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1 de Septiembre del 2014
Investigación
Lectura: 68 minutos
1 de Septiembre del 2014
Redacción Plan V
Caso Las Dolores: el retorno del horror

Foto: Archivo Diario El Universo

Esta foto publicada en El Universo, al otro día de la masacre es una de las más famosas de la historia contemporánea del Ecuador. El esposo de Dolores Guerra es llevado con rumbo desconocido.

 

Más de una década ha pasado desde la masacre del caso Las Dolores. Ocho personas asesinadas, cuatro desaparecidas. La Fiscalía reabrió el caso porque no se había juzgado los crímenes, solo un presunto abuso policial, que fue una absolución de la Corte Policial. La novedad es que en esta reapertura se vinculó al excomandante, general Jorge Poveda. Su defensa arroja varias acusaciones en contra de la intención "política" del Fiscal de obtener un trofeo de guerra. Esta es una historia que regresará siempre, mientras no se haga justicia.

Foto: Diario El Universo

 

Familiares y amigos de las victimas no ha dejado de reclamar por justicia. Los policías fueron sobreseídos por la justicia policial, aduciendo que solo cometieron abuso de autoridad. Los asesinatos nunca fueron juzgados.

Los asesinatos cometidos en la Farmacia Fybeca en noviembre del 2003 y las desapariciones forzadas de cuatro personas, ocurridas en esos hechos, no han sido juzgados.  El fuero policial inició una investigación por supuesto abuso de autoridad por parte de los agentes policiales. En cuyo contexto no se investigó los asesinatos, se investigó un probable abuso de autoridad, delito por el cual la Corte Policía sobreseyó a los policías.

Lo que concluyó el juez Jorge Blum, de la Corte Nacional, es que los jueces policiales actuaron sin competencia para esa investigación con independencia de la materia de la cual haya versado, y al haber actuado sin competencia no puede sostenerse el sobreseimiento que ellos emiten, y en consecuencia no se ha juzgado el hecho.

En la justicia ordinaria se inició una investigación relacionada con un robo agravado perpetrado al interior de la farmacia. La única persona acusada en ese proceso y la única que ha cumplido alguna pena en relación con todos los hechos que bordean este caso, es una ciudadana que fue detenida como parte de la banda de asaltantes, pero ahí no se juzgaba la actuación policial. En su momento también se inició una investigación por las desapariciones forzadas, en el fuero ordinario, investigación que fue archivada porque el fiscal de la investigación, quien decidió cerrar el caso aceptando el argumento policial que sí se los había detenido pero los habían puesto en libertad.

Foto: Ecuador Indymedia

 

Una de las pocas fotografías que se atribuyen al mayor Eduardo González, que tomó la jefatura del operativo en la farmacia  por cuenta propia y sin autorización superior. Era un delito flagrante, dice su defensa.

¿Por qué el caso Fybeca, ahora llamado Las Dolores, se reedita ahora?  Porque este es uno de los 118  que están documentados de manera directa en el informe de la Comisión de la Verdad. Respecto a estos casos, la recomendación de la Comisión fue que se iniciaran procesos de investigación en el ámbito penal. Esto correspondía a la Fiscalía y durante dos años no hubo actividad alguna de investigación en ningún otro caso del informe.

Cuando se crea una Dirección de Derechos Humanos en la Fiscalía, el caso Las Dolores fue uno de los escogidos para ser de los primeros a investigar. Efectivamente, el caso se investiga y se determina una serie de cosas nuevas, según la defensa de la acusación particular. Primero, que el oficial que estuvo a cargo del operativo en la farmacia, en el cual perdieron la vida ocho personas y desaparecieron cuatro, había sido trasladado por una orden verbal del Comandante General de la Policía de la época, Jorge Poveda, cuando se encontraba estacionado en la provincia de Esmeraldas, en San Lorenzo.

La primera contradicción se dio por la legalidad o no de una orden verbal de traslado. Según Juan Pablo Albán, abogado de dos de las víctimas, la Ley de Personal de la Policía Nacional, que ya estaba en vigencia para esa época, y que sigue en vigencia, determina que todo pase, comisión de servicios o traslado de un oficial debe hacerse a partir de una resolución, que se adopta de una manera motivada, por escrito y que se publica en la orden general. Nada de esto ocurrió. El argumento de la defensa del general Poveda ha sido que la reglamentación policial permite dar órdenes verbales a efecto de los traslados. Sin embargo aunque esto fuera verdad, el reglamento está por debajo de la Ley y tiene que aplicarse la norma, dice  Albán.

Otra cosa que se descubrió -menciona el abogado de la acusación particular- es el que oficial a cargo del operativo Fybeca, mayor Eduardo Gonzáles Flores, "había participado, desde 1995, en distintos grupos de inteligencia antidelincuencial, identificados como GIA, Grupo de Inteligencia Antidelincuencial; otros dicen que ha sido miembro del GAO, que fue desmantelado por abusos de derechos humanos. Otros dicen que era un grupo aparte, pero lo que sí está claro es que González participó en la menos 35 operativos antes del de Fybeca y que en muchos de estos, por no decir en la mayoría, se produjeron muertes sospechosas de varias personas. Uno de los antecedentes más cercanos del operativo Fybeca es el supuesto operativo para frustrar el asalto a una agencia de Filanbanco en Portoviejo, Manabí, donde mueren 12 personas, también bajo el mando de González. Aparentemente, González era un hombre de confianza de los generales, porque en su momento, cuando hubo todo el lío de la adulteración de placas para legitimar, a través de la CTG, autos robados en Guayaquil, a pesar de que él no trabajaba en ese tipo de tareas lo llevaron a Guayaquil para que investigue sobre estas adulteraciones de placas”.

González es un oficial condecorado por la Policía por su actividad antidelincuencial. Está recogido en la prensa, históricamente, el hecho de que él ha sido reconocido como uno de los máximos combatientes del crimen, especialmente en ciudades de la costa.

Hay otra cuestión central que salió de la nueva indagación en este caso que ya tiene más de 10 años. La coartada que plantea González y de la cual se colgaron todos los demás:  él había llegado a Guayaquil por pedido verbal de un general, Marco Cuvero, al general Jorge Poveda, comandante de la Policía, que dio a su vez otra orden, también verbal, a efectos de investigar un posible atentado contra la vida del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

El alcalde de Guayaquil se apresuró a decir que no había pedido ningún oficial, que no había solicitado el traslado de nadie, que no tenía conocimiento de que González estaba en Guayaquil para ese propósito ni en general. Dijo que había escuchado que se estaba planificando atentar contra su vida pero que no había pedido protección y que nada había pedido a la Policía. Según Albán, la coartada empiezó a desbaratarse porque no habían una explicación de porqué, si González estaba para ese propósito puntual, de repente estaba buscando a un caballero que aparecía supuestamente en la lista de los más buscados, un señor alias El Marino, que había asesinado a un oficial de Policía cuatro o cinco años atrás.

Para el defensor de dos de las víctimas, la defensa del general Poveda no ha podido aportar absolutamente ningún documento de que esa investigación efectivamente existió y que González estaba al frente de eso.

Nada tenía que ver esto con lo de Nebot. ¿Por qué estaba haciendo otros operativos antidelincuenciales? ¿Por qué si iban a buscar a El Marino, en Los Vergeles, en Guayaquil  -siguiendo una rutina muy lógica, desde la Policía Judicial por la vía Perimetral- se desvían y cruzan la ciudad en una hora de alto tráfico, que les hubiera demorado excesivamente, y llegan coincidentemente a la zona de La Alborada y se dan cuenta que hay un asalto en progreso?

Para el defensor de dos de las víctimas, la defensa del general Poveda no ha podido aportar absolutamente ningún documento de que esa investigación efectivamente existió y que González estaba al frente de eso. "Por ahora lo que tenemos es la palabra del general Poveda, tenemos la versión libre del general  Cuvero y tenemos la versión libre del propio González y un informe del general Vega Gutiérrez, que era el inspector general de la Policía a la época, que en el relato de los hechos dice que González afirma que había sido trasladado para esta investigación. Aparte de eso, como prueba documental de algún resultado de investigaciones o partes, no hay absolutamente nada".

Ese es el punto central que involucra al ex comandante de la Policía con el caso. Por pedido del general Cuvero, Poveda ordena que González, entonces "castigado" en San Lorenzo, fuera a investigar un posible atentado contra Cuvero y el alcalde Jaime Nebot. ¿Por qué fue precisamente González? La hipótesis que maneja la Fiscalía y la defensa de las víctimas es que hay un nexo entre la orden de Poveda y la presencia de González en Guayaquil. Que sin esa orden, quizá la masacre de Fybeca no se hubiese dado. Son puras especulaciones, dicen Poveda y su defensa. No existe tal nexo, solo se le dio la orden de investigar la amenaza de atentado, en el operativo en la farmacia, González incumplió sus órdenes específicas -él mismo lo admitió así- y actuó solo.

En una versión judicial anterior, el entonces mayor González, dijo que "está demostrado que mi actuación policial el día 19 de noviembre del 2003 fue legítima, por ser un delito flagrante, cumpliendo el rol de policía en servicio activo, que vino a la ciudad de Guayaquil a cumplir un trabajos e inteligencia, que era identificar y comprobar la planificación de un posible atentado en contra del abogado Jaime Nebot y el general Marco Cuvero. Es necesario que solicite a la superioridad copia del informe reservado que fue entregado al mayor Rodrigo Peralta para que continue las investigaciones".

Así que según González, la amenaza existió, la investigación existió y sus resultados constan en un documento reservado de la Policía, que quedó en manos de otro oficial de la Institución.

Una investigación de este medio pudo confirmar que tal investigación, bajo las órdenes de González, empezó el  miércoles 3 de septiembre del 2003. Se trataba de hacer un seguimiento a, entre otros, a un vigilante de la Comisión de Tránsito del Guayas, cuya voz aparecía en una grabación, junto a una "fuente humana" en la cual se hablaba de atentar contra la vida de Nebot.

Según la información, el entonces coronel Marco Morales, comandante provincial de Guayas, el trabajo  de investigación al respecto ya se había iniciado y dispuso que González coordine con el personal y los medios que requiera, ya que su presencia en la ciudad fue ordenada por el Comandante General. Por más de ocho días, el vigilante fue sometido a seguimiento y vigilancia por miembros de la Policía. También se lo hizo con varias "fuentes humanas" en Quito y Guayaquil, y dieron información en el sentido de que "internos del Penal García Moreno y de la Penitenciaría del Litoral, cuyas condenas por cumplir son extensas, tienen planificado atentar contra miembros del Partido Social Cristiano, a fin de aplacar las leyes que estos patrocinan en contra de los reos". La información menciona los nombres de 22 reos sospechosos en los dos recintos carcelarios, pero además se menciona que esta organización delictiva habría contratado sicarios colombianos para llevar adelante los atentados. Y se mencionan los nombres, antecedentes y ubicación de tres presuntos sicarios. La información también detalla los nombres de otros 18 sospechosos, delincuentes, dicen, que están en libertad planificando los hechos.

La información menciona los nombres de 22 reos sospechosos en los dos recintos carcelarios, pero además se menciona que esta organización delictiva habría contratado sicarios colombianos para llevar adelante los atentados.

La información agrega que "el blanco escogido entre los miembros del Partido Social Cristiano sería la diputada Cynthia Viteri, presidenta de la Comisión de Asuntos Civiles y Penales del Congreso Nacional, en razón de que ella se opone al Art. 24, numeral 8, que favorece a los mencionados reos, teniendo planificado asesinarla en la ciudad de Quito o secuestrar a sus hijos a fin de ejercer presión sobre ella". Las informaciones detallan los seguimientos durante todo el mes de octubre al miembro de la CTG y a otras personas sospechosas de diversos robos o asaltos que pudieran estar involucradas en la planeación de los atentados.

El último reporte es del 18 de noviembre del 2003, un día antes de la masacre. Dice: "mediante llamada telefónica la fuente indica que a las 07H30 del 19 de noviembre  va a esperar para indicar el sitio donde frecuenta el delincuente Marcos Castro Carpio, alias El Marino, que sería una invasión del Cerro Colorado junto a la ciudadela Las Orquídeas. Castro Carpio estaría asociado con delincuentes de alta peligrosidad que en ese sector tendría guardadas las armas usadas para los atracos. En días anteriores esta banda ha causado heridas a varias personas en ese sector".

Sobre estas novedades se hicieron conocer oportunamente al Comandante General, dice González, "quien supo manifestar que se continúe con trabajo de investigación  en torno a estas bandas delictivas, y principalmente en el caso de la Sra. Cinthia Viteri manifestó que se mantengan las Operaciones Básicas de Inteligencia, a fin de determinar  y obtener mayor información , para después de que estuviera confirmada la existencia real y plenamente identificados los antisociales, adoptar las medidas pertinentes".

Bravo 4, solicito una ambulancia

Así que el mayor González y un grupo de efectivos de inteligencia de la Policía se ponen en marcha. Decenas de efectivos del GIR y de Inteligencia para capturar a un solo hombre. Previamente, el oficial había dispuesto al jefe de control del GIR, de Guayaquil,  el envío de efectivos especializados a la Policía Judicial del Guayas. El entonces capitán Edwin Noguera, en esas funciones, dijo que "a las cuatro y media de la mañana recibí la llamada telefónica y disposición de mi mayor Eduardo González, que se envíen dos equipos hasta la Policía Judicial del Guayas, para un operativo en Las Orquídeas, las mismas que tenían que estar a las seis y media de la mañana en la Policía Judicial. Designé a los dos equipos que se encontraban de emergencia: un señor oficial, nueve miembros de personal, para que se trasladen al mando del señor subteniente Douglas Yépez en dos vehículos de la unidad, que son un Rodeo blanco y un Rodeo plata perteneciente a la unidad".

Hay una serie de cabos sueltos de por qué González termina estacionado en La Alborada, dice Albán. Supuestamente, dice el oficial, y lo mismo dice su chofer y otro agente, que González vio a lo lejos un vehículo de color blanco y determinó que era robado, y la forma en que determina que era robado, dice, es porque las placas de identificación no coincidían con el número grabado en las ventanas. ¿Cómo ve él el número grabado en las ventanas? es una cuestión que sigue sin esclarecerse. Supuestamente por eso siguieron al vehículo blanco, este se detiene en la farmacia Fybeca, dice que se bajan unas personas e ingresan a la farmacia.  González dice que se da cuenta que estaban armados, dispone que su personal, que estaba supuestamente en camino a Los Vergeles y que el personal operativo del GIR, que iba a apoyar en la captura de El Marino lleguen todos hasta Fybeca. No está claro cómo es que este hombre tiene en su cabeza el listado de todos los vehículos robados del país, hay una serie de cosas que no cuadran.

Entonces someten a todo el mundo y lo aniquilan. Aquí hay una discusión sobre si hubo un intercambio de fuego, no hay evidencia técnica alguna que permita afirmar que hubo intercambio de disparos.

Luego llega el resto del personal policial a la escena. Primero se hacen presentes dos flechas –así llaman a las patrullas operativas- de inteligencia y bloquean la zona, luego llegan dos patrullas del GIR, el personal se baja, ya afuera el personal de González había acribillado a los dos que estaban en el vehículo blanco, ingresan a la farmacia, el primero en entrar es el comandante del escuadrón del GIR, Douglas Yépez y él afirma que había una persona que tenía una granada en la mano, le descarga su arma y el individuo supuestamente lanza su granada. La lógica era que si  lanzó la granada todo iba a estallar, el resto no iba a entrar, sin embargo el hombre lanza la granada con el seguro puesto.

El GIR ingresa por los dos flancos de la farmacia, y aparentemente lo que ocurrió es que a todo aquel al que vieron de pie le dispararon. Esta es la conclusión que se puede extraer de las explicaciones de los propios actores, porque ellos aseguran que no dispararon a la gente que estaba sometida en el piso. Según la acusación particular, sometidos en el piso  no había nadie. Había: empleados de la farmacia escondidos en la parte de arriba; empleados de la farmacia llevados supuestamente por los propios asaltantes, había los “asaltantes” y los esposos de las defendidas por Albán: Carlos Andrade, un pastor evangélico que entró a comprar pañales para su hija de un mes de nacida, y Gime Córdova, empleado de la farmacia que ya había cumplido su turno pero se había quedado entregando cosas, iba de salida, y la mala suerte… Entonces someten a todo el mundo y lo aniquilan. Aquí hay una discusión sobre si hubo un intercambio de fuego, no hay evidencia técnica alguna que permita afirmar que hubo intercambio de disparos.

De los cadáveres levantados al interior de la farmacia solamente uno dio positivo al barrido de parafina, ningún otro había siquiera empuñado el arma, sin embargo apareció una serie de armas junto a los cadáveres. También junto a la mano de Carlos Andrade, al cual adjuntaron una granada. Pero todos supestamente eran delincuentes y uno había aparentemente activado su arma o fumado un tabaco, porque en esa época solo había la prueba de parafina y había una serie de cosas que podían arrojar los nitratos propios de la pólvora, como el uso de una colonia o el cigarrillo. Pero uno sí dio positivo.

No hay impactos en paredes, no hay daños en perchas, no hay un vidrio roto… Pero lo que sí hay son los cadáveres de las personas fallecidas. Todos presentan más de un disparo, el que menos presenta es dos disparos, el que más presenta recibió 13 disparos. Los cadáveres tienen todos además el signo de Romanese. Este signo implica que la persona colocada ya contra el piso se le hace un disparo a corta distancia, y la bala, que impacta contra el piso atraviesa a la persona, genera una señal particular, un tatuaje particular en el impacto, que se llama así.

Además la trayectoria de las balas son de arriba hacia abajo, todas en modalidad de ejecución; la mayoría de las víctimas presenta impactos en espalda y cuello, como que hubieran estado boca abajo. Se dispara un montón de proyectiles, pero dentro de la farmacia se recoge solamente cuatro casquillos. Termina todo el operativo en sí y quienes entran a la farmacia son los agentes de González, y el personal de González llega a exigir a los empleados que entreguen el video de seguridad, que los empleados que salgan de la farmacia y luego y, esta es teoría de la acusación particular, "se dan modos para destruir la escena y sembrar evidencia en manos de los caídos y decir que eran una banda de delincuentes".

La Policía también concluyó en su propio informe, en el 2003, que solo dos ejecutados dieron positivo en la prueba de parafina, pero el informe duda si esas muestras corresponderían efectivamente al uso de las armas por parte de los abatidos.

Las evidencias: lo primero es que no existe una demostración directa de que los caídos hubieran empuñado las armas, lo segundo es la desaparición de los casquillos, lo tercero es la desaparición de proyectiles, lo cuarto es el traslado de los cuerpos: cuando entra la PJ a la escena ya los cuerpos habían sido movidos del lugar y esto se confirma por qué había rastros de sangre que evidencian cómo se les había arrastrado de un sitio a otro. Hay alteración de la escena.

Esos datos ya fueron señalados por el propio informe de la Policía Nacional un mes después de la masacre. La Inspectoría General hizo una investigación, por orden el entonces comandante Jorge Poveda, y entre otras conclusiones se determinó que: "Existe mal procedimiento policial en el sometimiento de la banda delincuencial y de las personas ajenas a esta, abatidas en el lugar de los hechos, por las circunstancias de sus muertes, como sin esfuerzo alguno se interpreta de los protocolos de autopsia e informe técnico de Criminalística sobre la trayectoria, distancias y evidencias de los cadáveres de José Vicente Cañar, Jasmany Alexander Rosero López, Raúl Javier Salinas Chuamacero (peruano), Miguel Ángel Quispe Portilla (peruano), Carlos Germán Andrade Almeida, Guime Elizandro Córdova Encalada, Richard Gonzalo Tello Jácome y Henry Germán Aguiar Vargas (...) resaltando que la proyección de los impactos es de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha en casi la integridad (sic) de los casos, que se corroboran con las fotografías de cada una de las víctimas que se encontraban de espaldas, con el dorso al piso, con excepción de cuatro de ellas".
La Policía también concluyó que solo dos ejecutados dieron positivo en la prueba de parafina, pero el informe duda si esas muestras corresponderían efectivamente al uso de las armas por parte de los abatidos.
El informe policial cuestiona también la tesis del enfrentamiento, que dio González en el parte informativo, y luego de cruzar las distintas versiones, concluye que "en el local del asalto no existen daños materiales que reflejen tal enfrentamiento (...), ninguna de las evidencias encontradas en los cadáveres, como teléfonos celulares, cédulas de identidad, credenciales, tarjetas, estampas, fotos y otros se encuentran destruidas, perforadas o manchadas por efecto del enfrentamiento". Este informe policial, hecho el mismo año 2003, llega a las conclusiones con las cuales l actual Fiscalía enjuicia a los policías autores de los presuntos asesinatos.

Un testigo clave

A lo largo de todos estos años ha habido contaminación de los testigos. Se ha denunciado hostigamiento a los empleados que estuvieron en la farmacia aunque no haya presenciado los hechos. Hay un testigo protegido que resulta herido en el contexto del tiroteo, el cual resultó herido y va a ser el testigo clave de la acusación particular, porque es un empleado de la farmacia que estaba presente en la escena y que dieron por muerto, pero no estaba muerto. Está protegido en este momento y Pablo Albán va a pedir su testimonio de manera anticipada. Voy a pedir que lo reciban en cámara de Gesell, anuncia, solamente con la presencia de los abogados de las partes, sin la presencia de policías y público, para protegerlo. En buena lógica, dice Albán, una vez que haya rendido su testimonio es sacarlo del país.  Este testigo ha existido desde el comienzo, ya declaró y su testimonio no fue tomado en cuenta en el juicio de fuero policial.

Este caso se acaba en esto, porque no se está debatiendo el tema de las desapariciones. La Fiscalía decidió, en el momento que se iba a dar la instrucción por los asesinatos, dividir los dos casos. Dejó abierta la indagación previa por el tema de las desapariciones, porque como es un delito continuado no caben prescripciones, y abrió la instrucción solamente por los asesinatos.
La testigo central de la desaparición de las cuatro personas, o de al menos tres personas o quiere hablar, tiene miedo. En realidad son cuatro los desaparecidos. El  cuarto es hermano de una de las víctimas mortales, José Vicente Cañar. Se trata de Darwin Cañar. Su madre ha estado empujando el proceso y más de una década después relató que su hijo está desaparecido el mismo día, luego de haber acompañado a su hermano.

Hay un testigo protegido que resulta herido en el contexto del tiroteo, el cual resultó herido y va a ser el testigo clave de la acusación particular, porque es un empleado de la farmacia que estaba presente en la escena y que dieron por muerto, pero no estaba muerto.

Cuando se hizo la diligencia de reconstrucción de los hechos, antes no se había hablado de este desaparecido. Sí se ha hablado de los otros tres, el más notable es Johnny Gómez Balda, porque es esta persona que el fotógrafo Martín Herrera, cuando Erick Salinas lo está conduciendo a uno de los vehículos. Salinas dice que él lo entregó y que en adelante no sabe más. Una de las personas sobreseídas en el contexto de este proceso es un señor que se llama Yodel Angulo Medina. Era chofer de una de las patrullas de inteligencia y era el conductor de este vehículo donde se llevan varias personas.  La acusación particular considera que, en el contexto de la otra investigación, ellos verán qué información podrá dar. Y si condujo el vehículo, a dónde se dirigieron.

Respecto de los desaparecidos hay un problema serio, dice Albán. La testigo central es la única persona que fue llevada con ellos, la condenada por robo agravado. Ella básicamente tiene mucho miedo de declarar. Ella cree que si declara alguien va a hacer algo en su contra. Sin embargo, en declaraciones anteriores en otros procesos, rendidas por ella, dio cuenta de que por lo menos hasta la media noche del mismo día de los hechos, ellos estaban con vida. Ella les prestó su celular para que hicieran llamadas telefónicas, ella escuchó cómo rogaban que no les maten. Todo esto dentro de las investigaciones de la Policía Judicial. Parte de lo que la parte acusadora especula ahora es lo que va a pedir a la Fiscalía: una diligencia en la Policía Judicial en Guayaquil, para saber si los cuerpos de las personas desaparecidas estén sepultados en la propia PJ.

ENTREVISTA
JUAN PABLO ALBÁN

Juan Pablo Albán es procurador de dos de las Dolores. Es director de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco, de Quito.

El general Jorge Poveda se pregunta por qué lo acusan de cómplice y tiene ahora acusación particular, cuando nunca fue mencionado en los procesos de fuero policial.  Es una elucubración, dice, que por una orden que haya dado sea considerado corresponsable de esto: es el mayor González quien tiene que responder, que es un trofeo.
La prueba se va a producir en juicio. Es decir, lo que debía existir a efectos de que el juez resolviera llamarle a juicio en calidad de cómplice, era tener indicios graves sobre su participación en el hecho, pero la prueba se producirán en el juicio y si ahí no logramos producir la prueba, que ya existe, entonces, el tribunal de garantías penales de la Corte Nacional tendrá que absolverle. Él sigue siendo inocente hasta que se acredite que es culpable. Eso dice nuestra Constitución y los tratados de derechos humanos.

Segundo. Él está señalado como cómplice, no como autor. En la legislación penal ecuatoriana y ahora que entró en vigencia el COIP va a ser igual, cómplice es una persona que contribuye con acciones, anteriores o simultáneas, al delito que perpetra otra. Es el cómplice secundario, lo llama la doctrina,  o el accesorio, propiamente dicho, porque en otros países cómplice es también la persona imprescindible para completar el proceso delictivo. Yo en lo personal y no tengo ningún problema de decirlo, yo creo que de hecho  el general Poveda es autor, porque en la legislación penal vigente al coadyuvante principal se le reputa autor. Y para mi nadie, salvo el comandante general de la Policía, podía dar la orden de traslado; nadie, salvo el comandante general de la Policía podía disponer al comandante de brigada, al de distrito, al jefe de la PJ, que  asigne personal, vehículo, armas... Él dispone que presten todas la facilidades necesarias a González, y dispone que González se traslade y González afirma, y Poveda no lo negó, que rendía partes verbales al Comandante General de lo que dizque hacía en Guayaquil. Entonces, desde que González le daba explicaciones, Poveda algún nivel de participación habrá tenido. Ahora, nos dirá Poveda que González lo engañó, yo fui engañado de que él iba a investigar lo de Nebot y no fue así. Bueno, pero esa no es una respuesta aceptable de un Comandante de la Policía. Finalmente sin su participación, González no hubiera llegado a Guayaquil y estos hechos no hubieran ocurrido. Para mi él es un cómplice principal, por lo tanto un autor, acreditaremos que lo es, o el tribunal dirá que no lo es. Eso está por verse. Por tanto eso de que él es el trofeo es realmente discutible.

Con una justicia totalmente subordinada, no era de esperar que el Comandante General fuera sometido a proceso por el fuero policial.

Pero a él no se lo imputó nunca...
En las anteriores investigaciones, a pesar de que se sabía que Poveda dio la orden de traslado, no se lo investiga precisamente porque no se quería indagar la responsabilidad del Comandante General. Hay que tomar en cuenta cómo funciona la justicia de fuero. En la justicia de fuero policial eran jueces que tenían que ser oficiales de la Policía, que eran nombrados por el Ministro de Gobierno, a pedido del Comandante General cuyos honorarios eran regulados por el Ministro, bajo indicaciones del comandante. Con una justicia totalmente subordinada, no era de esperar que el comandante fuera sometido a proceso por el fuero policial y si a eso le sumas que en las dos investigaciones que hubo en el fuero ordinario, que concluye la una en archivo y la otra en condena  para una persona que nada tenía que ver con los asesinatos, ahí no se iba a investigar la conducta del comandante general. Creo que el señor general Poveda debe entender que él sí tiene un rol importante en cómo ocurren los hechos. Si se demuestra que él actuó por negligencia, por impericia, como no hay complicidad culposa, que exige un componente de dolo, entonces el tribunal le va a absolver. Pero en el interín, mientras no hayamos pasado la prueba y hayamos determinado qué naturaleza de dolo o culpa tiene su actuación en este hecho, para nosotros, por lo menos como acusación particular, él es un componente clave sin cuyas acciones González no llegaba a Guayaquil.

¿Y cómo lo piensan probar?
Nosotros hemos anunciado que vamos a hacer valer declaraciones testimoniales, material documental, vamos a rescatar declaraciones rendidas por el propio Poveda y de Nebot en la época de los hechos, a pocos días de haberse perpetrado los asesinatos en la farmacia al diario El Universo. Para eso vamos a llamar a los periodistas que escribieron esas notas, la Fiscalía planeaba llamar a Nebot, se armó un escándalo y todo el mundo decía que se le va a culpar, no, es para que Nebot diga que si él pidió a Poveda que traslade a González, si pidió o no a otro que no sea Poveda que se asigne personal especial para que investiguen el supuesto atentado contra él y él afirma que no fue así. Además vamos a presentar documentación que acredita cómo fue moviéndose en distintos momentos González y cuál era la vinculación que González mantenía con el Grupo de Intervención y Rescate y hay que acordarse de que el señor general Poveda también fue comandante del GIR. Si lo miramos en retrospectiva, nadie discute que el general Poveda tuvo una actuación muy honrosa al final del gobierno de Lucio Gutiérrez, que presentó su renuncia antes que lanzar la Policía a los ciudadanos. Ni mucho menos nosotros pretendemos atentar contra la honra del general Poveda, pero tampoco pretendemos que el hecho quede en la impunidad porque es un general de la Policía. Es un sinsentido. Vamos a aportar la prueba, vamos a solicitar declaraciones testimoniales y demás y se determinará su participación. Porque él no discute que lo trasladó, no discute que recibía partes, no discute que dispuso que se le entregue facilidades y personal a González, lo que habrá que determinar es  por qué. Eso es lo que todavía a esta altura no nos dice él. Dónde está la constancia de las investigaciones sobre el atentado contra Nebot.

Si hay esa prueba, si se demuestra que González fue trasladado para esa actividad de investigación, se daría la razón al general Poveda?
Si se acredita que efectivamente González había sido trasladado con ese exclusivo propósito, desde luego pues que él está excediendo las órdenes que le emitió el general Poveda y él ya no tendría nada más que ver en este caso. Que es la historia que nos cuenta el abogado de Poveda.

¿Cómo se involucra usted en el caso y por qué con Las Dolores?

Soy el abogado de la acusación particular de las Dolores, menos de Dolores Guerra, que en este caso no está actuando como acusadora porque aquí no se está juzgando las desapariciones.  A raíz de que el Consultorio Jurídico gratuito de la Universidad San Francisco empezó a recibir la visita de varias de las víctimas de algunos de los casos documentados en el informe de la Comisión de la Verdad, entre los propios movimientos de víctimas se regó la voz de que aquí estábamos en disposición de ayudarles como abogados en las indagaciones previas. Tomaron contacto conmigo, no solo ellas, sino también Billy Navarrete y cuando ya se supo que entre las personas que se iba a imputar se encontraba una persona con fuero, porque hasta esas alturas yo no había aceptado y no lo había hecho porque era una carga muy gravosa para nosotros atender un caso en Guayaquil, que era lo que se pensaba ocurriría. Cuando se determina que habrá un imputado con fuero de corte nacional, decidimos tomar la defensa de ellas. La hemos tomado junto con el doctor Estévez, él no está excluido del proceso. Le siguen notificando, ha dado sus opiniones... En esta fase de acusación él no ha querido participar. El sostiene que este proceso es un saludo a la bandera y lo que hay que ir es a la CIDH a exigir que se avance con el trámite de una denuncia que ya se presentó, ahora es importante también que se sepa que esa denuncia aún no ha sido admitida  a trámite. Lo que hubo fueron unas medidas cautelares, y frente a este pedido la Comisión no las dio pero emitió una comunicación al Estado solicitándoles que investigue los hechos. La CIDH tuvo pleno conocimiento de que no estaban agotados los recursos de jurisdicción interna y por eso no había tocado ese trámite. La CIDH no ha dado traslado al Estado sobre el caso y esa esperanza que tiene el doctor Estévez es a largo plazo. Una espera de seis a siete años.

Parte de la argumentación de los procesados fue el juez se declare incompetente para que ayude a las señoras a tramitar su aso internacionalmente, o sea, niegue justicia. No le tengo mucha confianza a este sistema de justicia, pero la realidad es que si este esfuerzo se hace bien, que es un esfuerzo legítimo.

En este punto tengo dudas sobre el tema de la extradición, no porque no se vayan hacer las gestiones sino por cómo vaya Estados Unidos a acoger el pedido.

González está en EE.UU. y todo el mundo lo sabe, pero no se hacen esfuerzos por traerlo...
Entiendo que la Fiscalía ya ha iniciado las acciones tendientes a pedir la extradición. En la audiencia preparatoria de juicio ya solicité eso de modo verbal al juez Blum. Aquí hay un elemento importante y es que no solamente que Gonzalez está allá sino que tiene tiene una tarjeta de residente en EE.UU. La pregunta es si ese país querrá retirarle la residencia entregarlo. Sobre todo si lo logran detener. Normalmente un oficial que no llega a los altos mandos, y aún llegando a los altos mandos, es muy raro un oficial de la Policía con fortuna, el oficial González tiene mucho dinero, tiene empresas aquí, tiene empresas allá, él es dueño de una empresa de seguridad en el Ecuador y quien se la gerenciaba es nada menos que uno de los imputados. En este punto tengo dudas sobre el tema de la extradición, no porque no se vayan hacer las gestiones sino por cómo vaya Estados Unidos a acoger el pedido. Está pedida la extradición del general Edgar Vaca y EE.UU. no se pronuncia. Y eso que ingresó como turista, violó los términos de su permanencia legal y aún sigue allá y no creo que tengan intenciones de entregarlo. Desde el punto de vista procesal ocurrirá que el juicio se suspende en lo que a él respecta hasta que sea capturado. Dado que se trata de delitos contra los derechos humanos, estos son imprescriptibles, o sea queda latente pero no es lo ideal que vayamos al juicio sin el autor intelectual de los hechos. El principal responsable es él, desde el punto de vista de la planeación del hecho, de su autoría intelectual, quien tenía además el dominio de la voluntad de hacerlos sino también del acto.
Si González no aparece eso no detiene el tema de las responsabilidades individuales de los otros perpetradores, sobre todo de aquellos que empuñaron las armas. Tal vez se podría dar una discusión en torno al personal que trabajaba directamente bajo el mando de González, el personal de Inteligencia, tomando en cuenta que ellos recibían órdenes suyas y sí podría complicarse acreditar la responsabilidad de ellos. Tomando en cuenta que este grupo no era una banda sino un grupo regulado por la Fuerza Pública, distinto sería que tuviéramos un aparato organizado por el poder para  perpetrar crímenes. Puede ser problemático pero no tampoco en torno a Poveda, porque la responsabilidad de Poveda tiene que ver con sus propias actuaciones, no está condicionado a las acciones de González, sus acciones son anteriores a los actos de González.

¿Lo que se quiere demostrar es que hubo una política institucional de abuso de derechos humanos?
Por lo menos en el caso de la acusación particular, la intención no es esa. Es acreditar lo ocurrido en el contexto del caso específico. No estamos ni mucho menos sugiriendo que existiera un criterio de sistematicidad en la comisión de estos crímenes, por lo menos no para esta época. Estamos hablando del 2003, sin embargo, yo no descarto que justamente lo que facilitó este delito y otros emblemáticos fue la pervivencia en las filas policiales de ciertas estructuras particulares. Creo que la muestra más interesante de esto es cómo Edgar Vaca Vinueza era un oficial cualquiera, que estaba a cargo de una unidad secundaria, era la Unidad de Inteligencia Antisubversiva, que luego pasa a ser la UIES en la época de Febres Cordero, y a pesar de que se determinó todo lo que hicieron, el hombre llega a Comandante de la Policía. Creo que la pervivencia de ciertas estructura facilita la comisión de crímenes, pero yo no voy a afirmarlo en el juicio porque no tengo pruebas de que así sea, que huía sistematicidad o existían escuadrones de exterminio al interior de la policía. Que esto es un hecho que podría calificarse como un acto de limpieza social, sí, que fue una práctica de la Policía, no estoy preocupado de probar eso, quiero demostrar este caso puntual, sí me llama la atención que González hubiera participado en tantos operativos y que en estos tuvieran como resultado 5 muertos, 8 muertos, 12 muertos, justo en sus operativos, pero no era siempre el mismo personal el que trabajaba con él, y por ahí se puede ir desarmando la teoría de que había una estructura de exterminio en la Policía.

Entrevista

GENERAL JORGE POVEDA

La Fiscalía no ha presentado una sola prueba

El general Poveda tiene fama de hombre severo, y con una dilatada hoja de servicios al país. Cuando fue vinculado por primera vez a este proceso, luego de más de 10 años, no pocos habían de recordar que él fue el Comandante de la Policía que presentó su renuncia al presiente Lucio Gutiérrez, durante las protestas de los llamado Forajidos. Poveda se negó a seguir al mando cuando las órdenes para reprimir violentamente a los manifestantes empezaron a fluir directamente desde Carondelet, pasándose por encima al Comandante General de la Policía, que había mantenido el principio del uso progresivo de la fuerza. Esa decisión fue, para algunos analistas, la que determinó en buena medida la caída del Presidente, ya que las tropas policiales quedaron sin mando y en la incertidumbre. Fue una señal inequívoca del desmoronamiento de ese gobierno. Así lo reconoció el propio fiscal general Galo Chiriboga, en la audiencia en la Corte Nacional.

Pero Poveda tiene otras cosas que mostrar. Fue el creador y fundador de los equipos de fuerzas especiales de la Policía, que derivaría en el Grupo de Intervención y Rescate, GIR. Fue presidente del club deportivo Espoli y presidente por cuatro años de la asociaciónde clubes profesionales de Pichincha, AFNA. En su hoja de vida consta la serie de capacitaciones, cursos especializados, felicitaciones, diplomas a la eficiencia y conducta policial.


Junto a su familia, en la casa de San Carlos. Su hija, en el extremo izquierdo, ayuda al general con el caso.

Campeón de tiro y atletismo, representó al país en varias ocasiones. Hizo cursos en Francia y Estados Unidos en lucha antiterrorista y fue parte de las fuerzas especiales que combatieron a la guerrilla urbana de Alfaro Vive Cae rajo. Galo Miño, el capitán que murió por un disparo en uno de esos enfrentamientos, fue el más cercano camarada de armas del entonces capitán Poveda. Según su hoja de vida, en toda su carrera policial tuvo seis arrestos, cuatro de ellos al inicio de su carrera por "no cumplir sus obligaciones" y uno "por arbitrario". Su última sanción fue en 1985 en el grado de capitán. Su evaluación promedio en su carrera fue de 19,5, tanto en desempeño como en conducta.

Mientras fue comandante de la Policía dirigió el proceso de reforma policial para reestructurar a una institución que había caído en el desprestigio, y con graves problemas institucionales y de personal, como evidenció el diagnóstico que él y otros altos oficiales presentaron al país.

El general Poveda vive con su familia en una casa sencilla en el sector de San Carlos, al noroccidente de Quito. Su única actividad en su retiro es la administración y producción de una finca mediana en la zona de La Concordia.


Poveda, a la izquierda, en una práctica de las nóbeles fuerzas especiales de la Policía Nacional, de las cuales fue su fundador.


En el desfile de la Mama Negra, mientras fue Comandante General de la Policía.

La defensa del excomandante calificó como "injurídica, política y nefasta su vinculación al caso. Su argumento se resume en que el tema de la investigación de un posible atentado al alcalde Nebot y al general Cuvero nada tiene que ver con el operativo en la farmacia Fybeca. El argumento de la Fiscalía y la acusación particular para esa vinculación es que lo uno condujo a lo otro. La defensa de Poveda dijo que el general conoció y actuó en el caso de investigación al posible atentado "ordenando verbalmente el traslado legal y reglamentario, en fiel cumplimiento y desempeño de su obligación legal, administrativa y moral, en comisión de servicios la mayor González (una persona, no un grupo) para que realice labores de inteligencia, es decir de investigación, desde Esmeraldas a Guayaquil; única y exclusivamente para investigar un posible atentado en contra del Ab. Nebot y el Gral. Cubero. Jamás dispuso que el Mayor González realice ningún oprativo, peor aun conforme un grupo especial antidelincuencial para que actúe al margen de la ley en Guayaquil". El caso terminó, dice la defensa de Poveda, cuando no prosperó el posible atentado. Y otro caso distinto es el operativo en la farmacia. "Es una actuación del Mayor González pro decisión propia, bajo su comando y su entera responsabilidad, quien no dio aviso a ninguna autoridad superior de la cadena de mando (según sus propias versiones  rendidas ante la Fiscalía por encontrarse en desarrollo de un delito flagrante). El comandante general Jorge Poveda jamás dispuso ni ordenó el operativo Fybeca. No dispuso ni autorizó al Mayor González la realización de ninguna otra actividad que no sea la investigación del posible atentado contra el Ab. Nebot. Nunca dispuso la conformación de grupo irregular alguno, ni en este ni en ninguno otro caso. Jamás sus actuaciones han estado al margen de la ley.

De la investigación policial resulta el informe que ha servido de base para las acciones legales pertinentes emprendidas en su momento y hoy por el Fiscal General.

Una vez conocidos los hechos actuó de manera inmediata y diligente, realizando toda cuanta acción administrativa correspondía para que este caso no quede en la impunidad. Dispuso, de manera inmediata la investigación por parte del Inspector General de la Policía con la concurrencia de fiscales de la justicia ordinaria en Guayaquil. De esta investigación resulta el informe que ha servido de base para las acciones legales pertinentes emprendidas en su momento y hoy por el Fiscal General. El resultado de esta investigación fue puesto en conocimiento, por orden del General Poveda, del Ministerio de Gobierno, del Sistema de Justicia Penal Policial (Segunda Corte Distrital), ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, la Justicia Ordinaria y los Medios de Comunicación".

¿Usted ordenó el traslado del mayor González desde Esmeraldas a Guayaquil, cómo fue el procedimiento?
Inteligencia de la Policía y el mismo jefe de Estado Mayor me dicen que se fraguaba un posible atentado contra el alcalde Nebot en la ciudad de Guayaquil. Eso me avisan verbalmente, pero como es un asunto delicado eso no se hizo público. Y el general Cuvero me dice que por qué no mando al mayor González, que se encontraba en Esmeraldas, para que él realice este trabajo de investigación. ¿Por qué González? Porque él ya conocía el medio, había trabajado en Guayaquil y él sabe del tema. Y se acabó. Y eso está corroborado por datos de prensa. Nunca se llegó a consumar el atentado, pese a que hay un documento notariado que este mayor ha notariado, que nos dio a nosotros el propio abogados de la defensa nos hizo llegar. Dice que había una grabación en donde un sicario junto a delincuentes colombianos pretendían atentar contra Nebot. Recién conozco ese documento. Nunca se llegó a consumar el atentado, se acabó, y entonces aparece el caso de la farmacia Fybeca. Aquí intervengo yo. Doy la disposición como corresponde. Y el fiscal dice que el traslado del mayor González de Esmeraldas a Guayaquil es ilegal. No es así, por ningún concepto, porque estoy trasladándolo amparado en la Ley orgánica y la Ley de Personal y el reglamento de disciplina de la Policía Nacional.

¿Hay alguna prueba objetiva de lo que dice la Fiscalía?
Esto no tiene que ver con los crímenes de Fybeca, es una asociación especulativa. Por eso es que en su acusación, el fiscal no tiene ningún elemento de convicción, para que exista la prueba. No existe la materialización del hecho. No existe vínculo causal.  En el caso, él, en sus versiones, en la Fiscalía, en la Inspectoría en Guayaquil, en la Inspectoría en Quito, y todo obra del proceso, él dice que delito fragante. Y le pregunta la fiscal: ¿usted por qué no dio parte a sus superiores? Cómo va a dar parte, si es un delito flagrante. Si González dice que fue un delito flagrante, primero no lo conoció nadie, por favor. El actúa por cuenta y riesgo suyo. En otra declaración dice que fue un hecho circunstancial. Otra cosa, eso se fragua a la madrugada y entonces el comandante general probablemente estaba durmiendo o vistiéndose para ir a su trabajo a 400 kilómetros de distancia. No se puede decir que castigado, pero yo le tenía a ese señor en San Lorenzo porque allá se manda a la gente que ha cometido alguna irregularidad.

¿Tuvo alguna relación anterior con González?
No tengo nexo alguno con este señor. Es como cualquier oficial. Va a Guayaquil y hace el operativo. Ahora, a quién se le puede ocurrir, y eso me duele como ser humano, como ciudadano, que haya ordenado que maten a la gente, por Dios. Que si hay responsables que sean castigados.  Cuando recibo la llamada informándome de los hechos, estaba con mi hermano Juan, y de inmediato llamo a Édgar Vega, general Inspector de la Policía, a que se vaya a Guayaquil. Fue antes del fin de semana, le pido que vaya con todo el  equipo a investigar lo que ha pasado. Me llama el lunes y me comenta que el tema estaba complicado. Y me dice que se va a quedar toda la semana para las investigaciones, yo autoricé eso. Mandé equipo de apoyo, mandé abogados, al doctor Dueñas. De ahí nace un informe, ese informe lo hago yo. El Fiscal debiera agradecerme que gracias a ese informe la Comisión de la Verdad conoció de los hechos, porque no tenían nada. El informe señala claramente que el mayor González no cumplió las órdenes del comandante general, porque sus órdenes eran investigar la posibilidad de un atentado contra Nebot y quiénes estaban detrás de eso. Ël su informe dice eso, pero el Fiscal no toma en cuenta nada eso. De todos los acusados, 31 personas, nadie dice que el general Poveda ordenó esto, porque ellos pudieron acogerse a que cumplían órdenes del superior. Nadie ha dicho que actuaron en cumplimiento de una orden del general Poveda. Esta es una infamia terrible, que va a marcar una cosa macabra para la justicia ecuatoriana, porque lo que buscan es tener como trofeo al general Poveda y habrá que ver quién está detrás de eso. Imagínense lo que lograrían con un titular que diga que Fiscal logró sentencia en el caso Fybeca a los 11 años, ex comandante general de la Policía sentenciado a 12 años ¿qué tal? Es un trofeo de guerra para ellos. A ellos no les importa el ser humano, no les importa nada. Yo mismo fui de los que me molesté e indigné por el caso Fybeca, fue un caso que conmocionó la país. Actué inmediatamente, hice el informe, hice conocer a la fiscal Mariana Yépez, al ministro de Gobierno Felipe Mantilla, a los derechos humanos, ¿usted cree que si hubiera tenido un ápice de participación en este hecho yo mismo me hubiera puesto la soga al cuello? Ellos quieren elucubrar que la ida del mayor González a Guayaquil fue para que sucedan los hechos del caso Fybeca, y ¿dónde están las pruebas de eso? En Derecho se tienen que mostrar pruebas, entonces, ahora para saciar apetitos no sé de quién, no se puede actuar de esa manera. Solo con mencionarme en ese caso ya están atentado contra mis derechos y mi dignidad. El daño a la honra, mi buen nombre y mi reputación ya está hecho. ¿Qué decir del nuevo sistema de la justicia en el Ecuador? Cuando no se han valorado las pruebas de descargo, cuando se me acusa con el mismo informe que ordené se hiciese inmediatamente suscitados los hechos. Los resultados de ese informe y del informe pericial sirvieron como pruebas para las determinaciones contra los implicados en este caso, yo con total transparencia les di el curso legal respectivo.

Que se declare contra Jaime Nebot

El general Poveda está molesto. Se le nota en los ojos. Luego de la vinculación tuvo un deterioro grave de su salud y por recomendación médica fue "desconectado" del caso. Pero quienes lo conocen saben que eso es imposible. En uno de sus comunicados denunció un hecho que no ha tendido la respuesta del Ministerio del Interior: "La Fiscalía y las autoridades callan ante graves denuncias presentadas por varios de los policías implicados en el caso Fybeca, respecto de que se les ofrecía sacarles del caso, a cambio de que falsa y dolosamente se involucre al general Poveda y al Abogado Nebot en este caso y se asevere que las dos personas, en complot, conformaron grupos de limpieza antidelincuencial en Guayaquil".

Una de las denuncias presentadas en la Fiscalía. Los nombres de los tres policías involucrados han sido pixeleados por Plan V mientras dure la investigación.

Poveda Flores se refiere a las dos denuncias que dos abogados ingresaron a la Fiscalía Provincial del Guayas el 20 de marzo del 2014. Está firmadas por los denunciantes, el oficial de la Policía Douglas Yépez, involucrado en el caso como uno de los jefes del operativo. En la denuncia Yépez se presenta como ecuatoriano, de 38 años de edad, soltero, de profesión policía en servicio activo... El oficial denunció a los miembros de la Policía Nacional: teniente coronel César T. A., capitán Michel  D. B. y cabo Luis G. B. "Es el caso, señor fiscal, dice la denuncia", que el día 4 de diciembre del 2013, aproximadamente a las 19H30, en circunstancias que me encontraba detenido injustamente por segunda ocasión por el caso conocido como Fybeca, en las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate, GIR, de la Zona 8, específicamente en el dormitorio de oficiales, en la segunda planta, habitación 204, del GIR del Guayas, bajo custodia policial del señor Policía Luis Llivi, quien me golpeó la puerta de la habitación para indicarme que me buscaban los señores: Tcrnl de Policía César T. A.; Cap. de Policía Michel D. B. y cabo de Policía Luis G. B.". El oficial detenido refirió que el teniente coronel T. "manifestándome que había ido a verme del gobierno de turno y que era mi única oportunidad para salvarme del juicio del caso Fybeca. Comenzó a explicarme que el gobierno necesitaba que uno de nosotros los detenidos se decida a dar una versión con firma y rúbrica, en la cual se debe acusar directamente al Sr. Jaime Nebot Saadi, Alcalde de la ciudad de Guayaquil, que era él quien había formado un Grupo Antidelinciencial en complot con el Gral. Jorge Poveda, para eliminar delincuentes. Que se diga que Nebot había comprado los jueces en el año 2003, para que absuelvan a los 20 policías del caso Fybeca y por último que se mencione también que el Sr. Nebot acostumbraba a cubrir los gastos de honorarios de abogados de todo policía que en esa época se metía en problemas, y que si nosotros, los detenidos, no aceptábamos declarar acusando al Alcalde Nebot, que el gobierno nos iba a condenar con 25 años de cárcel". El oficial dice que se indignó y que rechazó de plano la supuesta oferta, porque los hombres del GIR "somos gente de honor y así me condenen a 100 años de cárcel no iba a mentir y a faltar a la verdad". Yépez dice en su denuncia que los delegados supuestamente insistieron: "que piense bien, que es mi única oportunidad de salvarme, que el caso Fybeca es un tema político y no teníamos escapatoria y que al Alcalde Nebot ya nadie lo quiere en Guayaquil, que es un político quemado y que no importaba acusar a un individuo que ya ha gobernado Guayaquil tantos años...".

"Tú sabes como se maneja en la actualidad, basta una llamada por teléfono  los jueces cumplen las órdenes del gobierno", le habría dicho el mensajero. El Policía aseguró haberse negado a las condiciones que le habrían puesto para liberarlo del caso.

La otra denuncia es del Policía Héctor Adolfo Fruto Márquez, quien refirió un hecho similar: la presunta visita de los tres mismos policías un día antes, en la UPC del cantón Simón Bolívar, donde se halla detenido, pero en este caso la presunta amenaza fue más directa: que así se consiga el mejor abogado del mundo iban a sentenciarlo a 25 años de prisión, que el juicio es puro trámite, pero la sentencia ya está ordenada. "Tú sabes como se maneja en la actualidad, basta una llamada por teléfono  los jueces cumplen las órdenes del gobierno", le habría dicho. El Policía aseguró haberse negado a las mismas condiciones que le habrían puesto al oficial Yépez: que declare contra Nebot y el general Poveda, de que fueron parte de un complot para formar grupos de limpieza antidelincuencial. "Bueno, piense compañero, analice esta oportunidad que le están dando, mira que son 25 años y de gana vas a acabar tus días encerrado, piensa en tu familia, conversa de esta situación con tus compañeros y si alguno de ellos está dispuesto a declarar en contra de Nebot, todo se arreglará de inmediato", le habrían respondido.

La denuncia está firmada además por los abogados  Freddy Lavayen Coral y Ramiro Román Márquez, este último especializado en derechos humanos y procurador judicial de Pedro Restrepo y Luz Helena Arismendi, padre de los desaparecidos hermanos Restrepo. Los denunciantes pidieron al fiscal del Guayas que practique el reconocimiento del lugar de los hechos, que recepte la versión de los tres policías mencionados que habrían realizado la "oferta", que inicie la respectiva Instrucción Fiscal y que al inicio de la misma requiera la prisión preventiva de los tres policías.

Las investigaciones debieran también mostrar el registro de acceso a la prevención de estos recintos policiales. Ni el gobierno ni la Comandancia de la Policía se han pronunciado frente a esta denuncia.

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