I. La justicia (gringa) tarda, pero llega

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (la Fiscalía General) actuó a la par que su homóloga ecuatoriana. Mientras que la dirigida por Diana Salazar pidió orden de prisión para cuatro ex ejecutivos y directivos del Isspol, la de Estados Unidos se movió para acusar otros dos ejecutivos que hicieron o facilitaron los negocios de bonos soberanos del Ecuador con la seguridad social policial. Así, fueron detenidos por el mismo caso, dos ex generales y directivos del Isspol: David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros, además de dos altos ejecutivos del Instituto. Y en Estados Unidos fue acusado y detenido (aunque sus defensores dijeron que se entregó voluntariamente)  John Luzuriaga, mientras que Jorge Chérrez, el hombre clave, recibió una orden de detención, nada menos que por presunto lavado de activos y sospecha de haber efectuado sobornos a directivos del Isspol por USD 2.6 millones de dólares. 

Sobre esto último, el Departamento de Estado informó oficialmente que "se han abierto denuncias penales que acusan a dos ciudadanos ecuatorianos por su presunto papel en un esquema de soborno y lavado de dinero que involucra al fondo de pensiones de la policía pública de Ecuador (ISSPOL).

"John Luzuriaga Aguinaga, 52, y Jorge Cherrez Miño, 46, fueron acusados ​​cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en denuncias presentadas en el Distrito Sur de Florida el 10 y 19 de febrero, respectivamente. Luzuriaga fue arrestado el 26 de febrero y tuvo su primera comparecencia el lunes. Se emitió una orden de arresto contra Cherrez, quien se cree que se encuentra en México.

"Como se alega en las quejas, aproximadamente entre 2014 y 2020, Cherrez, un asesor de inversiones, pagó más de USD 2.6 millones en sobornos a funcionarios de ISSPOL, incluidos al menos aproximadamente USD 1'397.066 a Luzuriaga, director de Riesgos de Isspol y miembro del Comité de Inversiones de ISSPOL, a fin de obtener y retener negocios de inversión de Isspol. Cherrez supuestamente obtuvo aproximadamente USD 65 millones en ganancias de un aspecto del esquema.

 Ver el PDF

La acusación el Departamento de Justicia de EE.UU. contra Jorge Chérrez por presunto lavado de activos y actividades de soborno. Ver PDF

"Según la denuncia, Cherrez recibió pagos del negocio de inversión Isspol en una cuenta en los Estados Unidos, utilizó compañías y cuentas bancarias con sede en Florida para pagar los sobornos y tomó medidas para promover el esquema de sobornos mientras se encontraba en el Distrito Sur de Florida. Además, para ocultar y promover el esquema de soborno, Cherrez y Luzuriaga supuestamente lavaron las ganancias corruptas a través de compañías y cuentas bancarias con sede en Florida, incluidas numerosas compañías de fondos de inversión estadounidenses constituidas en Florida con Cherrez como funcionario o director.

"La oficina de Homeland Security Investigations (HSI) en Miami hizo el anuncio.

"Este caso está siendo investigado por HSI e IRS-CI, conjuntamente bajo los auspicios del Equipo Global de Finanzas Ilícitas. Los abogados litigantes, Katherine Raut y Alexander Kramer, de la Sección de Fraude de la División Criminal están procesando el caso. La fiscal federal adjunta del Distrito Sur de Florida, Annika Miranda, está manejando el decomiso de activos.

"La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia ha brindado una asistencia significativa en este caso.

"La Sección de Fraude es responsable de investigar y enjuiciar todos los asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

"Los cargos en la denuncia son acusaciones, y los acusados ​​se presumen inocentes a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad", finalizó el comunicado del 2 de marzo del 2021.

La fiscal Olivia Henika acusó a Luzuriaga en EE.UU. Basada en evidencias, dijo que este ex ejecutivo del Isspol participó, entre el 2014 y el 2020, en una conspiración para lavar "instrumentos monetarios" (dinero). También acusó a Jorge Chérrez.

#AHORA | Caso #Isspol: se instala audiencia de formulación de cargos contra exdirectores David Iván P. S. y Enrique E. M.; Alfredo Daniel V. M., exdirector de Inversiones; y, Santiago Patricio D. T., exasesor Jurídico del @isspol, por presunto peculado #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/fZWFG2jmkH

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 25, 2021

"Gracias por solucionarme mi vida financiera..."

La periodista Mónica Almeida, en el diario El Universo, hizo una reseña de la acusación: "De acuerdo con el relato de la agente Olivia Heneka, existen evidencias, gracias a la revisión de comunicaciones y registros bancarios, de que Luzuriaga habría cobrado USD 1′397.066 de las empresas estadounidenses controladas por el asesor financiero del Isspol. En el documento no se menciona a Jorge Chérrez Miño por su nombre, se lo denomina “asesor de inversiones” del Isspol y que controla un grupo de empresas en Florida, así como dos en Panamá. Estas acusaciones deben aún ser probadas ante una de las juezas del distrito sur de ese estado.

"La entrega de los sobornos que supuestamente hizo Chérrez se realizó a través de cheques para ser cobrados directamente por Luzuriaga por USD 419.226; pagos a parientes de Luzuriaga por USD 663.000, y cancelaciones a través de una de las empresas de Florida con la que Luzuriaga no mantenía inversiones, pero sí una tarjeta de débito a su nombre y fueron por USD 313.840.

“Gracias por solucionarme mi vida financiera y la de mi familia”, señaló Luzuriaga al asesor financiero en un mensaje de texto el 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con los indicios que citó Heneka en su testimonio y que son parte del juicio en EE.UU".

Las investigaciones avanzan entre autoridades ecuatorianas y estadounidenses, no se trató de un show, John Luzuriaga y Jorge Cherrez han sido acusados ​​por conspiración para cometer lavado de dinero con recursos provenientes del @ISSPOL @PoliciaEcuador @FiscaliaEcuador

— Patricio Pazmiño Castillo (@ppazminoec) March 3, 2021

II. El informe Decevale establece la trama de las relaciones

El Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores de Ecuador, Decevale, se constituyó el 4 de enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de marzo del mismo año.

Decevale es una Sociedad Anónima regulada por la Superintendencia de Compañías a través de la Intendencia de Mercado de Valores de Ecuador. Es una institución privada clave en el mercado de valores del Ecuador. 

Cuando fue ministra de Gobierno, María Paula Romo pidió la liquidación de Decevale.

Según reportaba el portal Primicias.ec, «Decevale es el único depósito centralizado de valores autorizado por la Superintendencia de Compañías y fue establecido en 1994 por las bolsas de valores de Guayaquil y de Quito, además de otras instituciones financieras”, según el Banco Central. De acuerdo con la Ley de Mercado de Valores, las funciones del Decevale son: Recibir en depósito valores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores. Encargarse de la custodia y conservación de los valores. Brindar servicios de liquidación y de registro de transferencias. Operar como cámara de compensación de valores. “En la actualidad liquida las operaciones negociadas en las dos bolsas de valores existentes en Ecuador", según la propia definición de propósitos del Decevale».

El 17 de septiembre del 2020, la Intendencia General del Mercado de Valores intervino a Decevale S.A. El organismo de control dijo en sus resoluciones que la intervenión se originaba en actos que tuvieron que ver con "las transacciones identificadas de acuerdos de venta de valores de portafolio con pacto de recompra futura (Reporto privado de valores) en los cuales consta la participación del Decevale en calidad de administrador y custodio de portafolio e inversiones, según se mencionaba en la resolución. Según la Intendencia, "dichos acuerdos de venta de valores de portafolio con pacto de recompra futura (Reporto privado de valores) no se encuentran enmarcados bajo la normativa que rige el mercado de valores ecuatoriano".

Las conclusiones de la resolución de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores referían que Decevale habría "participado como custodio de operaciones que corresponderían a acuerdos de venta de valores de portafolio con pacto de recompra futura (Reporto privado de valores), debiendo resaltarse que dicho contrato de reporto no se encuentra bajo la normativa que rige al mercado de valores ecuatoriano, y sin que hubiera evidenciado la existencia de un contrato que le permita brindar servicios de custodia por negociaciones celebradas en mercados bursátiles extranjeros, por lo tanto no podía emitir certificaciones de aquellos valores a través del detalle de compensación del Portafolio de la ISSPOL".

Decevale adjuntó, dijo también la Intendencia,  un contrato de asesoría denominado “Contrato de Servicios y Referencia de Servicios de Sub-custodia y Administración Operativa de Custodia Internacional de Valores” celebrado con IBcorp del Portafolio de ISSPOL con corte al 31 de julio de 2020 por un total de USD 693.411,150 y por los códigos ISIN de las operaciones realizadas por Isspol cómo subyacente en el mercado nacional correspondiente a los Global Depositary Note, GDN, de la república del Ecuador, se identifique, los títulos materia de Reporto privado entre el Isspol e IBcorp la respuesta ingresada el 16 de septiembre de 2020 señaló que, “Según numeración, solo se emiten códigos ISIN para valores de largo plazo. Los valores en nuestra custodia son valores de corto plazo, en consecuencia, no son sujetos de asignación de tales códigos...”, observándose que su respuesta no explicó lo solicitado por la Intendencia de Nacional de Mercado de Valores.

Este informe reveló las conexiones entre ejecutivos de Decevale, funcionarios de la anterior administración del Isspol y las empresas de Jorge Chérrez.  El descubrimiento de estas relaciones permitió a la nueva administración de la intervenida Decevale, establecer el modus operandi de cómo situaron personajes de la empresa en torno a facilitar las gestiones que permitieron que sucediera el perjucio, que aún está en investigación penal.

Dos de estos personajes son Oriana Rumbea Thomas y Luis Álvarez Villamar, quienes eran funcionarios de Decevale, que también eran funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil. En el caso de Luis Álvarez Villamar, observamos una comunicación en los correos corporativos de Decevale, que hace referencia a que Luis Álvarez fue liquidado (por despido intempestivo) de la Bolsa de Valores de Guayaquil en el mes de Julio de 2020.

Los investigadores observaron que muchas de las comunicaciones vía correo electrónico corporativo de Decevale realizadas entre los usuarios de Oriana Rumbea Thomas, Gonzalo Navarro Macías, y Luis Álvarez Villamar con Jorge Cherrez Miño, incluso desde periodos anteriores al año 2010, denotaron una relación muy cercana.

Una de las comunicaciones observadas, del 8 de julio del 2015, en la que desde el usuario de correo electrónico de Jorge Cherrez Miño, es dirigida al usuario de correo de Xavier Neira (Presidente de Citadel y ex miembro del directorio de Decevale) y posteriormente reenviada a Luis Álvarez Villamar y Oriana Rumbea Thomas, el usuario de J. Cherrez requiere al usuario de Xavier Neira una opinión o posición de la Bolsa de Valores de Guayaquil respecto a una transacción que podría corresponder a las inversiones del Isspol; a esta comunicación, los investigadores observaron una respuesta desde el usuario de correo electrónico de Luis Álvarez Villamar en el que envía una interpretación de la regulación respecto a si el Decevale está en capacidad de recibir libre de pago títulos del Gobierno Ecuatoriano locales o internacionales.

El informe forense sirvió para plantear una acción de visto bueno en contra de la ejecutiva Rumbea Thomas. En este documento presentado por el procurador judicial de la Bolsa de Valores de Guayaquil, BVG, se menciona que Rumbea era entonces gerente de la BVG, pero hasta noviembre del 2020, cuando renunció, ella era gerente administrativa y financiera de Decevale, cuyo mayor accionista es la Bolsa de Valores de Guayaquil. Según el escrito, el informe de auditoría forense determinó que "Luis Álvarez Villamar y Gonzalo Navarro, quienes fueron funcionarios de Decevale, actuaron conjuntamente —de forma dolosa con Jorge Chérrez Miño para proyectar una falsa custodia se parte de Decevale, respecto de derechos de valores negociados por empresas controladas por Chérrez con el Isspol, derechos y valores que en verdad están bajo el real control del propio Chérrez o de sus empresas". El informe forense de auditoría "también evidenció que Rumbea tuvo conocimiento y cohonestó las acciones de Álvarez, Navarro y Chérrez, valiéndose de su alto cargo en la BVG".

Dice el escrito que "la auditoría forense también reveló que Rumbea, como funcionaria de la BVG, no evitó, hasta la fecha, participar en asuntos en los que existe un evidente conflicto de intereses, por su relación personal como cónyuge del señor Xavier Neira Salazar, gerente de la casa de Valores Citadel.

"Una de las operaciones efectuadas con el Isspol fue la venta que este hizo, a fines de 2015, de bonos de deuda interna por un monto de USD 327' 300, 000. Esa negociaciçon fue hecha en la BVG, y la casa de valores que representó al Isspol fue Citadel.

"En ese intercambio de opiniones, Chérrez pedía que —para proceder a la operación— se consiga una opinión «legal» que acredite que Decevale estaba autorizado a recibir títulos del gobierno ecuatoriano, negociados en mercados de valores locales o internacionales (pues a cambio de los bonos de deuda interna se planeaba entregar al Isspol, bajo supuesta custodia de Decevale, ciertos títulos emitidos en el exterior).

"Este pedido de Chérrez fue reenviado por Neira a Rumbea, su cónyuge. Poco más tarde, Álvarez envió un correo electrónico —en el que estaba copiada Rumbea— con el texto de la opinión que Decevale podía dar, en esencia igual a la pedida por Chérrez. Que Rumbea, alta funcionaria de la BVG, haya participado de ese intercambio, en una operación en la que actuaría —y terminó actuando— Citadel, refleja el obvio conflicto de intereses".

Sobre esta "certificación", el 31 de octubre 2020, el Ab. Carlos Carbo Cox, gerente general del Decevale, comunicó al Isspol lo siguiente:

“…debo manifestarle señor director general, que Decevale no ha sido en verdad custodio de los valores mencionados en la Certificación Álvarez. La Certificación Álvarez es ideológicamente falsa, y todo apunta a que fue emitida para dar visos de legitimidad a la realidad de que quien en verdad “custodia” el portafolio ahí mencionado es el señor Jorge Cherrez Miño (o empresas controladas por él), persona con quien en su momento el Isspol negoció la adquisición de tal portafolio…”.

En la página 88 del Informe No. SCVS-INMV-DNC-2020-356 de 13 de noviembre de 2020, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros estableció la siguiente conclusión:

“Esta actuación del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, Decevale S.A., al no justificar documentadamente la existencia de un contrato que le permita mantener cuentas en otros depósitos de compensación y liquidación de valores de terceros países, y emitir certificaciones a través de “composición de Portafolio de la ISSPOL", constituiría un incumplimiento al Art. 62 “De las Operaciones Autorizadas”, literal g), de la Ley de Mercado de Valores, y al Art. Enumerado a continuación del Art. 1, del Título I Del Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley Ibidem, “Principios Rectores del Mercado de Valores”, como son: La fe pública, Protección del Inversionista y Transparencia, lo cual ubicaría al referido Depósito y a sus representantes, en presuntas infracciones y administrativas en particular…”

Edificio del Decevale, en las calles Pichincha 334 y Elizalde, centro de Guayaquil, el 22 de septiembre de 2020. Foto: API / Primicias

Como un mensaje a los miles de afiliados al Isspol, el director del Instituto, Gral (sp.) Juan Carlos Rueda, sañaló un tema que había estado exento del análisis en el embrollo de los papeles, títulos valores, operaciones...

El comunicado dijo:

"El problema del Isspol tiene varios componentes, el primero fundamentalmente es ético. Desde esta dimensión el responsable de la administración debe asumir las implicaciones y la importancia que determinan la naturaleza de la seguridad social de la Policía Nacional del Ecuador. El entendimiento de la dimensión ética requiere asimilar la misión y las razones que llevaron a la construcción de una institución destinada a garantizar a nuestras familias las condiciones mínimas para superar las contingencias económicas y de su salud, dado el carácter singular de la profesión policial y de la vulnerabilidad humana que nos presenta la vejez, la enfermedad y las contingencias económicas.

"Partiendo de lo ético, entonces debe considerarse otras aristas, que son solo una consecuencia que se desprende de esa dimensión; por esto planteamos que el carácter Público de la Institución la determina. Esto, desde luego, tiene implicaciones importantes en su administración, pues como hemos visto si el responsable de la conducción lo considera privado, el manejo estará determinado por su ética, por la discrecionalidad del administrador, el riesgo de que asuma una u otra dimensión es determinante. Siendo así, y solo para dejar sentado que debemos manejar la institución en la esfera del Derecho Público, como en realidad es, hemos acudido al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que aunque nosotros no dudamos y espero que de aquí en más, a ningún empleado civil o policial de Isspol o de la Policía le quepa duda sobre la naturaleza jurídica del Isspol.

"Siendo así la gestión administrativa del Isspol, estoy seguro que nadie duda, está reglada por el Derecho Público, como también la gestión de inversiones del Instituto es público, y esto implica hacerlo en el marco estricto de la ley.

"Pero aun siendo las dimensiones precedentes determinantes por las consecuencias que en uno u otro sentido pueden acarrear, el problema del Isspol, tiene una dimensión humana: son casi 80 mil familias que dependen de los seguros y prestaciones que otorga el Isspol a sus afiliados, con recursos que fueron abonados con su ahorro durante toda su vida laboral, con la seguridad de darle a su vida la dignidad que aspiran los seres humanos al final de sus días. Y tengo que enfatizar que esta cuestión fue como de hecho sigue siendo, el producto de sus aportes personales para construir una institución sólida en beneficio de la seguridad social de nuestras familias.  

"Como se puede advertir hay componentes éticos, jurídicos, financieros, económicos y sociales, y desde luego esto nos lleva a la variable política; es el Estado y sus representantes quienes deben asumir la búsqueda de soluciones y el establecimiento de responsabilidades. Corresponde a la justicia una labor ejemplificadora frente a los hechos que afectan a los miembros de la Policía Nacional; pero además al Estado corresponde fortalecer las instituciones de control del sistema de seguridad social, y las instituciones del mercado de valores. Esta triste ocasión debe servir al país para dar un giro a las debilidades de las instituciones públicas y privadas que hoy nos dejan desconcierto e incertidumbre. Debemos dar al Ecuador un mercado de valores en el que podamos confiar. La dimensión política que tiene este problema debe ser advertida, con la importancia que tiene, por quienes aspiran a dirigir los destinos de la nación".