La vida de Josefina Callapa está marcada con petróleo. Una marca que sigue doliendo, porque es imposible olvidar que su hija Lourdes de cinco años murió intoxicada luego de bañarse y beber de una poza. “Estaba llena de aceite como de petróleo, mezclado con agua”, cuenta la humilde mujer, que mantiene su memoria intacta treinta años después. Aún parece reprocharse por haber dejado a sus pequeños hijos al cuidado de la mayor, que entonces tenía 10 años. Pero ella y su esposo pasaban el día trabajando en una finca lejana. Fueron esas ausencias las que aprovechó la pequeña para refrescarse en el charco contaminado. Y una tarde, a su regreso a casa, la encontraron enferma e hinchada. Lo siguiente que recuerda Josefina es que un médico le aplastaba el abdomen para que vomite y Lourdes se desangraba por la nariz. Lo cuenta descalza, desde una casita de tablas en Yamanunka, una comunidad del cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, donde también perdió a su esposo de 38 años, al que lo consumió una fiebre intensa “como de paludismo”.

A punta de machete, Josefina pudo mantener a sus otros siete hijos. Una vida de sufrimiento que parece no terminar. Nada sabe ella sobre el progreso que ha traído al Ecuador más de 40 años de explotación petrolera en esa tierra que habita y considera su hogar. Ahora solo clama por una cosa: “agua limpia”. Y la última de sus hijas, Virginia, interviene para desfogar su indignación y pedir que se sepa lo que allí padecen.

Josefina Callapa no olvida la forma como perdió a su hija Lourdes hace 30 años.

Rodeada de excrementos de petróleo, vive no muy lejos de allí Jéssica Isacha. Tiene 23 años, el mismo tiempo que ha tenido como sus vecinas más cercanas a unas rocas negras que emanan un olor penetrante a aceite quemado. Es petróleo petrificado, “de esas piscinas que dejó abierta la Texaco hace años”, aclara la joven que es madre de una niña de un año. A Jéssica, lo único que le inquieta un poco es saber que consumen agua de un pozo cavado a menos de 10 metros de los vestigios petroleros, “pero que se le va hacer si es la única forma de tomar agua”. El hedor ya ni lo siente ni le encuentra sentido a preguntar: hasta cuándo tendrá que soportar esa presencia.

El tanque donde Jéssica y su familia depositan el agua que extraen de un pozo subterráneo.

La Historia le hizo la misma pregunta a los protagonistas de la más larga y costosa batalla judicial que se haya llevado en el Ecuador, y que ha traspasado fronteras. Un juicio motivado por esas piedras que son vecinas incómodas de Jéssica y esa poza infestada que le costó la vida a la hija de Josefina. Por la contaminación petrolera que le cambió la vida de miles de personas que siguen siendo afectadas hasta el día de hoy.

Pero esa respuesta nadie la tiene. Ni los que enjuiciaron a la desaparecida Texaco, hoy Chevron, acusándola de derramar 71 millones de litros de residuos de petróleo y 64 millones de litros de crudo en 26 años de operación en las provincias de Sucumbíos y Orellana.

Ni la enjuiciada Chevron, que de acusada pasó a acusadora, en un cambio de papeles que probablemente no le haga ningún bien a Jéssica ni a sus compañeros de contaminación. Tampoco lo tiene el gobierno del Ecuador, involucrado en el pleito en la última instancia. Menos la gente de la Amazonía, después de 22 años de juicios y cientos de millones de dólares gastados, de los que quienes han padecido de las consecuencias de la explotación del también llamado oro negro, no han visto ni un centavo.

Y son tantas las necesidades que tienen. Jéssica aporta unas cuantas. La primera, agua potable. La segunda, un servicio higiénico, porque ni ella ni sus padres ni sus cinco hermanos terminan de acostumbrarse a hacer sus necesidades al monte. Todos viven en una casita de madera y bases de ladrillo apenas construidas, a un extremo del pozo Shushufindi 50, esperanzados por una reubicación. Pero han sido tantos y tan diversos los ofrecimientos de una vivienda nueva con servicios básicos, que la joven evita hacerse ilusiones.

El pozo de las estrellas

Los caminos que rodean a las piscinas de desechos del pozo 4 Aguarico parecen rutas ecoturísticas.

“¿Para qué será que pasan a cada rato para adentro? Saben pasar así buses, carros de policías…”. La pregunta la hace Silvia Cedeño de 34 años, quien vive junto a su esposo y sus cinco hijos de entre 9 y 16 años en una casita de madera y zinc ubicada a un extremo de la carretera de tierra que conduce al pozo Aguarico 4, el emblema del gobierno en la lucha anti Chevron. La mujer de piel tostada y cabello ondulado, no alcanza a comprender el porqué de las idas y venidas de extraños al pozo petrolero, que empezaron con la visita del presidente Correa en septiembre de 2013 para inaugurar la campaña ‘La mano sucia de Chevron’. Silvia ni se imagina que frente a su casa han pasado actores de cine de la talla de Danny Glover y Mia Farrow, artistas como Luis Eduardo Aute y Calle 13, activistas, políticos de distintas latitudes y nietas de personajes famosos como el explorador francés Jacques Cousteau y el líder de los Rolling Stone Mick Jagger. Todos convocados por el gobierno para ensuciarse la mano en alguna de las piscinas de desechos que rodean al ya célebre pozo. Por algo le dicen ‘el pozo de las estrellas’.

Pero todo eso le es indiferente a Silvia. No necesita ensuciarse la mano de petróleo para hablar de los estragos de la contaminación porque los siente a diario en su vida cotidiana. “Los animales se mueren, las gallinas, los chanchos. Mi suegro tenía ganado y se le murió casi todo”. La misma suerte corren los sembríos, al menos los de palma africana y cacao que su esposo sembró en las cercanías de su vivienda. “Se dañan feísimo. La mata se hace pequeñita y de ahí se muere”.

La familia de Silvia consume agua de una quebrada ubicada a unos 150 m. de su casa. En ese mismo sitio ella se asea.

Sólo los abogados de los afectados reconocen haber gastado en estos 22 años de juicio alrededor de $30 millones en defensas legales, “principalmente en EEUU y otras jurisdicciones”.

El gasto de Chevron ha sido muy superior, tomando en cuenta que se ha enfrentado paralelamente con los afectados y el Estado ecuatoriano. Pero el vocero de la petrolera en América Latina, Jim Craig, se negó a responder un cuestionario de preguntas que incluía la siguiente: ¿Cuánto ha gastado Chevron en los juicios en Ecuador y el resto del mundo, incluyendo las campañas de comunicación?

Sin que haya sido desmentido por la empresa, el presidente Rafael Correa dijo, en agosto de 2013, que tenía información sobre el gasto de $400 millones por parte de Chevron en agencias de publicidad y abogados, para desconocer la sentencia ecuatoriana y desacreditar al país. Las afirmaciones de Correa se dieron como parte del preámbulo de la campaña ‘La mano negra de Chevron’, en la que se viene desembolsando altas sumas de dinero para publicitar el caso en el exterior y trasladar a personalidades internacionales de la política y el espectáculo al pozo 4 aguarico.

El gobierno no ha dado cuentas de los costos que ha demandado dicha estrategia, ni de los gastos en la defensa del país en los arbitrajes internacionales. Solo después de que trascendiera que la Embajada en EEUU le pagó $6.4 millones a la empresa de relaciones públicas MCSquare, constituida por ecuatorianos en Nueva York, Correa reconoció que hizo dicha contratación para defender al país de la “arremetida” de la petrolera.

El presidente Correa inició la campaña anti Chevron el 17 septiembre de 2013 en el pozo 4 Aguarico.

Con esos fondos estatales, MCSquare pagó tras un acuerdo verbal, $275.000 a la empresa de representación de la actriz Sharon Stone para viajar al Ecuador. Además de desembolsar otros $77.420 para complacer a la diva con pasajes en primera clase, suites en hoteles de lujo, el pago de tres acompañantes y peinados y maquillaje para los eventos anti Chevron. La afamada actriz de Bajos Instintos no llegó, y McSquare la demandó en la Corte Distrital de Nueva York. Stone se defendió y alegó que nunca aceptó participar en la campaña ‘La mano sucia de Chevron’.

Bajo esa misma modalidad, la empresa MCSquared pagó $330.000 y $188.391,42 a las firmas que representan a las también estrellas de Hollywood Danny Glover y Mia Farrow, que sí vinieron al país entre noviembre de 2013 y enero de 2014.

Aunque un día cualquiera, el Aguarico 4 difiere mucho de lo que se puede observar de los recorridos televisados que hacen los famosos personajes. El monte, que crece rápido con las repentinas lloviznas y solazos del bosque tropical, y las hojas secas que desprende la abundante vegetación, cubren casi en su totalidad las negra superficies de las piscinas de desechos. Es necesario hacer presión con algún objeto firme y puntiagudo para poder vislumbrar la sustancia apestosa y viscosa en la que suelen meter la mano. Por otro lado, el acceso es rápido. Se puede llegar al pozo en carro y es posible descender hasta las piscinas por unas rústicas escaleras y pasamanos de madera implementados para ese fin. Incluso es posible rodear los estanques de residuos petroleros por senderos de troncos que se asemejan a los de las rutas ecoturísticas.

Una de las piscinas de desechos aledañas al pozo 4 Aguarico cubierta de maleza.

“Ya estamos cerca de morir”

Victoria Solano tiene 58 años y un extraño problema dermatológico que no se cura con nada. Una especie de alergia que ha oscurecido y llenado de costras sus piernas, y que relaciona con el contacto cotidiano con una piscina de residuos construida al pie de su casa en la época Texaco. “Es como si me picaran agujas”, se lamenta la mujer de mirada triste y ojeras profundas, que vive junto a un pozo petrolero cercano a la estación Shushufindi Suroeste.

Victoria Solano se lamenta de no tener un sustento. Toda una vida de trabajo en el campo no valió para asegurar su vejez.

A diferencia de la mayoría de pobladores de Shushufindi, que pese a ser afectados directos de la contaminación apenas han escuchado sobre el litigio judicial que mantiene enfrentados por 22 años a un grupo de indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana con la petrolera Chevron (que absorbió a Texaco), en una batalla legal que inició en 1993 en la Corte de Nueva York y pasó a la de Lago Agrio diez años después; Victoria sí sabe que desde 2011 tienen una sentencia favorable que no ha logrado ejecutarse. Incluso en algún momento asistió a reuniones que se hicieron sobre el caso en su comunidad 18 de Noviembre, pero de eso hace ya mucho tiempo.

Eso sí, todos ignoran una cantidad de procesos y argucias legales que mantiene la petrolera con el Estado ecuatoriano y los abogados de sus demandantes. Entre los que destacan dos arbitrajes internacionales en la Corte Permanente de la Haya, el juicio RICO en un tribunal neoyorquino y una demanda en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad contra el gerente general de Chevron y otros 10 directivos de la empresa. Además de sendos juicios que siguen los defensores de los afectados para homologar la sentencia en Argentina, Brasil y Canadá.

Victoria levanta su pantalón para mostrar las costras negras que la atormentan desde hace 4 años.

Victoria hasta llegó a pensar que podría beneficiarse con algún tipo de indemnización “por todo el tiempo que hemos venido sufriendo”, pero sus esperanzas se diluyeron cuando supo por un dirigente que de cobrarse la sentencia de $9.500 millones, la suma se invertiría en proyectos de beneficio común. “Eso de nada nos sirve a nosotros, porque ya estamos mayores, cerca de morir”, explica la mujer que vive con su esposo enfermo de diabetes, problemas en las articulaciones y esa extraña alergia que ella padece. Ninguno de los dos puede trabajar por sus dolencias y viven intranquilos por no tener un sustento, de lo poco que les dan sus hijos que trabajan de jornaleros y tienen ya sus familias.

Shushufindi, tierra de necesidades

Parece que en Shushufindi todos tienen una historia triste que contar, y María, de 64 años, no es la excepción. Sale cabizbaja del hospital cantonal. Siente que le quema la cadera y la espalda, pero no encontrará alivio a el dolor porque le faltan $8 para pagarse los pasajes desde su casa, en la comunidad Magdalena, hasta el hospital de Lago Agrio, a donde la enviaron a realizarse unos exámenes. “Venía a preguntar si la orden era válida para la próxima semana, a ver si puedo ir”, comenta la anciana que trabaja de sol a sol sembrando maíz.

Los niños de preescolar de la escuela de la comunidad de Yamanunka (Shushufindi) beben agua sin tratar de un pozo subterráneo.

María, al igual que varios habitantes de Shushufindi consultados por La Historia, se queja de los altos precios de los alimentos y del gas de uso doméstico, que lo consiguen hasta en $3 cuando el precio oficial es $1.40. También se queja de la falta de medicinas en los subcentros de Salud. En contraparte, un médico residente de la zona asegura que no faltan los principales medicamentos, aunque reconoce que escasean los analgésicos y los fármacos para la diabetes.

Otro reclamo, es la pésima calidad del agua. Pero es una queja que se reduce a la parte de la población que sí recibe agua por tubería. “No se puede decir que sea potable”, sostiene Olga Pineda, quien vive en el barrio Integración Social de la cabecera cantonal. Incluso el río Shushufindi, fuente principal de captación de agua, ha sido contaminado en reiteradas ocasiones por la compañía estatal Petroamazonas que opera en la zona. En una tierra donde los tubos y tuberías que recorren carreteras y caminos de segundo orden, hacen que sea difícil olvidar que es un cantón concebido para la industria del petróleo.

En Shushufindi hay familias que se abastecen de agua con las lluvias.

No hay oportunidades

En Shushufindi no existen institutos técnicos, mucho menos una universidad pública, y la mayoría de jóvenes ven frustrado su sueño de continuar con sus estudios. Bien lo saben los estudiantes del Colegio Técnico, centro de referencia de bachillerato en el cantón. Entre ellos Rudy Loor de 17 años. Anhela seguir preparándose después de graduarse, pero la tiene difícil. Lo que gana su padre de chofer y su madre limpiando casas, probablemente no les alcance para enviarla a estudiar a otra ciudad.

La gran mayoría de los estudiantes del cantón no tienen oportunidad de ir a la universidad.

“Salen promociones enteras de las que no va nadie a la universidad”, comenta una profesora del colegio, que se lamenta que su hija sea parte de esa masa. La única opción, que a pocos convence, es estudiar a distancia en la Universidad Particular de Loja. Entonces no queda más que casarse muy jóvenes y buscarse la vida como empleado de alguna compañía que opera en el sector, comenta. Suelen conseguir trabajo como podadores de monte, y en el mejor de los casos, logran ubicarse como mecánicos en la empresa procesadora de palma africana, Palmeras del Ecuador.

Pero los que ni siquiera terminaron el colegio y abundan en la zona rural, están confinados a las labores agrícolas y a la pobreza. Es el caso de Wilton Castro de 57 años, que vive “pidiendo tierra prestada para sembrar”. Él comparte con su familia una casita elevada de tablas, cartones y zinc ubicada a 10 metros de un mechero. Y eso que la situación ha mejorado porque antes la llamarada estaba pegada a su vivienda y la humareda era insoportable. De lo único de lo que se queja es que en ocasiones a los trabajadores de Petroamazonas les da por aligerar el trabajo y en lugar de quemar el gas lo derraman por el piso. “Era un hedor que no se aguantaba, hasta le dio fatiga a las criaturas”, recuerda.

Winton lucha para que su hogar tenga servicio de energía eléctrica.

El de Winton es un hogar pobre, al igual que el 87.6% de los 10.177 hogares de Shushufindi catalogados así por Necesidades Básicas Insatisfechas según el último censo de Población y Vivienda. El agua les llega por manguera desde el tanque elevado de la comunidad, pero acceder al servicio de energía eléctrica se está volviendo una odisea, lo que los hace parte del 13.4% de pobladores del cantón (ver gráfico) que aún alumbran con velas. De lo que sí se salvan es de hacer sus necesidades al monte como el 22% de los habitantes del cantón que no tienen ni siquiera una letrina.

No existe un hasta cuándo

Lo cierto es que ya son 22 años de espera y aún no se vislumbra una fecha para que se ejecute una remediación integral y los afectados de la contaminación reciban una compensación por los daños sufridos. El abogado de los afectados, Pablo Fajardo, pronostica que en dos años estaría homologada la sentencia de Lago Agrio en países donde la petrolera Chevron mantiene activos y ellos impulsan demandas. Pero no hay nada seguro.

De hecho, no habrán indemnizaciones individuales y de ejecutarse la sentencia de $9.500 millones, se invertirán en la implementación de un sistema de agua potable que beneficie a las personas que habitan dentro del área de operación de la petrolera, y otras seis medidas de reparación, para las que existe un monto previamente fijado en el dictamen (ver gráfico). Lo más costoso será la “recuperación de las condiciones naturales del suelo”, a la que se podrán destinar hasta $5.396 millones. El presupuesto lo administrará un fideicomiso constituido por el Frente de Defensa de la Amazonía, un brazo del grupo de afectados por Texaco.

Tampoco existe un plan para la remediación de los pasivos que dejó Chevron por parte del gobierno. Este portal solicitó una entrevista con la ministra de Ambiente Lorena Tapia que fue denegada por su apretada agenda. Entonces se consultó del tema vía email y el Ministerio de Ambiente (MAE) aseguró que en el tema Chevron “van a esperar que se resuelvan los litigios para actuar”, y que la solución del caso les dará “claridad sobre las actividades de remediación que efectuaría la petrolera, y por defecto aquellas que deben ser efectuadas por el Estado”. Además, Ambiente mencionó el proyecto CEREPS, que se ejecutó entre 2008 y 2011, Amazonía Vive que está a cargo de Petroamazonas y se encarga de la reparación de pasivos ambientales y el proyecto piloto Paracayu, en el campo petrolero Libertador, donde se ha sembrado 500 árboles nativos y entregado 2000 plantas de cacao para motivar a los sembradores.

Por su parte, el gobernador de Sucumbíos Yofre Poma, que fue alcalde de Lago Agrio en el periodo anterior por Alianza País y que se lanzó sin éxito a la reelección, asegura que no se pueden tocar los pasivos que dejó Texaco porque están inmersos en los arbitrajes internacionales que enfrenta el Ecuador. “Estamos haciendo unas gestiones para, a través de la Procuraduría, se quiten del listado o se aparten de las evidencias a estos pasivos donde hay poblaciones para poder como Estado intervenir, porque por más voluntad que tengamos como gobierno no lo podemos hacer por un tema jurídico”, indicó Poma.

A nivel local, el alcalde de Shushufindi Esgar Silvestre, se rehusó a hablar. Abordado a la salida de su despacho, se declaró incompetente en el tema ambiental. Dijo además que hasta el momento no ha habido acercamiento con el Frente de Defensa de la Amazonía encargado de ejecutar la indemnización de Chevron, pero que van “a estar empoderados en estos aspectos porque es importante que la ciudadanía se sienta favorecida de estos recursos en tantos años de contaminación que hemos sufrido”. Sobre la campaña del gobierno “La mano sucia de Chevron”, Silvestre aseguro que “preferiría que esos recursos que se gastan de tal naturaleza, sean invertidos en obras beneficiosas, en obras de remediación al medio ambiente de la Amazonia”.

La petrolera Chevron ha tenido una posición bien clara y ha dicho que cualquier problema después de acta del finiquito que suscribió con el gobierno de Ecuador en 1998, es problema de Petroamazonas (antes Petroecuador), la compañía estatal que asumió las operaciones después de que la multinacional saliera del país en 1992. La Historia se puso en contacto con el vocero de Chevron James Craig, quien en un inicio aceptó gustoso un pedido de entrevista. Pero una vez formuladas las preguntas, se rehusó a responder. Algunas de las interrogantes eran: ¿Chevron, independientemente de quien es el responsable de la contaminación generada, reconoce que existen afectados en el oriente ecuatoriano?, ¿La compañía ha realizado campañas de asistencia médica y social en las zonas más vulnerables?, ¿Cuánto tiempo más creen que durará esta batalla legal, y cuánto proyectan que se gastará en los distintos países del mundo donde hay causas abiertas contra Chevron?, ¿Ha existido algún acercamiento con los demandantes de Lago Agrio para intentar llegar a un acuerdo?.

Jessica Isacha se avergüenza un poco cuando explica que su familia no cuenta ni con una letrina.

Ese enfoque hizo suponer a Craig que no había “un trato equilibrado del tema”. “No hay referencia al masivo fraude de los abogados demandantes, que recurrieron a la corrupción por falta de pruebas. Se omiten 25 años de operación exclusiva de Petroecuador en esos mismos campos y su deplorable récord ambiental. Se ignora la evidencia de intromisión política en el caso, algo instigado por los abogados demandantes”, argumentó el vocero a manera de excusa.

Mientras tanto el tiempo se le acaba a ancianas como Josefina y María. Otros más jóvenes como Jéssica, aún guardan la esperanza de que algún día recibirán un resarcimiento por tantos años de contaminación. Venga de donde venga.

Publicado originalmente en: lahistoria.ec