Un oficial de la Policía se dirige a los mineros ilegales reunidos en torno a la mina de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Horas antes, la fuerza pública, con apoyo del ejército, había cerrado los accesos a la mina en busca de armas y de material mineral ilegalmente obtenido. Días antes se habían reportado cuatro heridos y varios muertos en un enfrentamiento armado en la mina más conflictiva del país. Buenos Aires es un asentamiento ilegal donde entre 2000 y 7000 personas de 14 nacionalidades han construido campamentos provisionales. Miles de toneladas de material salieron de esa mina, y cruzaron impunemente todos los caminos del Ecuador hasta llegar a las procesadoras de mineral del sur del país. En convoyes, como revela una alta fuente oficial, iban encabezados por una camioneta de doble cabina con hombres armados, los cuales llevaban USD 40.000 cada uno para repartir a las autoridades en el camino.

Rodeado por hombres armados del GIR, el oficial de la Policía habló así a los mineros ilegales.

Estamos aquí para protegerles "a ustedes en lo físico, por la depredación del medio ambiente, porque puede haber accidentes, pero también por la presencia de delincuentes que están aprovechándose y que están, en condiciones infrahumanas, explotando el trabajo de muchos. Por eso es mejor legalizar que ahcer minería ilegal. Mucha gente les confunde y les habla de minería artesanal. No hay eso, lo que hay es una minería ilegal, no hay eso, hay minería ilegal. Todos los que están aquí están cometiendo delitos, de cualquier forma. Y eso es penado por el Estado. Hay que buscar el mecanismo para acercarnos a los tomadores de decisiones. Nosotros no somos tomadores de decisiones; nosotros estamos reaccionando como Policía por pedido del Estado. Garantizamos libertades y derechos y queremos garantizar los de todos ustedes, pero aquí hubo ya un enfrentamiento a bala y tenemos cuatro personas heridas, graves. Una persona ha perdido la vida y hay comentarios de que hay más cadáveres. Por eso estamos aquí con gente de criminalística para hacer un rastreo. Si nos ayudan con información, mejor todavía. Nosotros vamos a hacer una revisión rápida porque no podemos hacer más. Ustedes conocen, los expertos en este territorio son ustedes, no nosotros. Si nos ayudan con información gracias. Se acaba esta tarea y saldremos, pero tenemos la obligación de informar lo que está sucediendo acá y no sabemos cuál será la siguiente respuesta del Estado, que puede ser múltiple, no sabemos. Por eso invito a las personas vunerables que vayamos haciendo una evacuación. Nosotros no venimos a combatir acá, venimos a persuadirles de los riesgos a los que están expuestos. No se ha definido ninguna otra actividad, pero el Estado, estoy seguro, colocará alguna política social, respecto de la cantidad que tiene aquí ganas de trabajar y que quiere prosperar, de eso estamos absolutamente conscientes. Yo con los dirigentes puedo crear una red de información, para tenerles informados, para manejar información. Porque hoy mismo nosotros nos regresamos y vamos a hacer un informe y vamos a documentar lo que están viviendo. A nosotros nos duele mucho lo que está pasando aquí. Somos seres humanos igual que ustedes. Lo único que tenemos es una obligación con el Estado por nuestro trabajo, nada más. ¿Alguien tiene una pregunta?

Un minero de Buenos Aires, dirigente, tomó enseguida la palabra y con la ayuda de un altoparlante contestó así al oficial: "compañeros mineros, contestando al compañero de la Policía, desgraciadamente hubo ayer compañeros heridos que yo mismo les rescaté. Les inyecté dándoles primeros auxilios, dándoles una inyección para el dolor y les enviamos para afuera, para que se hagan atender. Pero a veces la información avanza más; acá hay la información de que hay muertos, eso no es verdad, a los heridos ya los enviamos. El muerto que existe es de abajo, de la vicera, nada tiene que ver con nosotros, los de Mina Vieja. De todas formas, si ustedes quieren hacer su trabajo está el espacio libre para lo que tienen que hacer, porque yo sé que ustedes vienen a cumplir órdenes de sus superiores y a realizar su trabajo. Estamos dispuestos para colaborarles. Pero también quisiera que lleven el informe de nosotros como mineros de acá, ustedes pueden hacerle llegar al gobierno nacional, que lo único que reclamamos es el derecho al trabajo. Hemos venido de diferentes lugares, provincias y naciones. Habemos más de dos mil personas que estamos aquí involucradas en la minería por necesidad, por llevar el alimento a nuestros hijos, arriesgando nuestras vidas porque aquí hay gente de todo lado y es difícil manejar...".

La gentil recomendación del oficial de Policía para que se organicen y acudan a las autoridades ya había sido tomada en cuenta por los mineros. El 15 de mayo de  este año, conformaron una empresa Minera Buenos Aires S.A. (Minbuenarsa), con sede en Imbabura, y en una marcha a la Asamblea, auspiciados y acompañados por la asambleísta del correísmo, Silvia Salgado, pidieron al gobierno que permita la negociación de 90 hectáreas de la zona que invadieron con la empresa que tiene la concesión, Hanrine Ecuadorian Exploration, subisidiaria de la gigante australiana Hancock Prospecting Pty Ltd (HPPL). 

En el noveno piso del edificio del Ministerio de Energía, el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar considera a Buenos Aires como el peor escenario para la minería en el Ecuador. Él y otros funcionarios, como la ministra del Interior, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, han enumerado los males que se han incubado en ese asentamiento: crimen organizado, paramilitarismo, tráfico de oro, trata de personas, trabajo infantil, asesinatos, ilegalidades, precariedad absoluta, violaciones a los derechos humanos, esclavitud sexual... 

El viceministro de Minas Fernando Benalcázar es un ferviente creyente en las
posibilidades de la minería a gran escala. Foto: Luis Argüello

Benalcázar prevé el inminente boom minero del Ecuador, cuyos ingresos, dice, permitiría al Ecuador una época de vacas gordas en al menos 50 años. Pero hay tres peligros que se están viendo por estos días: la minería ilegal, que no es minería artesanal, sino una forma de crimen organizado; las consultas populares impulsados por líderes indígenas y ecologistas antimineros, y la voracidad de quienes creen que podrán saquear estos nuevos ingresos, tal como se hizo con la plata del petróleo.  

No solo los funcionarios alertan sobre el tema. El periodista Franklin Soria, director de la Agencia de Prensa Minera, es el que más investigaciones ha realizado sobre Buenos Aires, incluso produjo un documental denunciando las condiciones infrahumanas en el asentamiento. En un testimonio para Plan V alertó sobre la situación de la mina, y en una entrevista en televisión señaló que la minería ilegal no es un fenómeno que se maneja o aparece de manera espontánea donde una docena de personas, guiadas por un iliminado, encuentra oro y luego son miles. No, dice, la minería ilegal tiene un formato de crecimiento y opera sobre el conocimiento geológico, que es público. Y en virtud de la necesidad de trabajo de los ecuatorianos, les venden la ficción de que es un trabajo, cuando en realidad es el ejercicio pleno de un delito tipificado. La pregunta de fondo es, dice Soria, ¿quién compra ese oro ilegal? ¿Y quién financia una actividad costosa?

El viceministro muestra una veta pura de cobre recién descubierta. La minería en el Ecuador es inconmesurable dice. Foto: Luis Argüello

Las mismas preguntas se hacen los funcionarios. Pero el tema que preocupa más al viceministro de Minas es que haya la suficiente seguridad en el país, —que no se repitan otros Buenos Aires, por ejemplo en la sorprendente mina Cascabel— para mantener la atracción de las empresas, tanto en los proyectos estratégicos, como en los de segunda generación y las oportunidades de negocios.  

Cascabel es ahora la mina mimada para garantizar ese futuro. Es la más grande del mundo en cobre, oro y plata, ratifica el funcionario y uno de los abogados de la concesionaria Sold Gold, que es propietaria de la mina. Anunciaron sus multimillonarias reservas (unas 11 millones de toneladas de Cobre) una vez que recibieron los resultados finales de los estudios de las reservas. Eso significaría el 25% de las reservas mundiales del preciado mineral, clave para la industria. También anunciaron 23,3 millones de onzas de oro, y su alta concentración de mineral por tonelada.

Como es una empresa que cotiza en bolsa, el  anuncio fue para financiar vía participaciones los USD 3000 millones inciales que necesitan de inversión. Por lo pronto, una de las gigantes mundiales, BHP, compró ya el 11.1% de las acciones. Eso fue en septiembre del 2018. Luego, la gigante Newcrest compró el 15,33% de las acciones. Se estima una inversión de USD 26.000 millones en esa mina, que es un proyecto de segunda generación, durante unos 50 años. 

Para Benalcázar, estos proyectos están a grandes profundidades que "gracias a dios" están lejos de los ilegales. Las ilegales, explica, solo trabajan en las vetas superficiales, entre la superficie y hasta 50 a 60 metros de profundidad. 

Ecuador está a punto de inaugurar el ciclo dorado de la explotación minera a gran escala. Con los proyectos Mirador y Fruta del Norte, que empezaron como una idea hace 30 años y van a producir luego de tres décadas. Estos dos proyectos son los llamados estratégicos. Los otros tres son San Carlos Panantza, Río Blanco y Loma Larga. En Mirador y San Carlos Panantza está la empresa china CRCC-Tonguan Investment; en Fruta del Norte la canadiense LundinGold Inc; en Loma Larga la canadiense INV Metals; y en Río Blanco está la empresa china Junefield Resources Ecuador.

Junto a Cascabel, Llurimagua es otro de los proyectos de segunda generación, que el gobierno considera fundamental para su Plan Minero. La negociación con la estatal chilena Codelco se destrabó recién en el último viaje de Lenín Moreno y su gabinete a Santiago de Chile y quedaron en que la empresa estatal ecuatoriana, Inami, tendría el 51% de las acciones de la empresa que se constituyó, y la chilena el 49%. Llurimagua ha sido objeto de una serie de conflictos en la zona de Intag, Imbabura. Los dirigentes de esas comunidades, que se oponen a la minería, han soportado persecuciones y criminalización. Pero para el gobierno importan sobre todo los resultados de la explotación de 318 millones de toneladas de roca mineralizada, cuyo 0,7% es cobre. Unas 2.2 millones de toneladas de cobre.  El gobierno espera entregar la operación del proyecto a un tercero.

Fruta del Norte es el segundo proyecto que entrará en fase de producción. Puede generar cada año USD 480 millones de dólares.

Junto a Cascabel (Imbabura), donde está la australiana SolGold PLC y Llurimagua (Imbabura), los otros proyectos de Segunda Generación son: Cangrejos, en El Oro (Lumina Gold, Canadá), con una proyección de 8.5 millones de onzas de oro; La Plata (Toachi Mining, Canadá) en Cotopaxi, con 2 millones de toneladas de roca mineralizada; Curipamba (Salazar Resources Limited, Canadá) en Bolívar, con 11.4 millones de toneladas de roca mineralizada; y Ruta del Cobre (Grupo México, México) en Azuay, con una proyección de 173 millones de roca mineralizada. 

Mirador entra ahora en preproducción. Es, para el gobierno, algo tan simbólico como el primer barril de petróleo, en la dictadura de Rodríguez Lara. Es decir, la mina empezará recién a devolver los millones de inversión. Con sus 3.18 millones de toneladas de cobre, 3.39 millones de onzas de oro y 27.1 millones de onzas de plata, es una de las grandes esperanzas del gobierno. Si en pocos meses se suma Fruta del Norte, con casi 5 millones de onzas de oro y 6.88 millones de onzas de plata, el gobierno de Moreno espera obtener el oxígeno suficiente para terminar su periodo sin mayores sobresaltos. Para cualquier político es una enorme tentación, incluso basados en este boom minero, sectores del actual gobierno sueñan con mantenerse en el poder al menos un periodo más, ya sea con Moreno o con el actual vicepresidente Otto Sonnenholzner. Este último ha sido el interlocutor del Presidente en todos los temas mineros. Ha anunciado, incluso, que "donde hay minas habrá minería". 

El Proyecto Mirador es el pirmero que entrará en fase de producción, luego de 30 años. Foto Archivo El Universo

Ese futuro podría estar amenazado, según el gobierno y los inversionistas, que en el tema actúan juntos, por la crisis de Buenos Aires y las consultas populares antimineras. En la administración de Rafael Correa, cuando se empezó a empujar la exploración minera y extractivista, se defieron los proyectos estratégicos. Se definieron como tales aquellos proyectos que en una ventana de tiempo se ganó al pasado muchos años. Es decir, el gobierno de Correa proyectaba que al final de su gobierno de 50 años se iba a aprovechar todo eso. Los proyectos estratégicos son cinco, e iban a produccir en una línea de tiempo. Por ejemplo Mirador y Fruta del Norte en el 2019. Este último es tan importante que entre el 2016 y el 2018 tuvo una inversión de USD 750 millones. Fruta del Norte puede generar, solo en oro, USD 7.100 millones al costo del mercado actual. Este proyecto puede durar 15 años según cálculos de la empresa. Es decir, puede generar cada año USD 480 millones de dólares. Las regalías del Estado ecuatoriano se cobran netas de ese valor: 5% es la regalía de ese contrato, es decir USD 24 millones al año, y si a eso se suma 25% de impuesto a la renta y otros ingresos. Cascabel, el descubrimiento estrella, equivale a cinco veces la cantidad de oro de Fruta del Norte: 25 millones de onzas de oro.

Mirador producirá 3.5 millones de toneladas de cobre. Eso equivale a USD 23.100 millones en el tiempo de vida de la mina, al precio actual del mineral, USD 6.600 la tonelada. Pero también tiene oro, casi similar a Fruta del Norte, 3.4 millones de onzas: USD 5000 millones de dólares. La regalía es del 6% al 8% en la actualidad. 

Las cifras multimillonarias saltan en la calculadora del viceministro de Minas. El tema es, dice, que con toda esa plata el Ecuador un desafío: que esa plata llegue a su destino y no repetir los errores del pasado con el petróleo. Él propone crear un fondo minero, como el fondo petrolero de Noruega, para que los habitantes de la zona y los futuras generaciones de ecuatorianos.  Algo que aún no está claro para el resto del gobierno y que aún está en debate. 

La madrugada del 2 de julio, el gobierno finalmente emitió un decredo declarando el Estado de Excepción en la mina. En este sitio, admitió el comunicado oficial, en los últimos dos años se han asentado miles de personas dedicadas a la minería ilegal y a otras actividades ilícitas. Como resultado de los operativos, dijo la ministra del Interior, María Paula Romo, se han decomisado 3.474 toneladas de material 

Próxima entrega: el catastro minero o cómo limpiar una década de corrupción.