La “ficha” es del 30 de agosto del 2013. En el documento, 14 párrafos resumen la biografía de María Josefa Coronel, presentadora del noticiero 24 Horas, de Teleamazonas. Consta su edad, con quién está casada; informa que que no sufragó en las últimas elecciones, sus títulos de abogada registrados en el Senescyt, y que no tiene estudios de comunicación social. Constan también sus datos en el Registro Mercantil como apoderada de una empresa, la razón social de la empresa; los movimientos al exterior, la fecha de su último viaje; aparecen también las acciones en una empresa con datos de la Superintendencia de Compañías, el RUC, sus datos en el SRI, y los procesos judiciales que tiene en su contra y como demandante.

El informe también cita notas de prensa sobre ella desde el 2005 hasta la fecha del informe y sus declaraciones sobre el 30S. Lo demás son fichas donde están los nombres de sus padres, sus direcciones domiciliarias, los datos de su esposo, algunos artículos firmados por Coronel en algunos diarios…

8 Fichas similares hay para reseñar las biografías de Mery Zamora y Andrés Páez. Pero la más voluminosa es sin duda el informe sobre las actividades de los Yasunidos, sus relaciones y los principales activistas; informes que esta organización ecologista denunció en sus medios de información y en sus cuentas de redes sociales.

El informe y análisis, que cita como fuentes al Sistema Nacional de Inteligencia tiene 60 páginas. En estas se concentran detalles graficados, minuto a minuto y paso a paso de la marcha que hicieron a organización y otros colectivos para entregar las firmas recolectadas al Consejo Nacional Electoral para convocar a una consulta popular en la cual el voto popular decida la pertinencia o no de explotar petróleo en el Parque Nacional Yasuní.

En la primera parte de este informe constan datos de personajes que asistieron a la acampada en el parque El Arbolito, el viernes 12 de abril del 2104 y luego la marcha al CNE al día siguiente. Los nombres, fotografías y actividades de los líderes y personajes acompañantes de la marcha constan en varias diapositivas: Esperanza Martínez, Andrés Quishpe, David Mármol, Carlos Pérez Guartanbel, Julio César Trujillo, Paúl Velázquez, Milton Gualán, Alonzo Cueva, Alberto Acosta, Lourdes Tibán, Jaime Guevara, Roque Sevilla, Natasha Rojas. El seguimiento siguió por toda el recorrido y duró hasta la entrega formal de las firmas.  Otro documento hace una “apreciación de inteligencia sobre la recolección de las firmas de Yasunidos, al 24 de enero del 2014”. En este informe se refleja el detalle del seguimiento hecho al proceso. Por ejemplo, el reporte sobre el Azuay informa de actividades de recolección desde el 18 de octubre del 2013 hasta el 22 de enero del 2014: “14 al 24 de noviembre: Ecuarunari inició una jornada de recolección  de firmas en varios días en los siguientes cantones: Paute, Gualaceo, Sigsig, San Fernando, Santa Isabel…”. Otra actividad: Feue recolectó firmas en al Universidad de Cuenca (Jurisprudencia, Filosofía y Química). Se reportan 550 firmas recogidas.

Un reporte de Loja: 23 de noviembre de 2013. “Los Hijos de la Pachamama recolectaron firmas en el Bar Muna Loa”. Se reportan 90 firmas. En esa provincia hay informes de recolección por nueve días.

Un reporte de Santa Elena: “El colectivo Yasunidos realizó un conversatorio sobre los pueblos no contactados del Ecuador, en el Museo Amantes de Sumpa”; 30 firmas recogidas. En Pichincha los servicios de inteligencia del Estado reportan desde al menos 25 puntos de recolección de firmas.

El seguimiento va hasta New York: 30 de octubre: “el colectivo Yasunidos y el Comité de Migrantes en apoyo a la no explotación del Yasuní realizarán un foro comunitaria para hablar de la explotación del parque. Expositor, Carlos Pérez de Ecuarunari”. Se reportan 70 firmas recogidas. El Sistema de Inteligencia hizo un “total de firmas observadas” hasta el 24 de enero del 2014: 20.940.

El SIN reporta que a escala nacional se han identificado 37 puntos fijos de recolección de firmas, 23 de los cuales se hallan en la provincia de Pichincha, “adoptando como una de sus principales estrategias, el acudir a lugares de gran afluencia de personas como: espectáculos públicos y eventos denominados zapateadas, actos simbólicos, etc.”.

Las dificultades para la recolección de firmas no pasó desapercibida para la inteligencia política. Bajo el título de: “Nuevas estrategias del colectivo Yasunidos frente a su baja recolección de firmas a nivel nacional”, se informaba que Esperaza Martínez reconocía que las metas de recolección que se habían puesto no se estaban cumpliendo; y bajo la fotografía de Patricio Chávez se informaba que “las personas que se mantienen firmes y apoyan con el proceso de recolección son Patricio Chávez, de Amazonía por la Vida, Ivonne Ramos y Benito Bonilla, ellos presionarían a Esperanza Martínez para que no se retire y siga adelante con la campaña”. Se señalaba en el informe que la campaña ha perdido fuerza por los allanamientos a los domicilios de Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez, los cuales “han provocado un ambiente de incertidumbre  al interior de Yasunidos. Esto ha afectado de manera significativa a los responsables de llevar adelante la recolección de las firmas. Se presume que Esperanza Martínez podría retirarse de la campaña”. Y a continuación se exponen los pasos de la nueva estrategia. Información que fue de manejo interno de la organización.

El informe presenta también varias fichas de los principales coordinadores en Quito y Guayaquil, con sus respectivos números telefónicos y se menciona que “existe un grupo de 21 brigadistas que reciben una mensualidad de USD 400 por recolectar 40 firmas diarias”.

El seguimiento a Yasunidos contempló también la estructura financiera de la organización y sus vínculos. Ahí se menciona que Oilwatch es la dirección financiera de Yasunidos, la cual recibe financiamiento nacional es internacional para la recolección de firmas. Hay un seguimiento detallado a David Mármol en torno al cual se establece un árbol de vínculos, pero además se informa dónde y cómo trabaja y todas sus relaciones. El informe adjunta los sueldos y roles de pago detallados de Esperanza Martínez y Patricio Chávez a través de Oilwatch y el detalle de todos los gastos realizados por Acción Ecológica, información a todas luces interna.

El seguimiento a los extranjeros que apoyan al Yasuní

Seigmund Thies, Joke Irma Gerarda Baert, Kevin Koenig y Matt Finer tienen expedientes en el Sistema Nacional de Inteligencia. De todos ellos hay una reseña biográfico con toda su historia en el país; hay vinculaciones de llamadas telefónicas y correos electrónicos con todos los contactos con los cuales se relacionan.

De Seigmund Thies se señala que tiene 57 años, de nacionalidad alemana y que vive en Ecuador desde hace 17 años. También consta su movimiento migratorio y sus relaciones con la Fundación Pachamama. Thies es corresponsal y documentalista y está bajo sospecha por varios documentales en favor de la Amazonia.

También está la ficha completa de Kevin Koenig, de quien se dice que es un activista ambiental de reconocimiento internacional. Es –dice la ficha- coordinador del programa Amazon Watch en Ecuador y se incorporan sus contactos en Ecuador y Estados Unidos.

¿Son legales esos “seguimientos”?

El derecho a la intimidad y a la privacidad están protegidas por instrumentos internacionales y por la Constitución (Art. 66.19 y 66.20 de la Constitución). El derecho consiste en que toda persona debe ser protegida respecto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, así como de ataques ilegales a su honra y reputación.

El término "ilegales" significa que no puede producirse injerencia alguna, salvo en los casos previstos por una ley o cuando existe autorización expresa de la persona. Esa ley es el Código Integral Penal (COIP).

La expresión "injerencias arbitrarias" puede hacerse extensiva también a las injerencias previstas en la ley. Es decir, puede existir injerencias previstas en la ley y que cumplen con los requisitos formales, pero que son arbitrarias, cuando no es razonable, es abusivo o hay motivaciones ajenas a la ley (no investigar delitos sino persecuciones políticas).

En estos casos, Yasunidos o María Josefa Coronel ¿qué delitos se estaban investigando?

El único órgano establecido en el sistema jurídico ecuatoriano que permite autorizar injerencias es el juez, siempre que exista una solicitud previa fundamentada de un fiscal cuando existan indicios que resulten relevantes a los fines de investigación penal (Art. 472.2 y 476 del COIP). En consecuencia, el Presidente de la República, las agencias de seguridad e inteligencia, la fiscalía, los ministros de estado, no pueden ordenar la injerencia en datos ni actividades personales porque no tienen competencia y estarían cometiendo un delito.