El 26 de febrero del 2014, otras tres embarcaciones fueron interceptadas por los Guarda Costas de Estados Unidos. La Niño Leo llevaba dos tripulantes ecuatorianos y un guatemalteco. Fue abordado a 183 millas náuticas de El Salvador. La nave estadounidense solicitó al Ecuador información de registro de la nave.  Ecuador no negó ni confirmó la nacionalidad de embarcación. El 27 de febrero, el Ecuador recibió el informe respectivo: la tripulación arrojó bultos al mar, que no fueron localizados, pero el hecho estaba filmado –dijeron los estadounidenses- por un helicóptero de EE.UU. Además dijeron que gracias a pruebas de scanner y por versiones de la tripulación se confirmó que llevaban droga a bordo. Tres días después, el Ecuador pidió la recepción de los tripulantes ecuatorianos, pero la tripulación no fue entregada, pues “por la evidencia encontrada, el Fiscal de EE.UU. consideró que debe ser juzgada en ese país”.

El barco Snayder Javier pasó por situación similar. La nave no tenía número de matrícula y fue abordada con tres tripulantes ecuatorianos y uno guatemalteco. Estaban a 425 millas náuticas de Costa Rica. Del Guarda Costas solicitaron la confirmación de la nacionalidad de la nave. Efectivamente era ecuatoriana. El 27 de febrero, el Ecuador fue informado de que en el barco se encontraron 10 paquetes de cocaína, los cuales fueron recuperados del agua, pues se observó que la tripulación los arrojó por la borda durante la persecución. Ecuador solicitó la devolución de los tripulantes en el límite marítimo con Colombia.  Estados Unidos solicitó a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, Dirnea, de la Armada del Ecuador, colaboración para el traslado de los tres detenidos. El 7 de marzo se realizó la entrega a la Armada ecuatoriana.

Otros tres tripulantes ecuatorianos fueron detenidos en el María del Cisne, a 514 millas náuticas de Costa Rica, por lo cual se solicitó  información del registro en el Ecuador. Como ocurrió en los otros dos casos, Ecuador no negó ni confirmó la nacionalidad de la embarcación. Un día después, se confirmó desde el Cuerpo de Guardacostas que no había droga en la embarcación.  Sin embargo los estadounidenses detuvieron a los tripulantes y los entregaron a la Dirnae, en el límite marítimo de Ecuador con Colombia.
Estos cuatro casos de fines del año pasado e inicios de este muestran la incertidumbre en la cual se encuentra el Ecuador respecto a la captura de droga en el mar. A punto de cumplirse cinco años de la salida del FOL estadounidense de la Base de Manta,  hubo dramáticos cambios en el Ecuador, la región Andina y la forma como operaba la lucha antidrogas encabezada por Estados Unidos. 

Hubo dos razones políticas que aceleraron la salida del FOL. Aunque en septiembre del 2009 ese convenio cumplía 10 años de vigencia, que era el tiempo límite para su terminación o renovación, dos hechos precipitaron la decisión del gobierno del presidente Rafael Correa, posesionado en enero del 2007, una de cuyas promesas de campaña había sido la salida de la base de la Fuerza Aérea Estadounidense en Manta. Estos dos hechos fueron las denuncias de abusos en la interdicción marítima, por parte de barcos del Cuerpo de Guardacostas de los Estados Unidos, con base en San Diego, California; y el ataque armado a la localidad ecuatoriana de Angostura, en marzo del 2008, por parte de un comando militar colombiano. En el ataque murieron 24 personas, entre ellas el segundo al mando de las Farc, Raúl Reyes.

El ataque al campamento de la guerrilla colombiana significó el rompimiento de las relaciones entre los dos países, fue un punto de inflexión en la guerra del Estado colombiano contra las Farc y tuvo en el Ecuador amplias repercusiones políticas y de inteligencia. Entre esos coletazos, el ataque dio motivos para que sectores de izquierda, por entonces con hegemonía política en el gobierno de Correa, incoaran la sospecha de que, desde Manta, Estados Unidos había apoyado con un avión de vigilancia Awac este ataque que violó la soberanía ecuatoriana.

Cinco años después no se ha podido probar esta acusación, pero cayó como anillo al dedo en el contexto político del momento, cuando en Ecuador se elaboraba una nueva Constitución por parte de una Asamblea Constituyente con plenos poderes dominada por la izquierda.

El Ecuador suspendió la cooperación para abordaje en aguas internacionales con Estados Unidos, porque oficialmente se consideró que la Guardia Costera de este país actuó indebidamente en algunos casos. En la década pasada, los buques estadounidenses interceptaron al menos 80 barcos pesqueros en búsqueda de narcóticos o migrantes. El Ecuador vivía entonces los coletazos de la crisis bancaria y económica del año 2000, que terminó por congelar los depósitos bancarios y dolarizar la economía. Según reportes de la Organización de Estados Americanos, unas 250 000 personas abordaron barcos y salieron por el mar, desde de las costas ecuatorianas, en busca de la frontera de México con Estados Unidos. Los organismos de derechos humanos documentaron 21 casos de abordaje, destrucción y/o hundimiento de barcos. Denuncias que llegaron a los políticos que debían decidir sobre la permanencia o no del FOL de Manta.
Pero los abordajes e interdicción marítima en busca de drogas continuaron, luego que el negocio de la trata de personas disminuyera y los coyoteros cambiaran de ruta. 

Pero la lucha contra el narcotráfico continuó. Ecuador, dentro del papel asignado por la economía del narcotráfico, que era de tráfico y bodegaje, tuvo un repunte en las capturas de droga desde el 2005. El promedio de capturas de narcóticos era de 13,3 TM entre los años 2000 y 2004, entre el 2002 y el 2012 el promedio fue de 35,2 TM.  Luego del 2009, los niveles de incautación tuvieron una considerable reducción; sin embargo, en el año 2012, estos montos ascendieron a más de 40 toneladas de drogas, mientras que en hasta octubre de 2013 ya se tiene más 48 toneladas incautadas hasta el mes de octubre.

En el periodo 2000 a 2013, el año más bajo de capturas fue el del 2004, con 5,7 TM, y el más alto fue el 2009, el último año de la Base de Manta, con un récord aún no igualado de 68 TM. En los dos años siguientes a la salida del FOL, las capturas cayeron dramáticamente a un promedio de 22 TM entre el 2010 y el 2011, pero repuntaron los dos años siguientes, en una tendencia creciente, de 42 TM en el 2012 y 56 TM durante el 2013. Por Ecuador circulan entre 110 TM y 270 TM de cocaína, según cifras de la Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada, Relasedor, un proyecto que monitorea y relaciona, de modo integral, los índices del crimen organizado en la región y es financiado por el Departamento de estudios de Seguridad de la Flacso, Ecuador.

Pero algo cambió. Si se miran las incautaciones por su origen, vemos que la incautación de drogas en alta mar, que fue una de las más efectivas entre el 2005 y el 2009, cayó dramáticamente luego de la salida del FOL de Manta, hasta casi desaparecer. Las cifras lo corroboran. De acuerdo a informes de la Policía Nacional del Ecuador, en el 2005 se capturaron 20 TM en el mar, casi la mitad del total. Las mismas 20 TM se capturan en el 2006, pero ya significan un 60% del total incautado en ese año. Para el 2009 el nivel de capturas en el mar cae a menos de 4 TM, que equivale al 5,8% del total de ese año. Después del FOL, las capturas en el mar casi desaparecen: menos de 1 TM en el 2010 y menos de 2 TM en el 2011. Desde el 2012 no hay estadísticas. Solamente hay el reporte de Estados Unidos que la flota de aviones P-3, del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras ayudó al decomiso de 53 TM en el mar, pero son cifras regionales.

Desde 1999 hasta el 2009, mientras estuvo el FOL en la Base de Manta, y de acuerdo a información oficial de la Policía Nacional, se realizaron 17 operaciones de captura de droga en interdicciones marítimas, con un total de 81 TM incautadas. Desde el 2010 hasta la fecha se tiene un registro parcial, pero hasta antes del 2012 no se habían capturado más de 5 TM.

Cinco años después, la embajada del Ecuador en Washington está recomendando a su Cancillería que se negocie una enmienda al acuerdo actual de cooperación en el abordaje.

El 30 de agosto del 2006, el entonces director general de la Marina Mercante del Ecuador, Eduardo Navas, y el representante del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de Norteamérica, Wyne Justice, firmaron el documento denominado: “Procedimientos operativos para el abordaje y la Inspección de las Embarcaciones Sospechosas de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y de Tráfico Ilícito de personas por Mar”.

En el documento, ambas partes denominadas “participantes”, se comprometen a aplicar los procedimientos acordados en caso de encontrarse con embarcaciones sospechosas de la otra parte. Estos procedimientos contemplaban abordar las embarcaciones con el permiso y conforme la autorización que le haya concedido el participante requerido. Sin embargo, se establece que cuando no se tenga información suficiente sobre la nacionalidad del barco sospechoso, se podrá realizar el abordaje bajo la responsabilidad del participante requirente.

El acuerdo también establecía que los estupefacientes  y sustancias psicotrópicas recuperados por un participante en una embarcación sospechosa, estarán sujetos a la autoridad y jurisdicción del Estado de bandera de la embarcación.

La enmienda que la Embajada propone al gobierno ecuatoriano es para establecer que en caso de que no se pueda identificar la bandera de una embarcación, pero se pueda identificar la nacionalidad de los tripulantes, estos sean entregados a las autoridades ecuatorianas en aguas internacionales  para que enfrenten a la justicia ecuatoriana.

También propone un mecanismo para el hundimiento de embarcaciones que se consideren no aptas para navegar, en el que ambos países deban certificar la condición, inclusive cuando no se pueda negar ni confirmar la nacionalidad ecuatoriana, pero exista presunción de que es así.

Estas dos condiciones permitirían reestablecer el mecanismo de cooperación para abordaje.
Para la Embajada una cooperación no es incompatible con el alineamiento internacional del país dentro de la órbita bolivariana o antinorteamericana.  Destaca, en una comunicación interna dirigida a la Cancillería ecuatoriana que Cuba mantiene un importante nivel de cooperación con los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos. En La Habana, la Sección de Intereses de Estados Unidos tiene un especialista USCG de Interdicción de Drogas para coordinar los esfuerzos antinarcóticos con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cubana. Estados Unidos no proporciona financiamiento o asistencia antinarcóticos a Cuba, dice el documento.  La cooperación entre estos dos países consisten en que EE.UU. comparte información táctica relacionada con el tráfico y responde a los informes de Cuba en los buques que transiten por aguas territoriales cubanas sospechosas de contrabando, o información táctica sobre las drogas objeto de interdicción en territorio cubano. Cuba también comparte información táctica en tiempo real con Bahamas, México y Jamaica. En el 2011, Cuba presentó a Estados Unidos un proyecto de acuerdo bilateral para la cooperación antinarcóticos.

A pesar de sus diferencias con EE.UU., Venezuela también mantiene cooperación antinarcóticos para el control marítimo, recuerda la Embajada ecuatoriana a su Cancillería. El acuerdo fue firmado en 1991 y enmendado en 1997 y no ha perdido vigencia desde la instauración del chavismo en ese país. A través del acuerdo, los dos países  generan actividades de cooperación para identificación de rutas y embarcaciones en el mar y para acciones de interdicción.

El documento agrega que “según informes de la Armada del Ecuador, para los abordajes se siguieron los mecanismos establecidos en el Convenio y por tanto, la embajada del Ecuador en Washington solicitó a su gobierno el criterio técnico y jurídico para que la detención en alta mar sea considerada arbitraria. El flujo de drogas en aguas internacionales desde la región andina es amplio y significa una de las formas de financiamiento del crimen organizado. La cooperación entre naciones es necesaria para rechazar los avances de las organizaciones dedicadas al crimen internacional”.

Toda esta argumentación estaba destinada a entregar insumos e información pertinente al canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, para preparar la reunión prevista con la señora Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado Adjunta para América Latina. La señora Jacobson tenía previsto visitar Ecuador en junio de este año; luego, el canciller Patiño anunció la postergación de la visita para julio, por asuntos de agenda; la alta funcionaria tampoco llegó en julio y hasta el momento no hay pronunciamiento oficial.

Mientras la diplomacia ecuatoriana se pone de acuerdo en los convenios con Estados Unidos, las mafias del narcotráfico han sentado sus reales en el mar ecuatoriano y cambian de tácticas. Desde el 2010 se han encontrado nada menos que seis sumergibles transportadores de droga, algunos con capacidad para transportar 12 toneladas.

Los primeros tres sumergibles fueron encontrados en la zona sur del Ecuador, en el área del Golfo de Guayaquil, pero también en el norte, en la provincia de Esmeraldas, límite costero con Colombia, en el área de San Lorenzo. El último encontrado en el sur, en el canal de Jambelí, estaba a la deriva. Medía 15 metros de largo, con capacidad para llevar cinco tripulantes y hasta ocho toneladas de droga. De acuerdo a un agente del Comando de Guardacostas de la Armada ecuatoriana, la nave pudo haber sido abandonada  “debido a que se han descubierto casos de narcotraficantes que han instalado caletas y laboratorios en el Golfo de Guayaquil”.

El fracaso de los drones

Desde la salida del FOL de Manta, Ecuador buscó potenciar la lucha antinarcóticos con fuerzas propias. Esto significó la decisión de poner a las Fuerzas Armadas a cargo de tareas contra el narcotráfico y el crimen organizado. Diversas leyes aprobadas por la Asamblea, controlada en sus dos terceras partes por el partido de Gobierno, Alianza PAIS, facilitaron la incorporación militar en actividades que estaban restringidas por la Constitución vigente desde el 2008. La situación se consolidó tras el ataque de Angostura, el cual generó la integración del ejército a estas tareas.

Lo que hizo el Ecuador desde el 2008 en adelante en tema de interdicción en aire y mar dista mucho de ser exitoso.  Una de las primeras medidas fue la compra una flota de aviones no tripulados, UAV, con tecnología israelita, que operaría desde Manta. Seis naves por USD 23 millones. Eso fue en el 2009 y eran para espionaje y operaciones antinarcóticos en el mar. Pero el contrato no se hizo con mantenimiento, que costaba USD 1,5 millones adicionales cada año. Tampoco se había dado operatividad a la interface entre los aviones y el sistema de comunicaciones en tierra, y tenían una limitada autonomía de vuelo, máximo tres horas al día y no se podía operar con mal tiempo.

El trabajo de los UAV significaba un despliegue tecnológico y logístico que abarcaría cuatro puertos: Manta, Guayaquil,  Esmeraldas y Salinas.

Habría intercambio de información satelital entre las aeronaves, los buques y las naves de la fuerza naval, que serían ubicadas en tres muelles flotantes.

En este trabajo participaban ocho lanchas interceptoras, siete lanchas Albatros. En total con las naves que están operativas, suman 42 unidades guardacostas  que participarían en este sistema.

En enero de este año uno de los drones cayó a tierra, por daños en el motor, luego de 400 horas de vuelo. Este avión fue fundamental en la localización del barco panameño Doria, con 800 kilos de droga, a 113 millas de las costas de la provincia costera de Manabí. Pero fue uno de los pocos logros de la flota.

El otro factor que se puso en marcha para reemplazar la tecnología estadounidense en la Base de Manta fue un sistema de radares que sostuviera al menos el récord de interdicciones aéreas. La indefensión del Estado ecuatoriano se hizo manifiesta cuando en marzo del 2008 ningún sistema de detección ni de defensa pudo advertir a tiempo la incursión armada colombiana sobre el campamento de Raúl Reyes, adentrado ilegalmente en territorio ecuatoriano a dos kilómetros de la frontera con Colombia.

Como respuesta, el gobierno adquirió cuatro radares primarios a la empresa china CETC, por USD 60 millones.  Pero a pesar de estar en funcionamiento nunca pudieron ser integrados con los radares civiles y militares y con los sistemas de comunicación de los aviones en operación. Según la cláusula octava del contrato, la empresa se había comprometido a entregar los nuevos radares debidamente instalados, integrados y comprobando su correcto funcionamiento entre sí y los radares civiles y militares, a un plazo de 18 meses. Para el 2014 Ecuador no tenía vigilancia de radares en su frontera ni en las áreas de mayor actividad del narcotráfico, como las costas, la frontera sur y la Amazonia. Solo los radares civiles de Quito y Guayaquil eran primarios, pero de un alcance de 80 millas, menos el de Guayaquil que por razones operativas y hasta administrativas dejó de funcionar en un 50% de su capacidad. Un informe periodístico de la desaparecida revista Vanguardia demostró que el deterioro paulatino de este radar fue advertido por técnicos de la Dirección de Aviación Civil, pero las autoridades no dispusieron las reparaciones pertinentes. Mientras ese intercambio de comunicaciones se daba al interior de la entidad rectora, tres avionetas con dinero y drogas ingresaron al territorio ecuatoriano.

Mientras se discutía sobre el contrato de los radares chinos, la Dirección de Aviación Civil inició el proceso de compra de radares secundarios para los aeropuertos de Manta, Puyo, Cuenca y Lago Agrio.
“Dada la poca efectividad de los sistemas de radar y el sistema de vigilancia en el mar, las capturas y detecciones realizadas de aeronaves y aviones involucradas en actividades delictivas han sido producto de la información compartida por Colombia y Estados Unidos, lo cual demuestra el nivel de dependencia que se tiene todavía con los sistemas de vigilancia e  inteligencia de esos países”, sostiene un informe académico reservado sobre el tema, y cuyos autores pidieron no ser citados.

El mismo informe reservado sostiene que dentro de la economía política del narcotráfico, Ecuador continúa siendo un país de tránsito y acopio de drogas. Su importancia territorial radica en que al estar entre Perú y Colombia, su ubicación estratégica y el tener el dólar como moneda de uso nacional lo convierten en sitio estratégico desde donde se determina el paso de las casi 1100 TM de cocaína que se produce en Perú, Bolivia y Colombia.

“En la última década varios cambios en la economía del narcotráfico en la región complejizaron aún más la importancia estratégica del Ecuador en materia de narcotráfico. Esta dinámica cambió por los éxitos parciales de la guerra contra las drogas a partir del Plan Colombia. Hubo un desplazamiento en la geografía de las rutas y/o puertos de partida de la cocaína en la región. Pese a que el país con mayor participación en esta actividad sigue siendo Colombia, el crecimiento del nivel de incautaciones de drogas en países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú y Brasil en los últimos años, se constituyeron en la principal evidencia de aparecimiento de nuevas rutas de la cocaína para ser ubicadas en los grandes centros de consumo mundial. Según Ameripol, se estima que por Ecuador al año transitan aproximadamente 110 toneladas métricas de cocaína proveniente de Colombia y Perú por vía aérea, terrestre y marítima”, dice el informe.