Verónica Galarza no mide más de un metro cincuenta de altura, pero si la entereza de ánimo fuese proporcional a la estatura, la veríamos como una gigante. Ella trabaja como secretaria de un departamento académico en una universidad de posgrado, en Quito. Es madre de Fernando Jaramillo Galarza, el joven de 17 años que el 24 de enero del 2009 murió atropellado por un bus de la compañía Latina, frente al colegio Montúfar, al sur de Quito, donde estudiaba. Su muerte provocó una reacción masiva de los estudiantes del colegio, que tomaron la avenida Napo, para protestar y quemar llantas. Verónica se quedó a cuestas con ese dolor que no tiene nombre. Luego de una larga lucha judicial, el 4 de mayo del 2015, al fin obtuvo sentencia en contra de los causantes de la muerte de su hijo.

Además de la prisión para el autor de la muerte de Jaramillo Galarza, el juez Marco Antonio Tamayo Mosquera determinó en la Sentencia Especial 17451-2009-0045 otras 10 medidas de reparación. Casi un año después de la sentencia, solo una medida dictaminada por el juez ha sido cumplida… a medias. Entre quienes han incumplido la sentencia del juez se hallan nada menos que la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira; los directivos del colegio Montúfar; el alcalde de Quito Mauricio Rodas; el gerente de la empresa Latina, la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Salud.

Una de las disposiciones de la sentencia fue prohibir la enajenación del bus. Para ello, el juzgado de Tránsito ofició  esa decisión el 5 de agosto del 2015, tres meses después de emitida la sentencia. El 28 de octubre de ese mismo año se había comunicado al Depositario Judicial la orden de secuestro del vehículo, lo mismo que al jefe de la Unidad de Investigaciones de Accidentes de Tránsito del Municipio de Quito. Nadie movió un dedo, nadie registró ni se dio por enterado de la prohibición de enajenar el bus que mató a Fernando Jaramillo Galarza. 

Fue a su propia madre, esta mujer de pequeña estatura y frágil apariencia, a la que le tocó conseguir palancas en las filas policiales para poder secuestrar el bus. “Me dieron un papel para pedir al señor Depositario que me ayude a coger el vehículo. Eso me indicaron en el juzgado, que con este señor debía solucionar, yo, lo del carro. Fui donde él y me dijo que me daría un documento, me dijo: usted tiene que avisar cuando vaya a coger el carro con la Policía y lleva el carro a donde yo le indico. El señor que reciba el carro tiene que hacer un acta, usted entrega el carro y me trae el acta”. Una de las abogadas defensoras de Verónica Galarza explica que esa es una forma de revictimización. En lugar de que el Estado se haga cargo de ese trámite, le toca a la propia víctima hacerlo, Tiene que haber interés de la parte afectada para que algo se mueva, sino eso nunca se cumple, dice.

Verónica se valió de un estudiante para que le pusiera en contacto con un policía, un subteniente, quien le ayudará, de buenos oficios, para capturar al bus. Así le tocó a la propia madre del muchacho atropellado hacer el seguimiento del vehículo, que estaba circulando y trabajando normalmente por la ciudad, a pesar de todas las disposiciones en contra que se emitieron en la sentencia. Verónica se apostó en la ruta del carro, a la altura de la Napo, la misma avenida donde murió su hijo. Durante cuatro días avisó al celular del policía la misma consigna: el carro está pasando por aquí este instante, en unos veinte minutos estará en la escuela Sucre. Y el policía se hizo el torero todo ese tiempo: lamento no poder ayudarla, estoy haciendo un trámite en la agencia… Después se justificó con que había buscado el carro por su cuenta pero este no estaba circulando. Todos los días lo veo pasar, le respondía Verónica, porque hace la ruta Chillogallo-Escuela Sucre, que es por donde yo vivo.

Tuvo que acudir a su hermano. Un sábado estuvieron los dos, entre las dos y seis de la tarde, sentados al pie de la escuela Sucre. Vieron al carro, llamaron al policía pero les dijo que estaba en un operativo, pero al día siguiente, domingo, sin falta, le ayudaría a capturar el carro.  El domingo llamó al policía; este se hizo el loco: ¿para qué me llama? No me acuerdo… Nada pudo hacer. De nuevo se valió de su estudiante, para quejarse de la “ayuda” policial. Este amigo le recomendó entonces que ella se subiera al bus, y entonces le llamara para él a su vez mover a la Policía. Al día siguiente, lunes, su hermano le avisa que acababa de ver al bus y que estaría en una media hora en la escuela Sucre. Él se ofreció a acompañarla. Verónica estaba en su oficina, en el centro norte, tomó un taxi hasta la escuela Sucre. Una vez ahí llamó a su “palanca” y le avisó que el carro llegaría en unos minutos. Dos policías llegaron al sitio y cuando el carro llegó, los hermanos se subieron con la policía, pero estos miraban en silencio cómo el bus seguía recogiendo pasajeros. Hasta que los policías indicaron a los pasajeros que se bajen porque el bus estaba detenido; a lo cual los pasajeros reaccionaron defendiendo al chofer. Su hermano anunció que el carro tenía una orden y sería trasladado al depósito judicial.  El conductor y su ayudante reaccionaron, detuvieron el vehículo y se negaron a moverse. El conductor, que era el hermano del dueño, les dijo que el señor que le había vendido el carro le dijo que el carro no tenía prohibición alguna y que todos sus problemas fueron ya solucionados. Hizo varias llamadas y entonces se bajó un muchacho que se había quedado en el bus; el chofer les dijo que él era el dueño del carro, que la madre de este le había transferido la propiedad y el chico se los había vendido.

Foto tomada el 7 de mayo del 2006. Fernando Jaramillo Galarza en la banda de guerra del colegio fiscal Montúfar.

Verónica Galarza no podía saber que la orden de prohibición de enajenar había llegado dos meses tarde, pues la venta se había realizado el 25 de junio del 2015, seis semanas después de haberse emitido la sentencia. El conductor le aseguró que habían buscado datos en todas partes y el carro no tenía problema alguno. El policía no decía nada, y el carro empezó a circular lentamente y cuando iban por El Trébol les interceptó un taxi, con el dueño. Empezó a reclamar a Verónica: por qué me hace esto señora, me está causando un daño a mí y a mi familia; yo vengo de provincia, yo estoy pagando al banco; esta gente tiene plata, tienen casas en Ibarra. No me haga esto, le dijo casi llorando, me quita mi herramienta de trabajo. El hermano de Verónica les explicó, mientras circulaban lentamente, que no era contra ellos sino que el carro tenía una orden,  papel que fue mostrado a unos abogados que llegaron a la altura del peaje al valle de Los Chillos, y que fueron convocados por el nuevo dueño del bus.

Finalmente se convencieron y dejaron que el bus fuera conducido al depósito judicial. Ahí, el encargado hizo un acta de recepción, donde solo constaba el número de placa, que a Verónica le pareció muy elemental. El funcionario le dijo que se llevara las llaves, ella no quería, pero debía entregarlas junto con el acta. Verónica no quiso quedarse ni un día con las llaves del carro que mató a su hijo. Así que fue a entregar la depositario, quien no aceptó el acta del encargado del depósito, porque no tenía detalle alguno de cómo se recibía el bus. Así que tuvo que valerse de nuevo de su hermano, para que se hiciera un acta completa. Con el nuevo papel Verónica volvió donde el depositario, quien le dijo que debía volver luego de unos días para retirar la factura que ella debía pagar por el bodegaje del carro.

Fernando Jaramillo fue un adolescente inquieto por el arte. Un alumno destacado en su colegio.

Todo un esfuerzo inútil porque el juzgado se había demorado tres meses en notificar a la ANT y en esta Agencia no hubo constancia del cumplimiento del registro de la prohibición de enajenar. Un juez ordenó la devolución del vehículo a su  nuevo dueño. Nadie tiene registro judicial, además, de qué pasó con el dinero producto de la venta del bus, que estaba destinado judicialmente a cumplir la sentencia del pago de USD 160.475 de lucro cesante y USD 12.720 por daño emergente. Recién el 28 de octubre del 2015 se oficia al jefe de la Unidad de Investigaciones de Delitos de Tránsito de Quito para que se ejecute el secuestro del ómnibus Hino, de propiedad de la señora Celinda Molina Salazar. Y el 7 de enero del 2016, o sea ocho meses después de emitida la sentencia, se nombra depositario judicial a fin de que se ejecute el secuestro del bus que mató a Fernando Jaramillo ...siete años atrás.

Todo esto se echó abajo nuevamente, porque como la gestión burocrática de la administración de justicia fue ineficaz, un auto del 4 de marzo del 2016, ante la apelación del nuevo dueño, dictaminó la liberación del vehículo secuestrado, porque el dueño no era parte del proceso judicial ni del incidente de reparación integral sustanciados en esa causa. Ante la reacción de la defensa de Verónica Galarza, la juez Alba Esmeralda Paladines dictaminó que "toda vez que de autos se desprende que no se ha dado cumplimiento a la resolución emitida en el presente caso, pese a haberse notificado de forma oportuna la misma, remítase a la Fiscalía copias debidamente certificadas de las principales piezas procesales  para que se investigue lo que en derecho corresponda, en cuanto al presunto cometimiento del delito establecido en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal". Este artículo del COIP  define como delito al incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y la pena es de uno a tres años de prisión.

Es decir que, según el abogado Carlos Poveda, defensor de la señora Galarza, estarían incursos en este delito no solo la Agencia Nacional de Tránsito en el tema del secuestro frustrado del ómnibus, sino también la presidenta de la Asamblea Nacional, el rector del colegio Montúfar, el gerente de la empresa Latina, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Pero para que estos funcionarios que han incumplido la sentencia del 5 de mayo del 2015 sean sancionados deberá abrirse el proceso penal indicado, y luego mediar la sentencia de un juez. Y ese proceso podría demorar años, y diluirse si la parte interesada, es decir, Verónica Galarza, no lo empuja.

El silencio de los inocentes, el desprecio para las víctimas

El 5 de agosto del 2015, hace ya siete meses, la Unidad Judicial de Tránsito dirigió el  oficio 369-2015-UJTDMQ-IA a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Ahí se le informaba de la sentencia dictada el 4 de mayo de ese año con el siguiente texto: "Que se dirija atento oficio a la señora Presidenta de la Asamblea Nacional  Legislativa a objeto de que en uno de los Plenos de ese organismo, se realice un minuto de silencio en honor  FERNANDO ALEXANDER JARAMILLO GALARZA y demás víctimas de accidentes de tránsito. Esta parte de la sentencia fue bien recibida por la defensa de Verónica Galarza, pues era la oportunidad para que el tema de las víctimas mortales de los accidentes de tránsito se posicionara en la legislatura. El documento fue recibido el 6 de agosto del 2015, con el número de trámite número 221504. La respuesta fue el silencio. El juzgado volvió a enviar un oficio con el mismo texto, el 7 de enero del 2016, que fue recibido el 8 de enero con el trámite 235766. La respuesta nuevamente ha sido el silencio.

La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, al centro, ha recibido dos oficios de la Unidad Judicial de Tránsito para que la Asamblea cumpla la sentencia, en la parte que obliga al Poder Legislativo a guardar un minuto de silencio por la memoria de Fernando Jaramillo y demás víctimas mortales del tránsito. Luego de siete meses no hay respuesta. 

El que sí respondió rechazando la decisión del juez fue el gerente general de la empresa de transporte donde pertenece el ómnibus. El oficio enviado por el juzgado fue recibido el 5 de noviembre el 2015. En este, se notificaba al gerente que la sentencia había determinado que "se pedirá disculpas expresas y públicas por parte del deudor principal y solidario, así como del gerente general de la empresa Latina, en un día que se coordinará con las autoridades educativas de una unidad educativa Montúfar, la misma que deberá desarrollarse en un plazo no mayor de treinta días y dentro de la jornada educativa".  El gerente, Fabricio Vivanco Vergara, en nombre de la empresa Tatitranstursa S.A. contestó el 10 de noviembre y dijo que ni él ni la empresa era parte del juicio. "Por no ser parte procesal en el presente juicio y por cuanto no se ha considerado que se está poniendo en riesgo la integridad física de mi persona, RECHAZO ROTUNDAMENTE (sic) la resolución contenida en el punto D de la providencia, por cuanto la Constitución garantiza los derechos de las personas y su integridad". Y solicitó que se dejara sin efecto la sentencia en el punto que tiene que ver con su obligación de ofrecer disculpas públicas. El 7 de enero, el juzgado volvió a enviar el mismo escrito notificado la obligación dada, por sentencia judicial ejecutoriada, de cumplir lo exigido.

La sentencia también determinó que un plazo no mayor de ocho días de ejecutoriada la sentencia, se oficie a la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, para que esta conste en los archivos de la empresa de transporte mencionada, "como precedente para la renovación del permiso de operación". El juzgado nunca envió el oficio.

Tampoco se cumplió la obligación de que la sentencia fuera publicada en un diario nacional de amplia difusión, con una nota de disculpas públicas. La defensa de Verónica Galarza constató que el juzgado ni siquiera envió el oficio.

La Agencia Nacional de Tránsito también está morosa con el dictamen, en el punto que la obliga, en un plazo no mayor a 90 días para que diseñe, programe y dicte, para todos los choferes del país, un curso de Educación Vial y Derechos Humanos para Niños, Niñas y Adolescentes, con el nombre de la víctima. El juzgado envió dos oficios, en agosto del 2015 y enero del 2016, pero nada de esto se ha cumplido.

El propio Consejo Nacional de la Judicatura, CNJ, está en entredicho sobre el cumplimiento de la  sentencia. Esta obligaba a la institución, que vela precisamente por el cumplimiento de las sentencias, a que en el marco de sus competencias y atribuciones realice una debida, oportuna y generalizada difusión de la sentencia en todas las instancias pertinentes de la Función Judicial. El oficio pertinente fue enviado el 5 de agosto del 2015. Mediante oficio, el director nacional de Asesoría Jurídica del CNJ dispuso a los directores provinciales del CNJ la difusión de la sentencia. No se ha verificado la forma de difusión.

La única entidad pública que cumplió la sentencia, en parte, ha sido el Ministerio de Salud Pública. El dictamen obligó al MSP para que, en un plazo de 30 días de ejecutoriado el mismo, disponga a las unidades profesionales de la salud, trabajo social y psicológico se organizasen y otorguen una terapia especializada y técnica a Verónica Galarza y a su hija durante un año. El equipo multidisciplinario, decía la sentencia, deberá emitir informes periódicos al juzgado. Luego de algunas dificultades para localizarlas, el 4 de septiembre del 2015, el MSP notificó al juez que se procedería a atender el dictamen.  Madre e hija fueron atendidas en el Centro de Atención San Lázaro. Tuvieron cuatro sesiones de psicología y otras cuatro de psiquiatría. Al principio fue una sesión por semana. Luego se les dijo que sería cada 15 días por falta de cupos. Finalmente se les dijo que sería cada tres meses.

Tampoco se ha cumplido la obligación de poner una placa conmemorativa en el colegio Montúfar, en honor a la víctima. El colegio recibió dos oficios del juzgado comunicándole esa obligación, sin respuesta hasta ahora.  El mismo silencio ha recibido la comunicación del juzgado enviada al Municipio de Quito para que, a través de la Dirección de Movilidad publique el nombre de Fernando Jaramillo al paso peatonal que se ubica en la Avenida Napo y calle Upano.

Esta es una locura

Hasta aquí las estaciones del vía crucis de Verónica Galarza y su hija. El abogado Carlos Poveda, que lleva el caso, dice que dentro de un caso concreto de reparación integral en materia de tránsito, "hemos demostrado que es una quimera, no se cumple. En el camino de la ejecución de la sentencia nos percatamos que el camino es demasiado burocrático y lento. Incluso la reparación económica ha sido imposible hacerla cumplir. Lo mismo el tema del minuto de silencio en la Asamblea Nacional. Y todo esto vuelve a la Fiscalía, a una indagación previa por el incumplimiento de la sentencia. Regresamos a un proceso penal porque simplemente las propias autoridades del Estado como las instancias privadas no han cumplido con la resolución ejecutoriada de un juez. De aquí nos demoraremos, quien sabe, cinco o seis años más. Es una locura. Veamos si hay un fiscal si se atreve a indagar a la presidenta de la Asamblea o al Consejo Nacional de la Judicatura por incumplimiento por la reparación integral. En medio de este drama hay una ventaja y es que ahora las personas jurídicas también pueden ser juzgadas. Lo paradójico es que la Asamblea Nacional está incumpliendo una ley que hicieron sus legisladores, el COIP. Fue la Asamblea la que dispuso en la ley la obligación de reparación integral, pero es la Asamblea la que incumple, no solo la ley penal sino también la Constitución. Solo pedíamos un minuto de silencio, no tenemos nada".

La perspectiva para la madre de Fernando y víctima a la vez, Verónica Galarza, son más años de litigio, ahora no solo contra quienes causaron la muerte de su hijo, sino contra el propio Estado y otros organismos que, según dice su defensa, demuestra con su omisión que las disposiciones sobre reparación integral son una quimera. Que es un sueño que alguna vez tuvieron.

El abogado Poveda pregunta, ahora, cuántas de las sentencias con reparación integral son ejecutadas en el país, "simplemente me dan la razón pero no se ejecuta, No sirve de nada. Podría recurrir al Sistema Interamericano, pero puede demorar otros diez años, al menos. La reparación integral fue impulsada por la Corte Interamericana, y nos toca volver a ellos, y así se dan las vueltas. Es una utopía".

Para la defensa, la no ejecución de la sentencia en este caso, refleja la falta de sensibilidad humana. La familia de la víctima tiene que buscar por sí misma que se cumpla lo que el juez dispuso, sin ayuda de nadie ni de ninguna instancia del Estado que evite a las víctimas el uso de su propio tiempo y recursos para obtener justicia. El hecho, además, de los plazos tan largos para meros trámites, la forma en que los autores de la muerte de Fernando Jaramillo han evadido sus responsabilidades.

Poveda recuerda vivamente las palabras de una de las personas juzgadas por esta muerte, cuando Verónica Galarza y su defensa recién empezaban su larga marcha por el desierto judicial ecuatoriano: siga nomás litigando, que aquí no va a pasar nada.