesidad de construir una vía de acceso que fue edificada en dos tramos. Ambos fueron entregados a la Constructora Verdú, una empresa de Guayaquil, cuyo principal, José Verdú, fue procesado en el Caso Sobornos, que investigaba aportes a las operaciones políticas de Alianza País para obtener contratos con el Estado. Pero Verdú fue sobreseído en ese proceso, pues no se encontraron indicios en su contra.

La constructora firmó dos contratos con la Refinería del Pacífico, el primero por el tramo 1 de la vía de acceso, por un valor de $ 11´935.310 y el segundo por el tramo 2, avaluado en $ 28´886.469.

La empresa está domiciliada en Guayaquil y según su razón social, se dedica a la construcción de obras de ingeniería civil y principalmente la de carreteras. La empresa, que actualmente tiene un capital de $17´948.500 y pertenece en su mayoría a los hermanos Enrique ($ 4´598.600), Jorge ($ 9´202.200), y Rocío ($ 1´150,400) Verdú Cano.

También tienen participación accionaria en la empresa José Verdú Rodríguez (quien fue absuelto en el caso Sobornos) con $ 1´794.900 y Lourdes Garzón Arellano con $1´202,400. Enrique Verdú Cano ejerce actualmente la gerencia.

La Compañía Verdú es una empresa familiar radicada en Guayaquil.  Ver PDF

Durante el correísmo, la empresa Verdú tuvo una intensa participación en alianzas público-privadas y construcciones sobre todo en la Costa. Tuvo contratos importantes entre 2007 y 2018.

Así, durante el correato tuvo contratos por cerca de $ 265 millones, como la rehabilitación de la vía Pacífico, Santa Elena-Bahía de Caráquez, por $ 90 millones; la reconstrucción de la pista del aeropuerto de Salinas por $ 22 millones, o la vía Colimes-Olmedo por $ 23,6 millones. Se asoció con las españolas Eurofinsa y Cedex para la construcción  del puente Guayaquil-Samborondón por $ 71 millones.

Entre sus clientes aparece el Ministerio de Obras Públicas, varios municipios y gobiernos locales sobre todo de la Costa, el aeropuerto de Guayaquil y el ministerio de Transportes del Perú.

Los Verdú son considerados una de las empresas familiares más prósperas del país con su empresa bandera, la compañía Verdú.

5.- Consulsísmica y los estudios geotécnicos

Esta empresa con sede en el centro de Guayaquil se dedica a diseño y cálculo estructural y tuvo contratos con la Refinería del Pacífico. Obtuvo un contrato de $5 ́000.000 para estudios geotécnicos y en conjunto con empresas como Caminosca y Acolt participó en otro contrato de varios estudios avaluados en $5.851.632.

Se trata de una empresa familiar, en donde los accionistas mayoritarios son Otton Lara Montiel y Otton Lara Pincay, quienes son padre e hijo. De los 10 mil dólares de capital que tiene la empresa, la mayor parte ($ 9.120) pertenecen a Lara Montiel y $778 están a nombre de Lara Pincay. Otros accionistas minoritarios son Olga Andrade, Roberto Nivela, Homero Ortiz, Estela Torres, entre otros.

La empresa no tiene página web (se indica que está en construcción) y también ha sido contratista de otras instancias públicas y privadas en Guayaquil.

Consulsísmica es una empresa de Guayaquil. Ver PDF

6.- Etinar, la constructora del campamento y la familia Macchiavello

Es otra empresa con sede en Guayaquil y se dedica a la construcción, según indica la página web, desde hace 49 años. Se ha destacado en el Puerto Principal como constructora de edificios e inmobiliaria, y ha realizado nuevos desarrollos sobre todo en la zona de Samborondón.

Tiene obras residenciales en Quito, Guayaquil, Quevedo, Manta y otras ciudades del país y participó en la construcción del edificio Unasur, actualmente sin uso en la Mitad del Mundo. También han construido hospitales, centros comerciales, iglesias, edificios de oficinas, urbanizaciones y departamentos.

El campamento de la Refinería del Pacífico fue construido por Etinar.  Foto: El Diario

En la Refinería del Pacífico, la constructora Etinar obtuvo un contrato de $12´517.453 para la construcción del campamento de empleados, que actualmente está sin uso y parece un pueblo fantasma en el abandonado paraje de la Refinería del Pacífico.

Según información de la superintendencia de Compañías, Etinar tiene un capital  de $2´ 895.483 de los que la mayor parte provienen de dos empresas: Predial e Inversionista Lipidava con ($ 1´147.708) y Megatrading ($ 1´076,025).

Los accionistas de Etinar Ver PDF

Por su parte, la empresa Megatrading, con sede en Guayaquil  también se dedica a actividades de construcción y su accionista mayoritario es José Macchiavello Almeida, un empresario de la construcción de 76 años, quien fue presidente del Guayaquil Tenis Club y ministro de Obras Públicas en el Gobierno de Gustavo Noboa.

Megatrading, accionista de Etinar, pertenece a la familia Macchiavello.  Ver PDF

En el caso de la Predial Lipidava, la otra accionista mayoritaria de Etinar, también pertenece a José Macchiavello, su esposa Olinda Ñúnez y sus hijas Lisa y Pierina Macchiavello Núñez. Olinda Ñúnez y Lisa y Pierina Macchiavello Núñez también poseen acciones en Etinar.

Lipidava también pertenece a la familia Macchiavello.  Ver PDF

7.- Hogan Lovells: la asesoría legal que no se pagó completa

Por un valor de $1´200.000 este estudio jurídico internacional, con base en Estados Unidos, fue contratado por la Refinería del Pacífico para una asesoría internacional y para gestiones en busca de inversores y consultores en el polémico proyecto. Se trata de una empresa transnacional del derecho que opera en 22 países, tiene 40 oficinas, 2400 abogados en todo el globo, 800 socios en varios países, trabaja en 55 áreas de práctica del derecho y en 12 sectores industriales.

Tienen oficinas en la ciudad de México y en varias ciudades europeas y norteamericanas.  El abogado venezolano Miguel Zaldívar es el principal de esta transnacional del derecho, con sede en Washington.  Un área muy importante de los negocios de este estudio se concentra en China, para lo que cuenta con 125 abogados ubicados en 35 oficinas alrededor del mundo. Según información de la página https://opencorporates.com/ la matriz de esta empresa multinacional tiene su sede en Atlantic House, en la ciudad de Londrés. Además de Zaldívar, aparecen en los registros británicos otros miembros del directorio, conformado por 250 personas. 

Este estudio internacional no publica su información corporativa ni la conformación de su accionariado. La relación entre Hogan Lovells y Refinería del Pacífico no terminó bien: los abogados internacionales alegan que la Refinería les quedó debiendo $335.833,10, la cuarta parte de lo acordado, y aún no les ha pagado.

8.- La consultoría de Gaffney Cline Associates Inc.

La participación de esta empresa en la Refinería del Pacífico se remonta a 2015, cuando por intermedio del estudio Hogan Lovells y de sus oficinas en Miami, la Refinería contrató a la consultora Gaffney Cline para que preparar un memorando de información, un documento que debía ser presentado a bancos globales para obtener fondos para el proyecto.

El objetivo del estudio contratado era preparar un documento que contuviese el estado del proyecto, la situación del mercado petrolero y las necesidades de refinación de petróleo en Ecuador y en la región, entre otra información relevante que pudiera servir a la Refinería para obtener más recursos. La consultora cobró por cada hora de trabajo, que se estimaron en 300, y el total fue de $165 mil. Aunque no es uno de los contratos más grandes, es otro que está en litigio: Gaffney Cline reclama que aún no le pagan por lo menos $49.903,50.

Según la propuesta que presentó la Refinería del Pacífico, esta firma de consultoría internacional de hidrocarburos está en el mercado desde 1962 y tiene ocho oficinas internacionales  y tres centros regionales en Houston, Singapur y Reino Unido. Según la propuesta, toda la tarea se haría desde Houston para evitar venir a Quito o Manta. El equipo estuvo encabezado por el experto petrolero venezolano Carlos Jorda, quien habría sido vicepresidente de PDVSA.

La consultora tiene varias regionales, como la de Asia Pacífico, las Américas, Europa y Oriente Medio y África. En América Latina su sede principal está en Buenos Aires. En el año 2000, fue adquirida por el grupo tecnológico Baker Hudges, otra transnacional del sector energético que tiene su sede en Texas. La propiedad de Baker Hudges se cotiza en bolsas internacionales.

Según información disponible en la página https://opencorporates.com/ su sede principal está en Houston y sus actuales directivos son Florent Roussett como presidente, Anuj Gupta como vicepresidente, y Michelle Schmidt como director. 

Uno de los contratos entre la refinería y Gaffney y Cline. Ver PDF

9.- Las consultorías ambientales: Ambigest y Ecuambiente

Aunque los gastos en estudios ambientales fueron escasos, tomando en cuenta el monto de la inversión, la Refinería del Pacífico contrató a estas dos firmas para realizar estudios y consultorías en la materia. Con Ambigest se firmó un contrato de Monitoreo ambiental por $631.720 y con Ecuambiente una Auditoría ambiental avaluada en $375.672.

Aquí también hubo problemas, pues hasta la fecha, Ambigest reclama a la Refinería del Pacífico en liquidación por lo menos $257.943,89 que estarían impagos, mientras que Ecuambiente también reclama $137.921,40 del dinero ofrecido.

Ambigest es un laboratorio ambiental establecido en el norte de Quito. Los servicios que brinda tienen que ver con la medición de contaminación de aire y agua así como de ruido.

La empresa es de propiedad de Ian Narváez Troncoso, un ingeniero y PhD en Ciencias Químicas, y de su hermano Jim, quienes tienen entre los dos $360 de los $400 de capital de la compañía, dedicada a Supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos ambientales. La empresa fue establecida en 1999.

Los accionistas de Ambigest  Ver PDF

Por su parte, Ecuambiente es una empresa dedicada a la prestación de servicios profesionales especializados en ambiente y en aspectos sociales, económicos y comunitarios. Según su página web, se ha especializado desde 1989 en asesoría ambiental, trabajando con buena parte de las petroleras y mineras que operan en el país así con varios ministerios y gobiernos descentralizados, sobre todo en la Amazonía.

Según la información disponible en la Superintendencia de Compañías, la empresa pertenece a las hermanas Diana y María Eugenia Moreno Puente, y fue fundada en 1989 por la bióloga María Eugenia Puente, madre de las actuales propietarias.

El capital de esta empresa alcanza los $667 mil.

Ecuambiente es una empresa familiar.  Ver PDF

10.- Las empresas del Grupo Azul

El nombre del norteamericano radicado en Ecuador William Phillips Cooper aparece mencionado en varias tramas de negocios petroleros en el país durante el correato. Varias de sus empresas, como Azulec, Caterpremier  y Tecnazul obtuvieron contratos de Petroecuador y estuvieron involucradas en la red de sobornos de Arroz Verde, en donde empresarios privados hacían aportes de campaña opacos y financiaban las actividades políticas de Alianza País a cambio de contratos con el Estado.

Se estima que las empresas del norteamericano, esposo de la activista anti derechos y ex asesora de Rafael Correa Mónica Hernández, obtuvieron 11 contratos por no menos de $82 millones durante esa administración.

Aunque no tuvo contratos directos con la Refinería del Pacífico, en sus propios balances Tecnazul registró que era subcontratista de Worley, que le debía $22´439.400 por servicios en la Refinería del Pacifíco y en la de Esmeraldas, pero según un informe de auditoría financiera, habían pocas posibilidades de recuperar ese dinero en 2020 y desde 2019 la empresa había entrado en disolución voluntaria.

Una auditoría que evidencia la relación entre Tecnazul y Worley. Ver PDF

Los negocios de Phillips con los australianos venían de antes, pues Worley había pagado a la empresa del norteamericano  $56,8 millones, entre 2013 y 2014,  parte de un contrato de $ 127 millones que Worley tenía en la refinería de Esmeraldas.

Tecnazul sigue apareciendo como activa en la Superintendencia de Compañías. De sus $100 mil de capital, $35 mil aparecen a nombre de William Phillips y los $65 mil restantes están registrados a nombre de una empresa uruguaya llamada Compañía Urazul.

Los accionistas de Tecnazul.  Ver PDF

En el informe de la consultora RPS que analizó en 2018 todo el proceso de la Refinería y del acueducto La Esperanza, se precisa que “para el desarrollo de la Ingeniería Básica del acueducto se contrató a la empresa Grupo Azul S.A. El costo de este diseño básico fue de US $5.000.000. El desarrollo de esta ingeniería duró alrededor de 4 meses”.

El informe precisa también sobre la intervención de Grupo Azul en el proceso del acueducto que recomendaron una tubería más resistente, como si fuera a transportar petróleo y no simplemente agua: “se hace hincapié que el transporte de agua dulce cruda no está incluido en el alcance de la norma, dado que los riesgos descritos por posibles fugas de este líquido (agua cruda) no son iguales a los de fugas de hidrocarburos. El resultado es que se diseña y construye una línea de 94 Km de longitud, bajo una norma mucho más exigente al necesario para el transporte de agua cruda a la RDP, lo que implica también un sobrecosto innecesario”.

El futuro: ¿qué hacer con una explanada de 1500 hectáreas?

¿Qué hacer con las 1500 hectáreas que después de diez años del movimiento de tierras no tiene destino? El lote es tan grande que es posible verlo en una vista satelital de Google Maps, como una gran explanada al sur de Manta.

Dos gobiernos se han sucedido y el tercero, en el primer tercio de su periodo de cuatro años, no han definido un camino integral para el proyecto fallido de la refinería. Por lo pronto hay dos destinos, el primero, un proyecto fotovoltaico para generar teóricamente 200 MW, ya concesionado a una empresa española para un área de  220 has, y el segundo es aún un proyecto, llamado Ciudad Inteligente, que promociona un grupo constructor y que esperaría construir 20 mil viviendas e infraestructura educativa y de servicios para 80.000 habitantes de la conurbación de Manta, Montecristi y Jaramijó. Esta propuesta tiene cinco años y aunque los estudios están listos, no hay pronunciamientos oficiales al respecto.

Según información oficial de CELEC,  el proyecto fotovoltaico El Aromo se localiza junto al espacio que fue acondicionado para desarrollar la Refinería del Pacifico. Tendrá una capacidad instalada teórica de 200 MW (megavatios), la radiación solar (plano inclinado) es de 140 kWh/m2/año (kilovatios hora por metro cuadrado al año), tendrá una producción energética estimada en 280 GWh/anual (gigavatios / hora anual) y un factor de planta del 15.9%. Requerirá una inversión de USD 200 millones.

Sin embargo, la Asociación Ecuatoriana de Eficiencia Energética y Energías Renovables tiene dudas sobre la eficacia energética de este proyecto. La entidad gremial ha dicho que la zona tiene una baja exposición solar, pues el promedio de radiación es de 1 648 kilovatios hora (kWh) por metro cuadrado al año. El Atlas Solar Global señala que este tipo de proyectos requieren en promedio una radiación mínima de 1 147 y máxima de 5 119 kWh por metro cuadrado al año.

El proyecto fotovoltaico estaría en el límite inferior de esa escala.

Sin embargo, según cálculos oficiales, con la producción de El Aromo se podría cubrir el 60.8% del consumo energético de Manta o el 22% de Manabí.

El contrato fue adjudicado a la empresa española Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. a inicios de diciembre del 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno. Están por cumplirse dos años y no se ha firmado el contrato de concesión a largo plazo para la construcción, operación, mantenimiento y reversión al Estado ecuatoriano.

La adjudicación se enmarca en el proceso de licitación lanzado por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) de Ecuador en el que ofertaron 3 empresas internacionales tras un proceso de pre-calificación. Solarpack ofertó el precio de energía más competitivo: 69,35 US$/MWh, ligeramente por debajo de los precios ofertados por el resto de los oferentes, que ofrecieron todos ellos precios por debajo de los 70 US$/MWh. Estaba previsto que el proyecto entrara en operación a finales del 2022 y opere 20 años bajo la modalidad de concesión.

Según su información corporativa, Solarpack tiene proyectos en otros países de la región como Chile y Perú, y fue establecida en la localidad española de Gexto en 2005. Tiene operaciones en América, Europa, África y Asia por medio de plantas de paneles solares. Solo en América su generación es de 987 MW.

Sobre sus beneficiarios finales, hasta noviembre de 2021 el 40.95% de las acciones pertenecían al español José Galíndez, su compatriota Pablo Burgos posee 7.95%, se cotizan en bolsa en España el 16,28%, Morgan Stanley tiene el 6.36% y el porcentaje restante se divide entre diez accionistas minoritarios en España y otros países de Europa.

En noviembre de 2021, el grupo inversor EQT compró la empresa por 881 millones de euros y es actualmente el propietario de la empresa.

En Ecuador la empresa tiene dos empresas operando. La una es una sucursal de la empresa española Solarpack, considerada inversión extranjera directa. La otra, llamada Solararomo es la operadora del proyecto, y tiene su sede en Manta. También está constituida como inversión extranjera directa y sus accionistas son Solarpack e Ingeteam Power, también como inversión extranjera directa. La empresa estuvo representada por Kenneth Cruz Flor, un abogado de 30 años que forma parte del estudio Redlegal y Asociados.

Redlegal fue uno de los apoderados de Solarpack en Ecuador. Ver PDF

Actualmente el representante Solarpack en Ecuador es Íñigo Urizar Espinosa, quien es ciudadano ecuatoriano y se desempeñó en el pasado como presidente de la hidroeléctrica San José de Minas.

La empresa Solararomo realizará el proyecto de paneles en la zona. Ver PDF

La ciudad inteligente

El proyecto fotovoltaico ocuparía 300 has de las 1500 del total del área que fue intervenida para la fallida refinería. La Ciudad Inteligente surgió de la mano de un grupo de empresarios y gremios, liderado por el arquitecto Jorge Ramón. El proyecto es apoyado por las Cámaras de la Construcción de Pichincha y Manabí, y por universidades como la Universidad Central del Ecuador. La idea de los planificadores es dotar a la zona de infraestructura de vivienda, como un proyecto piloto para reordenar el crecimiento de la mancha urbana de Manta, Portoviejo, Montecristi y Jaramijó, que para el 2022 alcanza los 800 mil habitante y que se duplicará en diez años, según las proyecciones poblacionales.

El proyecto tiene un costo de inversión de USD 2500 millones. La ciudad como tal supera los USD 1000 millones, y otros USD 1500 millones para un parque industrial de aproximadamente 235 has. Al parque industrial se trasladarían empresas agroindustriales y acuícolas, para, según los planificadores, descontaminar de Manta y su franja de playa, sometida a presiones ambientales por la industria pesquera.  Se esperaría que en el área se instalen alrededor de cien empresas o grupos empresariales de la industria, el comercio y los servicios logísticos, con un monto de inversión de entre USD 10 millones a USD 20 millones por empresa.

Para arrancar el proyecto se requiere que las autoridades nacionales declaren de utilidad pública al menos 700 has y se firme un convenio de cooperación pública privada. Este proyecto de ciudad modelo basa su calificativo de “inteligente” en varias características que están atravesadas por la integración educativa e industrial a través de la aplicación de todos los recursos derivados de las nuevas tecnologías de la información.

El futuro del inmenso lote es aún incierto. Y cualquier medida que se tome requerirá de nuevos estudios, contratos y gastos por parte del Estado ecuatoriano.