@mlpatinol

Desde tiempos antiguos se han aprovechado para los negocios evidentes ventajas que proporcionan los mercados y Bolsas públicas donde se encuentran, en el mismo lugar, múltiples compradores y vendedores de bienes y servicios que, se asume, cumplen requisitos básicos de idoneidad técnica y moral para ser aprobada su participación en tales mercados y Bolsas. Son claras ventajas las certezas y calidad de los productos que se negocian, las garantías que reciben por la seriedad que se da por sentada de quienes participan, así como por los beneficios económicos en relación con la transparencia en la fijación de precios.

Los organizadores de cualquier mercado, para que estos beneficios se sostengan, garantizan que las negociaciones se realicen con el máximo nivel de ética, responsabilidad y cumplimiento de todos sus participantes. Por eso se asume que se descalificarán a las “manzanas podridas” que pudieran dañar la confianza de los participantes, que es el bien fundamental que sostiene estos espacios de negociación multilateral para no generar innecesarias incertidumbres que impacten en la eficiencia económica.  

Su éxito depende también de que las instalaciones que se pongan a disposición de los participantes sean las apropiadas y brinden mayores comodidades, seguridades y certezas a compradores y vendedores, para que los escojan en lugar de sostener únicamente negociaciones directas. Mientras más compradores y vendedores se sientan seguros y cómodos en estos “mercados” mayor éxito tendrán asegurado tantos los intermediarios, como los administradores.

El absoluto respeto a Reglas de Conducta básicas, modeladas al estilo del Libro Blanco de la ciudad de Londres donde aparecen los pioneros en la creación de mercados organizados de valores y productos y las Bolsas (asociaciones de los intermediarios de esos productos) es mucho más importante en mercados de valores. Allí se reúnen múltiples participantes para la compra y venta de diferentes tipos de crédito, representados en contratos más o menos complejos, no necesariamente transparentes para el público en general y que se representan a través de “valores” negociables.    

El buen comportamiento de estos participantes “sofisticados” (las casas de valores, los asesores financieros, bancos de inversión y similares) es justamente la clave del éxito económico de estas Bolsas de Valores.  Por ende, esos participantes sofisticados organizados en las Bolsas, son los que mayor responsabilidad tienen en relación con el buen funcionamiento de un mercado de valores. La sostenibilidad, reputación y estabilidad de los mercados de valores dependen de la transparencia en las gestiones que realicen y su diligencia en la evaluación del riesgo de valores que se comprometen a comprar y/o vender por cuenta de sus clientes. 

La traición de cualquier participante a la confianza de un cliente individual, terminará por eso afectando y destruyendo la reputación de todos los participantes en ese mercado y miembros de la Bolsa respectiva.  Por eso, las Bolsas, donde en el caso del Ecuador se organizan las “casas de valores” licenciadas por la Superintendencia de Compañías para gestionar estas negociaciones de valores, deben ser radicales y drásticas en relación con la expulsión de miembros que no contribuyan a sostener la confianza y reputación del Mercado en su conjunto.

Desde que se generalizaron las nuevas tecnologías de datos e información a fines del siglo anterior en mercados internacionales, los mercados de valores se transformaron en virtuales, desapareciendo generalizadamente las “instalaciones físicas”. Vendedores y operadores se comunican a través de plataformas tecnológicas de comunicación proporcionadas por cada una de las Bolsas, con adecuadas seguridades informáticas y garantías contra fallas operativas, incluyendo pólizas de fidelidad. 

La virtualización obligó, también, a una transformación estructural respecto a la forma en que se negociarían los valores a la que se la conoció inicialmente como “desmaterialización” de valores.  En la fase inicial, se hizo a través de la custodia de valores físicos, donde se fragmentaban los valores para negociarlos a través de estas plataformas virtuales puestas a disposición de compradores y vendedores.  Esto hizo nacer los denominados “depósitos centralizados de valores” para custodiar y certificar esos valores, y también para compensar los valores negociados y el efectivo; y finalmente hasta para pagar, al momento de vencimiento de las obligaciones a nombre de los emisores a los tenedores de esos valores que se mantengan en los respectivos registros. Ventajas evidentes se daban además por la gran transparencia que una negociación de valores “centralizada” le proporcionaba al mercado en relación con la calidad de la información y la seguridad del mantenimiento del título.

Fue tan exitoso el mecanismo y los depósitos centralizados ganaron tanto la confianza del público que, con el tiempo, dejaron inclusive de emitirse títulos físicos y los “depósitos de valores” pasaron de ser meros “custodios” a meramente “certificar” la existencia del valor, “registrar” su emisión y a distribuir pagos en función del resultado de las negociaciones realizadas en las Bolsas, a las que servían como plataforma estructural de “custodia” y/o registro de los títulos negociados, según el caso.

El canje generalizado de la vieja deuda pública “soberana” en mora de la Década Pérdida de muchísimos países, incluyendo al Ecuador —representada en contratos de préstamo no susceptibles de ser negociados directamente a través de Bolsas de Valores— iniciaron una nueva era en los mercados de deuda soberana del mundo.  En el caso de Ecuador, el canje de la vieja deuda externa del Ecuador por los conocidos Bonos Brady se realizó a finales de 1994 y principios de 1995. Estos Bonos (y todos los que se emitieron después) se los registraba, compensaba, liquidaba y pagaba precisamente a través de los sistemas de compensación y liquidación principales internacionales que eran Euroclear y Cedel (predecesor de Clear Stream).  

En la mayor parte de los casos, los depósitos centralizados de valores nacionales se fueron acercando a los requisitos, operatividad y eficiencia de estos principales depósitos a nivel internacional como Euroclear, Clear Stream y DTC, lo que fue generando naturalmente una conexión automática de esta gran red internacional. Esto permitió, además, que Valores de Deuda Interna de un país particular se colocaran directa y transparentemente en mercados internacionales; y, viceversa, que valores de Deuda Externa pudieran comercializarse a través de las Bolsas de Valores nacionales, con la consiguiente eliminación de costos innecesarios para participantes producto de un ineficiente y opaco “arbitraje de rendimientos” que se produce cuando ambos mercados, el interno y el externo, se mantienen desconectados.  Todo esto incidió sustancialmente para que aún países en desarrollo vecinos, similares al Ecuador, se incorporaran activamente a estos sistemas generando mayor acceso a fuentes de financiamiento y menores costos para financiar el emprendimiento nacional.

Evidentemente la confianza en el buen funcionamiento de estos mercados virtuales y los indispensables depósitos centralizados ayudó sustancialmente al desarrollo acelerado y eficiente de la mayor parte de Mercados de Valores del mundo. No fue el caso del Ecuador, pese a que la dolarización del año 2000 podía haberle proporcionado una ventaja adicional por la eliminación de diferenciales cambiarios que complican estas transacciones transnacionales. 

La figura de depósito centralizado de valores surge en la Ley de Mercado de Valores aprobada en el Ecuador en el año de 1993.  Con base en esa Ley, la Superintendencia de Compañías de la época ese mismo año otorgó la única licencia de operación como tal en el Ecuador, al “Deposito Centralizado de Valores, Decevale S.A.” una compañía anónima privada, de propiedad fundamentalmente de las dos Bolsas de Valores existentes en el Ecuador, la Bolsa de Valores de Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil; lo que resultaba acertado si asumimos que ambas Bolsas eran las “administradoras” del Mercado de Valores del Ecuador y estaban en la obligación de proporcionar esta “plataforma virtual” básica para su funcionamiento acorde a los tiempos modernos. 

El desarrollo del mercado de valores del Ecuador estuvo rezagado en relación con su modernización, en buena medida por la insistencia de Decevale S.A. por absorber la desmaterialización de los valores más relevantes que se negociaba en los mercados de valores ecuatorianos, los Bonos de Deuda Interna y Certificados de Tesorería emitidos por el Ministerio de Finanzas en forma masiva a partir de 1995, pero sin ofrecer y garantizar el cumplimiento de los mínimos estándares internacionales exigidos para depósitos centralizados de valores y generalizados a través del IOSCO, para generar la confianza, seguridad y garantías mínimas que esta “infraestructura” del Mercado de Valores debía prestar a los emisores, compradores y vendedores del mercado. 

Recién en el año 2008, 15 años después del nacimiento del Decevale, mediante una imposición  regulatoria, el Banco Central del Ecuador que siempre mantuvo una cuenta en los sistemas internacionales de compensación y liquidación de valores por necesidades propias de las inversiones de la reserva, procedió a poner en marcha el DCV, un deposito centralizado de valores del Banco Central que se hizo cargo de la certificación, registro y distribución de los Bonos de Deuda Interna y los Certificados de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, valores bursátiles principales que se negocian en el raquítico y desconectado mercado de valores del Ecuador.

Mientras tanto, los procesos de desmaterialización masivos de valores privados del Ecuador fueron muy lentos y al final, hasta impuestos en forma regulatoria un poco antes y alrededor de la época de creación del DCV, algo que no era ideal tampoco para generar suficiente confianza a los mismos emisores de los títulos. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a quien le habría tocado evaluar el cumplimiento de estos parámetros mínimos impuestos a nivel internacional por el IOSCO nunca lo hizo y especialmente —nunca— ni aseguró ni exigió que el Decevale se conectara apropiadamente con la red internacional de depósitos centralizados de valores.  

De lo que recién se conoce y únicamente por los justos reclamos de el ISSPOL —no por gestión de autoridad alguna, que en este caso han actuado reactivamente— la infraestructura tecnológica del Decevale no es suficientemente avanzada para garantizar la transparencia ni la seguridad sobre la veracidad y licitud de los registros, liquidaciones, compensaciones y pagos de valores negociados en las Bolsas ecuatorianas.

Lo más llamativo: como el Decevale nunca se “conectó” directamente con la red de Depósitos Centralizados de Valores a escala internacional, que es la regla generalizada para funcionamiento moderno de los mercados de valores, el Decevale, subsidiaria de las dos Bolsas de Valores, contrató a una persona, el señor Jorge Chérrez, se entiende de confianza del Decevale pero cuyos antecedentes aún son desconocidos para el país pese al importante rol que se le asignó para facilitar la negociación de estos títulos con múltiples participantes del mercado, no sólo con el ISSPOL. 

El caso ISSPOL destapó la punta del iceberg de cómo se maneja el mercado de valores en el Ecuador.

La pregunta que hoy se hace todo el mundo es “donde están los Bonos Externos e Internos” que el Isspol habría adquirido y/o canjeado a través de sus negociaciones opacas con Valpacífico hasta el año 2015, y a partir del año 2016 con las compañías IBcorp y otras representadas, en ambos casos,  coincidentalemte por el mismo “custodio internacional” contratado por Decevale, el señor Jorge Chérrez.

La polémica contratación del señor Chérrez, como “custodio de confianza” de valores internacionales por parte del Decevale obedeció, en buena medida, a que nunca nadie les exigió que se cumplieran los mínimos estándares de calidad, idoneidad y fiabilidad que se exigían a escala internacional para actuar como Deposito Centralizado de Valores. Ni la Superintendencia de Compañías, ni las dos Bolsas de Valores, de Quito y de Guayaquil, ni las mismas Casas de Valores, usuarias fundamentales de estos servicios, además de afectados por la ineficiencia evidente en el funcionamiento de esta “herramienta estructural” del Mercado de Valores, lo exigieron u observaron. Todo esto sucedió entre el año de 1993 y de 2020, esto es durante 27 años: una misma forma inconveniente para funcionar de una infraestructura fundamental del sistema, que era además básico para el funcionamiento eficiente de todo el Mercado de Valores y Financiero del Ecuador. 

Y aún se preguntan hoy, ¿por qué nadie sabe donde están los Bonos del Isspol?  Existen altísimos riesgos adicionales de que, con estas condiciones de opacidad y falta de control,  se haya hasta utilizado el otorgamiento de esa “capacidad de custodio” a nombre de Decevale a escala internacional, para participar en otro tipo de negocios que podrían tener altísimos impactos reputacionales para el país, sus reguladores, las Bolsas de Valores dueñas del Decevale y evidentemente múltiples agentes financieros del país que han tenido que operar consciente o inconscientemente a través de este sistema irregular.    

No se puede dejar de notar la misma opacidad también en relación con la compensación, liquidación y pagos de los Bonos de Deuda Interna registrados en el DCV del Banco Central, que no es muy distinta de la que ha caracterizado al Decevale. Al reclamar el Isspol en relación con el destino de los Bonos de Deuda Interna que fueron “canjeados” supuestamente por los “valores” ofertados por el señor Chérrez y sus compañías, el Banco Central no pudo demostrar tampoco ni la razonabilidad de los registros realizados ni una diligencia suficiente para garantizar que a través de estas operaciones no se perjudique a terceros, como el Isspol o se las utilice igualmente para fines profanos.

La bolita está ahora en acabar de entender cuál fue la motivación real que pudieron tener todos los participantes de estos mercados, así como los reguladores, el Banco Central y hasta el emisor de los principales valores para el Ecuador, el Ministerio de Finanzas y Crédito Público, durante 27 años (¡!) para sostener algo insostenible, arcaico y evidentemente inconveniente para el desarrollo del Ecuador.

**María Laura Patiño es abogada, asesora y consultora en políticas públicas, económicas y financieras.