La Operación Wilson, cuyo objetivo era neutralizar en Colombia a Fernando Balda y regresarlo al Ecuador, se la definió "contra un blanco estratégico de alto valor para la mantención de la gobernabilidad del Presidente", de acuerdo al peritaje de cómo operó el sistema de inteligencia, el cual es una de las pruebas documentales en contra del expresidente Rafael Correa y de Pablo Romero, ex director de la Senain. De acuerdo a una análisis pericial, la operación fracasó porque la orden fue emitida de manera verbal, sin cumplir los protocolos, y se involucró al agente Raúl Chicaiza (quien no estaba preparado para lo delicado de esta operación) de manera paulatina hasta la orden final;  no se mantuvo la línea de mando, hubo sobreprecio en la cuenta de gastos reservados y no se hizo el balance estratégico de la potencial falla de la operación y sus costos posteriores.

El informe, al que tuvo acceso Plan V, es un dictamen pericial y se llama La dinámica de funcionamiento de los sistemas de inteligencia (niveles estratégico-táctico) en Ecuador. Manejo de las operaciones especiales.

Como antecedentes al análisis del operativo del secuestro de Balda, el dictamen pericial señala que entre los eventos de Angostura del 2008 y el 30S, es decir, en un año "se consolidó una tendencia a la inmovilidad. La Inteligencia del Estado permanecía congelada para cumplir su misión en el nivel que le correspondía, focalizandose en trabajos que corresponden más a una policía política". Las acciones de la Inteligencia giraron en torno a las llamadas operaciones intrusivas (pinchaje de teléfonos, ciber vigilancia de opositores, vigilancias humanas, de movimientos sociales, de colectivos ambientalistas) justificadas desde el gobierno, por un trabajo de inteligencia política operativizada. Este trabajo lo cumplían agentes de inteligencia policial, coordinado con la Dirección General de Inteligencia, DGI, de la Policía Nacional. Se supone,  para precautelar la gobernabilidad e institucionalidad del Estado.

La columna vertebral de este proceso fue Rommy Vallejo, señala el documento pericial: "Las contradicciones existentes entre la Policía y Fuerzas Armadas, como operadores de la seguridad integral en sus diversos niveles, se muestra con claridad, por ejemplo, en el permanente acompañamiento del Tcrnl. Rommy Vallejo al presidente Rafael Correa en las actividades referidas al trabajo de ser un radar presidencial, desempeñándose como jefe de Seguridad, cuando Correa fue ministro de Economía del gobierno de Alfredo Palacio, luego fue máximo funcionario de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia, UGSI, durante la presidencia de Correa, y finalmente como secretario nacional de Inteligencia (Senain) desde el 2014".

Además de ello, falló la política institucional. De entre las seis funciones establecidas para la Senain en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, se priorizó el literal e) de artículo 15 de esa ley: coordinar, articular e integrar las actividades y funcionamiento de los organismos militares y policiales del Sistema Nacional de Inteligencia y de los destinados a la seguridad de la Presidencia de la República y de otros similares que se crearen en el futuro...".

Y el otro elemento en el cual se centró la operación de inteligencia fue la preocupación creciente, de diversos sectores sociales sobre el "manejo desfigurado que estaba dándose a la inteligencia del Estado", según dice el dictamen. Uno de los problemas era el alto monto asignado para la operación anual de la Senain, sobre todo en gastos reservados. Uno de los destinos del gasto fue la adquisición de tecnología de punta para operaciones intrusivas.

El informe pericial revela que de la Senain adquirió liciencias para usar el programa Remote Control System, de Hacking Team. La compra fue para tres años, con un total de 30 paquetes para infectar y vigilar computadoras con programas Windows y MacOS, así como teléfonos Adroid, iPhone, BlackBerry y Symbian. Se incluyeron vectores para infectar los equipos físicamente y a distancia, además del mantenimiento y actualización del programa. El negocio contempló una capacitación en Italia para cuatro agentes, mientras que la colombiana Robotec daba el servicio de soporte en Quito y entrenamiento básico de análisis de inteligencia para doce personas, según reportó el dictamente pericial citando a El Universo. 

La perito menciona este hecho porque todo esto contraría, según dice en su informe, el Art. 22 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado: "Ningún organismo de inteligencia está facultado para obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su etnia, orientación sexual, credo religioso, acciones privadas, posición política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidistas, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita qie desarrollen en cualquier esfera de acción.

Otro tema planteado es que los secretarios de Inteligencia fueron designados por ser hombres leales al Presidente, pero "no mostraban formación ni experiencia para ejercer el cargo". A eso se suma un problema: a esa fecha en el Ecuador no existían centros para la formación de civiles en materia de Inteligencia. Solo la Flacso incorpora, en uno de sus programas de Doctorado en Estudios Estratégicos y de Seguridad, algunas asignaturas vinculadas a temas de inteligencia. Pero la orientación de esos programas se inscribe en el paradigma tradicional de inteligencia, que se enfoca en lo utilitario y no en lo estratégico. 

El otro tema analizado en el dictamen pericial se refiere al funcionamiento de las operaciones de inteligencia en el Caso Balda, y cómo este funcionamiento violó todos y cada uno de los protocolos operacionales de un elemental operativo de inteligencia, lo cual condujo al fracaso del secuestro y repatriación extrajudicial y clandestina de Balda.  

En todos los sistemas de inteligencia del mundo, en el caso de operaciones especiales, sean encubiertas o intrusivas se dan algunas consideraciones relevantes:  1. la planeación de la operación en su conjunto, donde se evalúa la amenaza de acuerdo a la dirección político-estratégico de los conductores de la inteligencia estatal. 2. La coordinación para el diseño de la operación, que combina recursos humanos y tecnológicos y dentro de los principios de integralidad, prioridad y oportunidad, prevalencia y respnsabilidad, y 3. La ejecución de la operación y conducción de la misma, previa aprobación de la orden de operación u orden de trabajo, sobre todo en casos de operaciones encubiertas o intrusivas, que implican un alto riesgo, y con el adecuado cumplimiento de procedimientos.

Así, la operación Wilson fracasó por varias razones que analiza la perito designada por el Corte Nacional de Justicia. Esta operación se definió como "blanco estratégico de alto valor para la mantención de la gobernabilidad del Presidente". Pero ninguna operación de seguridad o inteligencia se cumple sin la respectiva orden de trabajo, en la cual se establecen los objetivos, tipo de operación, costos, potenciales riesgos, actores a intervenir, cuál de los subsistemas operará, bajo qué modalidad. ¿Fueron Raúl Chicaiza y Diana Falcón los mejores agentes para esta operación ilegal y clandestina en un país extranjero? La perito evalúa que cuando se cumple una operación que se define como de "alto valor para los intereses del conductor del Estado" o para prevenir o disuadir y controlar una amenaza, se decide que los operadores designados deben tener altos estándares de profesionalismo, experiencia y competencias. 

Estas condiciones no se cumplieron ni siquiera con la presencia de Pablo Romero al frente de la Senain. Para la pericia, Romero fue nombrado secretario de Inteligencia en mayo del 2012 y el evento del secuestro fue en agosto del 2012, menos de tres meses después. "Se infiere que en tan poco tiempo sería difícil empaparse en profundidad de toda la gestión organizacional vigente en la Senain, peor aún si venía de un mundo ajeno a la Inteligencia. Por ello, el debía contar —como es obvio en las transiciones de altas autoridades— con un equipo asesor que le diera luces respecto al nuevo campo en el que estaba incursionando".

En el informe pericial "se deduce una elevada probabilidad de la relación con Rommy Vallejo, hombre de confianza del presidente Rafael Correa (...). Fue el asesor y guía de Pablo Romero en temas delicados, y sobre todo el artífice de la coordinación con la Dirección General de la Policía (cuyo comandante en ese entonces fue el general de Policía, Fausto Tamayo, para el secuestro de Fernando Balda, considerada una operación sensible, porque se haría en territorio colombiano)".

Así, de acuerdo con el diagrama o Mapa de Relacionamiento que consta en el documento pericial, en el caso Balda, la Presidencia de la República tuvo relación directa con la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, bajo la tituralidad del general Fausto Tamayo —bajo la responsabilidad política de José Serrano, ministro del Interior— , mientras que el subsistema de inteligencia policial fue el "puente coordinador" con la UGSI (Rommy Vallejo) y la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senain (Pablo Romero). Sin embargo, solo Pablo Romero está indiciado en el caso Balda. 

Para la autora del dictamen pericial "con esto se prueba que al no existir una Ley de Inteligencia ni un Pla Estratégico de Maniobra , se abría el espacio para la improvisación, para la respuesta coyuntural de las operaciones, análisis de información, sino la definición del tipo de Operaciones". 

Luego del análisis de cómo funcionó el sistema de Inteligencia en este caso, el documento proclama que la Operación Wilson fue planeada con misión específica, pero los grupos operadores no cumplían con los estándares de organización, capacitación y equipamiento. De hecho, la misión fracasó". Además "la jurisdicción no fue nacional, sino (que) implicó violar la soberanía territorial de Colombia. Se desarrolló en un ambiente de riesgo y el propósito no se refería a un accionar delincuencial propiamente dicho, sino a un actor considerado como peligroso para la gobernabilidad del Estado".

La orden de trabajo, de acuerdo a los testimonios de los agentes operadores, fue verbal e indirecta, por no significa que no se haya ordenado, dice el informe.

Audiencia del 7 de noviembre en el caso Balda. De izquierda a derecha los agentes Diana Falcón Querido y Raúl Chicaiza. En el centro, de terno negro, su abogado Diego Chimbo.

Conclusión: fracasó por improvisación, politización y falta de profesionalismo.

Entre las conclusiones del peritaje, ahora en manos de la Corte Nacional de Justicia y que sirve como una prueba documental en contra de Rafael Correa y Pablo Romero, se señala.

Los resultados de la operación —fracaso del secuestro— no hacen sino revelar la inexistencia de un balance estratégico adecuado a los riesgos potenciales, niveles de incertidumbre y de la definición de la amenaza. De hecho la "amenaza Balda" fue instrumentalizada como blanco de alto valor para la seguridad del Estado, cuando fue un objeto amenazante para la estabilidad política a la gobernabilidad del Presidente Correa.

El fracaso de la operación se produjo por la ruptura de la cadena entre las condiciones iniciales del planteamiento de la operación versus los resultados esperados. No hubo control durante el proceso de la operación,  a pesar que los agentes encargados del trabajo de la inteligencia básica ostentaban una sostenida experiencia como miembros de Inteligencia policial.

"Al correlacionar los factores humanos, técnicos y los procedimientos se evidencia una politización en la Inteligencia del Estado, es decir un comportamiento errático, que confundió las funciones y orientaciones de la entidad rectora, sobreponiendo lo táctico sobre lo estratégico, violando los principios de integridad funcional y compromiso ético para el cumplimiento de los objetivos del Estado en materia de seguridad. (...) La Senain se ha transformado en una policía política. La cercanía con la política en ningún caso debe perjudicar la onjetividad de funcionario de inteligencia", dice el documento.

"Se demuestra poca experiencia en el maneno de todo el ciclo de operaciones especiales encubiertas e intrusivas para blancos de alto valor", "y se demuestra la incidencia directa del expresidente Rafael Correa en coordinación con el teniente coronel Rommy Vallejo, Pablo Romero y los tres agentes en trabajar en una operación que, por falta de profesionalismo, fracasó".