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15 de Mayo del 2014
Investigación
Lectura: 16 minutos
15 de Mayo del 2014
Redacción Plan V
Las comunidades hablan

Una familia viaja por el río Tiputini. El transporte fluvial es el principal de la zona y las comunidades denuncian que la actividad petrolera ha convertido los ríos de zonas de riesgo.

 

El paso de la sísmica 3D va dejando huella en la selva. En la foto, una muestra de cómo, poco a poco, la actividad va afectando la selva en el bloque 31.

 

Un grupo de técnicos, junto a miembros de una comunidad kichwa, inspecciona las ubicaciones para colocar los explosivos dentro de la exploración sísmica en el bloque.

 

Aquí se muestran los resultados de una auditoría socio ambiental y operacional que dos técnicos internacionales hicieron al papel de Petroamazonas. Una indagación sobre el componente social en tres comunidades amazónicas revela varios problemas.

La estatal Petroamazonas trabaja con 321 comunidades en sus áreas de influencia directa y opera 65 campos en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Napo, Guayas y Santa Elena. Y los conflictos de la estatal con algunas de estas comunidades no han dejado de prosperar. Según el informe pericial “Práctica Operacional de Petromazonas”, firmado por el experto petrolero argentino y máster en evaluación de impactos ambientales Eduardo D´Elía, y el ingeniero colombiano Juan Felipe Harman, especialista en industrias extractivas y desarrollo sostenible, de la Universidad Nacional de Colombia, la petrolera tuvo problemas con tres comunidades. En éstas los científicos hicieron una indagación y emitieron un infomre, en torno a las relaciones sociales y comunitarias establecidas por la empresa, además de la viabilidad de las perspectivas operacionales y financieras en el Parque Nacional Yasuní.

El aspecto social de la zona también es abordado por una producción de la Secretaría de Hidrocarburos.

El primer caso analizado se refiere al barrio 25 de Febrero, de Lago Agrio, capital de Sucumbíos.  Éste se ubica en la parte sur de Lago Agrio; donde viven 100 familias, y son 270 socios. Dentro del barrio hay tres pozos petroleros: LA 9, LA 39 y LA 45. Los tres pozos, el primero perforado por Texaco y los otros dos por Petroecuador, están en funcionamiento y según los habitantes del barrio, “les han traído muchos problemas, tanto ambientales como para la salud de las familias –según el informe– porque constantemente hay crudo en los esteros”.

Cuando abrieron la carretera apareció un sitio de donde brotaba petróleo, y formó una poza. Los trabajadores petroleros han retirado el crudo de esa poza con un extractor llamado bacum, desde hace tres años.

En esta ubicación urbana es donde Petroamazonas decidió la ampliación de una de las plataformas petroleras, la del pozo LA 39. Va a hacer un año desde cuando la petrolera inició las gestiones, en junio del 2013, para –entre otras– realizar la ampliación de la plataforma del LA 39, con la perforación de 8 pozos. Según el informe de las inspecciones a esta plataforma, realizadas el 17 de enero y el 6 de febrero del 2014, “este proceso se ha caracterizado por una serie de irregularidades legales y violaciones a los derechos de la población del barrio y a la Constitución de la República”.
Según las investigaciones publicadas en el informe mencionado, la empresa habría ocultado información al Comité Barrio 25 de Febrero; pues propuso la firma de un convenio cuyo objeto era la compensación social por la ejecución del proyecto Ampliación de la Plataforma del pozo Lago Agrio 39, “sin informar que la intención era perforar nuevos pozos en esa plataforma”.

La estatal se relaciona directamente con las dirigencias indígenas. Aquí un funcionario junto a un dirigente en Llanchama.

El convenio fue firmado con la directiva del Comité, no con la asamblea del barrio, por lo cual el Comité se comprometió a informar a sus socios de la firma del acuerdo. Este consistía en que el barrio se comprometía a no interrumpir ni obstaculizar bajo ningún concepto los trabajos y actividades que la empresa, sus contratistas y subcontratistas realicen para el desarrollo de los proyectos. A cambio, el barrio recibiría una cancha cubierta de uso múltiple de 30m por 22m sin graderíos ni escenario; un aula taller de 12x8m y su equipamiento y la entrega de insumos y materia prima. A la fecha de publicación de este informe pericial, los trabajos de ampliación de la plataforma habían terminado en marzo del 2014 pero las obras no se habían iniciado. El convenio entre Petroamazonas y el Comité del Barrio fue firmado el 26 de agosto del 2013 para establecer una compensación social por las posibles afectaciones que se causaren en los terrenos de propiedad del Comité por la ampliación de la plataforma. No se mencionó en el convenio la perforación de ocho nuevos pozos. Los miembros del barrio informaron a los investigadores que  “nunca les avisaron que la plataforma era para perforar nuevos pozos”.

Pero además de eso, los investigadores hicieron notar que según el artículo 68, literal b) del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, publicado en el Decreto 1215, es prohibida la perforación de nuevos pozos en las áreas urbanas: “Las nuevas infraestructuras de industrialización deberán construirse en sitios distantes de los centros poblados y demás lugares públicos y/o comunitarios; la distancia de seguridad apropiada será determinada por la Autoridad Ambiental Nacional”.  Petroamazonas, además, al ampliar el área “ocupó una de las tres áreas verdes municipales del barrio sin contar con el permiso del Municipio para realizar obras. La empresa además compró una manzana de viviendas”.

La investigación recogió algunos testimonios de los pobladores:

“Realizamos una acción de protesta, porque nunca se nos dio a conocer sobre la perforación de nuevos pozos petroleros, solamente nos dijeron que era la ampliación de la plataforma”; “nos preocupa la colocación de mecheros porque hay poca distancia a nuestras viviendas, hay desde quince a cincuenta metros”; “la empresa compró los predios a 14 familias, a los que tenían casa les pagaron 18 mil dólares, varios se fueron pero otros compraron solares en el mismo barrio”; nos ofrecieron firmar un convenio pero no sabemos si firmó la directiva, no se lo ha hecho de forma pública con conocimiento de todos los socios”; “el taladro está por llegar y nos va a perjudicar con el ruido de las máquinas”; “el barrio no tiene ningún beneficio por el funcionamiento de tres pozos petroleros ni tendrá con nuevas perforaciones”; “las mujeres hemos sido amenazadas con botar a nuestros maridos del trabajo y nos han traído más conflictos a los hogares”; “por la zona circulan varios vehículos pesados que ponen en riesgo la seguridad, especialmente de los niños y deterioran la vía”; “si esto se declara zona petrolera, que se nos indemnice para que salgamos  de la zona. No queremos el barrio del milenio, queremos salir de aquí porque conocemos qué significa la contaminación”; “el agua nos toca comprar, no podemos hacer pozos. Varias veces han ido a hacer análisis y dicen que sólo tiene heces fecales. Alrededor del pozo 45 empieza a correr agua de color rojizo”.

El 17 de marzo del 2014 hubo una reunión en el barrio 25 de Febrero. Estuvieron los socios, el gobernador de Sucumbíos encargado, el director del Ministerio de Vivienda, funcionarios de Ecuador Estratégico y representantes de la petrolera. En ésta, los moradores anunciaron que el convenio se anuló y que la presidenta del barrio fue destituida de su cargo por lo que consideraron una irregularidad. El gobernador encargado respondió: nos guste o no, es una la presidente y es un documento firmado.

La comisión investigadora también visitó la comunidad kichwa El Edén, donde constató el malestar de los comuneros, quienes escribieron una carta a la empresa el 11 de marzo del 2014, con copia al Presidente de la República y al Ministro de Recursos no Renovables sobre sus problemas con Petroamazonas.

La petrolera ocupa hasta 300 hectáreas de un total de 24 333 ha comunitarias, es decir cerca del 1,23 de su territorio. En total son 231 familias y en el área de explotación se han desplegado 483 pozos perforados en 16 plataformas, lo cual equivale a casi dos pozos por familia,  las que están repartidas en los centros Edén, Sani Isla, Centro Yuturi y San Roque.

La comunidad de Llanchama filmó el paso de una piara de sainos en libertad, dentro del Parque Nacional.

“El agua sucia sale de las piscinas de barro, cubiertas de geomembrana y algunas de ellas se han desbordado con las abundantes lluvias propias de la zona. Ya no hay animales cerca de las plataformas, posiblemente por el ruido: no se ve ya al mono tití ni a la ardilla. También ha desaparecido las guatusas, perdices, guanganas, sajinos y venados. Mientras que en el mechero de gas, los insectos mueren por millares”, dijeron los dirigentes de la comunidad a la comisión.

Un listón en el bloque 31 muestra las señales que dejan los trabajos de sísmica.

La comunidad  extrae el agua para beber de un pozo que está a 20 metros de profundidad, y al cual nunca se le ha hecho un análisis de calidad. El agua tiene un color amarillento y un olor a óxido. A veces llega con una ligera capa aceitosa encima, y entonces la tienen que hervir porque tomarla cruda produce diarreas.

Pero más que el agua, lo que para algunos dirigentes ha generado la actividad petrolera es la división en sus familias. “Estamos divididos por familias, ya no hay la misma conversación, se pelea por los puestos de trabajo”, fue uno de los comentarios. Otro sostenía que “en lo económico hay diferencias, no hay igualdad”, y otro comentario se refería con nostalgia a que “la cultura se ha perdido, los bailes, la música, la comida, el idioma…”.

¿Qué motivó la carta al Presidente de la República? Los acuerdos que las comunidades consideran incumplidos: la comunidad firmó en el 2001 un acuerdo con la Oxy y tenía vigencia hasta el 2019. Cuando la Oxy salió del país, Petroecuador firmó en el 2008 un nuevo acuerdo que respeta lo firmado por la Oxy y la fecha de terminación. Pero cuando Petroamazonas se hizo cargo del bloque, la comunidad denunció que la empresa había irrespetado los acuerdos.

Según la dirigencia, estos son los temas acordados que no fueron cumplidos:

Se desconoció el fondo global para becas en estudios secundarios y superiores y ahora se da una a cada familia, lo cual genera divisiones cuando se trata de escoger un niño por otro. El fondo de transporte escolar no ha sido reconocido desde el 2006. El reemplazo de motores Yamaha 85, a efectuarse cada cinco años para el transporte de niños a la escuela, tampoco se cumple desde el 2006. No se ha dado el fondo para desarrollo agropecuario y acopio de productos; no se ha construido el centro de acopio acordado. No se han entregado USD 6000 al año para movilización de la directiva; la empresa adeuda USD 17 000 a la comunidad para el mantenimiento de derecho a vía, locaciones y oleoducto y, finalmente, el convenio hablaba de 10 pozos de plataforma, y se perforaron entre 20 y 28 por plataforma.

 

Un video producido por la Secretaría de Hidrocarburos sobre el bloque 43 donde se nota en un sobrevuelo la belleza del Yasuní.

Los dirigentes denunciaron además, que la estatal firmó el 14 de agosto del 2012, sin consentimiento de la comunidad, un Convenio de indemnización y compensación social con un dirigente, “lo cual invalida la Ley de Comunas y la Constitución del Ecuador”. Y sin embargo de que –para la dirigencia– ese acuerdo es ilegal, en éste la empresa se había comprometido a devolver USD 19 000 del convenio de capacitación para cinco choferes, a construir una cabaña turística y el financiamiento de un turno de la ruta fluvial Edén Coca y regreso, cuatro veces al mes; conexión eléctrica para la comunidad, varios proyectos con Ecuador Estratégico y Ciudad del Milenio, construcción de un puerto de embarque y malecón… Además, en la carta al Presidente informaron que la empresa ampliaba las plataformas sin pedir permiso a la comunidad, no pagaba los servicios puntuales de transporte fluvial y terrestre, no pagaba a la comunidad por el servicio de recolección de basura, no había mesas de consulta o diálogo…

La carta fue firmada por ocho dirigentes de la comunidad de El Edén.

En la comunidad de Samona, la empresa china que vino a hacer la sísmica puso el campamento de los trabajadores dentro de la misma comunidad indígena.

La comisión detectó similares problemas  en la comuna kichwa Chiro Isla, en Orellana.  Esta organización indígena está ubicada junto al Bloque 31, el criterio de los miembros de la comunidad  y de trabajadores petroleros, quienes pidieron reserva de la fuente,  fue que “ARB, empresa contratista de Petroamazonas no paga hace tres meses a los trabajadores. La excusa es que como la estatal no les paga, ellos tampoco, pero estamos haciendo un tubo de 24 pulgadas, que sale de Apaika (campo en el Bloque 31. Ndlr.). Toda la comunidad está trabajando para la empresa. Mientras adentro, la empresa Geo está haciendo la sísmica en la parte sur del Bloque 31”. Además comentaron que “Sachatec es una empresa que ha sido contratada por Petroamazonas para hacer una cancha cubierta y un comedor. Es la compensación que da Petroamazonas a la comunidad, pero aquí no ya no vive nadie. Aquí sólo vienen a tirar biela. Hombre y mujer, y las mujeres toman ‘caña linda’. La mujer no es como en la Sierra, aquí tienen su pico de botella y su jaba y jalan de ella no más”. Y otra, “Petrobras nos entregó un motor y se destruyó, nos pusieron agua y electricidad, por no tenemos agua ni luz. Hay quienes aprovechan la lluvia  y quienes toman el agua del Napo, directamente. También nos pusieron piladora, pero duró un mes, ahora se la está comiendo el comején”; “Las arenillas (un insecto minúsculo que se introduce en la piel y causa gran irritación. Ndlr.) por todo lado. La verdad es que no se puede decir que tengamos una mejor calidad de vida, sobre todo desde que pusieron arena en la cancha de fútbol”; “En la vecina comunidad de Samona, la empresa china que vino a hacer la sísmica (BPG) puso el campamento de los trabajadores dentro de la misma comunidad indígena”.

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