La Asamblea da luz verde para el nuevo Código Penal Integral. Que, en general, endurece y acumula las penas. Pero en las cárceles la situación empeora. El ministro de Justicia, Lenin Lara, sabe que las cárceles del país están hacinadas. Así lo mencionó en una entrevista televisiva hace dos semanas. Es más, dijo que están a un 200% de su capacidad. Pero aclaró que el Gobierno hace esfuerzos por mantener las prisiones en buen estado y a los reos bajo un régimen de respeto a sus derechos.

Lo que no mencionó en esa entrevista fueron las cifras. Sin embargo, Plan V accedió a un último corte de conteo de presos que revela la existencia de un incremento excepcional de las personas privadas de la libertad. Son 23 819 reos que están detenidos en las cárceles, cuando estos centros pueden albergar, y ya con problemas, a unos 18 000, según Patricia Echeverría, activista en favor de los reos del país. Y sin problemas... a
12 166 personas, la mitad de la actual cifra.

La mayor cantidad de presos se registra en Guayaquil. Allí hay 8316 presos y la cárcel más poblada, que lo es también del país, es el Centro de Rehabilitación de Varones Nro. 1, con 6807 presos. En la lista sigue Quito con 3966 presos. En la capital, la cárcel con la mayor cantidad de reos es el Centro de Detención Provisional Nro. 1 (convertida en una cárcel común y no destinada únicamente para la permanencia temporal de los no sentenciados de seguridad media y mínima) con 1383 personas privadas de la libertad. Sigue la denominada Zona 1, que agrupa las cárceles de las capitales de las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos, donde hay 2768 personas detenidas. 

Esta situación estremece a Patricia Echeverría, quien lleva un trabajo en favor de los derechos de los presos por más de una década. “Sí me asusta. Estamos hablando de que, en el último lustro, se ha incrementado la población en un 90%. De nada ha servido el trabajo de la Defensoría Pública, y el indulto a las mulas del narcotráfico. Sí hay el incremento de la población penitenciaria por la prisión preventiva, por los más buscados -que nadie dice que no los capturen, que lo hagan-. Pero hay que ir descongestionando las cárceles”, señala.

Una de las vías para que las cárceles tengan menos carga de reos es que el Ministerio de Justicia acelere la aplicación de los beneficios que otorga la ley: prelibertades y rebajas de penas. "El ministro de Justicia, Lenin Lara, viene arrastrando una herencia. Este Gobierno ya recibió las cárceles con presos en pésimas condiciones de vida, con pandemias, violencia, hacinamiento. Y pese a la voluntad de invertir en rehabilitación social, las autoridades de turno en ese ámbito no se han hecho eco. Y hay sobreprecio en cárceles que no sirven a nadie, ni a la sociedad ni al preso, porque no se rompe el círculo delictivo alrededor de los reos".

Es así que el propio presidente de la República, Rafael Correa, denunció un sobrecosto de una de las últimas cárceles inauguradas por su Gobierno, en Guayaquil; que de un presupuesto de 35 millones de dólares pasó a 60 millones. El mandatario ordenó una investigación, lo cual presuntamente derivó en la salida del cargo del director del Instituto de Contratación de Obras, ICO, el oficial del Ejército, Juan Carlos Checa.

El Movimiento de Derechos Humanos Mahatma Ghandi, del cual Echeverría es parte, tiene detallado lo que -en general- hacen los miles de presos que están hacinados en las cárceles del país. Duermen hasta el mediodía, almuerzan a las tres de la tarde, se dan una vuelta por los patios, suben a la celda. Se cierran las puertas de los patios, como en el penal García Moreno, y algunos van a los juegos de mesa, ven televisión, o juegan billar. "Es todo lo que han hecho. ¿Dónde está la productividad? La corresponsabilidad con la sociedad está en que estamos manteniendo a 24 000 personas en las cárceles de nuestros impuestos. ¿Y las granjas productivas? ¿Y los proyectos de autorrehabilitación de los presos? No se ha dado paso a nada. Nos damos cuenta de que no se da la rehabilitación", dice Echeverría.

Actualmente, hay la percepción de que con el nuevo Código Integral Penal habrá más personas detenidas por distintos delitos. Y a más de eso hay el endurecimiento de penas y la figura de la acumulación hasta 40 años de reclusión. Y esos nuevos presos deben llegar a las cárceles que existen actualmente y que están hacinadas.

Pero Echeverría, quien también participó en la Veeduría Ciudadana del Sistema Penitenciario y asimismo participó en el proceso de pacificación de la Penitenciaria del Litoral, cree que las consecuencias serán directas con los presos que ahora mismo están en las cárceles.  Ella considera que hay la probabilidad de un incremento de la violencia dentro, más aun si no se controlan las sustancias ilícitas (drogas) que se consumen dentro de las cárceles. "Las cárceles serán ingobernables, no habrá organismo de derechos humanos, ni comités de internos, que puedan contener la furia de 24 000 personas encerradas con penas terribles durísimas y para colmo acumulativas. A una persona con 40 años de cárcel no le va a importar nada...".

Plan V solicitó una entrevista con las autoridades del Ministerio de Justicia para que expongan las soluciones ante el nuevo escenario. No hubo respuesta.

Una investigación de la Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington D.C., determinó problemas inversamente proporcionales entre la independencia de la justicia y el abuso de la prisión preventiva. La indagación fue hecha en Colombia, Argentina, Ecuador y Perú. Y una de las grandes conclusiones, que cruza además a la administración de justicia de todos estos países, es que una de las causas de la saturación de las cárceles es la prisión preventiva, la cual -debido a presiones políticas, mediáticas y sociales- es una medida que los jueces usan como primera opción, cuando debiera ser la última.

"Gracias a la ideología de la seguridad ciudadana imperante, se usa (la prisión preventiva) indistintamente en muchos tipos de delitos: sexuales, tributarios, ambientales, contra la fe pública, narcotráfico, tenencia de armas, robo, etc.". Penalistas como Ramiro García Falconí dicen al respecto que "en lugar de mejorarse las prácticas claramente autoritarias de nuestro sistema judicial y el evidente irrespeto al derecho a la libertad de las personas, se ha presionado a los jueces penales para que constituyan la prisión preventiva en la práctica general, al punto que se ha encarcelado a algunos (jueces) por ordenar libertades".

García habla de un híperpunitivismo, expresado en el Código Orgánico Integral Penal, COIP. A  pesar de la disminución de los presos sin sentencia, se advierte que la población carcelaria ha crecido en márgenes que desbordan la capacidad institucional. Esto se debe, dice el informe, a la instauración de un Estado policial posmoderno o poder represivo, ya sea por el uso de técnicas que atentan contra los derechos humanos, como el programa "Los más buscados", o por los efectos nocivos de la imagen bélica del poder punitivo basado en la defensa de la seguridad ciudadana.

El otro elemento que considera el informe es la injerencia de las autoridades de seguridad en la justicia para garantizar que cualquier decisión del juez termine en prisión. Es más, según estadísticas publicadas en la investigación en mención, los procedimientos disciplinarios en contra de jueces ascienden a 335 y "debe destacarse que algunos guardan relación estrecha con la aceptación o rechazo de la prisión preventiva".

La interferencia en la función judicial es destacada en el caso ecuatoriano. "Se advierte que la aplicación indiscriminada de la prisión preventiva ha pasado a ser automática e inmediata". Entre las principales injerencias o interferencias constan las declaraciones públicas de autoridades no judiciales, asistencia a audiencias de representantes de otras funciones del Estado, influencia de los medios de comunicación…

Las declaraciones públicas del Presidente incrementan este clima favorable a la prisión preventiva, cita el informe:

En el Enlace Ciudadano del 7 de julio del 2012, el presidente Correa dijo que "en el pasado, del cien por ciento de los presos en delito flagrante, más de la mitad quedaba en libertad y sólo un parte guardaba prisión. Lo que sucede en la actualidad con la transformación en el sector de la justicia repercute en mejor seguridad ciudadana, porque si a un delincuente lo sueltan, vuelve a delinquir". En el enlace del 12 de mayo del 2012, el Presidente presentó una lista de ocho jueces, tres de ellos de flagrancia, y los denunció por haber otorgado medidas alternativas en lugar de aplicar la prisión preventiva.

En general, la política del Gobierno ha sido que el abuso de la caducidad de la prisión preventiva y la aplicación de las medidas cautelares por parte de los jueces son la causa de la inseguridad, y fueron los argumentos políticos y propagandísticos para el llamado a consulta popular en mayo del 2011, que permitió al Ejecutivo tomar la administración de justicia. Esa política había estado sostenida por sectores de la derecha como Madera de Guerrero y Partido Social Cristiano.

El informe de la Fundación para el Debido Proceso sostiene que tras los resultados del referendo del 2011 hubo un cambio inmediato de criterio para ordenar las medidas cautelares distintas a la supresión de la libertad. De la facultad constitucional que permitía al juez ordenar medidas precautorias distintas a la prisión preventiva, aprobada en Montecristi en el 2008, se pasó a la convicción meramente legal y condicionada en el sentido de que, cita el informe "las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la Ley". Es decir, según los investigadores, se logró que la norma legal pueda  aplicarse jerárquicamente por encima de la Constitución.

PUNTO DE VISTA

SANTIAGO ARGÜELLO MEJÍA

El de la política penal es un problema complejo y necesita ser desmontado pieza por pieza. Lo que ha habido siempre es el criterio de que esto es fácil, que hay que dar cualquier idea y montarse en el potro de la inseguridad ciudadana para sacar réditos políticos. Esto requiere un cierto grado de aproximación, no es una generalidad como cuando nos pronunciamos por el fútbol.  Hay que asomarse a esa realidad como una realidad compleja. Y desmontar significa mirar cada uno de esos engranajes.

¿Cómo responde el Estado a la inseguridad ciudadana? En el libro hay una propuesta de consolidar el gobierno local de seguridad ciudadana, porque los gobiernos centrales han sido incapaces de enfrentar la inseguridad en su conjunto y necesitan confiar en los gobiernos locales para construir hipótesis reales de lo que pasa en cada pequeño pueblo.

Hay que apelar a las ciencias y al conocimiento, como la historia, para entender el proceso de la criminalidad en el Ecuador. Hay cosas que la gente no sabe, como que las islas Galápagos fueron utilizadas como sitio de extrañamiento penal, desde 1832 hasta 1958. Es una historia larga y compleja.

O que el Código Penal ecuatoriano es el napoleónico, éste fue traducido al español e impuesto en varios lugares, y con este código importamos una visión antropológica y antropométrica, por eso hablo de que el mundo penitenciario era un mundo de calibradores. Si caías preso y tenías que pasar por criminología te llevaban y te medían la nariz, los pómulos, el pene… y entonces te daban la sensación de que teníamos unos valores bioantropométricos y esto pongo como un ejemplo porque hasta ahora se cree que es muy fácil solucionar la política penal, con penas muy fuertes y éste es siempre un planteamiento interesado.

Lo punitivo en la política penal es un argumento falso. El resultado es el apriorismo y se basa en falsas imágenes. Por ejemplo, decir que una pena mayor para castigar un delito va a disuadir, eso no pasa. Nadie se intimida. Está demostrado por los datos y por la historia. En este tema hay una serie de cosas que asumimos y que no son ciertas. Y por eso es importante que la gente estudie el problema criminológico y que ese conocimiento sirva para generar una política criminológica basada en cierta ciencia y que eso sirva para reaccionar desde la academia y las instituciones en el orden de la investigación criminal, de la seguridad ciudadana, de la legislación.

Cuando se sabe que las cárceles están llenas se cree es así porque se está combatiendo el delito. El hecho es que nosotros creamos una cárcel y la llenamos de inmediato. Ni siquiera creamos una nueva cárcel sino que ponemos 7000 internos en la Penitenciaría del Litoral. Algo que sí se sabe a escala internacional se vuelven locos. En el conjunto de nuestra investigación,  tenemos que la ocupación está con más del 85% de la población máxima que debieran tener las cárceles.

Hay cárceles que están sobrepobladas al 300% y no hay reflexión alguna para seguir enviando gente a la cárcel y -al contrario- el discurso político presiona para que esas personas vayan a la cárcel, no sean liberadas, no existan mecanismos alternativos.

Lo más impopular que puedes decir en el Ecuador es que no se debe encarcelar. Porque todos los "delincuentes" tienen que estar en la cárcel.  Pero la cárcel nunca ha servido para lo que se dice que sirve. La delincuencia como un mecanismo patentizado es un parapeto que oculta las ilegalidades de las clases dominantes. Cuando  llevas gente pobre a las cárceles dices que está bien, y cuando un ministro por corrupción o mala gestión termina con un hospital, ¿qué es? Es un tipo que mata gente porque quien no puede atenderse en la medicina pública, muere. La representación del peculado en la cárcel equivale al 0,02%. Pero ese es el imaginario: están llenas las cárceles pero quienes debieran estar ahí están en Miami y otros países.

Las cárceles siguen llenas de cachimochos, como decimos en el lenguaje carcelario. Están llenas de gente seleccionada como carne de presidio. Hay una serie de mecanismos sociales que van determinando quiénes deben ir a las cárceles y son razones económicas y sociales. Si no, veamos cómo las prisiones están superpobladas en todas partes. En Estados Unidos de latinos y negros, por ejemplo. En otras sociedades están pobladas de migrantes, de jóvenes.

El incremento de presos en Ecuador se debe a la presión social, política y mediática de que cada vez que haya un problema, éste se resuelva con la cárcel. Creo que es muy importante que en el interior del Consejo de la Judicatura se establezcan sistemas de supervisión de cómo funciona el tema por dentro. Es importante que se establezca cómo la justicia penal juzga. El problema que veo es que el sistema de justicia penal es un sistema de intermediación, porque si no habría el parte policial y la sentencia. Esta intermediación debe realizarla la justicia, pero el problema es que no lo hace. Por ejemplo, no se investiga lo suficiente por parte de los órganos pertinentes.