I. La propuesta de Chérrez y la respuesta del Isspol

Como director ejecutivo de IBcorp Investments Group, Jorge Chérrez le dijo en una carta al director del Isspol, general Juan Carlos Rueda, que "cumpliendo con lo acordado el día de hoy, en la reunión mantenida con ustedes, copiamos comunicación enviada a Decevale en la que se solicita se proceda a emitir orden de entrega de su portafolio de bonos globales de acuerdo con sus instrucciones. (...) En el Anexo 1 sírvase encontrar el detalle de esos activos con sus respectivos números de referencia, con el fin de identificar correctamente cada uno. Estos valores, han sido confirmados, se encuentran depositados y disponibles para su entrega en la cuenta de custodia internacional de Decevale. En la misma carta, que fue copiada a la admnistración de Decevale, Cherrez dijo también que "hemos confirmado el depósito y custodia de estos valores en su cuenta de subcustodia internacional y confimado que los bonos se encuentran totalmente libres de ser transferidos en cuanto ustedes lo dispongan".

La respuesta del director del Isspol, en otra misiva, fue que "como fundamentación de su supuesta intención de entrega de activos al Isspol, usted realiza citas de acciones no acordadas y pretende atribuir la responsabilidad de la custodia de los títulos valores a Decevale".  El general Rueda le dijo a Chérrez que en la mesa técnica del 1 de febrero, "en ningún momento fue aceptado el procedimiento que usted alude en sus cartas para la entrega de bonos puros al Isspol. Y no lo fue porque precisamente se pretende incluir en esta acción al Decevale, entidad que según los informes emitidos por la Superintendencia de Compañías no ha tenido ni tiene autorización para actuar como custodio o subcustodio de títulos de deuda externa ecuatoriana, circunstancia que constituya una de las causales por las que el Decevale se encuentra intervenido por el organismo de control". Insistir en la aplicación de este tipo de procedimiento, le dijo, "denota un desmesurado afán de generar un expectativa de solución, que en el fondo no tiene viabilidad jurídica".

Para el director del Isspol, las afirmaciones de Chérrez en su propuesta "permiten concluir (...) que usted conoce a ciencia cierta de la existencia de una cuenta de subcustodia internacional que tendría el Decevale y la identidad de la empresa que actua como custodio de los bonos del Isspol, pero además deja en evidencia el libre acceso que tendría usted a los datos y registros de la aludida cuenta". 

Rueda agregó en su respuesta que bajo el axioma jurídico que dice "a confesión de parte, relevo de prueba, usted no tiene justificación alguna para que no le responda al Isspol lo que se ha venido solicitando de manera reiterada, y esto es:

"El nombre de la entidad (depósito de valores) donde el Decevale tendría abierta la cuenta de subcustoria internacional.

"El nombre del  tenedor o propietario de los bonos globales (mencionados en el Anexo 1), información que debería ser respaldada por un certificado emitido un agente de custodia principal, que especifique, además, el periodo en el que han permancido a nombre de ese beneficiario.

"El detalle documentado de las liquidaciones correspondientes al canje de de bonos globales reestructurados  (2030, 2035 y 2040) así como de la liquidación de pago de intereses con el bono cupón cero"

Rueda finalizó la carta, que copió a las autoridades de control, con la advertencia de que "luego de que las empresas de su representación hayan cumplido integramente con lo señalado en esta comunicación, el Isspol estará en condiciones de dar curso al traspaso de custodia del portafolio analizado".

El tema se refiere al tramo de los bonos de deuda externa y los bonos llamados "puros".

Además de los temas pendientes con las empresas de Jorge Chérrez, el informe al que tuvo acceso Plan V detalla otras operaciones que, según los investigadores que elaboraron este informe, son una muestra de las presuntas irregularides cometidas por anteriores administraciones:

II. La cesión de derechos fiduciarios

"Varios empresarios recorrían las diferentes instituciones bancarias en procura de acceder a créditos con razonables tasas de interés, que les permitieran continuar con sus labores productivas. Sin embargo, el sistema financiero nacional se extrema en los requisitos que solicita. Además de cumplir procesos de verdaderos análisis de riesgo —que implican la verificación de antecedentes crediticios, de solvencia, liquidez, sostenibilidad, proyección, crecimiento y mercado de las empresas— y exigiendo la entrega de garantías reales que sobre pasan el valor del crédito otorgado, solo después de este tortuoso, pero necesario cumplimiento de procesos internos y externos, un préstamo es emitido en los bancos del país.

"Pero en el Isspol, esta estructura interna que ya ha sido detallada, se inventó la figura de la “Cesión de Derechos Fiduciarios”, que en la práctica se constituyen en préstamos disfrazados de inversiones, los cuales fueron sido observados por la Superintendencia de Bancos en varios de sus informes, disponiendo su inmediata desinversión, ya que el Isspol no es agente financiero.

"Pero varias personas que hoy adeudan al instituto manifiestan que fueron contactados directamente por los ex funcionarios del área de riesgos —ni siquiera del departamento de inversiones— para proponerles la entrega de las cantidades de dinero que requerían y la posterior formalización de un contrato de cesión de derechos fiduciarios, en los que supuestamente quedaban garantizados los intereses de la seguridad social policial. En la práctica no fue así, porque ya se encuentran incumplidos pagos que superan el 90% del monto total de este tramo de “inversiones”.

"Estos casos ya fueron descritos ampliamente por la revista Vistazo en su artículo del 4 julio del 2019 titulado La plata de los policías, inversiones de alto riesgo, que se constituyó en la primera señal pública de alarma de la situación que estaba aconteciendo en el Isspol, cuando mencionó los fideicomisos de la licorería La Cigarra por USD 1.5 millones, y el de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, por USD 8 millones.

"Para su artículo, Vistazo se basó en los informes con observaciones de la Superintendencia de Bancos, que en julio del 2018 y julio del 2019, señalaban que este tipo de inversiones se constituyen en préstamos, que el Isspol no estaba facultado a otorgar por no ser parte del sistema financiero y dispuso la inmediata desinversión de estos valores.

"El ex director del Isspol reaccionó en dos frentes. Primero, sin conocimiento de otra instancia instauró una demanda contra de la Superintendencia de Bancos, objetando el informe emitido por esa institución; mientras que en el frente interno ante la publicación de Vistazo, realizó una exposición ante el Consejo de Generales de la Policía Nacional, donde supuestamente logró demostrar un estado saludable de todas las inversiones realizadas por el Isspol y endosó a una “mala intención” del medio de comunicación, para "enlodar" la imagen del Instituto de Seguridad Social Policial.

"Con esta estrategia logró que el Consejo Directivo del Isspol, el 15 de julio del 2019 apruebe un presupuesto de USD 100.000 para iniciar acciones legales de defensa institucional contra la revista Vistazo y específicamente dirigida a su editora, la periodista María Belén Arroyo, con quien días después tomaría contacto el un teniente coronel de Inteligencia, para informarle de dicha situación a manera de infidencia, y "recomendarle" que no vuelva a referirse al tema para evitarse problemas.

"Entre los principales deudores del Isspol se tiene a los siguientes: Centinela Costa Club (de Roberto Barrera, próximo a ser repatriado al país luego de haber cumplido sentencia en EE.UU. por el caso de cohecho en Petroecuador), Plaza Proyecta, Interoceánica, Maktrade Proinco Inmobiliaria (de Santiago Ribadeneira, quien actualmente cumple sentencia por estafa), Eco & Arquitectos, Credimétrica Agrícola Pura Vida, Conseorcio TPB, Neimpro, Delcorp, Minería Beloro, Ecuapet, Inmobiliaria Giovanni Moretti INT.

La sede principal del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Foto: El Universo

III. Las obligaciones o compra de títulos valores

"En busca de financiamiento las empresas recurren al mercado de valores y emiten obligaciones (deuda) que son adquiridas por inversionistas que poseen recursos financieros que desean colocarlos, las primeras se ven beneficiadas en contar con los recursos que les permiten seguir en su giro de negocio, y los segundos acogen la oportunidad de obtener rentabilidad por los recursos propios, en un plazo previamente determinado.

"Toda negociación tiene su nivel de riesgo, y este debe ser convenientemente analizado para prevenirlo, disminuirlo y mitigarlo en un momento oportuno. En el caso del Isspol los análisis de riesgos no cumplen ni los parámetros más básicos, porque la prioridad exclusiva era “colocar inversiones”, las cuales dicho sea de paso, siempre implican el pago de “comisiones informales” proporcionales a los montos invertidos.

"Entre las empresas con las cuales se suscribieron estos negocios se tiene: Ecuagran, Delcorp, Anglo Automotriz, Terrabienes, Constructora Hidrovo, Hotel Boulevard, Ecuafontes, Cetivehículos S.A., Fecorsa, Talme…

"A partir del 2008, por resolución del Consejo Nacional de Valores, presidido por el Superintendente de Compañías,  Pedro Solines Chacón, quien luego ocuparía otros cargos durante el gobierno de Rafael Correa como Superintendente de Bancos y Seguros, Secretario Nacional de la Administración y Ministro del Interior, se determina como valor a la factura comercial negociable, que consiste en que una empresa legalmente constituida y que posea RUC, que es un vendedor o prestador de servicios (emisor empresa A), remite al comprador o adquiriente (aceptante empresa B), para que la devuelva debidamente aceptada, con lo cual se incorpora un derecho de crédito sobre el precio del bien o servicio. Este documento, cuyo plazo no debe exceder los 360 días, puede ser negociado si ha sido inscrito en el Catastro Público del Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores (Quito o Guayaquil).

"El emisor (empresa A) se beneficia al negociar las FCN al recibir liquidez inmediata por venderlas con un descuento del valor nominal, mientras que el inversionista (X), que las compra obtiene un rendimiento atractivo de corto plazo.

"Hasta ahí todo bien, mientras tanto el emisor (empresa A) como el aceptante (empresa B), sean instituciones serias, con trayectoria, saludables financiera y económicamente, que garanticen al inversionista (X), que al cumplimiento del plazo, vea retornar su capital y el rendimiento previsto.

"El inconveniente con el Isspol fue que en casos como el de Delcorp, Ecuagran y Fertisolubles, que suman más de USD 22 millones, tanto el emisor como el aceptante, eran empresas vinculadas, pues sus directorios estaban integrados casi exactamente por las mismas personas, lo cual de por sí ya genera un enorme riesgo para este tipo de inversiones, como en efecto ha acontecido, pues el nivel de mora de los USD 47 millones que están colocados en estos instrumentos ya supera el 80% (40 millones), debido a que se adquirieron FCN de empresas que se encontraban prácticamente en quiebra, sin embargo de simular solvencia, a expensas de las complacientes calificadoras y de las bolsas de valores, y además la actitud débil o inexistente, de parte de los organismos de control, que más bien hacen presumir niveles de complicidad y/o permisividad.

"Durante la administración de septiembre 2013 a septiembre 2015, el Instituto participó en la adquisición de varios terrenos que con el tiempo se han mantenido como bienes improductivos, por los cuales se pagaron precios exorbitantes y descomunales con la realidad del avalúo de los mismos, a saber:

"1. En el sector de Uyumbicho en Pichincha, se ubica la ex hacienda Anchamaza, que era propiedad de Alvaro de Guzmán Pérez, presidente ejecutivo de Portafolio Casa de Valores S.A., la cual actualmente reporta un avalúo catastral de USD 500.000, y recientemente se realizó un avalúo comercial que asciende a la suma de USD 4.5 millones. Sin embargo, en el año 2015 el Isspol canceló por dicho predio USD 14.8 millones, bajo el argumento que se acompañó en la propuesta la aprobación de un proyecto inmobiliario. Hasta la actualidad el terreno se ha mantenido en precarias condiciones, pues no cuenta con el diseño y apertura de vías internas, bordillos, aceras, asfaltado, alcantarillado, agüa potable, electricidad, mucho menos con viviendas construidas, que justifiquen el altísimo precio que se pagó.

2.  En el sector de Chongón en Guayas, se sitúan los terrenos que anteriormente pertenecían a la empresa Ambiensa S.A. que fueron adquiridos por el Isspol en un precio de USD 17 millones, pero el avalúo catastral actualmente se ubica en USD 900.000, lo que determina un precio por metro cuadrado de USD 95 aproximadamente. Dicho predio colinda con otro de propiedad del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional que pese a tener mejor ubicación y cercanía con la vía principal, adquirieron el metro cuadrado a USD 45. Según informaciones de ex funcionarios de esa institución, para que la Cesantía policial adquiera dichos terrenos constantemente se recibían llamadas y gestiones informales por parte de: Pierina Correa, Carlos Pólit (ex contralor  del Estado), Alexis Mera (ex secretario Jurídico de la Presidencia de la República), Fernando Alvarado...

"Adicionalmente, por los terrenos que ahora son propiedad del Isspol, pasa un gasoducto que impide la realización de cualquier futuro proyecto por ordenanza municipal. Ambiensa S.A. es una empresa propiedad de la familia Ferreti, de hecho su apoderado Stefano Ferreti Ugarte durante el 2020 logró consolidar con el I. Municipio del Distrito Metropolitano de Guayaquil un proyecto urbanístico “Plan Habitacional Mi Casa”, precisamente en el sector de Chongón, por lo cual varias veces ha aparecido acompañado con la alcaldesa Cynthia Viteri.

"c) En Petrillo, cantón Nobol de Guayas, se adquirió por USD 3.1 millones a la empresa Materiales Prefabricados para la Construcción, Mapreco, terrenos con galpones que se consideraban gran inversión por parte de la estructura interna que operaba en el Isspol, predio cuyo avalúo catastral varios años después aún no supera los USD 800.000.

"La tónica en estos últimos tres casos detallados, así como en las demás negociaciones en las que se involucró al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional Isspol, se orienta a una grave afectación al patrimonio de la institución, que de no arbitrarse las medidas necesarias en los ámbitos administrativos, penales, y especialmente civiles para la recuperación de los valores en riesgo, se tendría como resultado una incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema de seguridad policial".