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17 de Mayo del 2015
Investigación
Lectura: 25 minutos
17 de Mayo del 2015
Mariana Neira

Periodista de investigación, dirigió la redacción de la revista Vistazo en Quito.

Los del círculo son intocables (parte final)

Foto: Presidencia de la República

Rafael Correa junto a sus secretarios de Estado Vinicio Alvarado, Fernando Alvarado, Nathalie Cely, en la sala de reuniones del gabinete presidencial, en Carondelet.

 

Varios hechos involucran, como autoridades, a los últimos personajes de la serie Los Intocables: irregularidades en compra de uniformes policiales, los impuesto que no pagó el presidente con la bendición del director del SRI, el caso de la Corte Cervecera, las decisiones del caso Palo Azul, el tráfico de visas para cubanos...

Otras entregas de esta serie:
Los IntocablesLos Intocables2 y Los Intocables3
 

JOSÉ SERRANO SALGADO. Cuencano

Ha sido subsecretario de Minas del Ministerio de Recursos Naturales, secretario nacional de Transparencia de Gestión, ministro de Justicia. Es ministro del Interior.

Fotos: Presidencia de la República

José Serrano, ministro del Interior.

Lluvia decolore uniformes de policías

3 de diciembre, 2012. Diario El Comercio recordaba: “Frente a la tarima se tendió una alfombra roja. La ceremonia fue especial. Era el 18 de junio pasado, y esa mañana el ministro del Interior, José Serrano, entregaba los nuevos uniformes para la Policía”.

Pero, “cinco meses después, esa indumentaria ya no se usa. Los policías recibieron una  notificación urgente para que dejaran de hacerlo, pues perdieron su color original.

Esto ocurrió, pese a que las 42 000 unidades costaron USD 7 millones. Altos oficiales  confirmaron esta información y aseguraron que en estos días en las provincias incluso se comenzó a recoger las prendas para rediseñarlas y mejorarlas”.

Quien elaboró estos trajes fue una firma que el 19 de abril pasado (por Decreto Ejecutivo 1134) pasó en un 100% al Estado y ahora opera con el nombre de Fabrec.

En su cuenta oficial de Twitter, el ministro Serrano anunció acciones penales por presunto peculado en contra de la compañía vendedora. “Lastimosamente esos uniformes fueron contratados directamente por una unidad de la Policía (...)”.

Carlos Marx Carrasco.

CARLOS MARX CARRASCO. Cuencano

Fue director del SRI. Es ministro de Relaciones Laborales.

El presidente no paga impuesto

29 de abril 2010. Rafael Correa ganó al Banco del Pichincha un juicio por ‘daño moral’ y recibió una indemnización por 600 mil dólares. Su abogado fue Galo Chiriboga, actual fiscal general.

Por dudas expuestas por algunos líderes de opinión, comenzaron las investigaciones periodísticas que descubrieron dos cosas: el presidente no pagó impuestos por esa indemnización y sacó la mayor parte de ese dinero fuera del país.

En el caso de los tributos, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, explicó durante una entrevista dada a María Elena Verdezoto del diario Hoy, publicada el 1 de abril 2011:

“El señor presidente me consultó si esa indemnización que recibió por $600 000 del Banco Pichincha grava o no impuesto, porque me decía: 'yo quiero pagar'. Yo le dije que en principio creía que no, pero que me deje investigar”.

¿Por qué no está gravado si es un ingreso?

… En principio, el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario habla de excepciones y no incluye los ingresos por indemnización, pero ocurre que no está sujeto al pago de impuestos, porque es un ingreso diferente.

¿Cuál es la razón?

Porque no es renta, nuestra ley habla del Impuesto a la Renta, que se obtiene por un trabajo o servicio… una indemnización por daño moral no es renta sino un ingreso compensatorio del daño moral causado…”

La primera semana de abril, 2011. León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de la República,  abogado y columnista de medios de comunicación, denunció una contradicción porque por orden del mismo Carrasco, la viuda de un militar que recibió una indemnización por 15 mil dólares fue obligada a pagar impuesto a la renta. El director del SRI no pudo refutar a Roldós y se puso nervioso. En una entrevista concedida al canal estatal Gamavisión el 4 de abril 2011 dijo que no dijo lo que dijo al diario Hoy. “La publicación de Diario Hoy sobre si las indemnizaciones por daño moral no pagan impuesto, es incorrecta, lo que se pretende es ‘afectar la imagen institucional del SRI o tal vez dijeron por fin le encontramos algo al director del SRI”. Después de que el 6 de abril diario Hoy publicara el facsímil con su orden de cobro a la viuda, Carrasco se retractó tomando la posición original de que estos ingresos no pagan impuesto a la renta, pero Roldós, basado en el Art. 2 de la Ley Tributaria, le refutó diciendo que “los valores que exceden a lo tangible de una reparación -los daños en una propiedad mueble, un vehículo, por ejemplo, o por tratamientos médicos- son ingresos a título gratuito y, por lo tanto, deben causar impuesto a la renta. "En el sistema jurídico nuestro no se paga sobre renta o utilidad neta, sino sobre ingresos brutos con algunas depuraciones por exenciones o rebajas", precisó León Roldós.

Carrasco se mantuvo en su criterio de que no es aplicable el impuesto sobre indemnización –así actuó con Correa-, pero nunca se supo si devolvió a la viuda el impuesto arbitrariamente cobrado.

Compró un departamentito

En junio, 2011, una denuncia de la revista Vanguardia revelaba que más de la mitad de esta indemnización Correa sacó del país. Sustentaba su versión en una información proporcionada, en abril de este año, por el Servicio de Rentas Internas (SRI), al asambleísta Jorge Escala del Movimiento  Popular Democrático (MPD). Rafael Correa había transferido USD 331 082,50 a una cuenta bancaria en Alemania.

24 de junio 2011. En la parroquia de Vilcabamba, ubicada en el suroriente de Loja, el presidente Correa ratificó que sí realizó una transferencia de dinero al exterior. Según él, fueron más de USD 300 000, pero no lo hizo a Alemania sino a un banco de Bélgica.

“Este dinero estuvo destinado a la adquisición de un departamento, en la ciudad natal de mi esposa”, dijo. El costo del inmueble fue de 207 000 euros, tiene 62 metros cuadrados, donde hay una sala, un comedor, una cocina, un dormitorio y un baño. (Nunca ha exhibido ni escrituras ni fotos de la suite.)

Correa aseguró que la transferencia está documentada y el dinero provino de la indemnización que recibió por un juicio que ganó al Banco Pichincha.

El Mandatario entregó documentos a los medios de comunicación. Entre ellos hay un certificado emitido el 10 de marzo pasado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Allí, se establece que el patrimonio actual del Mandatario asciende a USD 617 911,30. En su explicación arremetió contra los medios de comunicación. 

Diario Hoy: 'Las indemnizaciones que, por daño moral, recibe cualquier persona, no pagan impuestos'

Diario Hoy: Indemnización a viuda sí pagó IR, por resolución de Carrasco (6/Abril/2011)

Diario Hoy: BananaLeaks.com denuncia supuestas cuentas secretas

Alexis Mera.

ALEXIS MERA. Guayaquileño

Ha sido desde el comienzo titular de la Secretaría Nacional Jurídica de la Presidencia.

¿Tráfico de influencias cervecero?

En el 2010 un grupo de ex trabajadores de la Cervecería Nacional exigían a esta empresa el pago de utilidades por un monto de 90 millones de dólares. Ésta se negó a hacerlo y los ex trabajadores solicitaron la intervención del ministro de Relaciones Laborales (ahora director del IESS), Richard Espinosa, quien les contestó el 7 de julio de 2010, que el caso no era de su competencia.

Al no ser atendidos, los ex trabajadores acudieron a la justicia. El caso llegó hasta la Corte Constitucional (CC) cuyo pleno tomó una resolución rapidísima. Patricio Pazmiño, presidente de la Corte –identificado como cercano al gobierno- justificó la  celeridad en la causa de la Cervecería Nacional, “por tratarse de un tema delicado, cuyo trámite generó conmoción nacional”.

El pleno de la CC resolvió dejar sin efecto todas las causas que se tramitaban por este tema en varios juzgados del país

Jueves 3 de febrero, 2011. Una vez que la CC hizo conocer su resolución, el asambleísta Galo Lara denunció públicamente, respaldándose con copias de los documentos, que el 13 de enero 2011, Alfredo Larrea Jijón, hermano del secretario de la Corte Constitucional (CC), Arturo Larrea, recibió en su cuenta bancaria un cheque por USD 500 000 de parte de Cervecería Nacional.

Según la denuncia de Lara, dos cheques adicionales fueron depositados en la cuenta del hermano del secretario de la Corte Constitucional (Alfredo Larrea), uno por USD 500 000 y otro por USD 50 000, pero fueron anulados en prevención de posible fuga de información.

4 de febrero, 2011. Lara oficializó su denuncia ante la Fiscalía General, acusando de cohecho a los nueve jueces de la CC y a Alfredo Larrea, el hermano del secretario general de la Corte Constitucional, Arturo Larrea Jijón.

Diario El Universo: Cheque de Cervecería causa acusación a la Corte Constitucional (Cheque de Cervecería causa acusación a la Corte Constitucional).

9 de febrero, 2011. Cuando se dio la denuncia de Lara, el tema también salpicó a la presidencia de la República. El asambleísta Abdalá Bucaram Pulley (PRE), dijo al diario Expreso tener certificados probatorios de que entre 2004 y 2005, Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, actuó como abogado de la Cervecería Nacional. Adicionalmente, dijo  Bucaram, existen las certificaciones de que Mera envió comunicados recomendando a ciertas autoridades que no intervengan en el tema. En particular, al ministro de  Relaciones Laborales, Richard Espinosa, quien dijo a los ex trabajadores que “el caso no era de su competencia”.

Bucaram también dijo que Alexis Mera cabildeó con los miembros de la Corte Constitucional, en particular con su presidente, Patricio Pazmiño, para que emitan el fallo favorable a la Cervecería Nacional.

El asambleísta anunció que pedirá un enjuiciamiento político a Mera. Los legisladores de  minoría y de oposición dijeron estar “de manos atadas”. El artículo 431 de la  Constitución impide al Legislativo fiscalizar a los miembros de la Corte Constitucional.

6 de abril, 2013. Diario La Hora informó que los tres jueces que fallaron a favor de los extrabajadores de la Cervecería Nacional, para que se les pagaran utilidades atrasadas, fueron llamados a juicio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por el presunto delito de prevaricato. Mientras las investigaciones sobre el aparente cohecho que se habría perpetrado en la Corte Constitucional (CC) para obtener una sentencia adversa a estos extrabajadores, sigue en el ‘limbo’.

Diario La Hora: Juicio contra jueces que llevaron caso de Cervecería Nacional

Galo Chiriboga.

GALO CHIRIBOGA ZAMBRANO. Cuencano

Ha sido ministro de Minas y Petróleos (que pasó a llamarse de Recursos Naturales no Renovables), Embajador de Ecuador en España. Es Fiscal General de la Nación.

¿Apropiación indebida de un bien?

El 14 de febrero del 2000, Galo Chiriboga Zambrano adquiría en Panamá, considerado un paraíso fiscal, la empresa Madrigal Finance Corp., por un monto de USD 10 000.

En principio su nombre no apareció en la conformación societaria, porque pidió –como un favor personal– a su amigo Gaitán Villavicencio, sociólogo guayaquileño, que prestara su nombre para que figurara como director. “Solo presté nombre, nunca pregunté para qué”, dice ahora Villavicencio.

Esta empresa pasó a ser la propietaria de una casa en Tumbaco, un exclusivo sector del nororiente de Quito.

Los esposos alemanes Edmund Chladek Polansky y Barbara Haidinger, propietarios del bien hasta 1999, aseguran que Chiriboga se adueñó de todo a base de engaños. Amigos de la pareja indicaron que el valor real de la vivienda es de aproximadamente USD 1 millón (sucres en esa época).

La historia empezó en 1995. Bancomex pidió el embargo de los bienes de la pareja alemana, que se dedicaba a la construcción y venta de viviendas, por una deuda de 220 millones de sucres ($ 12.154, a la cotización de diciembre de 1999). Para el cobro, el banco contrató los servicios de Galo Chiriboga.

Chladek estaba fuera del país por una orden de detención y su esposa buscó opciones. Y una fue Galo Chiriboga. (Él se convirtió en defensor del demandante y del demandado).

…ella explica que Chiriboga le ofreció ayudarla en los asuntos judiciales y que le pidió firmar una serie de escritos…

En la denuncia ante el Consejo de la Judicatura, la alemana indicó que el 25 de octubre de 1999, Chiriboga la obligó a concurrir a la Notaría Tercera para que firme la escritura de compraventa, bajo amenaza de que, de no hacerlo, remataría el bien e impediría el regreso de su marido al país.

Galo Chiriboga en una carta que remitió a diario El Universo dijo que esas informaciones “se basan en sentencias ejecutoriadas que desvirtuaron los casos” y que en la etapa de impugnaciones se responderán todas las dudas.

Diario El Universo: Galo Chiriboga, acusado de adueñarse de una lujosa casa en Tumbaco

El negocio Palo Azul

La historia de Palo Azul comenzó en 1999, cuando el consorcio Cayman-Petromanabí adquirió en la provincia costera Manabí, los derechos que Elf y Amoco tenían en el bloque petrolero 18 que después pasó a llamarse ‘Palo Azul’. Accionistas del consorcio eran los ex banqueros Isaías que justo por ese año quebraban su banco.

Este bloque 18 (Palo Azul), aparentemente era un ‘hueso’, no tenía una reserva comercial rentable. Al no ser rentable debía ser revertido al Estado, pero al lado había el campo Palo Rojo de la empresa estatal Petroecuador con una reserva de 100 millones de petróleo liviano. Esta era una información privilegiada  que los Isaías habrían llegado a conocer por ex autoridades de Petroecuador. “Esos malos  funcionarios pasaron después a gerenciar las dos empresas de papel de los Isaías (Cayman-Petromanabí), entonces se preparó el fraude para anexar la riqueza de los vecinos, que era el Estado ecuatoriano”. En 1999, Cayman hizo perforaciones y consideraba que los yacimientos productores encontrados en el campo Palo Azul 1 (bloque 18) se extendían al campo Palo Rojo de Petroecuador. Y empezaron a hablar de campo compartido que según estudios técnicos de Petroecuador, no existe. La denuncia la hizo en enero 2001 el diputado de Pachakutik, Antonio Pozzo, en ese momento vicepresidente del Congreso, y fue continuada por el asambleísta Cléver Jiménez y el ex sindicalista petrolero, Fernando Villavicencio.

En septiembre del 2000 (gobierno de Gustavo Noboa) se ratificó esta teoría.

Luego se dio “una cadena de cesión de derechos y obligaciones entre empresas de papel como Petromanabí, Cayman, Teikoku y Ecuadortlc”, dijo el ex ministro de energía del gobierno de Correa, Alberto Acosta.

El 24 de enero, 2005 (gobierno de Lucio Gutiérrez), en Argentina, Petrobras matriz suscribió un acuerdo de venta y asociación con Teikoku matriz, transfiriendo el 40% de participaciones en el Bloque 18, Palo Azul y Bloque 31, sin autorización ministerial.

El 27 de julio 2006, gobierno de Alfredo Palacio, el presidente de la tercera sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia declaró el archivo de la causa por el campo Palo Azul. Lo hizo por pedido de desistimiento de la fiscal General, Cecilia Armas, quien se convirtiera en el gobierno de Correa en asesora del fiscal Galo Chiriboga, luego fiscal subrogante.

Posesionado el gobierno de Correa, Alberto Acosta fue elegido ministro de energía y minas. Como tal decidió crear una Comisión Especial para determinar si hubo o no fraude en la declaración de campo unificado en Palo Azul y si habían casuales para la caducidad del contrato con Petrobras. La Comisión confirmó que no había campo compartido o unificado.

24 de marzo 2008. Tomando como base el informe de la Comisión, Alfredo Alvear, fiscal subrogante (actuaba en lugar del fiscal general titular Washington Pesántez), dispuso la reapertura del caso.

El informe de la Comisión Especial también fue enviado a la Contraloría y Procuraduría del Estado. “El procurador Xavier Garaicoa solicitó al ministro de Energía y Minas el inicio del proceso de caducidad. El presidente de Petroecuador, Fernando Zurita, notificó a la compañía con el expediente de caducidad, pero cuando iba a firmar el documento pidiendo al ministro la caducidad, fue separado del cargo, y luego el propio procurador renunció”, recordó Alberto Acosta.

El ex presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo Arias, dijo a la revista Vanguardia (19 de agosto 2008) que para no caducar el contrato hubo un acuerdo entre el presidente Correa y Petrobras. Alberto Acosta cree que “Él (presidente) tendrá que explicar si hubo dicho acuerdo entre el gobierno y Petrobras, y si lo hubo, en qué consistió dicho acuerdo. Esto sería un asunto preocupante en la medida que se negociaba con Petrobras mientras estaba abierto el proceso de caducidad contractual”.

En abril 2012, el asambleísta Cléver Jiménez pidió al presidente de la Corte Nacional de Justicia y a la jueza Lucy Blacio, se les excusara del caso Palo Azul al fiscal Galo Chiriboga y a su asesora Cecilia Armas por sus intervenciones años atrás. No se le atendió.

30 de abril 2012. Tras once años de litigios, la juez de Garantías Penales, Lucy Blacio, declaró nulidad del proceso. Lo hizo por pedido del fiscal Galo Chiriboga.

Tras el archivo del proceso, el presidente Correa y el ministro de energía, Wilson Pástor anunciaron un acuerdo con Petrobras para indemnizarla con $217 millones.

Diario El Universo: Alberto Acosta: 'Chiriboga rompe el principio básico de Fiscalía, en Palo Azul'

La Línea de Fuego: CASO PALO AZUL PONE CONTRA LA PARED AL FISCAL CHIRIBOGA – Kleber Jiménez. (Boletín de prensa del asambleísta Kléver Jiménez. 25 mayo 2012.)

Diario Hoy: Juicio de caso Palo Azul queda finalmente enterrado

¿Tráfico de influencias?

23 de diciembre, 2013. Tras ser llamado a juicio por supuesto uso doloso de documento público falso (su título de economista), Pedro Delgado Campaña, primo del presidente, recurrió a la riposta como mejor defensa para demostrar que es inocente. Alega que la formulación de cargos en su contra,  esconde motivaciones personales de su acusador, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.

Diario Expreso tuvo acceso a una documentación que Delgado, a través de su abogado defensor, Juan Carlos Carmigniani, presentará en esta semana ante la Corte Nacional de Justicia, en cuyos escritos consta una carta que da cuenta pormenorizada de supuestas actuaciones dolosas del fiscal.

Empagran (Empacadora Grupo Granmar S.A.) constaba entre las compañías que mantenían deudas con Filanbanco cuando esa entidad bancaria pasó a manos del Estado. El total de esa cartera "mala", que ascendía a USD 148 millones, le fue devuelto en 2001 a sus exaccionistas (los Isaías), en lo que se llamó "el vuelto". En 2008, la AGD resolvió incautar los títulos crediticios, garantías, derechos y otras obligaciones de esos activos.

Cuenta Delgado en su carta, que a fines de 2011, durante su gestión en la Ugedep, notificaron, mediante proceso coactivo, a los deudores de esa cartera sobre la obligación de pago inmediato de esos valores. En el caso de Empagran, anota, se le requirió el pago de una deuda por un monto aproximado a los USD 5 millones.

La mencionada compañía interpuso un juicio de excepciones por la vía civil para suspender el cobro, puntualiza Delgado. "El doctor Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación, me buscó en reiteradas ocasiones para interceder por esta empresa en este proceso, solicitándome que instruya a Ugedep para que no intervengan dicha compañía, incluso recomendándome que dé órdenes a los abogados de la Unidad para que presenten escritos en los procesos contra Empagran, bajo lineamientos que Chiriboga establecía", menciona el escrito.

Delgado resalta que los requerimientos del fiscal fueron hechos incluso hasta el día posterior a su renuncia al cargo que tenía en la Ugedep. "Siempre contesté con evasivas o respuestas ambiguas". Anota que "quizás por eso, el fiscal ha tenido ahora 'cinco millones' de razones para actuar de la forma en que lo ha venido haciendo en mi contra, ocultando hasta ahora sus motivaciones personales.

Diario Expreso: El contragolpe de Pedro Delgado

Marcela Aguiñaga.

MARCELA AGUIÑAGA. Guayaquileña

Fue ministra del Ambiente. Es asambleísta (una de las vicepresidentas) y Directora Provincial del Guayas del Movimiento Alianza PAIS.

Contratos de publicidad

11 de abril 2010. La prensa dio a conocer que en esta fecha la fiscalía inició una investigación a las ministras Marcela Aguiñaga (Ambiente), María de los Ángeles Duarte (Desarrollo Urbano y Vivienda) y Verónica  Sión (Turismo) por presunto peculado y falsificación en contratos de publicidad.

9 de mayo 2010. Diario El Universo descubrió por qué la fiscalía investigaba a las tres ministras. Fue por “procesos contractuales con ofertas que contienen firmas alteradas y que no fueron presentadas por los participantes se efectuaron en los últimos cuatro años para servicios de asesoría en relaciones públicas”.

Los concursos se realizaron en los ministerios del Ambiente (MAE), de Turismo (Mintur), y de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), así como en la Fundación del Programa de Aseguramiento Popular (PAP).

En todos ellos las compañías ganadoras fueron Navas\Navas & Asociados, Proboca y Anonimato, relacionadas con la empresaria Tamara Navas.

Fueron 86 contratos por 1,4 millones de dólares los realizados por estas empresas con el MAE, el Mintur, el Miduvi y la Fundación del PAP, entre enero del 2006 y febrero del 2010.

El Universo: Cotizaciones y firmas falsas en varios concursos del MAE

El hermano de las naturalizaciones

31 de marzo 2010. La Secretaría Nacional de Transparencia denunció que se ha “estructurado una verdadera cadena de corrupción entre funcionarios públicos”, para conceder 95 escrituras públicas de “Uniones de Hecho” entre ciudadanos ecuatorianos y cubanos, “en base a testimonios y declaraciones juramentadas falsas”. Pero la cifra aumentó porque en julio 2010, el canciller Ricardo Patiño dejó sin efecto las aproximadamente 160 cartas de naturalización otorgadas a los ciudadanos cubanos.

El ministro Patiiño involucró al ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Litoral, Juan Xavier Aguiñaga Rivadeneira, medio hermano de la entonces ministra de Ambiente, al momento vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga. Él, hasta febrero 2009 había trabajado en la Procuraduría, pasó a la subsecretaría de Relaciones Exteriores cargo que lo dejó en febrero 2010, pero el canciller Ricardo Patiño, dijo que su separación no se debía a esta situación.

2 de abril 2010. El juez vigésimo noveno de Garantías Penales, Víctor Moncada, abrió la etapa de instrucción fiscal dictando la prisión preventiva contra Aguiñaga y dos notarios.

30 de octubre 2010. El juez 4to de garantías penales del Guayas, Jorge Mestanza Pacheco, dictó auto de llamamiento a juicio y ratificó las órdenes de prisión. El 9 de noviembre 2010 la prensa informaba que Aguiñaga posiblemente salió del país, es decir, estaba fugitivo.

Diario El Universo: Legalización 'express' fue realizada a 95 cubanos

Diario El Universo: Juan Xavier Aguiñaga: 'Las evidencias muestran una persecución a mi hermana'

Diario Hoy: Orden de prisión para Juan Javier Aguiñaga

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