Un informe preliminar de Inteligencia de octubre del 2012 ya prevenía sobre la situación de la zona minera Muyuyacu, en el límite entre Azuay y El Oro, en Ponce Enríquez. El informe fue levantado por inteligencia militar por "presuntas presiones para favorecer a ciertos empresarios mineros". 

La zona minera de Muyuyacu tiene un área de 850 hectáreas aproximadamente. Esta concesión pertenecía a la empresa Gaby Panamá —desde el año 2002 hasta el año 2032—. Sin embargo entre junio y agosto del 2012  fue incautada por el Estado ecuatoriano mediante la Ugedep. Esta es la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD – CFN No más Impunidad, que fue administrada por Pedro Delgado, luego por Kattya Romoleroux y finalmente cerró y todas las empresas —incautadas a la banca cerrada en la crisis de 1999 o feriado bancario— pasaron a manos del Banco Central del Ecuador.

Según señala la información oficial, "mediante resolución número 105- UGEDEP-2012, 29 de junio de 2012, el Estado ecuatoriano incauta la concesión minera Muyuyacu de la Gaby Panama Corporation y Gribipe Panama S.A.; y con resolución  úmero 189-UGEDEP- 2012, de 14 de noviembre del mismo año, expropia las concesiones mineras: Guadalupe, Fermín Bajo, Río Villa 2 y Villa Sur de la compañía también de origen panameño Guadalupe Mining Corporation.

"Posteriormente con resolución 203-UGEDEP- 2012, del 4 de diciembre, declara que todos los bienes, inmuebles, acciones, participaciones, entre otros, patrimonio de la compañía Gaby Panamá Corporation pasen a la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso  AGD-CFN No Más Impunidad, (Ugedep), una entidad responsable de liderar acciones dirigidas a obtener la real propiedad de activos y de cuya venta permita al Estado devolver las acreencias resultantes producto de la crisis bancaria.

"Con estas concesiones y mediante resolución 004-UGEDEP-2013, de fecha 15 de febrero del 2013, la Ugedep inicia la administración de estos recursos incautados que por años permanecieron bajo la administración de estas  empresas, las cuales otorgaron —únicamente— contratos de operación a la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre, con lo que se colige se dejó a otros obreros y  trabajadores de la zona en estado de ilegalidad. Asimismo no se logra obtener constancia del pago de regalías al Estado por cuanto argumentaban se encontraban en fases de exploración.

"Los mineros informales de las zonas del cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay, denunciaron la existencia de una red de explotación en beneficio de grupos de poder, en dichas denuncias se manifiesta la imposición de peajes a vehículos, cobros de porcentajes por producción diaria y compra del material extraído a precios arbitrarios. Estos obreros y trabajadores expresaron que se veían avocados incluso a adquirir de forma ilícita a mafias, combustibles y explosivos para realizar sus labores.

"Las distintas denuncias de irregularidades alertó a la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI), contexto por el cual el Ministerio Coordinador de Seguridad en calidad de presidente, emprende una investigación en la zona.

"El estudio determinó la existencia de 3.563 personas ligadas a la minería informal, 476 socios, 399 obreros y 2.698 cargas familiares organizadas en 32 asociaciones, 13 sociedades y 5 compañías; 34 ubicadas en Muyuyacu, 4 en Guadalupe, 9 en Fermín Bajo, y 3 en Villa Sur, ocupando una superficie de 496.91 hectáreas de un total de 1.165.

"Los resultados obtenidos fueron remitidos a la Ugedep a fin de efectuar acciones coordinadas para hacer de este sector, bajo posesión de la Ugedep, un ejemplo de modelo de desarrollo que pueda ser replicado en otras partes del territorio nacional, sobre todo en zonas donde, lamentablemente, se enquistan prácticas ilícitas y que devienen un tema de seguridad nacional.

"La Ugedep, en uso pleno de sus derechos, facultades y obligaciones firma, el 20 de julio de 2013, un contrato de operación sobre la superficie de Muyuyacu con la compañía Bynarysist S.A. Esta obligación compromete, al nuevo operador minero, entre otras cosas, a legalizar a obreros, trabajadores y mineros de esta área, explotados y perjudicados durante décadas por grupos inescrupulosos, que usufructuaron del trabajo del pueblo y de los recursos del Estado sin atender impuestos y regalías.

"Esta intervención del Gobierno Nacional muestra un precedente positivo en la lucha contra la minería ilegal en Ecuador, ya que con este acierto se apunta a: 1) erradicar actividades mineras ilegales en la zona; 2) garantizar un trabajo digno y retribución justa a trabajadores; 3) sacar de la ilegalidad a más de 900 personas; 4) recibir los impuestos y regalías establecidos en la normativa jurídica; y 4) y combatir el tráfico ilícito de combustibles y explosivos".

Efectivamente, el informe de inteligencia menciona varias situaciones anómalas:

"Dentro de esta concesión laboran de manera artesanal más de 1000 personas aproximadamente, desde hace varias décadas, ya sea de manera individual o mediante asociaciones. Al momento cada minero artesanal o asociación de mineros tienen acuerdos de sus áreas de trabajo. Muchos de los mineros han constituido empresas y muchas de las personas poseen contratos de operación otorgados por Gaby Panamá.

"La explotación minera en este sector no es técnica en su mayoría y las consecuencias ambientales son evidentes. Al momento solamente se aprovecha el oro desechando el resto de minerales. Los costos de producción son altos debido a que los mineros artesanales deben obtener de manera ilegal combustibles y explosivos. Existen compañías y personas con permisos de operación y con las autorizaciones para el manejo de explosivos y combustibles, quienes a su vez abastecen de estos insumos a los mineros artesanales con quienes hayan formado sociedades de hecho.

"Entre las personas que realizan este tipo de sociedades se han determinado a prominentes mineros como los señores Efrén Pastor (operara en la concesión denominada Guadalupe), Lenin Bermeo, Baldor Bermeo, Geovanny Rojas, manejan sociedades con mineros del sector.

"Existe además la Sociedad 12 de octubre con unas 300 personas como socios agrupadas en 7 sociedades de hecho, los mismos que cuentan con contratos de operación otorgadas por la compañía MC Gaby Panamá".

El análisis de Inteligencia menciona que:

"En las dos semanas anteriores existió movimientos de todos los mineros del sector Muyuyacu manifestando un completo desacuerdo con la posibilidad de que la concesión Muyuyacu sea manejada políticamente desde Cuenca por presiones del gobernador del Azuay, señor Humberto Cordero con la aprobación del Ing. Federico Auquillas, viceministro de Minas. Quienes a pesar de no tener competencia legal sobre la administración de Muyuyacu han mantenido reuniones reservadas con los señores Pastor, Bermeo y Rojas para ayudar políticamente con la finalidad que la operación del área Muyuyacu sea entregada a este grupo de personas los mismos que no gozan de la aceptación de las personas del sector.

"La justificación para que la Gobernación del Azuay pueda direccionar la entrega de la concesión es la necesidad política de retomar el control del Cantón Ponce Enríquez, que estaría en manos del partido MPD. Cabe señalar que el señor Cordero desde mucho tiempo antes de ocupar su actual cargo, se dedicaba a la intermediación entre los señores mineros fuertes y los organismos del Estado.

"Los habitantes del área manifiestan que, el momento que la operación esté a cargo de estos señores, ellos deberán renegociar sus operaciones con los nuevos operarios pagando fuertes sumas de dinero o en oro como acostumbran cobrar.

"En el área Muyuyacu se ha venido legalizando poco a poco las sociedades, así como las personas que han obtenido contratos de operación minera. La posibilidad de realizar un gran proyecto minero en este sector es nula, ya que la mejor estrategia será siempre la legalización de los existentes, la tecnificación de sus trabajos, la entrega de contratos de operación actualizados, el aprovechamiento del gran parque minero (inversión privada) en proceso de ampliación cerca de Zhumiral cuya capacidad de procesamiento llegará a más de 2.000 Toneladas día.

Las aspiraciones de las personas del sector sería la subdivisión de la concesión tal cual le pidieron al Abogado Raúl Guzmán actual administrador del área minera. Con esta idea, el Abogado Guzmán a consensuado con el Gobernador del Azuay así como el viceministro de Minas, una posibilidad de distribuir varios contratos de operación madres, al menos tres, a nombre de la Sociedad 12 de octubre, y de dos empresas más, en áreas iguales.

Estas tres operadoras deberían:

1. Realizar proyectos mineros con tecnología de punta.

2. Formalizar con todas las personas que ya están explotando el área, mediante contratos de operación legalmente registrados.

3. Proporcionar tecnología a las personas o sociedades de cada uno de sus sectores.

4. Asesorar, orientar y evaluar mediante visitas técnicas a cada sector asignado de trabajo.

5. Responsabilizarse por el manejo ambiental y de los desechos.

6. Implementar el procesamiento de minerales mediante la Flotación, para aprovechar todos los minerales y anular la contaminación.

En base a la investigación de campo, así como del análisis descrito me permito dar las siguientes conclusiones:

1. El Área Muyuyacu posee una gran cantidad de población minera que de a poco se a venido organizando y formalizando.

2. Existe injerencia por parte del Gobernador del Azuay y del Viceministro de Minas para tratar de entregar en operación a un grupo de mineros poderosos.

3. No se necesita ninguna concesión para retomar el control político de la población del sector, la intención de voto favorece al actual Gobierno.

4. Existe la plena voluntad de las personas y asociaciones de colaborar para legalizar y formalizar la explotación minera en el área.

5. Se debe respetar lo consensuado con la asociación 12 de octubre, Zhumiral, Gobernación del Azuay y Viceministerio de Minas sobre la subdivisión en tres partes iguales de la concesión citada.

6. Cualquier equivocación diferente a lo planteado por el Abogado Guzmán podría revertir el favoritismo electoral a favor del Gobierno actual, provocando un resentimiento que afectaría en las elecciones de febrero del 2013.

7. Existe extorsión en el área por parte de funcionarios de Arcom (Agencia de Regulación y control Minero), fueron señalados los señores de nombre Pedro (abogado de Arcom), el chofer y un ingeniero de nombre Bolívar, quienes estarían reportando directamente al señor Auquillas, viceministro de Minas. En los próximos días se procederá a su detención".

Una carta del administrador de entonces a Pedro Delgado Campaña, representante legal del Fideicomiso, dice que en el 2009 se estimó el potencial aproximado en 6.9 millones de onzas de oro. De estas, 4.1 millones de onzas fueron propiedad de la empresa Gaby, que fuera incautada al grupo Isaías, y que pasaron a ser manejadas directamente por la Empresa Nacional Minera.

Estas, aclara la comunciación, no son reservas probadas sino potenciales o inferidas. Pero lo que no ha cambiado, según fuentes que hablaron con Plan V es la situación de los mineros asociados, que hasta ahora no pueden legalizarse y siguen en una situación similar a la que estuvieron el año de la incautación, en el 2012.

El informe que recibió el almirante (sp) Homero Arellano, por entonces ministro coordinador de Seguridad, a fines del 2012, relata que dentro del área minera Muyuyacu existe la sociedad 12 de Octubre, que fue creada en el 2006. Son pequeños mineros que se sindicalizaron para tener un grupo de presión y defensa y eran los que manejaban las minas de Gaby Panamá, Guadalupe y Bella Rica. "Las prácticas y condiciones laborales a las que someten a los mineros artesanales en la concesión Bella Rica, por parte de este grupo de poder, son injustas y desapegadas a la Ley. Por esta razón, los mineros temen que la concesión sea otorgada a estas personas, ya que asumen que se aplicará las mismas medidas en la concesión de Muyuyacu. En esta zona, los mineros artesanales se encuentran trabajando ilegalmente. Existen 22 túneles y 55 labores mineras, las cuales sostienen a mil familias".

Los mineros trabajan ilegalmente en la concesión controlada por el Estado. Dijeron que en varias ocasiones intentaron conversar con los representantes de la Ugedep, a fin de obtener los permisos correspondientes para ejercer sus actividades, no obstante no han sido atendidos. ,"Esta situación provoca la compra ilegal de explosivos y diesel, dando paso a que miembros de la Policía Nacional se aproveche y cobren coimas. Al no contar con contratos de operación, temen que les apliquen al amparo administrativo para trabajar ilegalmente", dice el informe de inteligencia.

Además, tienen que pagar peajes de paso de hasta USD 80 por volquetas. Y, en las plantas de beneficios son obligados a tomar turno para el tratamiento del material, que en la mayoría de las ocasiones es mayor a dos meses, lo cual les obliga a vener el producto a menor precio, caso contrario no les permiten que utilicen las instalaciones, siempre y cuando se lleven únicamente el mineral". 

En el acápite que el coronel de inteligencia que firma el informa llama Engaños, se señala que "los grupos de poder que desean tener la concesión de Muyuyacu indican que legalizarán a todos los mineros artesanales que actúan en la zona, siempre y cuando cancelen una determinada cantidad de dinero, sin señalar el valor". 

Para los informantes militares: los minero están sometidos a chantajes por parte de grupos de poder. Los exadministradores de Gaby Panamá siguen controlando el sector; y la mayoría de mineros artesanales son ilegales. 

Cinco añois después, de acuerdo a un informe extraoficial al que tuvo acceso Plan V, la situación no ha variado: los mineros artesanales continúan sin obtener permisos de operación y para realizar sus actividades en el área minera —hoy en manos de la Empresa Nacional Minera— los trabajadores asociados, tanto legales, como las empresas legalmente establecidas, denuncian extorsiones económicas.