5 de febrero del 2007, primer Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de la Revolución Ciudadana.  El primer tema: la relación con Colombia en torno a los problemas en la frontera norte. Básicamente el incumplimiento por parte de Colombia de la Declaración Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores, del 2005. El segundo tema: las aspersiones con glifosato. El tercer tema: los refugiados colombianos y los problemas para el Ecuador.

Asistieron altas autoridades y dignatarios. Encabezados por el presidente Rafael Correa, estuvieron, entre otros: Alberto Acosta, Lenin Moreno, Gustavo Larrea, Ricardo Patiño, y el alto mando militar de la época.

El contexto: los aviones fumigadores de una fórmula de glifosato y cosmoflux, usados por Colombia en su frontera con Ecuador, habían violado varias veces la soberanía aérea y, lo peor, el producto que mataba las plantas de coca en el lado colombiano arrasaba también con los cultivos y animales de miles de familias ecuatorianas en la frontera, amén de la contaminación de los ríos y de problemas en la salud, sobre todo de los niños.

Las palabras del Presidente fueron, entonces, acorde con las circunstancias: “Colombia se está burlando de nosotros”. Se refería a que Ecuador prácticamente cuidaba militarmente la frontera entre los dos países. En esa sesión, Correa se mostraba harto de tanto atropello: “Hay que hablar muy seriamente; que si un avión fumigador, que además son norteamericanos, pasa nuestra frontera, utilizar nuestras defensas antiaéreas, con la seguridad de que caiga en nuestro territorio, con la finalidad de demostrarle al mundo…, ahora, ahí estamos hablando de vidas humanas, para mí eso es algo muy serio, pero por favor, ya no podemos seguir aguantando los abusos de Colombia”.

Ante la vehemencia del Presidente, su ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa (hoy ministra de Defensa Nacional) explicaba que el propio Presidente había mencionado la posibilidad de enjuiciar a Colombia ante La Haya. No descartó ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana…

Pero el Presidente insistía en el riesgo: “las aspersiones con glifosato, ahora van a empezar nuevamente, es una ventaja de ir al Tribunal de La Haya, porque tiene medidas precautelares, mientras se aclare el asunto tendrán que suspender las fumigaciones. Por eso hay que empezar con la mayor contundencia lo más rápido posible, señora Canciller, y también el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (…). Pero no podemos permitir que Colombia vuelva a bombardear con glifosato la Frontera Norte, y no podemos permitir que quede impune lo que ya hizo, tenemos que demandar compensaciones. (…) hay que ir a todas las instancias internacionales que permitan impedir que se siga fumigando, y si no se lo puede impedir, tenemos que impedirlo con nuestras Fuerzas Armadas y que se compense por el daño ya causado…”.

¿Una declaración de guerra? Alberto Acosta, entonces ministro de Energía, ahí presente en calidad de invitado especial, pidió la palabra de inmediato: “Hay que tratar de no llegar a los enfrentamientos armados, hay que minimizar esas posibilidades, porque uno sabe cómo empieza y no cómo termina. Yo creo que hay que agotar todas las instancias internacionales”. Acosta apoyó una campaña diplomática, enviando delegaciones a todos los países posibles para difundir que, como país, Ecuador estaba siendo agredido.

Dibujo de Evelin Castro de la Escuela Remberto Escobar. Todos los dibujos son tomados del libro Aspersiones en la frontera: 10 años. De la Clínica Ambiental de Acción Ecológica.

Rafael Correa replicó: “Nadie quiere llegar al uso de la fuerza, pero yo no voy a permitir, como Presidente de la República, que se invada territorio ecuatoriano, así sea por minuto o minuto y medio. Entonces preparemos esa capacidad de reacción para capturar ese avión en nuestro territorio, pero en caso de que no se pueda hacer, el siguiente paso ya será derribar ese avión que entre a nuestro territorio, okey”.

La Canciller explicó entonces que Ecuador había iniciado un proceso para invitar al país a los relatores especiales de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y de Seguridad Ambiental y utilización de Sustancias Tóxicas. “Tengo dos puntos adicionales, dijo la ministra: existen juicios privados que están siguiendo los consejos provinciales de las provincias afectadas (Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Ndlr), creo que también hay que darles apoyo frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, básicamente. Así que creo que también hay que apoyar lo que la población y los gobiernos seccionales han hecho ya en el pasado”.

El Presidente insistió en medidas contundentes: “es claro que estamos siendo sujetos de una agresión y hasta ahora hemos estado pidiendo: por favor, no sean malitos, dejen de darnos palo. ¡Ya basta! Tenemos que dar respuestas más contundentes y ahí sí le hago un llamado muy respetuoso a los tres poderes del Estado, que más allá de nuestras diferencias, este es un asunto de seguridad nacional, actuemos en conjunto. La idea de Alberto (Acosta) me parece muy buena. A nivel judicial miren: Texaco tiene un juicio a nivel nacional por los destrozos que hizo en la Amazonía en la época de la explotación petrolera, ¿por qué las diferentes comunidades no pueden poner un juicio al Gobierno de Colombia por daños y perjuicios? ¿Eso es posible o no? Impulsemos eso y que (Alvaro) Uribe tenga cincuenta juicios por daños y perjuicios. Y si se gana esos juicios se incaute bien al Gobierno Colombiano. Tenemos que responder con mano fuerte señores, se están burlando de nosotros y eso no lo puedo permitir. (…) ¿Si yo cometo una agresión contra Colombia o Perú, lo único que hacen es retirarme el embajador? ¡Por favor! ¿Dónde está la compensación por los daños causados? No nos engañemos, no ha pasado absolutamente nada, y como somos país soberano no lo podemos permitir un día más. Estamos aquí para dar respuestas contundentes”.

La sesión decidió que Ecuador pondría la demanda ante La Haya, apoyaría las demandas particulares de los consejos provinciales en contra de las fumigaciones, lanzaría una ofensiva diplomática para denunciar la agresión que recibía el país desde Colombia y pondría a punto el sistema de vigilancia por radar en la frontera norte para capturar o en su defecto derribar alguna de las naves. La consigna: parar las fumigaciones con glifosato y apoyar los reclamos de los pobladores de la frontera.

La demanda: los hechos son aterradores

El 31 de marzo del 2008, el entonces embajador Diego Cordovez, en nombre de la República del Ecuador, presentó ante el Tribunal de La Haya una Demanda de Introducción de Procedimiento en contra de la República de Colombia. En su parte primera dice:

“2. Este caso se refiere a la fumigación aérea con herbicidas tóxicos hecha por Colombia en localidades situadas cerca de, en y a través de la frontera de ese país con el Ecuador. La fumigación ha ocasionado ya graves daños a la población, los cultivos, los animales y el medio ambiente natural del lado ecuatoriano de la frontera, y plantea un grave riesgo de producir daños adicionales con el tiempo. Por lo tanto, Ecuador solicita respetuosamente una sentencia de la Corte ordenándole a Colombia que (a) respete la soberanía y la integridad territorial del Ecuador; (b) tome todas las medidas necesarias para impedir el uso de cualquier herbicida tóxico en forma tal que pueda ser depositado en el territorio del Ecuador; (c) prohíba el uso, por medio de la aspersión aérea, de dichos herbicidas en o cerca de cualquier porción de su frontera con Ecuador; y (d) indemnice al Ecuador por cualquier pérdida o daño ocasionado por sus hechos internacionales ilícitos”.

El relato de los hechos que hace el Gobierno del Ecuador ante La Haya es escalofriante:

“Las fumigaciones aéreas bajo el Plan Colombia se iniciaron oficialmente en 2000. Las fumigaciones iniciales se efectuaron en los departamentos del sur-occidente de Colombia de Putumayo y Nariño, los cuales bordean las provincias septentrionales ecuatorianas de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. Las fumigaciones en la frontera con Ecuador comenzaron muy poco después. Por ejemplo, en octubre de 2000 el caserío ecuatoriano de San Marcos en La Provincia de Carchi, hogar de la comunidad indígena Awá, fue asperjado, al igual que el asentamiento de Mataje, en la provincia de Esmeraldas. Entre enero y febrero de 2001, cerca de la comunidad de San Francisco Dos en la Provincia de Sucumbíos. Colombia adelantó una campaña de varias semanas de duración con intensas fumigaciones a lo largo de la frontera. Por un espacio de dos meses se asperjaron herbicidas día tras día con sólo breves interrupciones. Las fumigaciones tuvieron lugar en forma prácticamente continua entre las 6 a.m. y las 4 p.m. en los días en que fueron realizadas. Nubes de sustancias se desprendieron de los aviones, siendo transportadas por el viento y finalmente cayeron sobre la gente, las casas, las plantas y los animales tanto salvajes como domésticos en territorio ecuatoriano. También estas sustancias fueron depositadas sobre el río San Miguel, el cual constituye la frontera entre los dos países en esa área.

Dibujo de Cecilia Cristina en escuela Río Upano

“Los residentes de San Francisco Dos y de zonas aledañas a esta población desarrollaron graves reacciones en su salud, incluyendo fiebres, diarrea, sangrado intestinal, náuseas y una diversidad de problemas en la piel y en la vista, inmediatamente después de que las aspersiones fueron realizadas. Los niños fueron afectados en forma particularmente drástica. Por lo menos dos muertes ocurrieron, en los días inmediatamente subsiguientes a estas aspersiones iniciales, en una comunidad en la cual no se habían reportado muertes similares en los dos años precedentes.  Otros niños requirieron ser transportados a instalaciones médicas más modernas en otras zonas del Ecuador.

“La gente no fue la única afectada. La vegetación de la zona, incluyendo cultivos agrícolas locales, fue devastada. La yuca, el maíz, el arroz, los plátanos, el cacao, el café y la fruta se oscurecieron, resecaron y murieron. En forma similar, los animales fueron afectados severamente: se reportaron numerosas muertes de aves de corral, pescados, perros, caballos, vacas y otros animales también se enfermaron.

“A lo largo de los años y hasta la fecha, los aviones colombianos que participan en las fumigaciones han violado en forma repetida el espacio aéreo ecuatoriano. Algunas veces estos aviones han asperjado herbicida justo hasta la línea de frontera y luego han utilizado el espacio aéreo ecuatoriano para dar la vuelta y seguir asperjando sobre la frontera. En otras ocasiones han continuado asperjando incluso mientras volaban en y sobre el territorio del Ecuador, rociando el herbicida directamente sobre la gente, las plantas y los animales en el Ecuador. En aquellas ocasiones en que los aviones colombianos respetaron nominalmente la integridad territorial del  Ecuador, la deriva aérea produjo la dispersión del herbicida en el territorio ecuatoriano.

“Los efectos de las fumigaciones aéreas sobre los ecuatorianos que viven en estas comunidades fronterizas replican los efectos sobre los colombianos que han sido expuestos a las aspersiones, tal como ha sido informado por organizaciones colombianas, tanto gubernamentales como no-gubernamentales. Según el resultado de una investigación adelantada en el departamento colombiano de Putumayo, se reportó que, como resultado de las fumigaciones aéreas en dicho lugar, varios miles de colombianos sufrieron una gran cantidad de síntomas, incluyendo irritación ocular, problemas respiratorios, arritmia cardiaca, lesiones en la piel, parálisis temporal y ceguera temporal, entre otros problemas. Se informó también que miles de animales han muerto y que las cosechas y alimentos fueron destruidos”.

La demanda menciona también los altísimos riesgos para la salud que tenía y tiene la mezcla de glifosato.
El Estado ecuatoriano denunció ante La Haya los impactos de esa mezcla para la población y el ambiente:
Estudios recientes de toxicología también indican que el glifosato plantea riesgos muy reales. Por ejemplo, estudios de laboratorio han encontrado efectos adversos en todas las categorías estándar de pruebas de toxicología. Estas incluyen toxicidad a mediano plazo (lesiones de las glándulas salivales), toxicidad a largo plazo (inflamación de la mucosa gástrica), daño genético (en las células sanguíneas humanas), efectos sobre la reproducción (conteo reducido de esperma en ratas; incremento en la frecuencia de esperma anormal en conejos) y efectos carcinogénicos (incremento en la frecuencia de tumores en el hígado en ratones y cáncer de tiroides en ratas).

“Aunque, por supuesto, no se han adelantado experimentos en seres humanos, estudios sobre personas expuestas al glifosato (en general granjeros) indican una asociación con un incremento del riesgo de abortos, nacimientos prematuros y linfoma no-Hodgkin. La toxicidad del glifosato es especialmente severa si es inhalado, como sucedería en el caso de exposición al vertido de la fumigación aérea.

“El glifosato es raramente utilizado solo. Frecuentemente es usado en combinación con otros químicos denominados “surfactantes”, los cuales potencian la eficiencia del producto al aumentar la absorción del mismo por las hojas de las plantas. Aunque normalmente estas sustancias se califican como “inertes” (para contrastarlas con el ingrediente “activo”, es decir, el glifosato), estos químicos son en ocasiones más tóxicos que el mismo glifosato, y su combinación es más tóxica aun. Un surfactante utilizado comúnmente con el glifosato, y que se afirma que está incluido en la mezcla utilizada por Colombia, es el polyethoxylated tallowamine (POEA). Se ha demostrado que el POEA por sí mismo causa irritación en los ojos, escozor y erupciones en la piel, náusea y diarrea. La combinación del glifosato y el POEA es significativamente más tóxica que cualquiera de esas sustancias administradas por separado.

Dibujo de María Elena Camacho en escuela Río Upano.

“Se ha informado también que la mezcla de herbicida usada en Colombia incluye un surfactante adicional conocido como cosmoflux 411F, el cual es usado para penetrar la superficie cerosa de las hojas de las plantas. El cosmoflux se fabrica en Colombia. Su composición química es desconocida y Colombia se rehúsa a revelarla, alegando que se trata de propiedad industrial protegida. La combinación glifosato/cosmoflux no ha sido objeto de evaluaciones apropiadas en relación con su seguridad para los seres humanos o incluso de los animales”.

A la luz de estos hechos, Ecuador demandó ante La Haya lo siguiente:

(A) Colombia ha violado sus obligaciones bajo el derecho internacional, al causar o permitir el depósito de herbicidas tóxicos que han causado daños a la salud humana, la propiedad y el medio ambiente en territorio del Ecuador;
(B) Colombia deberá indemnizar al Ecuador por cualquier pérdida o daño causado por sus actos internacionalmente ilícitos, a saber, el uso de herbicidas en la fumigación aérea, y en particular:
(C) La muerte o daños a la salud de cualquier persona o personas, derivados del uso de dichos herbicidas; y cualquier pérdida o daño a la propiedad, o medios de subsistencia, o los derechos humanos de dichas personas; y daños ambientales o la disminución de recursos naturales; y los costos del monitoreo para evaluar e identificar futuros riesgos para la salud pública, los derechos humanos y el medio ambiente derivados del uso de herbicidas por parte de Colombia; y cualquier otra pérdida o daño, y Colombia deberá respetar la soberanía e integridad territorial del Ecuador; tomar inmediatamente todas las medidas necesarias para prevenir, en cualquier parte de su territorio, el uso de cualquier tipo de herbicidas tóxicos de forma tal que puedan ser depositados en el territorio del Ecuador; y prohibir el uso de dichos herbicidas por medio de aspersión aérea en Ecuador, o en localidades situadas cerca de, en y a través de la frontera de ese país con el Ecuador”.

"Colombia no ha reconocido daño alguno"

Cinco años y medio después, los gobiernos de Ecuador y Colombia llegaron a un “Acuerdo para la solución de la controversia existente en la Corte Internacional de Justicia, relativa a la erradicación aérea por Colombia de los cultivos ilícitos cerca de la frontera con Ecuador”.

Ante el Congreso colombiano, el viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería colombiana, Arturo Morales, destacó que el acuerdo alcanzado con Ecuador se deriva del mandato de “la Carta de Naciones Unidas en la que insta a la solución pacífica de las controversias” y, en ese sentido, es parte de la estrategia integral “de buscar una agenda positiva con Ecuador”.

Morales enfatizó en que en el proceso ante la Corte Internacional de Justicia, “Colombia tenía unos argumentos contundentes, con estudios científicos basados en conceptos dados por expertos internacionales que demostraban que las aspersiones no causaban los daños alegados por Ecuador”. En consecuencia, el Acuerdo alcanzado con Ecuador “bajo ninguna circunstancia significa que Colombia haya reconocido daño alguno o pagado una indemnización. El texto del Acuerdo es claro y no contempla tal reconocimiento ni ninguna indemnización”.

Así que Colombia estaba contenta con el Acuerdo. En el Ecuador, la Cancillería dijo que una acuerdo de ese tipo era lo mejor que se podía lograr. En el contexto de las buenas relaciones y vecindad, se acordó “una contribución económica de 15 millones de dólares para el desarrollo de la zona de frontera”, señaló el Viceministro, quien argumentó que “la Cancillería, en su política de fronteras, tiene el Plan de Fronteras que busca crear condiciones con los países vecinos para crear proyectos de desarrollo fronterizo”.

Los puntos centrales de este acuerdo fueron cuestionados por el Comité Contra las Fumigaciones, que acoge de varias organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. También los campesinos y dirigentes de las comunidades de la zona reclamaron por este acuerdo, al que calificaron de “inconsulto e inconstitucional”.

Entrevista

Ecuador se ha arrodillado 10 veces

Adolfo Maldonado, uno de los integrantes del Comité, y director de la ONG Clínica Ambiental, señaló que las organizaciones habían recogido “10 renuncias del gobierno en torno a los acuerdos para terminar con la demanda ante La Haya”.  Maldonado es el coordinador de una de las investigaciones más impactantes y contundentes sobre los impactos de las fumigaciones, y que fuera publicada al cumplirse 10 años del inicio de las aspersiones. El informe se llama Aspersiones aéreas en la frontera-10 años

¿Cuáles son las renuncias que según ustedes tuvo el Estado ecuatoriano con respecto a este acuerdo con Colombia?

Una primera renuncia es que el gobierno pedía en la demanda que se reconociera que Colombia había violado la soberanía nacional. Y Colombia en el acuerdo de mediación no pide disculpas. La renuncia es en el sentido de que se permite que Colombia no acepte haber ocasionado el daño.
La segunda renuncia es la reducción de 10 km a 2 km, una renuncia al principio de precaución. Y ese principio es irrenunciable porque estamos pasando de prevenir el impacto de las fumigaciones en una franja de 10 kilómetros a plantear tener que hacer estudios por si encontramos que hay daños, entonces regresamos atrás. No estamos previniendo, sino poniendo cierto margen de seguridad reduciendo las dinámicas de seguridad que la gente tenía hasta ahora. Con esto Ecuador niega la parte central de su denuncia.
La tercera renuncia es que le quita el valor a la palabra de los campesinos para dársela a los técnicos. Donde antes los campesinos denunciaban y el Ecuador les creía, ahora el Ecuador dice: esto lo tienen que decir los técnicos para saber si es verdad o mentira. Es una renuncia grave porque finalmente esto lo hacen los comités de biotecnología que prácticamente con los transgénicos han quitado la palabra a los campesinos, pues son los técnicos de las empresas los que deciden si hay o no daño.
La cuarta renuncia es que el convenio deja abierta cualquier  posibilidad. No es que el gobierno  del Ecuador esté enterado o no de si va a haber fumigaciones, sino que la gente se pueda proteger. El Estado vuelve a renunciar y es como decir: nos comprometemos a que nosotros vamos a informar a ustedes con 10 días de anticipación. Si no se puede con tres días y si no cuando se pueda. ¿Qué acuerdo es este?  Y el Ecuador no tiene nada que decir ahí. ¿Cómo es posible que en una zona que durante todos los años nos dijeron que por razones de seguridad jamás informaban a la población de que se iban a producir las aspersiones, entonces ahora digan que se lo van a contar al Ecuador? Pero, insisto, el problema es que la gente queda indefensa ante las aspersiones aéreas el momento que se producen.
La renuncia cinco es que cuando hablan de la mezcla es la misma que usaba Dyncorp en el 2003 cuando se fija el programa de fumigaciones. Lo ponen ahora como un logro o acuerdo cuando es precisamente la misma fórmula que causó todo el impacto.  Ecuador renuncia a exigir medidas en la fórmula que tuvieran una menor concentración.

La sexta renuncia es que cuando Ecuador acepta que pueden hacerse cambios en las muestras, Ecuador se convierte en corresponsable de los daños que se ocasionaron y los que se pudieran ocasionar, pues acepta las fumigaciones como un método, en vez de pelear por la erradicación manual que no se nombra a lo largo de todo el acuerdo. Una de las luchas que hemos planteado es que se pida a Colombia erradicar los cultivos ilícitos, pero en la franja de los 10 km hacerlo con erradicación manual. Tienen métodos, saben cómo hacerlo.

La séptima renuncia es que Ecuador aceptó un protocolo de quejas pero no elaboró un protocolo de prevención. Si elaboras un protocolo de quejas es que aceptas que las va a haber, pero no estás elaborando un protocolo  para prevenir los posibles impactos. Cómo le dices a la gente: señores, van a hacer fumigaciones, tendrán cuidado, les estamos  sometiendo a este riesgo innecesario, pero ya que lo estamos haciendo, no sé, por la paz en Colombia o por cualquier cosa, por lo menos debieran decirle a la gente cómo prevenir en el caso de nuevas fumigaciones.

La octava renuncia es que el protocolo no sólo que no se ha consultado. Y eso aparece en la Constitución, sino que además es declarado secreto y el anexo dos no sale. Lo que ha salido es porque gente de Colombia lo sacó. El Comité Interinstitucional ha pedido el acuerdo a la Cancillería, a la Comisión de Soberanía del Congreso, y ninguna institución ha tenido la dignidad de entregar el documento a las asociaciones campesinas de la zona. La renuncia es porque pisotea la Constitución, porque el acuerdo con Colombia debió pasar por consulta previa e incluso por la aprobación de la Asamblea. Otra cosa es que la Defensoría del Pueblo tampoco se ha pronunciado sobre el tema. Ni siquiera esta entidad está enterada, cuando había hecho una petición en el 2004 para que el gobierno ecuatoriano pidiera una franja de seguridad de 10 kilómetros.

La novena renuncia es que contribución no es reparación, y el Ecuador renuncia a ser reparado e indemnizado. Las tres cosas  que Ecuador pedía en la demanda eran la soberanía, los 10 kilómetros y la indemnización. En el acuerdo último se plantea una contribución  que no una reparación, lo cual significaría reconocer el daño. Es clave la palabra porque eso es lo que estuvieron haciendo los asambleístas colombianos cuando hicieron el cabildeo para hacer este convenio. Ellos planteaban que era muy importante que no apareciera la palabra indemnización, porque eso significaba que  otros países vecinos pudieran reclamar también a Colombia por los impactos producidos. El uso de esta palabra no es casual.

Y la décima renuncia es que Ecuador renuncia a volver a demandar. Esto ya califica para vergonzoso, porque qué significa que tú plantees que no vamos a volver a demandar y que todo lo van a solucionar de manera amistosa. La demanda se puso en gran medida porque en Colombia gobernaba el presidente Alvaro Uribe, y qué garantiza que Uribe no vuelva a repetir. Pero ya estamos comprometidos a que no podemos enjuiciar nuevamente en La Haya.

¿Los científicos ecuatorianos que hicieron informes han tenido que ver con esto?

También es grave que no solamente hayan quitado la palabra a los campesinos sino también a los científicos ecuatorianos, porque cuando se hacen los acuerdos y se retira la demanda ante La Haya, jamás se consultó a los científicos que hicieron ese informe clave en el 2007 y que sustenta la demanda, sino lo que se hizo fue consultar a científicos norteamericanos. Aquí ha tenido un nivel de influencia muy alto el grupo de abogados estadounidense que llevaban la demanda del Ecuador y que tramitaron la negociación con Colombia. Lo que ellos argumentan es que no se habría podido conseguir mejor acuerdo ni mejores términos que lo que un juez podía haber concedido para el Ecuador en caso de ir a juicio.  Ecuador se ha arrodillado 10 veces ante Colombia con estos acuerdos.

¿Por qué se llega a un acuerdo antes de comenzar el juicio?

Hay un detalle clave, y es que en el momento en que comenzara el juicio, toda la información que hubieran sacado las dos partes se hacía pública. Me pregunto, ¿por qué tanta prisa para no llegar a juicio? Si había interés en que esto se solucionara se podía ir a juicio, dejar planteada la posición ecuatoriana y luego, en cualquier momento se podía llegar a un acuerdo. Este silencio es clave. Mucha información que ha salido es información confidencial pero que se ha pedido que se haga pública por la necesidad de conocer la amplitud del impacto.

¿Se ha valorado el impacto económico de las fumigaciones?

Hubo un grupo de pobladores, a través de los consejos provinciales y gobiernos locales que intentó poner otra demanda y esta valoró los daños entre 300 y 500 millones sólo en Sucumbíos por daños e impactos. Esmeraldas, otra provincia afectada puso una cantidad similar como daños y perjuicios. Las demandas fueron rechazadas, pero fue porque los consejos provinciales no habían invertido para hacer gastos de remediación de esos impactos.
La gente perdió entre el 90% y 95% de las cosechas de esos años, y aún hasta ahora existen campos donde la gente no puede sembrar, fue el impacto acumulado lo que mató la tierra. La demanda que se puso en Washington recoge un aproximado de 3000 familias entre la franja de Salinas y la parte de Puerto Nuevo. Nosotros hicimos el cálculo de entre 10 000 y 25 000 habitantes en la zona de frontera, dentro del margen de frontera.  Hubo problemas agudos en la salud de las poblaciones, problemas de piel, respiratorios, en los ojos. Ocurrió en el 2002. Detectamos incrementos de casos de cáncer, malformaciones y abortos. Desde el 2009 hacia acá se habían incrementado las tres afecciones.

Darwin Rubén Rodríguez:

"Nuestra posición es que no se vuelva a fumigar"

Es el presidente de la Federación Campesina de Agricultores y Nacionalidades del Putumayo. Es quichua y dirigente. Junto a 10 representantes de comunidades de 6 organizaciones sociales de Sucumbíos, Rodríguez presentó una carta al gobernador de la provincia, Édison Proaño, en la cual le hacía saber su inconformidad por el acuerdo alcanzado. Este es su testimonio:

“Yo, como dirigente, desconocía lo del acuerdo y un compañero que estaba en Lago Agrio me informó que había una reunión con el Vicecanciller sobre las fumigaciones, antes de octubre. Me acerqué a verificar sobre esa situación y nos enteramos de que estaba el Ecuador recibiendo un dinero sobre las fumigaciones de hace 12 años y eso acabó con los cultivos, acabaron con el pancoger de la población de la frontera. (Para los agricultores y campesinos el pancoger es una denominación genérica para todo lo que obtienen de la naturaleza). Como consecuencia murieron niños, hubo muerte por enfermedades. De esto nos enteramos el miércoles 18 de septiembre. Vimos que ese acuerdo no era viable y les daban incluso 15 millones de dólares como supuesta indemnización por  el daño causado hace 12 años. Se demoraron 12 años. Esa plata no alcanza para el daño causado. Como representante de las organizaciones me pronuncié. Represento a muchas comunidades entre pueblos indígenas y mestizos colombo- ecuatorianos. Nuestra posición es que no se vuelva a fumigar. Y que por lo menos se respetaran los 10 kilómetros de la frontera. Esos acuerdos fueron inconsultos y eso habían estado negociando o arreglando.  La reivindicación del Ecuador fue que no se redujera la franja de 10 kilómetros, pero ahora resulta que Colombia puede pasar a 5 kilómetros hasta dos luego del primer año. En estas comisiones de vigilancia que plantea el acuerdo no se incluyen las organizaciones campesinas, que vamos a ser los perjudicados.

Nosotros somos un pueblo olvidado y hasta satanizado. Nos tildan hasta de guerrilleros, pero no es esa la verdad. En  nuestra tierra hay cacao amazónico, hemos invertido en plátano, caña, chontaduro. Eso hemos invertido en esta década y tenemos temor del reinicio de las fumigaciones. Para levantar una hectárea de cacao se invierten 4000 dólares. Sólo poniendo una comunidad de 25 familias, como la más pequeña,  son 100 000 dólares. Sólo en Santa Elena son más de 4000 familias. Sólo ahí, en una población, con un solo producto son 14 millones. Ahora, imagínense qué son todas las miles de  familias afectadas por las fumigaciones, tocaría invertir todo el presupuesto nacional.

Pero no sólo es eso. Si evaluamos un árbol de aguacate destruido por las fumigaciones. La naturaleza se demoró 30 años en lograr que ese árbol tenga vida plena. Este produce dos veces al año. Lo mínimo que produce son 1000 pepas al año. Si valoramos un solo árbol de aguacate por su producción esta es de 30 000 dólares. Y si son mil árboles de aguacate, ya son 30 millones. ¿Cuánto vale una mata de maíz, un pollo, un marrano, una mata de yuca? Son cientos de millones de dólares. Por qué el Gobierno no envía una misión técnica a hacer una evaluación. Son miles de familias perjudicadas y que ahora se volverán a enfrentar a las fumigaciones en tres provincias. Nosotros estamos defendiendo aquí el alimento. En el sector que estamos, Bocana de Cuembí – Tres fronteras no queremos más fumigaciones. Lo que nos sirve es el territorio, de la tierra comemos y obtenemos nuestra medicina.

Uno de los peores errores del Presidente es que en este acuerdo viola la Constitución, porque ahí está el artículo 403 de la Constitución. El Gobierno debe hacer respetar el menos la franja de 10 kilómetros y no como ahora que ha aceptado hasta 2 kilómetros. No discutimos por política sino por nuestra soberanía alimentaria.

Los parámetros técnicos del acuerdo hablan incluso de 40 metros de altura como piso para las avionetas fumigadoras. Eso en teoría puede ser, pero en la práctica no funciona, porque esas naves no pueden bajarse tanto porque  los irregulares las bajan. Es imposible. Ellos fumigan desde 600 o 700 metros y cuando tienen el control de la zona. Es imposible también evitar o controlar la dirección del viento para evitar que nos caiga el glifosato.