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11 de Febrero del 2021
Investigación
Lectura: 10 minutos
11 de Febrero del 2021
Redacción Plan V
Caso ISSPOL: las sospechosas operaciones internacionales (Parte 4)
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Frente a la sede del Isspol, en Quito, un grupo de pensionistas de la Policía Nacional exigen la investigación de las acciones que afectaron a los fondos de su institución de seguridad social. Foto: Diario Expreso

 

El informe investigativo al que tuvo acceso Plan V plantea otros ejes de indagación sobre la actuación de las autoridades de control y la posible presencia de "operaciones internacionales sospechosas" con una empresa privada que opera un puerto privado en Ecuador.


Ecuagran, una de las empresas en las que el Isspol mantiene inversiones impagas, al momento está siendo liquidada por José Ibáñez Santos, el ex gerente de la Casa de Valores Valpacífico, que el 2018 fue el primero en denunciar ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Contraloría General del Estado, Unidad de Análisis Financiero y Económico,Uafe, Decevale e incluso ante el mismo Isspol, que se habían realizado operaciones no contempladas en la ley (Ley de Mercado de Valores) y pedía que se las cancelen.

Diario El Universo, en su artículo del 14 de noviembre del 2020, reportó que “Valpacífico pidió al Isspol cancelar millonarias inversiones irregulares con bonos de deuda interna y externa”, reveló que “la primera alerta se dio el 1 de junio de 2018 por la compra de papeles relacionados con USD 2,6 millones de bonos de deuda interna que se emitieron para pagar a los maestros y realizada con Luis Domínguez Viteri, gerente general de Ventura Casa de Valores y presidente de Rusticussi S.A.

"El entonces director del Isspol, el coronel David Proaño Silva, firmó un contrato privado con Domínguez en el que se llamaba a la inversión “Pacto de Compra Futura–Reporto Privado de Valores”.

Domínguez explicó a El Universo que la operación fue privada y que el Isspol «ofrecía liquidez a cambio de una garantía y rentabilidad en el tiempo.

«El 8 de marzo del 2018 recibió la aprobación del directorio y ese día el Instituto le entregó USD 2,6 millones para que comprara los bonos de deuda interna, que se pusieron en custodia en el Banco Central a nombre de Domínguez. A su vez él le pagaría al Isspol según los montos y plazos negociados en un contrato privado y los bonos estaban como garantía de la inversión. En esta operación intervino Ventura Casa de Valores. Ibáñez solicitó al Isspol que deshiciera esa inversión por no estar permitida por la ley y Proaño respondió el 11 de junio confirmando que la operación había sido cancelada. El gerente de Valpacífico informó sobre esta operación al entonces Intendente de Mercado de Valores, Miguel Ruiz. Sin embargo, la inversión se repitió, pero esta vez con Rusticussi S.A., compañía que no
está registrada en el Mercado de Valores».

según la investigación se pudo detectar la recepción de múltiples depósitos pequeños de USD 10.000 por parte de personas naturales, que a cambio recibían “letras de cambio”

Una de las empresas presuntamnete vinculas al proceso en que se dieron acciones irregulares con los fondos del Isspol. Foto: Diario El Comercio

Volviendo a la empresa Ecuagran, por año recibía aproximadamente 360.000 toneladas de carga, de las cuales 60.000 tm eran importadas directamente por dicha compañía, y las restantes 300.000 tm corresponden a importaciones de otras 15 empresas ecuatorianas, que cancelaban por el alquiler del puerto y los silos de propiedad de Ecuagran. En ese sentido, se han identificado importaciones de trigo desde Ucrania y Rusia, lo cual llama la atención de los investigadores por la lejanía de dichos mercados de producción y la baja calidad del grano.

Así también, según la investigación se pudo detectar la recepción de múltiples depósitos pequeños de USD 10.000 en las cuentas de Ecuagran por parte de personas naturales, que a cambio recibían “letras de cambio” como constancia de una supuesta inversión. Muchas de estas letras de cambio, dicen los investigadores, han sido adquiridas por un banco ecuatoriano, constituyéndose en parte de las acreencias que dicha institución financiera mantiene con esa empresa. Cabe señalar como antecedente que este mecanismo es de amplia aplicación en países como Colombia para realizar lavado de activos de mafias internacionales.

Por otra parte Delcorp, que mantiene vinculación con Ecuagran, había vendido inicialmente un paquete accionario del 50%, el cual fue adquirido por parte de Storeocean, propiedad del ciudadano Colin Amstrong, y el 28 de octubre del 2020 en medio del escándalo por las inversiones del Isspol, adquirió un 40% más, con lo cual totalizó el 90% de acciones de Delcorp en poder de Storeocean. Sus anteriores dueños, los Goldstein, habían salido del país hacia EE.UU.

Según los investigadores, el deseo de los liquidadores era que o bien se liquide de inmediato o se ponga en operación a la empresa y sobre todo a Ecuagran, debido a la importancia estratégica que tiene el puerto y el sistema de silos de este empresa.

La investigación identificó que por el puerto y sistema de operación de Ecuagran, existirían líneas de interés: el propio Gad Goldstein que pretendería retomar las operaciones, como contraparte Colin Amstrong a través de Storeocean que es la propietaria de Delcorp y esta última vinculada con Ecuagran.

Por versiones recogidas por los investigadores a fuentes vinculadas con el sector mercantil de Guayaquil, hay varios actores que señalan la presunta injerencia de intereses extranjeros en el giro de negocios de Ecuagran.

Este dato, dice la investigación, debiera relacionarse con la respuesta emitida por Citibank, al consultárseles sobre si conocían dónde se encontrarían actualmente los GDN de la operación Swap. Respondiendo sus ejecutivos que por versión informal de Chérrez, estarían ubicados en tres países Panamá, Guatemala e Islas Caimán.

Los investigadores han encontrado "fuertes indicios que Carlos Ortega Cadena a través de la casa de valores Westwood Capital Markets, en Panamá, es quien mantendría dineros correspondientes a pagos de comisiones a ex funcionarios del Isspol".

ni la casa de valores Citadel, como tampoco la Bolsa de Valores de Guayaquil cobraron las comisiones legales (formales, que debían ser muy jugosas) correspondientes a una negociación de USD 327.3 millones.

La organización que supuestamente perpetró los actos irregulares con los fondos del Isspol pasó desapercibida supuestamente por las autoridades de control. Foto: Diario Expreso

"Varias veces se ha sospechado de la acción complaciente por parte de la Superintendencia de Compañías, dirigida por Suad Manssur del 2011 al 2018".  Para los investigadores, son indicios de ello las relaciones familiares y de parentezco entre las personas que dirigieron las operaciones irregulares con miembros de las intendencias y superitendencias de control relacionadas.

"La intervención a la Casa de Valores Citadel permitió establecer que Justin Karol, de Citibank emitió una carta en la cual autorizaba a IBcorp, que actúa a nombre de EHYBF, instruir a Citadel para que transfiera los bonos de la operación Swap a la cuenta de Citibank Nats Cumco LLC abierta por la misma casa de valores en el DCV-BCE el 6 de enero del 2016, una especie de “autorizo que hagan depositos en la cuenta de la empresa a la que represento”.

"A su vez Georgina Noveli, también de Citibank indicó al DCVBCE para que transfiera los USD 327.3 millones de la cuenta de Nats Cumco con Citadel a la de Nats Cumco con Picaval, que sería la verdadera cuenta oficial de Citibank Nats Cumco, lo cual se cumplió el 12 de enero". Los investigdores creen que ahí se entiende la razón para que los GDN hayan sido emitidos en New York recién el 19 de enero del 2016 y a nombre de IBcorp, no del Isspol, el legítimo propietario del subyacente sobre el que se emitieron dichos documentos.

"Lo anterior desnuda una actuación demasiadamente ingenua o negligente, por no decirlo sospechosa, de una institución tan experimentada en operaciones financieras de todo tipo, como Citibank, quienes no aplicaron la due diligence (debida diligencia) para confirmar la propiedad de los bonos que recibieron en dos cuentas a su nombre, y más bien facilitó que se abriera una cuenta adicional a su nombre en Citadel, a más de la que ya tenía meses antes en su casa de valores Picaval, con la cual opera hasta la actualidad. Además deberán explicar los motivos por los cuales pactó con un privado (IBcorp, de Jorge Chérrez Miño), un programa diseñado exclusivamente para gobiernos.

"Un dato, que puede pasar desapercibido para novatos, es que ni la casa de valores Citadel, como tampoco la Bolsa de Valores de Guayaquil cobraron las comisiones legales (formales, que debían ser muy jugosas) correspondientes a una negociación de USD 327.3 millones, denotando la complicidad en la estructura que se montó. Estas irregularidades cometidas, que contravienen el artículo 56 de la Ley de Mercado de Valores, se señalan claramente en el informe de la Superintendencia de Compañías Nro. SCVS.INMV.DNC.366 del 26 de noviembre del 2020, específicamente en las páginas 5 y 6, el mismo que fue adjuntado a la denuncia presentada el 2 de diciembre del 2020 ante la Fiscalía General del Estado en Guayaquil, por la intervención a Citadel", señalan los investigadores.

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