Hasta el censo de 2013, en todo el Ecuador había 69.476 pescadores artesanales. Pero el número de personas que se dedicaba a esta actividad era superior: 19.000 jóvenes, de entre 14 y 17 años, no fueron contabilizados porque eran menores de edad.

Actualmente, en 2022, el gremio pesquero calcula que existen unos 120.000 pescadores artesanales en todo el país, incluyendo armadores, concheros, buzos, cangrejeros, chinchorreros y bolseros, que realizan sus faenas en 23.000 embarcaciones, entre canoas, pangas, botes, balsas y fibras.

En la provincia de Santa Elena hay 16 caletas (lugar en donde los barcos desembarcan la pesca) y 5.833 embarcaciones registradas en la Capitanía de Salinas. No obstante, hasta el mes de octubre de 2021, solamente 1.400 trabajaban en la legalidad, es decir, tenían al día sus papeles, como matrícula actualizada y el curso OMI (impartido por la Organización Marítima Internacional), un taller en el que los pescadores aprenden primeros auxilios, semaforización marítima, etc.

Cuando la pesca es buena, el dueño de una fibra puede ganar entre 3.000 y 4.000 dólares, en dos, tres o cuatro días.

Supongamos que en una faena el pescador ha ganado 3.000 dólares; de esta cifra, destinará 1.000 a gastos operativos (combustible, aceite, bujías, hielo, alimentación y víveres) y 2.000 a honorarios. De esta última cantidad, 1.000 dólares serán repartidos entre los tres pescadores que generalmente salen a pescar en la fibra, y 1.000 serán para el dueño de la embarcación.

Sin embargo, si salen en contra, en la próxima pesca serán descontados los 1.000 dólares de los gastos operativos de la faena anterior, de manera que el dueño de la fibra tendrá que aportar 500 dólares y cada uno de los tres pescadores 133 dólares. Hay ocasiones en que el dueño de la fibra también pesca y es uno de los tres tripulantes.

El precio del pescado depende de la temporada. La libra de un pez espada de 200 libras puede costar entre cuatro y cinco dólares, mientras que el precio de la gaveta de pelágicos pequeños (peces que viven en aguas medias o cerca de la superficie) va entre los 10 y los 15 dólares cuando hay pesca, y entre 70 y 80 dólares cuando esta escasea. La gaveta de demersales (peces que habitan en zonas profundas) alcanza los 200 o 300 dólares.

Los pescadores artesanales de mar se clasifican en recolectores (concheros, cangrejeros, mejilloneros); los de pesca costera (langosteros, camaroneros, buzos, ostreros, demersales) y los de pesca oceánica (pelágicos grandes). Sus labores se desarrollan con espinel o palangre (de superficie o de fondo), y con otro tipo de redes.

El pescador artesanal captura demersales hasta las ocho millas (corvina, pámpano, camotillo, sierra, lenguado, robalo); pelágicos pequeños desde las ocho, nueve, diez y doce millas (botellita, caballita, carita, roncador, morenillo, pinchagua y sardina), y pelágicos grandes, generalmente de exportación y migratorios, desde las 40, 50 y 60 millas (pez espada, dorado, albacora, bonito, miramelindo, gaucho y picudo).

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Los pescadores han expresado su preocupación a gobernadores, ministros, asambleístas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas por los delitos acuáticos. Ninguna autoridad, sin embargo, ha podido frenar los robos y la extorsión a los que son sometidos.

En una entrevista concedida vía Zoom, la agente fiscal de Espacios Acuáticos de la Fiscalía provincial de Santa Elena, Irene Cuenca, manifestó que esa unidad tiene registradas 526 denuncias por piratería (delincuencia en el mar) desde el año 2015 hasta el 7 de febrero de 2022. De estas, 298 están en investigación y 226 con solicitud de archivo —la suma de las cifras que ofrece la fiscal arroja 524 denuncias—, es decir no han progresado porque, según Cuenca, los pescadores no colaboran con las investigaciones.

El dirigente pesquero Ramón González muestra las denuncias presentadas a la Fiscalía por los robos de motores y de fibras.

—Ellos no proporcionan información sobre las características de las personas que les roban porque estas llevan pasamontañas y no pueden ver sus rostros —señala la fiscal.

Además agrega que los pescadores temen por su vida. Algunos de ellos, dice la funcionaria, de cierta forma conocen a los piratas y no quieren colaborar.

—¿Cómo avanza la Fiscalía entonces en la investigación y las diligencias si no tenemos siquiera señales ni indicios? —se pregunta.

En el 2020 hubo una sentencia en contra de tres sujetos por tentativa de robo. La Armada hacía un control en alta mar y se encontró con una embarcación que estaba siendo víctima de este delito.

—Ese caso progresó porque la Armada halló a estos ciudadanos en delito flagrante —manifestó la fiscal.

Este es el único proceso penal con sentencia en Santa Elena.

La Fiscalía, dice Cuenca, tiene medios para proteger a los pescadores, como ingresarlos al sistema de víctimas y testigos y manejar la reserva de su identidad si entregan información.

—Pero ¿qué es lo que informan los señores pescadores cuando han sufrido un robo? Tal día salieron a la pesca, a tal hora sufrieron el robo por parte de estos sujetos que llegaron encapuchados y con armas, los sometieron y se llevaron la pesca y el motor. Ese es más o menos el relato. Viene entonces la investigación y se llama a las víctimas para que nos den más datos, pero muchas veces no acuden y solamente presentan la denuncia para en lo posterior, si se encuentra el motor, recuperarlo.

—¿Dónde están los motores recuperados por la Policía en los operativos?

—Los motores que decomisa la policía marítima, que luego son entregados a la Policía judicial como evidencia, son retenidos por parte de la Armada del Ecuador porque existen alteraciones en la parte donde tienen el troquelado (numeración). En otros casos hay motores que presentan varios números de troquelado y (los pescadores que los reclaman) no presentan la documentación correspondiente. Los motores de embarcaciones que han entrado por este tipo de procedimiento han sido objeto de licitación (procedimiento formal mediante el cual se reciben y evalúan ofertas para la venta de bienes, obras o servicios) por parte de la Fiscalía —dice la fiscal.

Muchas de las fibras que han perdido sus motores trasladan la pesca en botes a remo.

Según la funcionaria, la institución no puede devolver el motor o la embarcación mientras no se hagan las diligencias, por ejemplo, los revenidos químicos a efectos de determinar si los troquelados fueron hechos por la Armada o por alguien más. Indica además que la Fiscalía debe solicitar información a las notarías y a las casas comerciales para verificar si (el solicitante) es o no el propietario de la embarcación o el motor.

Por último, manifiesta que si el motor presenta alteraciones no puede entregarlo:

—Las partes de un motor deben estar intactas —aclara.

—Eso quiere decir, señora Fiscal, que es poco probable que un pescador recupere su motor, porque es lógico que los delincuentes manipulan el troquelado después del robo.  ¿Cuántos motores recuperados ha devuelto la Fiscalía? ¿Tiene cifras?

—Yo no le puedo decir el número de motores que se ha devuelto, pero en la mayoría de los procedimientos que se ha ingresado se los ha devuelto a sus propietarios con toda la documentación, con todos los informes periciales que se han realizado. La Armada los ha conminado (a los pescadores) a que regularicen los motores. La Armada los retiene (los motores) porque no los tienen regularizados. Eso se les ha dicho a los señores pescadores.

—Pero no en todos los casos, señora fiscal…

—La mayoría de motores son retenidos porque no están regularizados, no porque los oficiales de la Armada quieren. Tienen varios troquelados y ellos (los pescadores) no han presentado a la Armada del Ecuador la autorización para realizar el cambio del motor porque existe un historial de motores y de embarcaciones en la institución. ¿Y qué pasa cuando la Armada hace un operativo? Se encuentra con este tipo de situaciones. Por eso yo les digo (a los pescadores) que hagan las cosas correctamente.

—¿Cuál es el registro de fallecidos?

Por homicidio 7 casos, desde el 2015 hasta ahora. Las circunstancias no podría indicarle.

—¿Y de desaparecidos?

—No. De eso no tengo registro.

—Hay tres pescadores desaparecidos actualmente en Santa Rosa, desaparecieron el 15 de enero, a 20 millas…

—No sé si presentaron la denuncia.

—La denuncia fue presentada en la Fiscalía (en la dependencia de la fiscal) y en la Capitanía de Salinas.

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La Asociación de Pescadores Puerto Santa Rosa; la Cooperativa Unión del Pacífico y la Asociación Pescando Desarrollo entregaron un documento el 28 de junio de 2021 al gobernador de Santa Elena, Fulton Anchundia, que contenía un pliego de peticiones orientado a combatir la inseguridad en el mar y a paliar la debacle económica a la que se ven expuestos los pescadores debido a la extorsión y a los actos delictivos que sufren.

El gobernador acababa de posesionarse cuando los gremios pesqueros hicieron la entrega del documento, hace ocho meses. Aún no han recibido respuesta.

Entre las doce peticiones que suscribieron los gremios están que se declare en emergencia al sector pesquero artesanal; establecer responsabilidades en la Dirnea y espacios acuáticos, en conjunto con los ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia, ante la muerte de los pescadores al no actuar de oficio; y que se realice un saneamiento en las capitanías de puertos u otras instituciones estatales para que se identifique a los elementos que brindan información a los delincuentes del mar cuando el pescador asienta la denuncia por robo.

Además, solicitan que se realicen operativos relámpago dentro de las caletas pesqueras para identificar las embarcaciones robadas o los motores con revenido químico; que se establezca una lista de los más buscados con una compensación económica para quienes entreguen información; que las embarcaciones robadas o asaltadas que encuentre la Armada sean devueltas a sus caletas pesqueras sin volver engorrosos y costosos los trámites judiciales para su recuperación; y que se entreguen medidas de compensación o se condonen las deudas de las personas que perdieron la vida o sus equipos de pesca en alta mar producto de la delincuencia.

En el muelle de Anconcito acoderan entre 500 y 600 fibras. Nadie puede ingresar allí sin pedir autorización previamente, salvo pescadores, mayoristas y autoridades de pesca. 

En el año 2014 había 1.964 lanchas en Santa Rosa, mientras que, en noviembre de 2021, según el levantamiento de información realizado por el dirigente González, había 600, pero de estas solo 363 tienen motor, mientras que 237 carecen de máquina.

González está preocupado por la situación de los pescadores, por eso hurga entre las páginas del legajo que contiene la información recabada por él recientemente, una suerte de censo en donde ha registrado el nombre del armador y de la embarcación, y el número del troquelado y de fibras activas.

“Aquí no estamos hablando de me parece; recogí información, lancha por lancha. Todas las semanas hay robos, lo que pasa es que el pescador no denuncia; primero, porque lo tienen amenazado; y, segundo, porque acudiendo a la Marina para poner la denuncia no resuelve nada”, aclara.

El sector pesquero artesanal ha perdido 70 millones de dólares debido a los robos perpetrados por los delincuentes del mar en 15 años, pero en Santa Elena la situación es más delicada, señala.

Según un pescador que prefirió el anonimato y se comunicó vía Zoom con este medio, a través de la cuenta de otra persona, la piratería se ha desbordado porque la corrupción viene desde arriba. "Es como si te robaran en el propio banco: primero viene el señor que trabaja en la institución financiera, luego el señor del Registro Civil, después el señor del Servicio de Rentas Internas, y, por último, el señor que cobra el cheque".

Así como existe el robo de motores y el contrabando de combustible, existe también el robo de pesca, afirma.

Para entregar la pesca en la orilla, los pescadores deben tener una guía, un zarpe y una matrícula. Si la persona que faena no tiene esos documentos, el inspector puede incautar el producto, pero como se trata de una pesca equivalente a 3.000 dólares el problema se soluciona con un soborno de 100 dólares.

Las palabras mágicas son —repártanse muchachos—, señala el pescador, quien agrega que incluso las guías de movilización entregadas por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros pueden ser compradas porque para que una empresa reciba la pesca, el comerciante pesquero necesita de este requisito, por eso muchas veces ofrece al inspector de pesca 30 dólares y este le hace la entrega de la guía, el zarpe y el monitoreo.

En el muelle de Anconcito, los pescadores desenredan las redes antes de salir a una nueva faena.

También relata que ha crecido el número de casos de gente que dice: “hay un 'man' que me está inquietando, me está ofreciendo 100.000 dólares por llevar droga a Centroamérica. Si aceptan, les embarcan dos toneladas, se van en una lancha rápida, suben tres motores, se abastecen de combustible contrabandeado y, en cada punto en el que repostan lanzan el teléfono satelital que llevan y toman otro. Así arriban a México o a Miami, con motores veloces, de 75 caballos de potencia”.

De hecho, según este pescador, actualmente hay más de 400 ecuatorianos detenidos entre Centro y Norteamérica (Guatemala, El Salvador y México) por narcotráfico. Según la prensa de Guatemala, 100 ecuatorianos, que salieron de las costas de Manabí y Santa Elena, guardan prisión en ese país.

Al margen del tráfico de drogas, que ha hecho metástasis en el Ecuador, la mayoría de pescadores se dedica exclusivamente a sus faenas, por eso uno de sus dirigentes dice que la situación que más ha lacerado la tranquilidad de su gremio es la piratería, la cual prácticamente navega en la impunidad. Las cifras lo corroboran: de las 526 denuncias registradas en Santa Elena desde el 2015 hasta lo que va del 2022 por casos de delincuencia en el mar, ninguna ha sido resuelta. Y el único caso que tuvo sentencia fue un delito flagrante.

En el año 2014 había 1.964 lanchas en Santa Rosa, mientras que en noviembre de 2021 fueron contabilizadas 600, pero de estas solo 363 tienen motor.

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William lleva una camiseta roja de Barcelona; una visera blanca, y un trapo naranja amarrado al cuello para protegerse del perverso sol que intenta cernirse sobre su nuca.

Mientras narra sus batallas cotidianas, arregla un espinel, una especie de palangre que lleva una cuerda gruesa de la que, a tramos, penden los reinales con anzuelos que usa para pescar dorado, lija y guapo.

“En este momento es temporada del pez dorado, que se encuentra a ocho millas, es decir, a media hora de aquí porque las lanchas corren duro”, explica William desde la embarcación en la que realiza sus faenas, una fibra de diez metros de largo que se bambolea levemente en el muelle de Anconcito con el movimiento oscilante de las olas.

A este atracadero, en el que convergen entre 500 y 600 fibras, tienen acceso solamente pescadores, comerciantes mayoristas y autoridades de pesca, de manera que es inútil ingresar sin pedir autorización previamente.

Anconcito es una comuna cuya población se aproxima a las 12.000 almas. Situada a veinte minutos de Salinas, en la provincia de Santa Elena, el 70% de sus habitantes se dedica a la pesca artesanal, una actividad que les sirve como acicate para paliar el desempleo.

William tiene 42 años y pesca desde hace 25. Con sus compañeros de faena —que nunca superan el número de tres—  ha capturado cuatro quintales de dorado en una jornada corta pero productiva, no obstante hay días en que el grupo pernocta en la fibra hasta tres o cuatro días con cartones, una tolda, carne y un fogoncito a carbón con los cuales se ovillan, duermen, cocinan y sacian su hambre.

William residió hasta su adolescencia en La Floresta ll, en la ciudad de Guayaquil, pero ante la falta de trabajo viajó a Anconcito para vivir con su abuela; entonces, desocupado y sin plata, le pidió a uno de sus vecinos que lo llevara a pescar y desde ese día encontró su derrotero, una ruta que con el paso del tiempo se ha vuelto intrincada porque la piratería no lo deja trabajar en paz.

Narra que una tarde de hace 25 años estuvo a punto de ahogarse cuando jugando con un amigo suyo, como si fuera carnaval, se volcó el bote. Ese juego casi le cuesta la vida porque quedó debajo de la embarcación, no podía salir y por varios segundos creyó que le había llegado la parca.

En aquella ocasión pudo salvarse, aunque se asustó del mismo modo que lo ha hecho las siete veces que ha sido asaltado en alta mar.

El número de robos que sufren los pescadores es alarmante, manifiesta, pero más todavía “que seamos asaltados a más de 100 millas, es decir a seis o siete horas de la costa”, lo que le orilla a suponer que los piratas salen de Puerto Bolívar (provincia de El Oro).

“Estos señores no nos permiten trabajar con tranquilidad, se llevan los motores, que cuestan seis mil o siete mil dólares, y nos dejan botados dos o tres días en alta mar”, se lamenta.

Recuerda vívidamente cuando en una ocasión se quedó varado seis días en medio del océano producto del robo del motor de la embarcación en la que faenaba y tuvo que navegar a pura vela hasta que un barco grande lo remolcó.

—¿Hay que ser fuerte para ser pescador? —le consultamos.

—No, hay que ser valiente —responde.

Un grupo de jóvenes de Anconcito elabora carnadas para la captura de peces como el dorado. Esta escena se repite a lo largo de varias calles de este puerto pesquero.

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Son las 13:00 y en Santa Rosa el sol se ha declarado dictador, pero la familia de “Chupete” no ha visto ni un solo rayo desde hace más de quince días. En el hogar de los Saltos Arcentales, podría decirse, todo se ha vuelto tinieblas.

El calendario marca el 1 de febrero y en la vivienda de “Chupete” su familia tiene motivos de sobra para estar atribulada.

“Chupete” no aparece desde cuando, ilusionado con la pesca del pez dorado, agarró sus carnadas y se hizo a la mar con el fin de ganarse unos cuantos dólares.

Elsa Estefanía Arcentales busca desesperadamente a su hijo, Óscar Marcelo Saltos Arcentales (Chupete); a su cuñado, Enrique Andrés Saltos Gutiérrez, y al ayudante de ambos, Pablo Escalante Balón. Los tres salieron a pescar el 15 de enero y hasta ahora no hay noticias de ellos.

Óscar Marcelo Saltos Arcentales, nombre de pila de “Chupete”, salió la tarde del 15 de enero del presente año a pescar con su tío, Enrique Andrés Saltos Gutiérrez, y su ayudante, Pablo Escalante Balón, pero hasta el 7 de febrero no habían regresado, aunque sus planes eran volver al día siguiente.

Elsa Estefanía Arcentales, madre de “Chupete”, recibe a la prensa con un poco de temor, de ahí que luzca timorata ante la disyuntiva de hablar y recibir ayuda, o quedarse callada y preservar su paz.

Este miedo surge de un hecho que se ha vuelto habitual en Santa Rosa: las víctimas de la piratería que acuden a las autoridades para poner una denuncia suelen ser amenazadas por los delincuentes del mar, lo que les hace suponer que hay infiltrados en las dependencias que imparten justicia.

Sin embargo, Elsa Estefanía aparca el miedo y relata que la Armada buscó durante varios días a los desaparecidos, o eso fue lo que le dijeron.

“Me encontré a un capitán afuera de la Capitanía y desesperada le pregunté si tenía noticias, entonces me respondió que la Armada estaba haciendo la búsqueda a través de patrullas y una avioneta, pero ¿cómo sé si es así cuando a ninguno de nosotros, sus familiares, nos piden que los acompañemos?”, relata entre lágrimas.