El juez Óscar Cuenca dictó orden de prisión preventiva para siete militares en servicio activo y seis civiles, uno de ellos funcionario público, por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas en la frontera norte, según confirmó la Fiscalía. La audiencia se desarrolló en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Esmeraldas.

Esto después de que se confirmara ayer, 17 de octubre, un operativo en cuatro provincias a recintos militares por supuesto tráfico de armas y delincuencia organizada y relacionada con grupos armados como los de alias Guacho.

La detención de los procesados se produjo a través de un operativo en el que 17 fiscales allanaron 18 lugares, 13 domicilios y 5 recintos militares. Se trató de la operación Camaleón que se ejecutó en Esmeraldas, Santo Domingo, Loja, Pichincha y Guayas. En Loja el lugar allanado fue el Fuerte Militar General Miguel Iturralde. En Guayaquil el allanamiento se dio en el Fuerte Militar Huancavilca donde se hizo la aprehensión de dos militares. Así también en el Ala 21 de Taura se detuvo a un militar y a otro en su vivienda en el sur de Guayaquil.

Plan V pudo conocer que se trataría del grupo que proveía presuntamente armas al narcoguerrillero alias Guacho, líder del Frente Óliver Sinisterra y otros grupos. Él ha sido señalado como el autor del atentado contra una patrulla militar en Mataje (frontera con Colombia) y del secuestro y asesinato de un equipo de El Comercio y de una pareja, entre otros delitos.

La Fiscalía confirmó que se trataba de una organización bien estructurada que tendría un brazo operativo logístico de abastecimiento en la provincia de Esmeraldas específicamente en el cantón San Lorenzo.

Las casas y los lugares de trabajo de 7 militares fueron hallados por la Fiscalía.
Están con prisión preventiva. Foto: El Universo

Esta organización operaba con el personal militar de servicio activo encargado de los rastrillos (bodegas de armamento municiones y pertrechos) quienes proveían de municiones para armas largas y cortas a grupos irregulares, los cuales transportan el armamento en vehículos livianos y  de transporte público, camuflándolo en productos comestibles hasta llegar a la zonas de frontera.

María Coloma, fiscal de Guayas, fue la primera en confirmar que la red era la encargada de proveer municiones y armamento al grupo de Guacho. Dijo que los allanamientos en los recintos militares de Guayaquil se dieron en las viviendas de los militares e inspeccionaron sus canceles. Así mismo se revisaron sus lugares de trabajo, como el rastrillo y la bodega de municiones. La Fiscalía General de Quito está al frente de las investigaciones.

Según las investigaciones se presume que este grupo también borraba los registros informáticos de las armas que desaparecían. Específicamente de la base de datos del sistema de inventarios logísticos del Ejército para justificar el faltante de armamento, municiones y pertrechos de sus rastrillos. Por ello, la Fiscalía hizo un barrido informático del sistema durante más de siete horas.

El fiscal del caso, Álvaro Gaybor, confirmó que se incautaron los computadores donde supuestamente se habrían alterado los registros. Uno de los detenidos es justamente un ingeniero informático que estaba encargado del departamento de tecnología de la Comandancia del Ejército. Él tenía acceso a todas las bases sobre armamento a escala nacional. “Es una persona que tienen mucha experiencia y conocimiento en el manejo del sistema informático del Ejército”. Dijo que esperan que las pericias a la base de datos se pueda establecer si también hubo desviación de otro tipo de armamento militar.

La investigación previa se abrió el 8 de agosto pasado después de que llegara un parte policial a la Fiscalía. Los militares en servicio activo no tienen antecedentes, pero los demás están relacionados con hechos delictivos.

La cabecilla es alias Zoibeida, quien tendría contacto directo con alis Guacho. Es la única mujer detenida y era la encarga de conseguir las municiones y llevarlas hacia la frontera, esto según las intervenciones telefónicas.

Gaybor informó que como antecedente a este caso, hace un mes hubo una detención de un militar en servicio pasivo con 5.000 municiones camino hacia San Lorenzo en un transporte público. Estaba relacionado con los detenidos de ayer. Otro antecedente es el atentado en San Lorenzo del cual se ha desprendido varias investigaciones, dijo el fiscal. Con las intervenciones telefónicas han logrado establecer los vínculos de los miembros de la banda.

A la Unidad de Esmeraldas llegaron familiares y abogados de los militares. El defensor de uno de ellos, Ángel Calvopiña,  dijo a Teleamazonas que se habían violado supuestamente los  derechos de su cliente durante las detenciones. Los implicados llegaron a este lugar para la audiencia de formulación de cargos por vía terrestre y aérea. Uno de los 14 detenidos fue liberado pues la Fiscalía no encontró elementos para acusarlo.

Las reacciones

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, denunció que hay “infiltración de grupos irregulares” en las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Pero descartó que en este caso exista pérdida de armas. “Se trata de siete militares activos del personal de tropa del Ejército y un ingeniero de sistemas que es el que alteraba los documentos. Solo se relaciona con munición no armas. Hasta el momento no podemos dar información por otros aspectos porque no queremos especular”, dijo.

Ministro de @DefensaEc señala hasta el momento se ha descubierto venta de munición de @FFAAECUADOR, no de armas, a grupos irregulares. Anuncia depuración interna tras detención de militares implicados. pic.twitter.com/pG95NHqt33

— Paul Romero (@mromerorivera) 18 de octubre de 2018

Estas declaraciones las  hizo durante su comparecencia ante la Comisión de Personas Desaparecidas de la Asamblea donde informó sobre las acciones realizadas para hallar al soldado Wilson Illaquiche, desaparecido en la frontera norte el 12 de mayo de este año.

El presidente Lenín Moreno también reaccionó un día después de los operativos. “No permitiremos que la narcoguerrilla contamine nuestras Fuerzas Armadas. Quienes estén involucrados en la supuesta venta de armas deberán responder a la Justicia”. Y añadió que no habrá impunidad para los implicados.

No permitiremos que la narcoguerrilla contamine a nuestras Fuerzas Armadas. Quienes estén involucrados en la supuesta venta de armas deberán responder a la Justicia. ¡No habrá impunidad para aquellos que traicionan a la Patria!

— Lenín Moreno (@Lenin) 18 de octubre de 2018

El general Roque Moreira Cedeño, comandante del Ejército, dijo que “nos duele en realidad lo que está sucediendo” al referirse al operativo. Aseguró transparencia y que darán todas las facilidades para las investigaciones para que se aplique “el máximo rigor de la ley”. Al inicio de su intervención, en una conferencia de prensa que no se aceptaron preguntas, dijo que las FFAA desarrollan actividades de seguridad permanentes y supervisión del material bélico y equipo militar. Por inteligencia militar cuando se detecta algún indicio, afirmó, lo pasan a la autoridad competente.

Más tarde, en un comunicado, el Ejército ecuatoriano manifestó que la institución colaboró con las investigaciones. “En cumplimiento a la política institucional de las Fuerzas Armadas de permanente control, supervisión de su personal y medios asignados, como de cero tolerancia a actividades ilícitas en las que estuviera involucrado personal militar, oportunamente se proporcionó información a las instituciones competentes sobre indicios de posible involucramiento de miembros de la institución para que realice las investigaciones correspondientes, que derivaron para que el día de hoy, miércoles 17 de octubre, la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, realice una serie de diligencias en unidades militares del país, con fines investigativos sobre el posible delito de tráfico de armas y municiones. Al momento han sido detenidos varios militares en servicio activo así como un servidor público".

Agregó que: “La institución lamenta sobremanera este hecho que atenta contra los valores de honestidad propios, tradicionales del Ejército y las Fuerzas Armadas, manifestando de manera expresa que continuará colaborando con las autoridades judiciales y de Policía Nacional en las investigaciones, para identificar a elementos de la institución que tengan indicios de vinculación en actos ilícitos, fin sean sancionados con el máximo rigor de la ley”.

La primera autoridad en confirmar las detenciones fue la ministra del Interior, María Paula Romo, quien ofreció una rueda de prensa, acompañada con la fiscal general (s) Ruth Palacios y altos mandos de la Policía. Romo informó que fueron allanados siete recintos militares y dado que el operativo se encontraba en marcha, no dio más información. Fue una declaración de apenas 3 minutos, en la que no se permitieron preguntas. Dijo que entre los detenidos están militares en servicio activo y civiles. Entre los lugares allanados estuvo la Comandancia General del Ejército.

Allanamiento de las oficinas del Ministerio de Defensa en la mañana del miércoles 17 de octubre. La prensa acudió al lugar. Foto del Twitter de @SagaGaleano

Las primeras versiones llegaron de Colombia

Las primeras versiones sobre una supuesta venta de armas desde Ecuador aparecieron en el expediente por delincuencia organizada y terrorismo contra alias Guacho y 26 procesados más. Ellos son señalados por la Fiscalía de estar involucrados en la explosión de un coche bomba en el destacamento policial de Esmeraldas. La audiencia preparatoria de juicio de este caso arrancó el pasado lunes.

En ese expediente, un desmovilizado del Frente Óliver Sinisterra dio las primeras pistas. Un investigador colombiano le pidió que manifieste todo lo que sepa del negocio ilegal relacionado con el tráfico de armas y explosivos donde se encuentren vinculados integrantes de esta organización criminal. Y respondió: “Siempre se escuchó que el armamento y el explosivo los traía del Ecuador, pero no me consta ni conocí quien compraba o quien vendía, lo que sí sé es que armas es lo que hay porque todo el que llega nuevo (a la organización) de una vez le asignan su dotación, estas armas son fusiles con lanza granadas, pistolas, granadas de mano”.

Asimismo, en otra versión, se volvió a mencionar a Ecuador como el proveedor de las armas a estos grupos. Un testigo protegido respondió al investigador: “En cuanto a la logística las armas se compran a la Policía del Ecuador quienes son los intermediarios de comprar el armamento en el paso del Perú y se las entregan en la vereda de Puerto Rico y el Pan. Desconozco la ruta del tráfico de armas del país de Perú y el Ecuador pero la transacción financiera la realiza alias Guacho y alias Cachi cabecillas de la organización, también se adquieren chalecos los cuales se compran donde compramos víveres en las tiendas de los sectores de Palo Seco, Puerto Rico, la Playa y Vallenato y San Lorenzo Ecuador.”

Además agregó: “Es difícil establecer las personas que les llevan de esos sectores ya que pagan a cualquier persona para que lleve mercado y sea entregado a dejarlo en un sitio específico. En cambio para el entrenamiento los integrantes de la Óliver Sinisterra se realiza en la vereda de Azúcar en el Municipio de Tumaco, dicho curso consiste en maniobra de ataque y polígonos”.

Esa declaraciones fueron publicadas por Plan V el 8 de julio pasado. Un día después, la Policía reaccionó con un comunicado en el que dijo: “Descartamos categóricamente que exista una estructura al interior de la Policía Nacional del Ecuador, dedicada a actividades ilícitas; la sociedad ecuatoriana ha sido testigo durante 80 años del profesionalismo y garantía del cumplimiento de la misión institucional”.