La Asamblea dominada por Alianza País resolvió resucitar a la Comisión de Fiscalización, que ha estado en silencio por más de año y medio, desde que se instaló la nueva Legislatura.

El encargado de la resurrección fue su presidente, Gabriel Rivera, asambleísta por la provincia de Esmeraldas. Lo hizo en la mañana del 3 de febrero, en una rueda de prensa en la Asamblea, flanqueado por dos desconocidos que se supone son sus asesores. Rivera dijo que había tres cosas graves a investigar, las cuales justificaban la inauguración de las sesiones de la Comisión que preside: la caída de cuatro de siete helicópteros Dhruv, las razones por las cuales varios sectores laborales siguen cobrando la jubilación patronal a pesar de los Mandatos de Montecristi, y la infiltración de agentes de un gobierno extranjero en las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Para decir esto último, Rivera tenía en las manos un ejemplar del libro Testimonio de un Comandante, del general (sp) Ernesto González. Se había escuchado, dijo en tono tremendista, de infiltraciones de organismos de seguridad extranjeros, pero nunca nadie lo había dicho antes, como lo dice el general en la página 87 de su libro. Más grave aún, dijo el asambleísta sin abandonar su tono de escándalo, es que se haya cobrado dinero por eso. El general González dice en la parte pertinente, cuando habla del abandono administrativo y financiero que habían sufrido las FFAA por parte de los gobiernos de turno luego de la guerra del Cenepa: “lo que les obligó a incursionar en la creación de empresas, holding, conseguir su propio seguro social por la particularidad que tiene la profesión militar y otros medios para tener recursos para subsistir, como, por ejemplo, pedir apoyo al Grupo Militar de Estados Unidos en el Ecuador para las actividades de inteligencia, sobre todo en la frontera norte por el tema del tráfico de drogas, tema de interés común de los dos países”.

Pero Rivera no actuaba solo, ni era su iniciativa. Ya el presidente Rafael Correa había tomado ese párrafo del libro de González para emprender una nueva cruzada “investigativa”, esta vez contra miembros de las Fuerzas Armadas. Lo hizo el sábado 31 de enero, en su Enlace Semanal: “Esto no es cualquier pelo de cochino, es gravísimo, puede ser hasta alta traición a la patria que se diga tan suelto de huesos, que como no eran atendidos por los gobiernos hicieron un convenio militar de la Embajada de Estados Unidos… y reconocer que el soplón de la Embajada era el jefe de inteligencia del Ejército (coronel Mario Pazmiño), esto no puede quedar en la impunidad”.

Poco tardó Rivera en tomar la posta. En su conferencia de prensa, sin un solo colega asambleísta de su partido a su lado, dijo que contaba con el apoyo de toda la Asamblea y que al entrar a investigar estos temas se estaba jugando la vida y la reputación. Hizo las preguntas que se supone deberían ser respondidas en la investigación: ¿cuántos convenios de ese tipo existen? ¿Cómo ha sido su aplicación? Dijo estar “consciente de la gran responsabilidad y el peligro que significa investigar estos temas”. Insistió en el peligro: no podían pasar desapercibida una publicación (la del libro Testimonio…) que sea la prueba de que estuvimos infiltrados por un gobierno extranjero; no estoy acusando a las Fuerzas Armadas. Creo que ciertos miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas tienen que ser investigados, que se entregaron en cuerpo y alma a naciones extranjeras. Yo sé en lo que me estoy metiendo y aspiro al apoyo del pueblo ecuatoriano. Requerimos unidad de la ciudadanía”. “Los ecuatorianos deben saber quiénes tenían los hilos, el control de la seguridad de nuestro país; a quiénes respondían nuestros organismos de seguridad. Ciertos miembros de la Policía y de las FF.AA. tienen que ser investigados”, dijo.

Y luego lanzó un misterioso llamado a sus compañeros de bancada: “Necesitamos compañeros dispuestos dejar de ser lo que son por lo que pueden llegar a ser. Sabremos estar a la altura de la historia”.

Al parecer sus colegas de partido decidieron seguir siendo lo que son y no atender el incierto futuro que les ofrecía su coideario, cualquier cosa que esto signifique, y dos días después dejaron colgado a Rivera y su discurso patriótico. Ya el presidente de la Comisión de Fiscalización había convocado a la primera sesión del organismo de la Asamblea, y se anunciaron las primeras comparecencias para emprender la indagación de la caída de los Dhruv, la muerte del general Gabela, la infiltración de potencias extranjeras en los organismos de inteligencia y los cobros ilegales de las jubilaciones patronales.

La Comisión incluso llegó a poner una agenda de temas: revisión de los informes de la Contraloría sobre la adquisición de los 7 helicópteros; pedidos de los informes de los dos primeros accidentes de los Dhruv, en Quito y Chimborazo y el nombramiento de una subcomisión para descubrir la supuesta intromisión de organismos de inteligencia extranjeros en la comunidad de inteligencia del Ecuador.

La viada duró un día. En el pleno del miércoles 5 de febrero, la asambleísta Soledad Buendía, también de Alianza PAIS, mocionó en el pleno que crear una comisión especial para investigar la compra de los Dhruv, dejando de lado el tema de la infiltración extranjera en inteligencia, que fuera mencionado por el propio presidente Correa y el asesinato del general Gabela. Rivera aparentó molestarse por ese desplante y salió del pleno, indignado. No dio declaraciones de prensa pero horas después dijo que él era un revolucionario y que si alguien podía fiscalizar mejor que él pues lo aceptaba.

Fernando Bustamante, legislador de ese bloque y presidente de la Comisión de asuntos internacionales y defensa, pidió a Buendía cambiar su moción para que sea el Consejo Administrativo de la Legislatura, CAL, el organismo que nombre la comisión. Lo cual fue aprobado por 101 votos. Fue precisamente el legislador Bustamante quien recibió el dudoso honor de investigar el tema por encargo del CAL. LA presidente de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, explicó el 10 de febrero que “la resolución establece claramente que la comisión (Soberanía) estará destinada a hacer un estudio destinado a consolidar toda la información disponible sobre el proceso precontractual y contractual respecto de la adquisición de los helicópteros Dhruv por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y sobre las novedades ocurridas durante su operación, con la finalidad de clarificar cualquier inquietud relacionada”. Nótese que usa el verbo "consolidar" en lugar de "investigar", pero de todas maneras pidió que no se politice el tema.

Así quedó descartada la Comisión de Fiscalización y las intenciones de su presidente Rivera por investigar, además de los Dhruv y del asesinato del general Gabela, la supuesta infiltración de gobiernos extranjeros en la comunidad de inteligencia de la fuerza pública ecuatoriana, tema al que el primer mandatario calificó de "gravísimo" y en lo cual volvió a insistir en el Enlace Ciudadano del 7 de febrero.

El  tema ya fue investigado en el Ecuador y por el propio gobierno. A raíz del ataque a Angostura, se realizaron las mismas “acusaciones” por parte de altos cargos, específicamente contra altos oficiales miembros de la Policía Nacional  y del Ejército, especialmente a mandos correspondientes a la Unidad de Investigaciones Especiales y el Departamento de Inteligencia del Ejército ecuatoriano. Para ello, el presidente Correa firmó un decreto, el 1080, el 15 de mayo del 2008.

Pero días antes, el 27 de abril de ese año, el periodista Christian Zurita, jefe de investigaciones del diario Expreso en Quito, había publicado un extenso informe investigativo, bajo la etiqueta de “Historias del servicio secreto”, en el cual revelaba la existencia y las relaciones de la llamada red Swat, alias de una mujer de origen libanés, radicada en Quito, que ejercía como pívot de una red de espionaje y contratos y con poderosas influencias en los servicios de inteligencia de Estados Unidos, sobre todo en el área de antinarcóticos.

En el decreto 1080, el presidente Correa conformó la Comisión para la investigación de los servicios de inteligencia militares y policiales ecuatorianos”.  A la comisión se le designo las tareas de investigar y evaluar y elaborar un informe sobre la infiltración de los servicios de inteligencia extranjeros dentro de los servicios de inteligencia de las FF.AA. y de la Policía Nacional.  También debía emitir criterios sobre posibles responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudieran existir por parte de quienes manejaron indebidamente la información relativa  a la incursión colombiana en territorio ecuatoriano, el 1ro de marzo del 2008, así como las posibles responsabilidades que pudieran existir  en los demás casos que descubrieren durante las investigaciones.

La comisión también debía elaborar recomendaciones para una reestructura de los servicios de inteligencia ecuatorianos y respecto a las formas de financiamiento para cubrir las modificaciones sugeridas.

La comisión llegó a varias revelaciones y 11 conclusiones. Entre ellas que: “las unidades de inteligencia y las operativas, calificadas como especiales por la Policía Nacional mantienen una dependencia económica INFORMAL (en altas en el original. Ndlr) con los Estados Unidos para pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones. Esta situación –dijo la Comisión- nos subordina como país a las políticas de seguridad de Estados Unidos y se constituye en un mecanismo de penetración extranjero en unidades de seguridad del Estado ecuatoriano, destacando especialmente el caso de la UIES y de la DNA (Dirección Nacional Antinarcóticos)”.

Otra conclusión fue que “de la misma manera se mantienen relaciones INFORMALES entre el Grupo Militar de Estados Unidos y organismos de inteligencia de FF.AA. y Policía Nacional, que también han generado una dependencia económica para equipamiento y pago de informantes, que también constituyen mecanismos de penetración en Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La red de inteligencia extranjera, que se presume opera en el Ecuador, mantuvo contactos con organismos ecuatorianos de seguridad como la UIES e inteligencia militar, con anterioridad, durante y después del bombardeo a Angostura”.

Al respecto, los anexos del informe incorporan documentos en los cuales se calcula que personal de la UIES recibía cerca de USD 3 millones de manera informal para los fines operativos expuestos en las conclusiones. Un funcionario de la CIA consultado para ese informe y señalado en uno de los anexos sostuvo entonces que la CIA había estado operando en el país los últimos 40 años y tenían relación con la Policía desde hace 15 o 20 años. Había resuelto operar con la UIES y no con la Dirección de Inteligencia de la Policía “porque su misión es un poco confusa y siembre han encontrado obstáculos”. Que “han contribuido fundamentalmente con la Dirección Antinarcóticos y la UIES de la Policía Nacional y con el Ejército. Su contribución ha sido informal; es decir, sin ningún convenio firmado pero con pleno conocimiento de los comandantes generales, incluyendo a (los generales de la Policía) Cisneros  y Hurtado. Esta ayuda ha consistido en dinero en efectivo para pago de informantes, viáticos para dentro y fuera del país y otros gastos menores, por alrededor de 5 o 6 millones de dólares anuales. Vehículos y armamento, mantenimiento de vehículos, equipos de comunicación, cámaras, ciertos equipos especiales, capacitación y entrenamiento”.

Señaló el informante, además, que la liquidación de los valores entregados se hacía sobre la base de resultados y que una vez finalizada cada operación,  las unidades enviaban un informe a la Estación (CIA) como respaldo de gastos.

La Comisión dijo en su informe que las relaciones con el Grupo Militar eran formales y habían consistido en ayuda económica para diversas operaciones militares sobre todo en la Frontera Norte. Los datos desde el 2001 al 2008 daban cuenta que el GM de Estados Unidos en el Ecuador había aportado con USD 46 millones para ítems como: vehículos tácticos, equipos de comunicaciones, repuestos, hangares, helipuertos, muelles, raciones de combate, uniformes de combate, equipos de abordaje, radios, motores fuera de borda, combustible, equipo individual de combate, ayuda humanitaria… La colaboración siguió hasta el 2014, cuando el Grupo Militar abandonó el país por pedido del gobierno.

Sobre la red Swat, la Comisión concluyó que “las reuniones mantenidas con personal de la CIA demuestran las relaciones que se han construido con personal de la Policía y las Fuerzas Armadas desde hace muchos años y reafirma la existencia de redes como las que manejaba alias SWAT, así como vínculos con oficiales de organismos especiales  y de inteligencia de las dos instituciones. También manifiestan la preocupación e interés que tiene la CIA por influir en el diseño de la nueva arquitectura de la inteligencia ecuatoriana”. La Comisión también presentó el borrador de un proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Inteligencia.