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24 de Enero del 2022
Investigación
Lectura: 17 minutos
24 de Enero del 2022
Redacción Plan V
Dos años en la sombra el contrato para la alimentación de los presos
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El costo de alimentación de los presos en Ecuador alcanza los 35 millones anuales. Cada año se debe abrir una licitación pública para ese contrato, pero eso no sucede desde hace 2 años. Foto: Archivo PlanV

 

Es uno de los contratos más polémicos y, al mismo tiempo, del que ninguna autoridad quiere hablar. Las autoridades del SNAI y del Sercop rehúyen a las entrevistas sobre este tema. LaFattoria ha estado a cargo de este servicio desde hace una década con y sin contrato. Esta empresa, desde 2016, ha estado en los primeros lugares de los proveedores con el mayor monto total adjudicado incluso por encima de otros proveedores como Seguros Sucre o CNT.


El millonario contrato para la alimentación de casi 40.000 presos en Ecuador tiene un velo oficial. Desde hace dos años, este servicio que le cuesta al país más de 35 millones de dólares anuales opera sin contrato. Las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) han evitado los pedidos de entrevista de este portal.

En Ecuador, toda contratación debe pasar por una licitación abierta y pública, a excepción de las emergencias y ciertos servicios y productos. Pero en la actualidad, el SNAI mantiene la alimentación de los presos a través de un convenio de pago -una figura excepcional- con la misma empresa adjudicataria de este servicio desde hace una década: LaFattoria.

El Sercop, en una respuesta escrita, confirmó que supo de este convenio de pago el 27 de mayo de 2021. El SNAI le informó que firmaría ese documento que tendría una vigencia de 18 meses y que invitaría a los proveedores que participaron en procesos anteriores a que presenten sus ofertas hasta las 10:00 del 30 de mayo de 2021. El convenio de pago, le respondió el Sercop, no puede reemplazar un procedimiento de contratación regido por las normas vigentes.

¿Hubo esas invitaciones?, ¿bajo qué condiciones se firmó ese convenio?, ¿desde cuándo está usando esta figura?, ¿por qué un convenio ha reemplazado a un contrato?  Son preguntas que se mantienen sin respuesta porque el SNAI no aceptó la entrevista. En un escueto escrito de dos párrafos, el ente rector de las cárceles contestó que todos los datos estaban en la web del Sercop siguiendo el principio de ‘transparencia’. Pero ninguno de estos documentos es accesible públicamente. El SNAI dejó de responder después de ese cuestionamiento. El convenio está bajo la observación de la Contraloría General del Estado.

En una entrevista, directivas de LaFattoria, que pidieron que su identidad no sea revelada, afirmaron que por políticas de la empresa no pueden ser muy específicas respecto a la fecha de inicio del convenio, ni los montos. Pero afirmaron que han firmado más de una vez estos convenios en espera de la licitación. Mencionaron que el SNAI les ha llegado a adeudar hasta ocho meses, siendo el 2020 y 2021 los años más duros.


Dos ejectuvas de LaFattoria afirmaron que están a la espera de la nueva licitación para el contrato de alimentación de los presos de las cárceles del país. Esta empresa ha sido proveedora de este servicio durante una década. 

El costo de la comida, un nudo crítico

El SNAI ha declarado en cinco ocasiones desierto la convocatoria para el contrato de alimentación para las personas privadas de libertad. Y en los cinco procesos fallidos, el Sercop -la institución que vigila la contratación pública- ha criticado un elemento: la oferta económica del servicio de alimentación.

Esto apareció en el primer proceso fallido de 2019, cuando el SNAI abrió un concurso público para este contrato por 32,2 millones. Pero en la administración de Edmundo Moncayo se lo declaró desierto por ir en contra de los intereses nacionales o de la institución. El Sercop halló que la calificación de la oferta económica se hacía por el precio unitario (2.50 por la alimentación diaria de cada preso) y no por el valor total del contrato, es decir por los 32,2 millones como lo establece la norma.

En la nueva convocatoria el 28 de enero de 2020, el SNAI repitió los mismos errores. El SNAI dijo que no podía calificar la oferta por un valor total porque la población carcelaria fluctúa. Esta vez el único proveedor que se presentó fue LaFattoria, que propuso un precio de 2,42 dólares para un total de 39.954 presos por 236 días. Ese es uno de los precios más bajos que ha ofertado la empresa. En noviembre de 2020, ofreció 2,4975. 

En el proceso de enero de 2020, el contrato le fue adjudicado el 16 de marzo, pero el documento no se publicó en el portal y por lo tanto, dijo el SNAI, no hubo una adjudicación oficial. Sin embargo, el Sercop volvió a hacer observaciones al proceso y recomendó suspenderlo.

El Sercop ha asegurado que recibir ofertas por el precio unitario es una metodología que podría contravenir con los principios de legalidad, igualdad y trato justo contemplados en la Ley de Contratación Pública y que se desconocen los argumentos técnicos para esa forma de calificación. Pero el SNAI mantuvo ese criterio hasta el quinto y último proceso fallido. Pero, además, el Sercop encontró otras inconsistencias en esos procesos como documentos sin firma o falta de parámetros para calificar la experiencia de los participantes.

El precio de los 2,50 está fijado desde hace una década y no ha variado, según la directiva de la empresa, quien asegura que han debido ser eficientes para mantener ese precio. “Ofertar hacia abajo es extremadamente complejo”.

¿Qué cambió en el 2018 en el proceso de contratación? La directiva dice que esa es una pregunta para el SNAI. Pero explica que los términos de referencia del 2018 al 2019 variaron. Una de las modificaciones, dice la ejecutiva, fue la calificación de los menús, los componentes del menú (como pedir del pollo solo el muslo y la cadera), entre otros asuntos.

La comida ha sido uno de los reclamos permanentes de los presos, registrados por este y más medios. Los cuestionamientos se han centrado en las escasas porciones y en el desaseo. En 2018, PlanV visitó la cárcel de Latacunga y recogió varios testimonios sobre la evolución de este servicio. La directiva aseguró que manejan entre el 10% y 20% de insatisfacción de los alimentos. Si hubiera un problema real con la alimentación, dice, “la bulla sería muchísimo mayor”. Afirma que los alimentos se preparan a diario.


En 2018, PlanV visitó las cocinas de la cárcel de Latacunga. En un gigantesco galpón, más de 100 personas se encargaban de cocinar los alimentos de más de 4.800 presos. Fotos: PlanV

LaFattoria, cercana a los gobiernos de turno

De acuerdo a un informe del SNAI, entre 2012 y 2018 solo se habían presentado tres proveedores para los contratos de alimentación de los presos y de ellos solo uno había cumplido lo requerido, es decir LaFattoria. En los cinco procesos fallidos convocados sucedió lo mismo. En 2019, se presentó LaFattoria y el Consorcio Conalimecu. En enero de 2020, solo LaFattoria; en el tercer proceso de septiembre de 2020 estuvieron LaFattoria y el Catering Corporativo Marina Yate; en el cuarto intento, el 20 de noviembre de 2020, solo LaFattoria; en la quinta ocasión, del 17 de marzo de 2021, LaFattoria y el Consorcio Alimentado Ecuador.

Las críticas de las empresas participantes han provocado reacciones del mismo SNAI. En la convocatoria de enero de 2020, la institución aseguró que no direccionó el proceso a favor de ningún oferente, según “insinuaciones mal fundamentadas de los oferentes en la etapa de preguntas”.  El 22 de marzo de 2021, el SNAI solicitó al Consejo de Participación Ciudadana la conformación de una veeduría ciudadana a esa contratación. Aunque las licitaciones fallaron, LaFattoria sigue siendo el proveedor de la comida de los presos con y sin contrato. 

De acuerdo a un informe del SNAI, entre 2012 y 2018 solo se habían presentado tres proveedores para los contratos de alimentación de los presos y de ellos solo uno había cumplido lo requerido, es decir LaFattoria.

LaFattoria es considerada como un monopolio de los alimentos para el Estado. Pero la directiva lo niega. Dice que, en Ecuador, al menos hay cinco empresas de catering. “Nosotros concursamos y está abierto este concurso para otras personas”. Manifiesta que no ha hecho nada para capturar el mercado y que el precio de la comida lo estableció el Gobierno.  Ella dice que el SNAI no es su cliente más antiguo. Afirma que la empresa tenía una experiencia previa con empresas privadas portuarias o medios de comunicación. Pero se han vuelto expertos en cárceles.

Esta empresa se constituyó en 2008 y se dedica a la provisión de alimentos y bebidas en instalaciones deportivas, cafeterías, fábricas, hospitales o escuelas. Su matriz está en Guayaquil. Su capital actual es de 10.000 dólares.

La empresa tiene dos socios. El mayoritario es Riasem, una compañía dedicada a servicios financieros. Se hizo con el 99% de las acciones después de que Rosa Mueckay Morales transfiriera sus acciones a esta compañía en diciembre de 2018. Según el portal Periodismo de Investigación, ella es familiar de Luis Mueckay Arcos, quien ocupó cargos en la Cancillería y en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, entre 2014 y 2019.

                       

De acuerdo a los registros de la Superintendencia de Compañías, Riasem a su vez es socia de Acerinox, Alas para el Agro Alpagro, Noviecua y Henadad. También es accionista de Provisali, una empresa dedicada a la distribución de alimentos, creada en 2013. Esta empresa ha estado a cargo de los economatos, que proveen de víveres a los centros carcelarios.

El socio minoritario de LaFattoria es Richard Villagrán Freire, de nacionalidad norteamericana. Aunque no figura como gerente de Riasem, sino un familiar suyo, Villagrán se ha presentado públicamente como director de ese grupo.

Una de sus últimas apariciones fue en septiembre de 2021 cuando se reunió con el entonces director del SNAI, Fausto Cobo. De acuerdo al sitio Latacungainformativa.com, la cita se dio para “fortalecer el diálogo para la comercialización de alimentos con productores agrícolas de la provincia de Cotopaxi” para proveer a la cárcel de Latacunga.

La reunión se dio en Agropec, un centro de acopio y procesamiento de alimentos del Grupo Riasem ubicado en el cantón El Triunfo. “Así se construye país”, dijo Cobo al canal Telerama durante el encuentro. También participaron Jorge Guamán y Oswaldo Coronel, prefecto y gobernador de Cotopaxi, respectivamente. La directiva explica que Cobo los había llamado porque había una preocupación de que se compraran los productos a los productores de Cotopaxi y por eso los invitaron a esta planta de acopio. El SNAI es uno de sus dos clientes con el Estado y por ello buscan tener una buena sintonía, agrega la directiva. “Pero eso no significa que nos filtren información”.

Richard Villagrán Freire (segundo desde la izquierda), de nacionalidad norteamericana, es uno de los socios de LaFattoria. En la imagen sale junto  autoridades de Cotopaxi. Foto: Latacungainformativa.com

El 10 de mayo de 2018, Villagrán apareció en una rueda de negocios organizada por el Ministerio de Agricultura con su empresa Chef Express, que tienen más de 25 años de experiencia en servicio de catering industrial y eventos, según su sitio web. La matriz de LaFattoria está registrada con el nombre comercial Cheff Express. Como propietario de esta firma, ha dado ponencias  tituladas ‘120.000 servicios al día’.

Richard Villagrán (primero a la izquierda) en la mesa directiva de una rueda de prensa del Ministerio de Agricultura, en 2018.

Aracely Pincay es la actual gerente de LaFattoria. En su reporte de 2020, informó sobre las pérdidas generadas por la pandemia. En 2019, los ingresos de la compañía fueron 120,1 millones. Mientras que, en 2020, este valor bajó a 72,2 millones, una reducción de casi el 40%.

Pero en 2021, LaFattoria ganó 46 millones de dólares en contratos, por lo que se ubicó en el tercer lugar de las empresas proveedoras del Estado, solo por debajo de la Aseguradora del Sur y de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Pero los 46 millones solo corresponden a contratos con el Ministerio de Educación. En el 2016 se seleccionó a los proveedores para la provisión de raciones alimenticias para los estudiantes de escuela y colegios del sector público. LaFattoria fue uno de los cinco seleccionados que tiene a cargo la provisión de estos alimentos en algunas provincias del país, bajo un Convenio Marco que sigue vigente. La revista Vistazo informó que entre 2016 y 2021, esta cartera compró raciones alimenticias por 603,8 millones. LaFattoria se llevó la mitad de ese monto. La ministra del ramo, María Brown Pérez, le dijo al medio que se han dado seis prórrogas al Convenio y el 31 de mayo de 2021 tuvo que hacer una más.

Si se suman los 46 millones de los contratos con el Ministerio de Educación y los 35 millones por la alimentación de los presos, LaFattoria obtuvo en contratos 81 millones en 2021, lo que la convierte en la empresa con el mayor monto adjudicado en el país, superando incluso a CNT.

Desde el 2016, LaFattoria ha estado en los primeros lugares de los proveedores con el mayor monto total adjudicado. En ese año se ubicó en el segundo lugar con 76,8 millones, solo por debajo de Seguros Sucre. En 2017, bajó al cuarto lugar; pero en el 2018 despuntó al primer lugar con 154,3 millones, superando al Consorcio de Alimentación Escolar Ordeño, a Licosa y a Seguros Sucre; en el 2019 registró una caída a 19,5 millones; pero se recuperó en 2020 y 2021.

En 2021, pagó por impuesto a la salida de divisas 63.439, su mayor cifra registrada en una década. En la actualidad solo cuatro de sus 22 locales registrados en el SRI están abiertos y están en Guayaquil. Antes tuvo instalaciones en Tulcán, Ibarra, Santo Domingo, Cuenca, Quito y Portoviejo.

LaFattoria tiene aproximadamente 1.000 personas, de las cuales 500 se encargan directamente de las cárceles. De este último grupo, 106 personas son privadas de libertad que trabajan como cocineros o ayudantes de cocina, informó la directiva.

La directiva dice que el trabajo de la empresa va más allá de los números y los contratos. En febrero de 2021, en la primera matanza que se produjo de manera simultánea en cuatro cárceles del país, en una de las cárceles, en el patio aledaño a la cocina hubo desmembramientos. En la matanza de noviembre, su personal estuvo en la Penitenciaría del Litoral. Lo mismo ocurrió en otro episodio violento en la cárcel de Latacunga cuando 17 personas se quedaron atrapadas en los pabellones mientras sucedía un motín. Los sacaron a medianoche. “Nuestra gente es héroe”.


Imagen del 10 de noviembre en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Era una protesta de familiares de los presos que pedían más medicina y mejor alimentación. Foto: PlanV


LaFattoria prepara la comida en los centros que tienen cocina. En los que no, los alimentos salen de las cocinas más cercanas. “Son contadas las ocasiones”, dice, en las que han dejado de dar el servicio sobre todo por los motines. La directiva cuenta que han tenido que dar ranchos fríos, por ejemplo, arroz con atún sin la lata porque eso es un arma), jugos envasados, galletas, pan, etc. 

Aseguran que sus camiones tienen candados con vigilancia satelital y que el personal y la materia prima que ingresan a las cocinas de los centros pasa por varios filtros.

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