El 16 de diciembre de 1993, el capitán Fausto Tamayo dirigía un operativo antinarcóticos en el río Putumayo. Se llamó el operativo Amanecer, e incluía a 39 efectivos policiales y militares en siete lanchas rápidas donadas por el ejército de los Estados Unidos para al lucha antidrogas. Al regreso del patrullaje, a la altura de una recinto llamado Peña Colorada, guerrillero del Frente 32 de las FARC emboscaron las lanchas y en el masivo tiroteo murieron 11 uniformados ecuatorianos, algunos de ellos ejecutados tras ser apresados y torturados. También tres policías y tres militares ecuatorianos desaparecieron.

Veintiún años después, en una ceremonia solemne, el ministro del Interior, José Serrano y el comandante general de la Policía, general Fausto Tamayo, rindieron homenaje a las sobrevivientes de esta masacre y a los familiares de los uniformados caídos. Fue durante el 2014, y el comandante Tamayo recibió la condecoración Gran Cruz del Orden y Seguridad Nacional, al mérito profesional mientras que los demás galardonados recibieron la condecoración honorífica de Gran Oficial. 

Tamayo, en esa ocasión, dijo que "continuaremos trabajando en beneficio de la paz. Nunca más un Putumayo. Ahora somos la Policía del nuevo país, con modelos de gestión y planificación. Vamos hacia un nuevo amanecer". De su parte, en la misma ceremonia, el ministro Serrano, condecorado por el Departamento de Estado, acusó a Estados Unidos, y al gobierno de la época, de Sixto Durán Ballén, como causantes indirectos de la masacre. Esta tragedia se produjo por la presión que ejerció Estados Unidos sobre la Policía, debido a que había entregado siete lanchas para operaciones ribereñas de control de narcotráfico.  La amenaza  de los funcionarios americanos (sic) era que iban a retirar esas lanchas tipo comando, por cuanto no se estaba incumpliendo el cupo de incautación de droga, según el portal del Ministerio del Interior, que cita palabras del ministro Serrano. Esa situación obligó a realizar una operación sin planificación, sin armas adecuadas, sin chalecos, y que desencadenó en la emboscada de los guerrilleros de las FARC. Estos hechos arbitrarios ocasionaron la masacre, dijo el ministro, quien también criticó al gobierno de ese entonces, por su actuación vergonzosa, "pues lanzó a terrenos desconocido a policías y militares valientes "para que sean asesinados", citó el portal oficial. 

Meses después de esas condecoraciones, Tamayo y Serrano se ponen frente a frente, el primero como acusado y el segundo como acusador en uno de los casos más escandalosos de la década que involucran a la Policía Nacional: la compra venta de pases y traslados de policías, donde están involucrados, aparentemente, incluso funcionarios de Carondelet y donde se advierte una trama de grupos irregulares, conspiraciones entre policías, cruce de acusaciones y con implicaciones políticas que podrían afectar incluso la candidatura del ministro Serrano a un puesto en la próxima Asamblea Nacional. Hay 15 miembros de la Policía detenidos por el trámite irregular y presuntamente doloso de 1347 pases. El monto del daño equivaldría a seis millones de dólares, entre octubre del 2014 y junio del 2015.

Aunque los testigos de la defensa y la Fiscalía general han emitido una enorme cantidad de información, ha sido la figura de la esposa del general Tamayo, Maritza Briones de Tamayo, una comerciante oriunda de Manabí, la que ha desatado una tormenta en el alto mando de la Policía Nacional. 

La señora Briones dijo en varios medios de información que todos los generales saben que en la Policía el ministro del Interior hace y deshace. En Los Desayunos de 24 Horas, con Janeth Hinostroza, la esposa de Tamayo dijo que entre las pruebas presentadas por la fiscal que sustenta el caso antela Corte Nacional, entregó una listas de 1317 pases supuestamente como pruebas del delito, y que entre estos papeles estaba el pedido de un pase por parte del ministro Serrano a través del teniente Eduardo Montenegro, uno de los  principales implicados en este caso. Acusó al ministro, además, de persecución en su contra, lo retó a debatir y lo responsabilizó de cualquier situación que ocurra con algún miembro de su familia.

Ernesto Montenegro es clave en este caso. El oficial se acogió al sistema de cooperación con la Fiscalía, a cambio de una pena menor. Efectivamente, fue condenado apenas a ocho meses de prisión, y tanto su esposa como su hermano fueron desvinculados del proceso. Pero quedó su versión dada en la Fiscalía el 1 de febrero del 2016, en la cual sostuvo que "a mediados de noviembre, el teniente Alexis Cifuentes nos llamó al señor cabo segundo, Rolando Quelal y a mi persona al Regimiento Quito N2, donde nos dijo que veamos personal policial urgente que desee salir con el pase y que los cobremos a 1000 por dicho pase, que ese dinero era supuestamente para darle al señor Ministro del Interior, que requería para pagar los buses que trasladaban a personas de Alianza País y para otros requerimientos que otros tenían. De igual manera el señor teniente Cifuentes nos dijo que estén tranquilos guambras que esto es con autorización de mi padre (sic) el señor ministro del Interior y que no pasa es nada".

En otros medios, la esposa de Tamayo relató lo que ella cree es la razón por la cual se enemistaron el comandante de la Policía y el Ministro: por un reclamo del consejo de generales al comandante Tamayo y de su parte al ministro del Interior, con denuncias de un supuesto irregular ingreso de 385 aspirantes a la Policía Nacional. La denuncia en concreto era que estos centenares de nuevos aspirantes habían reprobado las medidas de confianza para entrar a la Policía, y sin embargo ingresaron y sacaron a un número igual de aspirantes que sí habían pasado las pruebas. 

La versión de estos hechos está en la misma versión que hiciera el teniente Ernesto Montenegro ante la Fiscalía, el 1 de febrero del 2016. El oficial aseguró que "de igual forma, el primo del señor teniente Alexis Cifuentes, el señor Diego Fierro Bedoya, quien es secretario personal del ministro José Serrano, también tenía contacto con el teniente Alexis Cifuentes, y siendo así se presentó, indicándome Cifuentes, que su primo también se encargaba de receptar los pedidos de autoridades, o sea los pases. Incluso este señor, Diego Fierro, dijo estar inmerso en el proceso de reclutamiento para cadetes y policía de tropa y que era el jefe y el encargado de dicho proceso, por lo cual en una ocasión le pedí un favor por un familiar, que para tapar las cosas se pida la recalificación mediante un oficio dirigido a la presidenta de la comisión para aspirantes y policías, a Dra. Cristina Silva y que él ya se encargaba de todo con Alexis Cifuentes, mencionando que ellos eran los duros, Cifuentes y Fierro; que si por si acaso tengo gente conocida que quiera entrar en la Policía les diga que cuesta entre USD 15.000 y USD 30.000, que el ingreso era seguro".

Lo anterior consta en el folio 7654 del proceso. Un folio más adelante, en el 7655, Montenegro amplía la versión  y dice que "debo indicar que por versión del teniente Alexis Cifuentes que el proceso de selección de ingreso a los aspirantes a cadetes y las escuelas de formación de tropa, en donde existieron una serie de anomalías que se llevaron a cabo por parte de funcionarios del ministerio, expresamente el señor Diego Fierro y Alexis Fuentes, quienes decían (sic) a cargo de dicho proceso, en donde jóvenes que se encontraban aptos en todas las pruebas y que debían haber ingresado no lo hicieron, y que personas que no estuvieron aptas fueron supuestamente recalificadas e ingresaron, para lo cual adjunta los listados en Excel, de donde se debe tomar en referencia a aquellos que dice recalificados y pedir los documentos de respaldo, a ver si en verdad les tomaron (las pruebas) o tuvieron otras pruebas que darse, que no fue así; listados que yo adquirí cuando trabajé en el Grupo de Inteligencia del Ministerio del Interior, en el 2013, lo que el ministro del Interior me pidió que investigue estos hechos; así mismo, debiendo indicar que en las últimas conversaciones que tuve con el teniente Cifuentes me mencionó que las cosas se le habían salido de las manos y que el ministro del Interior y el señor general Diego Mejía, quien era en ese entonces subsecretario de Policía, lo único que querían era la renuncia del comandante Fausto Tamayo y que el nuevo comandante general iba a ser el señor general Mejía".

En su versión juramentada ante el Corte Nacional, en la segunda semana de septiembre último, el general Tamayo ratificó esta versión, de los siguientes términos: 

"En esos días el proceso de reclutamiento, amparándose en el decreto 632, se le quitó a la Policía el proceso de reclutamiento de jóvenes civiles para que ingresen a la Policía. Ese proceso estaba dirigido por la señora Cristina Silva, delegada del ministro para este proceso. Pero por reglamento se le encargó a la Inspectoría de la Policía que se encargue del proceso de las pruebas de confianza. Estas son toxicológicas, psicológicas, el polígrafo y la entrevista. Pero la que más valoración tiene es la prueba del polígrafo, que está reglamentada en un acuerdo ministerial. Entonces llega a mi oficina el señor general Juan Carlos Barragán Tapia, inspector general de la Policía, y me dice: “mi comandante general, quiero darle parte que hemos descubierto que 385 aspirantes que pasaron las pruebas de confianza han sido sacados (reemplazados) por 385 aspirantes a policías que no pasaron las pruebas de confianza”. Le digo: no puede ser. Y me hace una explicación vía power point, con datos, pormenorizados. 385 carpetas donde se detallaban las razones por las cuales fueron negadas las pruebas del polígrafo.

"Le pregunto, cómo puede ser esto: vea mi comandante, yo le vengo a dar parte, para que usted hable con el ministro y esto se someta a una investigación. Porque mis poligrafistas se sienten traicionados, porque se está diciendo que los poligrafistas han caído en corrupción. Me fui a hablar con el ministro y le hice conocer de este particular. Le dije, señor ministro, el señor general Barragán me dice que se ha detectado que hay 385 aspirantes que pasaron las pruebas de confianza y que han sido reemplazados por 385 que no pasaron. No puede ser, me respondió el ministro. Le pedí que nos recibiera al día siguiente. Fuimos con el general Barragán y le hizo la explicación gráfica y documental y el señor ministro mostró su indignación y dispuso al señor Viceministro que se hiciera cargo de este proceso y que la doctora Silva sea removida del cargo. El general Barragán le dijo que esa no era la intención, sino que se abra una investigación porque aquí se está hablando de corrupción. Y le encargó a Diego Fuentes.

"Les hago esta historia como antecedente porque en la reunión del Consejo de Generales los generales me reclamaron. El general Barragán me preguntó sobre esa denuncia. Y le dije que ya había hablado con el ministro, pero no hacen nada. Y se pusieron en un plan intransigente, e incluso pensaron que yo no quería denunciar porque a lo mejor yo tenía algo que ver. Y le dije a Barragán que luego de que presentara mi dimisión lo iba a dejar como comandante general encargado y  usted haga los reclamos debidos al ministro. El general Barragán me dijo que había hablado dos veces más con el ministro sobre esta denuncia y que el ministro le decía que ya se iban a hacer las acciones y nunca se hizo nada.
Tanta era la insistencia sobre estos 385 aspirantes, que me llama el viceministro, Dr. Diego Fuentes, y me dice, palabras textuales: “comandante general, por favor,  hable con el general Barragán para que no haga pito, porque usted sabe que este momento no le conviene al gobierno, al ministro, que se haga un escándalo de estos. Tratemos de manejar las cosas”.  Y no pasó nada. Este proceso consta en los archivos de la inspectoría de la Policía. Me hubiera gustado que el ministro hubiese tuiteado, como lo hace siempre: hemos descubierto organización delictual en el proceso de reclutamiento. Pero no lo hizo.

"Los generales propusieron renunciar todos por esta denuncia. Pero les dije que no seamos irresponsables. Aquí el fusible de la Policía se llama Comandante General esté quien esté. Ya tendrán su tiempo y ustedes harán lo que tengan que hacer".

Aunque no se refirieron a esta denuncia en particular, que consta dentro del proceso, el actual mando de la Policía Nacional firmó un documento de respaldo al ministro Serrano y rechazó en el mismo las declaraciones de la esposa del general Tamayo. El primer párrafo del Comunicado Oficial señala que la Policía Nacional del Ecuador "rechaza de manera enérgica la forma cómo algunos de los procesados y sus familiares, en el caso Red de corrupción de pases, han pretendido menoscabar la reputación de una institución de 78 años de historia y entrega profesional...". El mando policial dijo  en el comunicado que "respalda la decisión del señor ministro del Interior, José Serrano Salgado y del señor viceministro, Diego Fuentes Acosta, por la denuncia presentada  en julio del 2015, que guarda relación con el caso Red de corrupción de pases...".