Algo queda claro en estos tres lustros: la justicia y los gobiernos de turno han venido allanado el camino para acciones internacionales contra el Estado ecuatoriano. La historia comenzó el 2 de diciembre de 1998. Ese día Filanbanco pasó a manos del Estado ecuatoriano. La entidad financiera tuvo serios problemas de liquidez, según se dijo oficialmente, por lo cual entró a un Programa de Reestructuración de la Superintendencia de Bancos.

Y aunque dentro del primer año de administración estatal tuvo más de cien millones de utilidades, el gobierno prefirió no reprivatizarlo. Finalmente, luego de algunas malas decisiones gubernamentales, Filanbanco cerró sus operaciones, el 18 de julio del 2001, es decir, durante la administración del presidente Gustavo Noboa. Así que éste puede ser el primer punto de inflexión sobre el polémico caso: ¿finalmente quién quebró al que fuera el banco más grande del país?

En medio de estos 15 años se produjo un hecho controversial: la incautación de más de 900 empresas y bienes del grupo Isaías. Para el gobierno de Rafael Correa, esta jugada significó tomar posesión de activos avaluados en más de 768 millones de dólares –valoración hecha por el propio Estado–, cifra en la cual no se consideran otros negocios e inmuebles de los cuales se desconoce la cuantía que asignó la revolución ciudadana. La justificación para la mega incautación fue solventar la deuda de 661,5 millones de dólares que -según informe de la auditora Deloitte & Touche, de mayo del 2001- había dejado Filanbanco durante su etapa privada.

Esta operación se realizó la noche del 8 de julio del 2008, bajo la dirección de Carlos Bravo, entonces gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Una nota de la agencia internacional de noticias EFE, publicada diez días después, explica el contexto que existía en el país: “La popularidad del presidente Rafael Correa aumentó de 48% a 54% y el apoyo al referendo constitucional de 29% a 32% tras la orden del Gobierno de incautar unos 200 bienes de ex banqueros prófugos en los EEUU, indicó la encuestadora Cedatos-Gallup…”. El mismo reporte de prensa reveló que si bien el 63% de la población aprobó estos hechos, no menos del 59% consideró que la medida tenía la intención de subir la popularidad de Correa e impulsar el 'SÍ' en el referendo para aprobar la Constitución de Montecristi.

Y luego de casi cinco años y medio de estos hechos, aquí están algunos resultados de la administración estatal:

Grupo Ecudos: en el momento de su incautación, la auditoría contratada por la propia AGD valoró el ingenio azucarero del grupo Isaías en 238 571 551 dólares. No obstante, tres años después, el 14 de septiembre del 2011, se remató el 70% de sus acciones por 133 810 875 dólares, es decir, hubo una pérdida de 33 189 210 dólares. Pero eso no es todo, casi un año más tarde, el 13 de septiembre del 2012, la agencia de noticias estatal ANDES reveló que el 12,4% de las acciones del ingenio había sido vendido a los empleados de la propia empresa, por 23 582 872 dólares, generando así un nuevo desfase respecto a la valoración inicial, esta vez por 5 879 232. En resumen, con la venta del 82,4% de las acciones de Ecudos, hay una pérdida de 39 068 442 dólares.

Grupo TV Cable: el 35,48% de las acciones de este consorcio era del grupo Isaías. El informe oficial muestra que dicho paquete accionario valía 72 051 433 dólares, pero fue vendido por sólo 61 463 387. Es decir, hubo un desfase de 10 588 046 dólares.

Hotel Ramada: la venta de esta empresa se divide en dos: el inmueble en sí y la administración de su negocio. En el momento de la incautación, la valoración del paquete completo fue de 7 096 152 dólares, sin embargo se lo vendió en 5 278 917 dólares, generando una pérdida de 1 817 235 dólares.

Budget: la conocida firma de alquiler de autos fue valorada por la AGD en 5 568 662 dólares, pero finalmente vendida en 2 800 000 dólares, según consta en el informe de rendición de cuentas de diciembre del 2011, presentado por Pedro Delgado, entonces principal directivo del Fideicomiso AGD – CFN No Más Impunidad. Aquí el perjuicio fue de 2 768 662 dólares.

EICA S.A.: era la empresa más antigua del grupo Isaías, cuyo valor el momento de ser incautada era de 40 361 550 dólares. Sin embargo, luego de sus constantes problemas bajo la administración estatal, el propio gobierno la valoró en 7 200 000 dólares, según indica una nota de diario El Comercio, basada en información oficial.

MAXIGRAF S.A.: en el momento de pasar a manos estatales, esta empresa fue valorada por pedido de la propia AGD en 5 954 661 dólares, sin embargo, quebró en las manos del gobierno. Su valoración actual es cero.

BARCOS PESQUEROS: Una flota de tres barcos pesqueros avaluados por la AGD en 9 969 470 dólares fueron subastados por 8 400 000 dólares, registrándose así una rebaja en su valor de 1 569 470 de dólares.

Sólo con estos siete casos el Estado ecuatoriano ya perdió 96 931 623 dólares. Pero esa cifra pudiera llegar a 114 985 305 dólares, si se agregan los 18 053 682 dólares provenientes de Petromanabí S.A., fondos sobre los cuales nadie ha dado explicaciones.

Petromanabí S.A. fue otra de las empresas incautadas por el gobierno de la revolución ciudadana. Según la propia AGD, en el momento de pasar a manos del Estado su valor era de 34 400 000 dólares. Sin embargo, documentos oficiales muestran que en las cuentas de esta empresa existían 23 millones de dólares adicionales. ¿Qué pasó con ese dinero? Según el informe de rendición de cuentas de Pedro Delgado, a los perjudicados por el cierre de Filanbanco se les cancelaron 4 946 318 dólares; dinero que según dijo el propio Delgado ante la Corte de la Florida, en septiembre del 2012, llegó proveniente de Petromanabí. Esto quiere decir que quedó un remanente de 18 053 682 dólares, sobre el cual nadie se ha referido. En aquella ocasión, ante el tribunal estadounidense, Delgado tampoco supo responder qué pasó con ese saldo.

Pero la pregunta principal es: ¿Quién asume las pérdidas? En un oficio enviado el 13 de noviembre pasado, este medio de comunicación hizo esa y otras preguntas a Katia Torres, funcionaria que reemplazó a Pedro Delgado en la administración de las empresas incautadas, así como a Camilo Samán, presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), entidad que actúa como fiduciaria de los bienes que fueron incautados. Ninguno de los dos respondió (ver facsímiles de las cartas al final de esta nota).

También se indagó a ambos directivos sobre el monto total que los perjudicados por el cierre de Filanbanco han recibido producto de la venta de las empresas incautadas, pero tampoco hubo respuesta. Nuevamente, el único dato oficial existente es el informe de rendición de cuentas de Pedro Delgado, en el cual se indica que fueron entregados 4 946 318 dólares, provenientes de Petromanabí, quedando todavía por pagar, según ese mismo documento, un total de 28 715 052 dólares.

Pero las dudas no terminan ahí. Decenas de documentos obtenidos por Plan V muestran que también bajo poder del gobierno hay no menos de 520 inmuebles, como casas, departamentos, locales comerciales, terrenos, autos, haciendas, yates y hasta suites en el estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ninguno de los funcionarios ya mencionados dio explicaciones.

Fuentes cercanas al grupo Isaías aseguraron que solamente en arriendos de los inmuebles urbanos, el gobierno debería estar recibiendo más de 70 000 dólares mensuales. ¿Qué pasó con ese dinero? Si esta cifra se multiplica por los casi cinco años y medio que el gobierno lleva administrando los bienes, quiere decir que se debieron haber obtenido unos cuatro millones y medio de dólares.

También hay un lote de 37 autos de colección que, según el informe de rendición de cuentas de Pedro Delgado, fue rematado por 1 090 900. Sin embargo, datos actuales de la Agencia Nacional de Tránsito revelan que por lo menos 16 de esos vehículos siguen a nombre de empresas incautadas al grupo Isaías, mientras otros cuatro ni siquiera aparecen con propietario. Es decir, tal vez 20 autos ni siquiera fueron vendidos. Una de las empresas que tiene varios de esos vehículos a su nombre es Ciploche S.A., la cual está bajo la administración de Patricio Moncayo.

Moncayo es un personaje especial. En el documento con el cual se lo nombra administrador de Ciploche S.A. firma con un número de cédula, pero cuando se consulta en la página web del Consejo de la Judicatura resulta que tiene otra y, encima, con una multa de tránsito impaga desde enero del 2011. Ciploche S.A., la empresa administrada por Moncayo, tiene a su nombre vehículos de lujo como un Porsche 911 o un Corvette C2. Este mismo funcionario administra otras 25 empresas que fueron incautadas al grupo Isaías.

El propio gobierno valoró las empresas incautadas, a través de auditores externos. Son más de 768 millones de dólares en activos.

Caso Filanbanco: una historia de cabos sueltos

Los exadministradores y exaccionistas del Filanbanco fueron sentenciados por la Corte Nacional, en abril del año pasado. La pena impuesta fue de ocho años de prisión, por el delito de peculado bancario. Actualmente el caso está en apelación y su dictamen final pudiera resolverse en cualquier momento. ¿Ahí termina todo? La respuesta es no. A lo largo de este proceso, la justicia ecuatoriana se ha encargado de dejar varios cabos sueltos. Es un juicio lleno de controversias, en muchas de las cuales la posición del Estado no luce sólida. Desde la defensa del grupo Isaías advierten que el caso apenas comienza.

Incautaciones: La incautación masiva de bienes al grupo Isaías se produjo el 8 de julio del 2008. Sin embargo, los sindicados recibieron sentencia casi cuatro años después, el 11 de abril del 2012. Dicho de otra manera, la polémica acción gubernamental se llevó a cabo sin tener sentencia en firme. Jorge Zavala Egas, abogado guayaquileño, tiene su punto de vista: “Para ordenar una incautación, el artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributaria Financiera (Ley AGD) exigía que en contra de los administradores y/o accionistas cuyos bienes se iba a incautar, debía existir sentencia ejecutoriada por alguno de estos delitos: declaración de patrimonios técnicos irreales, alteración de balances o usura. Pero según entiendo, al momento de las incautaciones de julio del 2008, los acusados no tenían ninguna condena por ninguno de estos delitos, por lo que los requisitos que exigía esta Ley nunca se dieron. Además, según reportó la prensa, la sentencia del 2012 fue de primera instancia, es decir, aún no estaba en firme como exigía la Ley de la AGD”.

Mandato 13: Este es un documento clave. Al día siguiente de realizarse las incautaciones, es decir el 9 de julio del 2008, la Asamblea Constituyente de Montecristi expidió el Mandato 13, cuyo objetivo era resguardar dicha acción gubernamental. Este instrumento legal consta de cuatro artículos y una disposición final. En su parte medular, establece que la resolución que sirvió para incautar los bienes del grupo Isaías “no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho se hubiere interpuesto, será inmediatamente archivada, sin que se pueda suspender o impedir el cumplimiento”. Pero eso no es todo, este mismo Mandato dispone que los jueces o magistrados que avocaren conocimiento de cualquier acción constitucional dirigida a invalidar las incautaciones, pudieran ser destituidos e incluso ser objeto de acciones penales. Nuevamente, el jurista expone su criterio: “A mi entender, la ausencia de los requisitos legales hizo que el Gobierno dicte, de forma apresurada, el Mandato Constituyente 13, que no sólo blindó las incautaciones, sino que también prohibió a los perjudicados reclamar el hecho frente a la justicia. Esto atenta contra garantías constitucionales consagradas en la propia Carta Política que se estaba redactando en Montecristi, como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el acceso a la justicia”.

Para el experto legal, al unir las incautaciones de julio del 2008 con el Mandato 13, pudieran abrirse automáticamente las puertas hacia las cortes internacionales. “Prohibirle a un ciudadano ecuatoriano el acceso a la justicia es gravísimo jurídicamente. Existen numerosos pronunciamientos de Cortes de Derechos Humanos Internacionales donde se ha condenado a distintos estados por violaciones similares. Las Cortes internacionales, si llegan a conocer el caso, podrían condenar al Ecuador por estas violaciones. Por ende, sería el Estado, y al final los ciudadanos, quienes terminaríamos pagando esa factura, aunque por repetición debieran pagar los funcionarios que han hecho el daño (…) Me temo que, jurídicamente, el Mandato Constituyente 13 es un craso error del gobierno y, al final, le pudiera costar muy caro si el caso es presentado en cortes internacionales”, precisa Zavala Egas.

Otros puntos polémicos

Existen centenares de documentos que cuestionan diferentes etapas del proceso. Por ejemplo, el tipo de delito que se imputó a los exaccionistas del Filanbanco aún es sujeto de debate. Fueron acusados de peculado bancario, por actos cometidos antes del 2 de diciembre de 1998, sin embargo, este delito recién fue tipificado el 13 de mayo de 1999. En otras palabras, se los sentenció por un tipo de infracción que no existía en el momento en que se cometieron los hechos.

De igual manera, la fusión del Filanbanco con La Previsora, ocurrida en el 2001, todavía genera polémica. Este acto administrativo fue la antesala de la quiebra definitiva del banco del grupo Isaías. Por este hecho fue enjuiciado política y penalmente Juan Falconí Puig, en ese entonces Superintendente de Bancos. Y a pesar de que la defensa de los exaccionistas del Filanbanco asegura que dicha fusión provocó el cierre de la entidad, Falconí nunca recibió castigo, al ser amnistiado por la Asamblea Constituyente de Montecristi. Hasta hoy existen millonarias deudas impagas producidas por La Previsora y sus filiales internacionales, que están a nombre de Filanbanco. Fue en el gobierno de Gustavo Noboa cuando se ordenó fusionar esta entidad con el banco del grupo Isaías.

En lo relacionado al monto incautado por el gobierno, fueron más de 768 millones de dólares en activos, para cubrir una deuda de 661,5 millones. Entonces, ¿por qué no se ha saldado el tema? A principios del 2009, se conoció que el grupo Isaías tuvo conversaciones con el gobierno de Rafael Correa. Fuentes allegadas a los empresarios aseguran que las reuniones fueron hasta con el Primer Mandatario. Como muestra de ello, existen declaraciones en las cuales éste menciona la posibilidad de que su gobierno entregue un “vuelto” en caso de que las incautaciones hubieran superado el monto de la deuda. Nunca hubo arreglo. La defensa del grupo Isaías cree que más pesó el interés político de mantener ciertas empresas, principalmente el emporio de medios de comunicación, que incluye canales de televisión, varias radios y hasta una editorial de revistas. Cifras oficiales difundidas a finales del año pasado, dieron cuenta de un replanteamiento de la deuda del grupo Isaías con el Estado, que finalmente quedó en 1088,6 millones de dólares. A criterio de la defensa de los exaccionistas de Filanbanco, con este incremento, el objetivo del gobierno es hacer la deuda impagable y asegurarse el dominio de las empresas y bienes ya incautados, al menos por los próximos años.

Finalmente, para remontarse a épocas más actuales, se puede citar el proceso llevado a cabo en la Corte del estado de la Florida, Estados Unidos. Este caso se inició en el 2009, de la mano de Carlos Bravo, entonces gerente de la AGD. El objetivo de esta acción era incautar los bienes de los hermanos Isaías en Miami. Sin embargo, no sólo que el Estado ecuatoriano no pudo obtener ni un solo bien, sino que el hecho pudiera servir para futuras acciones judiciales en cortes internacionales.

Por correo electrónico, Plan V envió este cuestionario al estudio jurídico que defiende al grupo empresarial en ese país. Estas fueron las respuestas:

1. Luego de que la Corte de la Florida sentenció a favor de sus defendidos y en contra del Estado ecuatoriano, ¿en qué situación se halla el proceso?

La causa a mi cargo ha sido resuelta por el Juez de primera instancia y ha determinado que el reclamo esgrimido por Ecuador no tiene origen en un proceso en el que se hayan respetado los más elementales derechos y eso no se acepta en estas Cortes.  Además, la pretensión del Estado ecuatoriano no cumplió con los mínimos requisitos de procedibilidad. Estamos dirimiendo la instancia de la apelación que ha presentado el gobierno del Ecuador. Por lo pronto, mis clientes han presentado el reclamo para resarcirse de los honorarios de abogados que le corresponden.

2. ¿Algunas acciones tomadas por el gobierno de Rafael Correa, como la emisión del Mandato 13, pudieran servir en el futuro para la defensa de sus clientes?

Sin ser abogado en Ecuador, es notorio el abuso que se comete, no solamente en las Cortes sino también en el Congreso denominado Asamblea Nacional y hasta en la Asamblea Constituyente. Las Cortes de Florida ya se han pronunciado rechazando los torcidos caminos que se utilizan para lograr resultados. Es un instrumento perjudicial para el Ecuador, porque queda desnuda la forma en que puede llegar a actuar su justicia.

3. ¿La sentencia de la Corte de la Florida pudiera sentar algún precedente para beneficio de los hermanos Isaías en otros litigios, como la extradición?

La sentencia del Juez Thorton hace un examen exhaustivo de la forma cómo se han labrado algunos abusos en contra de mis clientes.  Cada organismo y tribunal judicial –que son independientes y profesionales en este país– tomará su posición al respecto. Por información de prensa entiendo que el Departamento de Estado, durante más de diez años de intentos, ha rechazado los pedidos de extradición hechos por Ecuador, por falta de pruebas. No es suficiente enviar una sentencia originada en un sistema judicial que tiene mala fama; tienen que probar los hechos. Si siguen un guion de ‘novela’ como lo han hecho hasta ahora, no van a lograr más resultado que otro rechazo: las Cortes Americanas no ‘comen cuento’.

4. ¿Usted cree que la forma en que se incautaron las propiedades de sus clientes pudiera ser usada en la defensa de sus clientes en un eventual proceso en cortes internacionales?

Más bien parecería que han hecho lo que se denomina confiscación.  Y, por supuesto, tarde o temprano cada quien tendrá que pagar las consecuencias de su abusivo comportamiento: primero el Estado ecuatoriano y luego, por repetición, los funcionarios que han ejercido tales conductas.