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26 de Septiembre del 2018
Investigación
Lectura: 24 minutos
26 de Septiembre del 2018
Redacción Plan V
Derechos Humanos: las violaciones durante el gobierno de Rafael Correa

Represión en Dayuma. Fue el primer caso de violación masiva y brutal de los derechos humanos de decenas de habitantes de esta parroquia de la provincia de Orellana. Fue en noviembre del 2007.

 

Las violaciones a los derechos humanos, individuales y colectivas, durante el correísmo se pueden contar por miles. Una investigación de este portal y de la Aldhu ha documentado 286 casos graves, donde se incluyen, como individuales, historias de represión masiva. En total la afectación directa es a más de 8000 personas. Entre estos derechos violentados por el gobierno, a través de la fuerza pública y los operadores de justicia, están algunos de lesa humanidad, como los asesinatos no aclarados, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y hasta etnocidio.

Quizá el primer caso de violación masiva e individual a los derechos humanos, el uso de tratos crueles y degradantes fue la represión al pueblo de Dayuma, en la Amazonia ecuatoriana, en noviembre del 2007. Esta parroquia rural del cantón Orellana, en la provincia del mismo nombre, duramente afectada por la extracción de hidrocarburos en la zona, fue la primera en vivir la militarización, la represión y el acoso de un régimen que por entonces se presentaba ante el país y la faz del mundo como de izquierda y revolucionario, desde su posesión en enero del 2007.

Tortura, tratos crueles y degradantes se registraron contra la población de Dayuma en noviembre del 2007. Foto: Expreso

Con el argumento de “una grave conmoción interna” el gobierno declaró el Estado de Emergencia, relata la investigadora María Fernanda Soliz,  en toda la provincia de Orellana, militarizando la zona y agrediendo a la población con brutalidad, los informes de acompañamiento a las víctimas, reportan tortura, amenazas de violación sexual y detenciones arbitrarias. En la práctica, la “grave conmoción interna” se limitó al cierre de la Vía Auca, que conduce al pozo petrolero del mismo nombre, en ningún momento se dinamitó pozo alguno ni se atentó contra las instalaciones petroleras .

Para justificar estas acciones, el gobierno generó falsos informes que aseguraban  que la población se tomó los pozos petroleros y que se dieron actos de sabotaje contra los mismos. El reportaje exclusivo que reportó diario Expreso y que luego fuera parte de los insumos para una denuncia internacional por violación a los derechos humanos, mostraron a contingentes militares y policiales golpeando cruelmente a los pobladores, y luego arrestándolos, amarrados de pies y manos, en baldes de camionetas, como si fueran animales.

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son las víctimas directas de la represión de la fuerza pública durante la era correísta.

La suma de las violaciones individuales a los derechos humanos en los últimos diez años, pueden contarse por miles. Por ejemplo, en torno a las agresiones a periodistas y trabajadores de la prensa, fuentes documentadas como Fundamedios estableció una cifra de 2300 agresiones de diverso tipo. Pero en torno a los sucesos del 30S y las consecuencias posteriores, las afectaciones también se cuentan por centenares.

Una investigación de este portal, junto a la Asociación Latinoamérica de Derechos Humanos, Aldhu, determinó, en un informe preliminar que será publicado en las próximas semanas, que los hechos más relevantes en violaciones de derechos humanos entre el 2007 y el 2017 fueron los siguientes:

El derecho a la vida: 52 casos de muertes sin aclarar, entre ellas las más conocidas por la opinión pública, como el asesinado del excomandante general de la FAE, general Jorge Gabela; o el asesinato del periodista Fausto Valdivieso, entre otras. En este rubro se contempla 24 casos documentados de supuestas ejecuciones extrajudiciales por miembros de la fuerza pública.

El derecho a la integridad personal: 170 casos de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; entre estos las torturas a los estudiantes del Colegio Mejía, a los 10 de Luluncoto, a las decenas de presos de la cárcel Turi, de Cuenca (13 de ellos presentaron denuncias por tortura)...


Los 10 de Luluncoto durante una de las audiencias. Fueron condenados sin pruebas y sometidos a tratos degradantes.


Una madre de uno de los detenidos del colegio Mejía porta una pancarta donde reclama que su hijo ha sido tratado como un delincuente. 56 ex alumnos pusieron una demanda por torturas. 

Derechos de los pueblos indígenas: ocho ataques armados a poblaciones indígenas, como el ataque al pueblo de Saraguro, Loja, donde las víctimas se cuentan por decenas, y hubo, además, tratos crueles y degradantes, amenazas de violación y ataques racistas y sexistas por parte de elementos de la Policía Nacional. Otros ataques tuvieron lugar en Tundayme, en Zamora Chinchipe y sitios donde las empresas chinas tienen contratos mineros.

Derecho a la justicia, el ataque a los defensores: siete casos de ataques, amenazas e intimidación a abogados patrocinadores de casos de violaciones de derechos humanos, como Julio César Sarango, Juan Pablo Albán, Ramiro García... Y siete casos a los derechos al debido proceso, sin contar con los casos del 30S.

Derecho de asociación y reunión y criminalización de la protesta social: se reportan 25 casos graves, por estos afectaron la vida de más 5000 personas. En estos se incluye los más de 700 criminalizados por ejercer el derecho a la protesta social y a la resistencia, consagrados en la Constitución de Montecristi.

Tomados como casos individuales, aunque estos contemplen violaciones masivas de derechos humanos, se han documentado 286 casos graves. De un modo ampliado, se puede decir que afectaciones directas e indirectas suman cerca de 8000 las personas afectadas en este periodo, en la violación de derechos mencionados.

Estas son tres de las historias que contendrá el informe final:

El asesinato de un líder shuar

Integrante de la comunidad shuar, Freddy Taish fue asesinado el 7 de noviembre del 2013 en San José de Piunts, parroquia Bomboiza, cantón de Gualaquiza, provincia de Zamora, durante una incursión de militares para cumplir con un operativo de control de dragas, que consiste en confiscar la maquinaria de los pequeños mineros informales. En una primera versión, el gobierno aseguró que sólo se habían utilizado balas de goma y gas lacrimógeno; sin embargo, pero luego aceptó que tres militares tenían armas de dotación…pero los hechos no han sido investigados.

Taish era casado, tenía 28 años de edad, dos hijos, uno de un año y otro de 15 días de nacido. El operativo que terminó con su vida, y con 9 militares heridos, tuvo lugar el 7 de noviembre de 2013 a orillas del río Zamora, cuando un grupo de militares escoltaba a funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, en un operativo contra la minería ilegal en el sector de San José de Piunts. Los militares informaron haber decomisado dos dragas e indicaron que sus propietarios cruzaron a la otra orilla del río y empezaron a disparar. Luego, según el Ministerio del Interior, los militares se habrían retiraron y habrían sido emboscados en el río y atacados a tiros. La versión oficial contrasta con otros testimonios. Uno de ellos es el de Raúl Ankuash, cuñado de Freddy Taish, quien sostiene que los militares llegaron a la zona de forma violenta lo que desató un tiroteo de ambos lados. Las dragas son utilizadas para minería artesanal, actividad a la que se dedican muchos habitantes de la zona, en donde la transnacional china Ecuacorriente S.A. desarrolla el proyecto minero Mirador. Taish recibió un disparo en su rostro durante el operativo, por una munición calibre 9mm, armas exclusivas de uso militar en ese momento.

Los testimonios aseguran que Freddy Taish no pudo salir junto a su familia porque ya se encontró con militares en el lado derecho de la isla, y optó por avanzar hacia el lado izquierdo, buscando esconderse en unos arbustos en la esquina de la isla, pero los militares avanzaban también por ese lado...

Los militares llegaron a la isla Tutus. Dispararon y lanzaron bombas lacrimógenas contra las personas que realizaban labores de pesca en esa zona. Entre ellos estaban Taish, niños y personas de la tercera edad. Con el levantamiento del cadáver se inició la indagación previa y el 25 de marzo de 2014 se presentó la denuncia sobre ejecución extrajudicial. De acuerdo a las versiones recogidas, llegaron a la isla tres personas afrodescendientes y pidieron ayuda para enfrentar a los militares, entre ellos Jhonny Quiñonez Llanos, quien estaba casado con una mujer shuar y residía en el cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, y desde el Gobierno se lo responsabiliza de los disparos e identifica como  propietario de las dragas decomisadas por el Ejército.

El padrastro de Freddy se había negado a dar ayuda y le habría pedido a se alejara del lugar; él logró hacerlo junto a su esposa y dos de sus nietos que lo acompañaban en la pesca justo en el momento en que los militares llegaron disparando. Los militares avanzaron por los dos brazos del río, bordeando la isla y sorprendiendo a la familia de Freddy Taish en una esquina de la isla. Según declaraciones del fiscal de Morona Santiago, Roberto Villarreal, hay ciudadanos extranjeros dedicados a la minería ilegal que pagan a los shuar para que les permitan dragar en sus terrenos. La versión oficial agrega que habitantes del sector han confirmado que en la zona operan bandas armadas. Por separado, Leonardo Barreiro, a esa fecha Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el Vicepresidente de la República, Jorge Glas, informaron que los militares no portaban armamento, con excepción de dos oficiales.


Un morador del lugar muestra el lugar donde fue hallado el cadáver de Taish. Foto: El Universo

Los testimonios aseguran que Freddy Taish no pudo salir junto a su familia porque ya se encontró con militares en el lado derecho de la isla, y optó por avanzar hacia el lado izquierdo, buscando esconderse en unos arbustos en la esquina de la isla, pero los militares avanzaban también por ese lado y Taish quedó en medio de los dos grupos de militares. Mientras intentaba escapar se encontró con un militar que portaba una pistola, quien avanzaba agazapado; fue este militar quien habría disparado, según el testimonio de un testigo que se presentó ante la Comisión de Investigación que nombraron las autoridades indígenas shuar.

Según los testimonios, una vez muerto Taish, los militares procedieron a recoger casquillos de las municiones que se habían disparado. Salvador Quishpe, prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe dijo sobre el asesinato a Fredy Taish: “No se ha hecho ninguna investigación hasta ahora y, al parecer, el gobierno quiere que se quede en el olvido este caso”. “Taish estuvo pescando con su familia, rescató a sus hijos, a su familia primero. Hubo un disparo desde la parte de los mineros, pero muy alejado del lugar y al aire. Jamás imaginaron que los militares iban a volver para acribillar a la población. Entonces Taish rescata a su familia y en un matorral cerca de la orilla le acribillan”, aclara Tarquino Cajamarca, abogado del caso patrocinado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

El 9 de junio de 2015, la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado solicitó a la Fiscalía de Gualaquiza, provincia Morona Santiago, un informe detallado sobre lo actuado en el caso Freddy Taish, es a partir de este pedido que la Fiscalía ofrece a dar seguimiento a las investigaciones, lo cual se viene dando desde el año 2016, sin resultados hasta la fecha. La muerte de Freddy la presenció su madre, Elvira Tiviram, que dijo: “Yo estaba con mi hijo cuando lo mataron. Con mis ojos he visto quienes lo mataron, fueron militares -dijo Tiviram-. Vi con mis ojos que botaron bombas, disparaban y con ese espanto yo todavía vivo ahora”.

El caso de Francisco Javier Cajigas, una ejecución extrajudicial y un cuerpo sin cabeza

Fue el 17 de noviembre de 2015, el día en que se lo vio vivo por última vez y estaba en custodia de la Policía Nacional de la ciudad de Ibarra. Y 13 días después, el 30 de noviembre se lo encontró muerto, en las inmediaciones de la laguna Yaguarcocha, en estado enfisematoso de putrefacción, es decir, que había pasado de 3 a 5 días desde su muerte. La desaparición y muerte del colombiano de 33 años de edad, según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), podría representarse como un caso icónico de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en el país, incluyendo, además, el delito de manipulación y alteración de evidencias luego de su muerte.

El día anterior a su desaparición, tanto él como su pareja Angie Pinto acudieron a una fiesta y Francisco decidió quedarse hasta más tarde. Aquí fue la última vez que ella lo vio. Según los vecinos, Francisco llegó a su casa en estado etílico, no entró a su casa ya que la Policía llegó para detenerlo presuntamente por romper el espejo de un auto, se escuchó una riña entre él y uno de los policías por lo que también lo detuvieron por protagonizar un escándalo en la vía pública. Un vecino escuchó la amenaza por parte del policía de “irle a pegar en Yahuarcocha”, práctica que parece ser repetitiva dentro de las detenciones y los “castigos caseros” de la Policía de esa ciudad. Dos días después, su pareja denuncia ante la Fiscalía la desaparición, luego de buscar en Hospitales y la Policía Judicial, acude a pedir información en la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas, Dinased, sin ningún tipo de respuesta o ayuda efectiva. Solo luego de hablar con un coronel de la Policía, éste llamó e identificó a los agentes policiales responsables de la detención de Francisco.


Las protestas por la desaparición y asesinato del colombiano Javier Cajigas se tomaron las calles de Ibarra y Quito.

El 12 de diciembre de 2015, el cuerpo de Francisco fue entregado a sus familiares embalado completamente, sin posibilidad de abrirlo. Cuando la familia quiso ver el cuerpo, el médico legista encargado Ángel N. y el director Leonardo F. se negaron rotundamente.

Los policías involucrados en la detención, José S., Miguel E., Edwin P., Jaime A. y Juan Carlos T., lo llevaron a la Unidad de Flagrancia y aquí, la fiscal de Ibarra encargada mencionó que no ameritaba la detención de Francisco y, por lo tanto, que se lo podía dejar libre. Fueron los mismos policías, los que preguntaron la dirección de su domicilio, lo montaron a su vehículo y supuestamente lo dejaron afuera de la Discoteca Aqua. No obstante, la última vez que se lo vio con vida fue dentro del vehículo policial. Los resultados de la autopsia y el examen médico legal, dados en el Centro de Investigaciones de Ciencias Forenses (CICF), determinaron que el cuerpo tenía tres hematomas y escoriaciones por fricción. Según el equipo multidisciplinario de que analizaron el cuerpo, la causa de la muerte fue: traumatismo en el cráneo realizado con un objeto contundente.

El 12 de diciembre de 2015, el cuerpo de Francisco fue entregado a sus familiares embalado completamente, sin posibilidad de abrirlo. Cuando la familia quiso ver el cuerpo, el médico legista encargado Ángel N. y el director Leonardo F. se negaron rotundamente, bajo el argumento de que estaba empacado de tal manera que no lo podían abrir al ser un riesgo psicológico y biológico. Dentro del proceso de investigación, el fiscal Jefferson Ibarra solicitó asistencia a Colombia y dispuso la realización de una exhumación, que tenía como objetivo la realización de un análisis antropológico forense minucioso que ayudará ampliar la diligencia de autopsia realizada en Ecuador.

El 20 de mayo de 2016 en Pasto, Colombia, se realizó una primera exhumación y necropsia al cuerpo de Cajigas, con la cual se descubrió que el cuerpo estaba sin cabeza, por lo que se debió  suspender la diligencia; posteriormente, la cabeza fue localizada en el Centro Forense de la ciudad de Esmeraldas pero se pidió un nuevo peritaje para confirmar que se trataba de la cabeza de la víctima, el cual determinó que el cráneo había sido lavado con una sustancia que borró las evidencias. A partir de la pérdida y localización de la cabeza, el 7 de junio de 2017, empezó el proceso legal por el delito de alteración de evidencias y elemento de prueba por el mal manejo de las evidencias en contra de Leónidas F., Ángel N. y Sergio R.

Según un pronunciamiento de la Asociación de Desaparecidos del Ecuador (Asfadec), no se tenía que haber desprendido la cabeza del cuerpo, sin informar a los familiares de este procedimiento y, además, no se deberían utilizar este tipo de sustancias porque borran pruebas del delito cometido, recalcando que la causa de la muerte de Francisco fue un trauma en su cabeza. Al momento de recoger estos datos, aún se esperaba la audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio en Esmeraldas para finalizar la etapa de Instrucción Fiscal. Además, esta misma fiscalía esperaba los resultados del análisis al cuerpo y la cabeza en cooperación internacional con Colombia para emprender las acciones correspondientes en el caso.

Ángelo Ayol, un caso de tortura que llegó a sentencia

Ex estudiante del Colegio Mejía, quien fue víctima de tortura y detención ilegal por miembros de la Policía Nacional, el 17 de septiembre de 2014 durante una protesta estudiantil, cuando él cursaba cuarto año. El fiscal del caso David Bermeo y la defensa de Ayol solicitaron al juez Giovanni Freire que llame a juicio a dos miembros de la Policía  por el delito de tortura, Freddy F. y David A., mientras que la defensa de los policías integrada por los abogados Juan Arboleda y Molina argumentó que en todo el proceso se respetaron los derechos como el de presunción de inocencia. Además, reconoció que hubo una agresión a un menor de edad que lo dejó incapacitado por 8 días y que este caso pasó a manos de la Fiscalía bajo el departamento de la Comisión de la Verdad.


El ex estudiante Ángelo Ayol demandó a policías por torturas durante la represión policial en las protestas de septiembre del 2014.

El fiscal demostró  cómo fue el intento de llevarse a Ángelo silenciosamente y escondido a un hospital por la gravedad de sus heridas. Tras estar dos días internado, Ángelo salió del hospital con el diagnostico de sufrir  traumatismo cráneo encefálico y politraumatismo.

Esta audiencia preparatoria de juicio por tortura se desarrolló el 10 de octubre de 2017. En su alegato, el fiscal Bermeo narró los detalles recogidos de la versión de los hechos relatados por la víctima y los policías lo que permitirían configurar el delito de tortura y las irregularidades que hubo al momento de la detención del joven. El fiscal dijo: “Ángelo caminaba a coger el bus que lo llevaría a casa, cuando vio varias unidades motorizadas y policías que corrían en su dirección –dijo Bermeo- al darse la vuelta uno de ellos le cerró el paso y lo golpeó, fue en este momento en que todos los demás aprovecharon para golpearlo en el suelo”. También,  Bermeo se refirió a los hechos que sucedieron en la Unidad de la Policía Comunitaria (UPC) de La Basílica donde Ángelo fue golpeado y torturado con un objeto puntiagudo, presuntamente un esfero. Se picoteó la cabeza del joven y se golpeó el rostro que ocasionó la fractura de piezas dentales molares producto de varios puntapiés. Esto se encuentra registrado en el certificado médico. Un tercer escenario,  al que se refirió el fiscal fueron los hechos sucedidos en Unidad de Flagrancia, donde personal del lugar se dio cuenta del estado de salud de Ángelo y de otros procesados que se encontraban en la institución.

Con este escenario el fiscal demostró cómo fue el intento de llevarse a Ángelo silenciosamente y escondido a un hospital por la gravedad de sus heridas. Tras estar dos días internado, Ángelo salió del hospital con el diagnostico de sufrir  traumatismo cráneo encefálico y politraumatismo; además de las heridas profundas en la cabeza producto de los pinchazos del esferográfico. Su familia debió afrontar la rehabilitación física por las heridas y secuelas que dejó la tortura; así como también la rehabilitación psicológica para que Ángelo pueda sobrellevar y sobreponerse ante las afectaciones a nivel de la psiquis que dejó la tortura. A los tres años de la detención de Angol, el 2 de febrero de 2017 en las afueras del colegio Mejía ubicado en las calles Luis Vargas y Antonio Ante se realizó la reconstrucción de los hechos. El proceso de Ángelo Ayol inició en octubre de 2014 y a noviembre de 2017 era un expediente con más de 1.000 hojas en las que constan diversas diligencias practicadas dentro del caso que ha pasado por las manos de tres fiscales distintos. El 18 de enero de 2018, la Corte Provincial de Pichincha revocó el sobreseimiento dictado para David A. y Freddy F., y los llamó a juicio acusándolos de tortura y omisión, respectivamente,  en un contexto de represión en medio de las protestas sociales. Luego fueron condenados por tortura.

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Derechos Humanos: las violaciones durante el gobierno de Rafael Correa
 

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