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24 de Abril del 2020
Investigación
Lectura: 15 minutos
24 de Abril del 2020
Redacción Plan V
Durante la cuarentena, el líder de Los Choneros quiso acelerar su prelibertad
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El líder de Los Choneros se fugó de La Roca y fue recapturado en Bogotá, en 2013. Llegó a Quito bajo resguardo de la Interpol y de la Policía. Foto: Twitter

 

Alias ‘Rasquiña’, con su abogado Harrison Salcedo (quien también es defensor de Jorge Glas), presionó para obtener su prelibertad mediante varios recursos. El líder de Los Choneros pudo acogerse a este beneficio gracias a la decisión de un juez de Manabí de bajarle la pena de 20 a 8 años de cárcel en su sentencia por asesinato. Este es un recuento de lo que hizo alias ‘Rasquiña’ desde 2018 para cerrar sus pendientes con la justicia y salir en este año de la cárcel.

Jorge Luis Zambrano González, mejor conocido con el alias de ‘Rasquiña’, ha protagonizado una puja judicial por su prelibertad desde el 2018. Zambrano quien además es el líder de la agrupación más temida del país, Los Choneros, ha usado desde demandas por acceso de información hasta hábeas corpus para salir de la cárcel. Pero durante la cuarentena, el cabecilla y su abogado, Harrison Salcedo (también defensor del exvicepresidente Jorge Glas), apretaron el acelerador.

Harrison Salcedo, abogado del jefe de  Los Choneros y del exvicepresidente Jorge Glas. 

Todo comenzó en mayo de 2018. Zambrano presentó la primera solicitud para acogerse al régimen abierto que por sorteo cayó en la Unidad Judicial Norte 1 de Guayaquil. Zambrano había sido condenado por asesinato y se encontraba recluido en el Centro de Privación de Libertad Regional Guayas. Zambrano fue privado de su libertad el 7 de septiembre del 2011, se fugó de La Roca el 11 de febrero 2013 y fue recapturado el 22 de noviembre del 2013.

Con esos datos, en agosto de 2018, se hizo el cómputo de la pena de Zambrano. Fue sentenciado en 2015 por el Tribunal de Manta a ocho años de cárcel por asesinato. El delito lo cometió en el 2011. El proceso llegó a segunda instancia y la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil modificó la sentencia y le impuso 20 años de prisión. La Corte Nacional a su vez ratificó esa última condena.  Es decir, según este primer cálculo, Zambrano debía salir de la cárcel el 18 de junio del 2032, considerando que se fugó nueve meses once días de La Roca.

Pero siete meses después, un juez de Manta apareció en este proceso. El 21 de febrero del 2019 llegó un oficio del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) dirigido al juez de Guayaquil a cargo del pedido de Zambrano.

Este documento decía: “Estimado por medio del presente pongo en su conocimiento que por ser tema de connotación social llegó información a este Centro por fuentes extrajudiciales que al PPL Zambrano González José Luis (sic), le fue modificada la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Manta de 20 a 8 años por principio de favorabilidad dentro del proceso No.09286-2018-04915 del Ab. José Tamayo Arana, juez de la Unidad Judicial Penal Norte Albán Borja”.

Zambrano fue privado de su libertad el 7 de septiembre del 2011, se fugó de La Roca el 11 de febrero 2013 y fue recapturado el 22 de noviembre del 2013.

Castillo dijo desconocer del supuesto beneficio y además recalcó a su colega, el juez Tamayo Arana, que él es el único con competencia para conocer esa causa.

En febrero del 2019, Zambrano insistió con otro recurso. Solicitó una rebaja de pena por ley más benigna, que por sorteo –según las actas– recayó esta vez bajo la competencia del juez Tamayo Arana. Zambrano pidió que se tome en cuenta que él fue sentenciado en un principio como cómplice (8 años) y no como autor del asesinato (20 años).

Tamayo Arana acogió la solicitud y resolvió aplicar el principio de favorabilidad. “Se dispone que cumpla con la pena que como cómplice le correspondería 8 años de privación de libertad, tal como lo dispuso el Tribunal de Garantías Penales de Manabí”, concluyó el juez Tamayo Arana en una resolución de más de 10 páginas con innumerables faltas ortográficas. Es decir, bajo ese argumento, el líder de Los Choneros podía salir en este año.

Este juez fue destituido por esa resolución. Desde noviembre del año pasado es defensor de su familiar Xavier Alexander N.A., quien enfrenta un proceso de asociación ilícita que involucra a una juez y a una fiscal. Ambas funcionarias fueron acusadas por ayudar a una organización relacionada con el cartel de Sinaloa. Su juicio aún no termina.

Pero a lo largo de 2018 y 2019, Zambrano pidió a la justicia su excarcelación por haber cumplido sus penas en otros delitos en los que había sido sentenciado, estos eran delincuencia organizada y tenencia de armas. Este último delito lo cometió dentro de la cárcel de Guayaquil, cuando fue involucrado en el ingreso de una ambulancia a ese centro. Tras ese hecho, fue trasladado a Latacunga. El líder de Los Choneros estaba cerrando todos sus pendientes con la justicia.

En diciembre pasado hizo otro intento en busca de su libertad. Puso una acción de acceso de información, pues dijo que su expediente le estaba siendo negado en la cárcel de Cotopaxi. Afirmó: “Señor Juez, en vista de que hasta la actualidad llevo detenido 6 años, 11 meses, es decir he cumplido con demasía las dos quintas partes de la pena privativa de libertad de 8 años, que me fue impuesta mediante pedido de aplicación del principio de favorabilidad (...) llevo meses solicitando al Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte proceda a dar paso a mi proceso de prelibertad”. Su pedido le fue negado.

Pero Zambrano volvió a presentar una nueva solicitud. Fue en enero pasado y esta vez apareció en escena Harrison Salcedo Mena como abogado de Zambrano. Quien ha sido el defensor del exvicepresidente Jorge Glas en los casos Soborno y Odebrecht, también pidió a la justicia que la cárcel de Latacunga entregue “la carpeta debidamente armada para poder solicitar la garantía penitenciaria” de la prelibertad de Zambrano.  “Mi demanda se basa en la negativa expresa y tácita de entregar la información por parte de la entidad demandada”, dijo el abogado.


Alias 'Rasquiña' fue trasladado a la cárcel de Latacunga  en 2019 después de que fuera involucrado en el ingreso de una falsa ambulancia a la cárcel de Guayaquil.

En esa audiencia también intervino el abogado Jefferson Alexander H., quien fue detenido este viernes por la Fiscalía. El profesional actuó como defensor del demandado, Mario Carrillo, director de la cárcel de Latacunga. En la audiencia, el jurista anunció que se había dado paso al pedido de Zambrano. “No tenemos ningún inconveniente en que se oficie a la SNAI una vez que se desglose los documentos agregados a esta causa”, manifestó. Ofreció cumplir en no más de 48 horas. El juez Édison Valle, de la Unidad Judicial de lo Civil con sede en el cantón Latacunga, aceptó el pedido del sentenciado. Los documentos fueron entregados un día después, según los archivos judiciales.

Pero el reo se abrió un nuevo frente. Volvió a ingresar otro pedido de información y esta vez demandó a Edmundo Moncayo, director del SNAI. Solicitaban el informe de la Comisión Especializada de Beneficios Penitenciarios necesario para el trámite de la prelibertad. Nuevamente, Salcedo actuó como defensor del líder chonero. Esa solicitud recayó en un juez de Quito, quien la negó. Según el juez, Zambrano presentó la solicitud “prematuramente”, pues la SNAI recién había sido notificada con el trámite.

El 7 de febrero, Zambrano presentó una acción de habeas corpus. La audiencia se realizó un día después. Su abogado Salcedo dijo:

Mi patrocinado Jorge Luis Zambrano González viene padeciendo desde antes de ser privado de su libertad de afecciones estomacales, como ardor, náuseas y diarrea, y en el CRS solo se cuenta con un establecimiento de salud de tipo 1 que esto es de atención básica que presta la atención de primeros auxilios. Por este motivo no se puede brindar una atención eficaz ya que no cuenta con exámenes de laboratorio ni tiene endoscopias, ecos, imágenes o tomas para realizar el diagnóstico de carácter clínico y médico acertado del señor Jorge Luis Zambrano González ya que padece dolor del páncreas, dolores del colon, continuas diarreas, cólicos que le genera malestar cuyos dolores no se pueden evitar con los medicamentos suministrados en el crs ya que es un dispensario tipo 1 y no se cuenta con los medicamentos necesarios para el tratamiento del señor Jorge Luis Zambrano González. De igual forma existe una ficha de atención médica en el cual se desprende que los buenos oficios de la entidad demandada han llegado a tener un turno para el mes de marzo del presente año”.

El habeas corpus le fue negado. Pero el líder del grupo más temido del país volvió a insistir en su prelibertad. El 27 de febrero pasado, el juez Manuel Santamaría, de la Unidad Judicial de Latacunga, admitió este trámite. Después de algunos diferimientos, finalmente la audiencia fue convocada para el 17 de abril pasado. Para entonces ya se le había otorgado la boleta de excarcelación, donde el motivo dice: “sentencia ratificatoria del estado de inocencia”.

El juez Santamaría dispuso que la audiencia cumpla con el protocolo de seguridad sanitaria dispuesta por el Consejo de la Judicatura que exigía la emergencia por el coronavirus. Zambrano compareció mediante videoconferencia desde la cárcel. De la misma manera debían asistir 11 funcionarios y abogados del SNAI y del centro penitenciario, más el abogado Salcedo. Entre ellos estaba Jefferson Alexander H., quien se desempeñaba como coordinador del Departamento de Diagnóstico de la cárcel de Latacunga.


La Fiscalía y la Policía detuvo a tres personas por supuestamente favorecer a Zambrano, entre ellos un funcionario del SNAI (foto) y una funcionaria de la cárcel de Latacunga. Foto: Twitter Fiscalía Ecuador

En la audiencia, el SNAI reclamó la competencia del juez. Pero el magistrado rechazó los argumentos del ente rector de privados de libertad en el Ecuador y siguió al frente de la causa. En la diligencia, el juez informó que existía un informe, firmado por el director de la cárcel, en el que consta que Zambrano estaba en el pabellón de mínima seguridad.

Pero el director rectificó ese dato y anunció que alias ‘Rasquiña’ estaba en mediana seguridad. El juez dispuso tres días para la presentación de la documentación y que se certifique en qué pabellón estaba. Si un privado de libertad no está en mínima seguridad no puede acogerse a la prelibertad. “Es un hecho nuevo que se ha conocido en esta audiencia”, dijo. La audiencia se reinstaló cuatro días después. Pero dispuso que el director de la cárcel y el abogado Jefferson H. especifiquen la sentencia sobre la cual emitieron el informe de ubicación de Zambrano. Asimismo señaló como nueva fecha para la continuación de la audiencia el viernes 24 de abril.

“Mi patrocinado Jorge Luis Zambrano González viene padeciendo desde antes de ser privado de su libertad de afecciones estomacales”, Harrison Salcedo, abogado.

Ese día, la Fiscalía ejecutó un operativo en las provincias de Cotopaxi y Santa Elena, donde fueron detenidas tres personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Ellos fueron el jurista Jefferson Alexander H., quien “habría actuado en contubernio” con el juez que tramitaba la prelibertad; Daniella B., servidora pública del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi; y Samara R. S., quien sería la conviviente de alias “Rasquiña” y cumple su sentencia por coautoría de asesinato en la misma cárcel de Latacunga.


La Fiscalía allanó lo que pareceria ser la oficina del Juez de Cotopaxi que tramitaba la prelibertad de alias 'Rasquiña'. Foto: Twitter Fiscalía Ecuador

La institución solicitó también que se suspenda al magistrado de Latacunga. El Consejo de la Judicatura, a través de cuenta en Twitter, informó que así lo había hecho sin dar más detalles. Por la tarde, la Fiscalía hizo dos allanamientos contra lo que parecía la oficina del juez, según las fotos publicadas por la institución. Lo acusó de prevaricato.

Pero en la madrugada de este 25 de abril, el Juez de Garantías Penales del Guayas a cargo de la causa no dictó prisión preventiva contra los tres, como lo solicitó la Fiscalía.

La Fiscalía informó que estaba tras este caso desde agosto de 2019. Hizo interceptaciones telefónicas que permitieron conocer que la organización manejaba grandes cantidades de dinero en diferentes entidades bancarias, utilizando a terceros y a su propio entorno familiar. Operaba desde Guayas y Manabí.

Entre los indicios que presentó en la audiencia de formulación de cargos estuvieron versiones, informe de análisis telefónico, informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y un informe integrado de las investigaciones realizadas por la Policía.

“Esta presunta organización tenía un mando o dirección y el respectivo financiamiento para cometer los delitos”. Estos eran la compra y venta de terrenos, casas, vehículos, además de armas de fuego –que eran utilizadas para delinquir– sin que ninguno de ellos pudiera justificar la procedencia legal del dinero. Pero en su boletín, la Fiscalía no menciona si tomará o no acciones contra el líder de Los Choneros.

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