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7 de Agosto del 2017
Investigación
Lectura: 12 minutos
7 de Agosto del 2017
Mariana Neira

Periodista de investigación, dirigió la redacción de la revista Vistazo en Quito.

El "lleve" del círculo podría sobrepasar los 7 mil millones

Foto: Luis Argüello

Entre los contratistas del Estado, es vox populi que se cobraba un porcentaje fijo para asignar contratos. 

 

Si se toma como referencia el volumen total de los gastos del Estado durante el correato, se puede estimar que por lo menos el diez por ciento puede haberse pagado como comisiones o sobornos a funcionarios corruptos. Esta "tarifa" que se aplica a cada gasto que se hace en el Estado se habría mantenido inmutable a pesar del discurso moralizador de la "Revolución ciudadana".

"Es impresionante el robo", comenta el común de los ecuatorianos en sus conversaciones de rutina, y hay voces que exigen a las autoridades judiciales que confisquen a los nuevos ricos ‘revolucionarios’ todo el dinero que acumularon con coimas y -ahora lo sabemos- lo escondieron en tumbados, caletas instaladas expresamente en hoteles, también en cuentas bancarias, acciones y bienes comprados aquí y en el exterior.

Pero no hay claridad sobre cuánto mismo se ‘llevaron’. Se mencionan 300 mil millones, 250 mil millones, 30 mil millones, 5 mil millones.

¿Cuánto mismo fue?

Con un economista que pudo ver de cerca el mecanismo para el veloz enriquecimiento de personajes del círculo del gobierno de Correa, resolvimos hacer un cálculo desglosando las cuentas del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) que nació en mayo 2009 como Instituto Nacional de Contratación Pública, INCOP. Este organismo controla toda compra pública, pequeña, mediana, grande, hecha por concurso o adjudicación directa. Cualquier compra de una institución del Estado por fuera del SERCOP, es ilegal.

Regulado así el proceso, vemos que el SERCOP compró entre el 2009 y 2016 "bienes, fármacos, servicios, consultorías" y contrató "obras públicas" (incluso las gigantes) por 64.047 millones de dólares. A este monto sumamos 8.000 millones de dólares en compras que supuestamente se dieron antes de la existencia del SERCOP, o sea, entre el 2007 y 2008. El monto total subió a 72.047 millones.

72.047

millones de dólares contrató el SERCOP entre 2007 y 2016. Los sobornos serían del 10%.

Estudios internacionales, analistas locales y quienes han vivido en ‘carne propia’ la presión o el suplicio de las coimas para conseguir un contrato (un trabajito), hablan de una ‘comisión’ mínima del 10%. Proyectando ese porcentaje al monto total de inversiones en obras y compra de bienes y servicios, podríamos decir que las ‘comisiones’ ‘ganadas’ por los nuevos ricos revolucionarios en la cínicamente llamada ‘década ganada’, estaría por los 7.204 millones de dólares. O sea, faltaría bastante por destaparse.

Con este monto el Estado podría pagar los 1.000 millones que debe a los jubilados por pensiones, también los 2.528 millones que le adeuda al IESS y pagaría la mitad de las deudas a las empresas petroleras. O financiaría casi todo el presupuesto de salud y educación (según las cifras dadas por el presidente Moreno).

Todo controla la Presidencia

El SERCOP es un organismo controlado absolutamente por la Presidencia de la República. En otras palabras, no hay negocio del Estado que no conozca la Presidencia.

Lo comprueba la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que en su Art. 10 dice:Créase el Servicio Nacional de Contratación Pública, como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. Su máximo personero y representante legal será el Director General o la Directora, quien será designado por el Presidente de la República”.

El directorio también está controlado por la presidencia de la república que tiene 4 votos de 6, como podemos ver en el Art. 11:

El Directorio del Instituto Nacional de Contratación Pública (hoy SERCOP) estará integrado por:

1. Por el Ministerio de Industrias y Productividad;

2. La máxima autoridad del Organismo Nacional de Planificación;

3. El Ministro de Finanzas;

4. El Alcalde designado por la Asamblea General de la Asociación de Municipalidades del Ecuador; y,

5. El Prefecto designado por el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador, CONCOPE;

6. La máxima autoridad del organismo encargado de la inclusión económica.

Actuará como Secretario el Director Ejecutivo del INCP (SERCOP), quien intervendrá con voz pero sin voto.

¿Cómo se hacen las sdjudicaciones?

Los conocedores de los trámites dicen que el subsecretario era un punto clave porque seguía todo el proceso de adjudicación del contrato en coordinación con el SERCOP. En los organismos autónomos y regionales, el control del negocio lo tenían directamente sus máximos directivos.

En los tiempos del correismo, el proceso de adjudicaciones comenzaba cuando un organismo de cualquier poder del Estado comunicaba la necesidad de comprar un bien, un servicio o contratar una obra. Entonces, el SERCOP ponía a rodar el proceso para la compra mediante concurso público o por adjudicación directa.

Los técnicos redactaban los términos de referencia para los contratos.

Los directores departamentales calificaban y avalaban los términos de referencia de los contratos.

El viceministro hacía la revisión técnica.

El ministro o subsecretario firmaba los contratos.

Los conocedores de los trámites dicen que el subsecretario era un punto clave porque seguía todo el proceso de adjudicación del contrato en coordinación con el SERCOP. En los organismos autónomos y regionales, el control del negocio lo tenían directamente sus máximos directivos.

"Argolla y coimas"

Visto así, parecería que el proceso era transparente y democrático, pero veamos lo que sucedía.

En el 2009 había apenas 76.277 proveedores habilitados para hacer sus ventas al Estado. En el 2016 subieron a 285.602, o sea, en 7 años casi se cuadruplicaron. Fueron personas naturales y jurídicas. Lo curioso es que el 40,1% del monto de contratos fue a los grandes proveedores, entre esos los gigantes extranjeros como Odebrecht y varias empresas chinas. El resto se repartía casi equitativamente entre los proveedores medianos, pequeños y microempresarios.

285.602

proveedores habilitados para hacer sus ventas al Estado había en 2016.

Pero muchos quedaban fuera de los negocios con el Estado, como eternos perdedores, porque no participaban en el juego de la ‘argolla’ y de la coima.

¿Cómo era ese ‘juego’? A través de las denuncias de los Panama Papers, luego por Odebrecht, hemos podido observarlo. Quien daba la coima recibía un contrato a dedo y los coimados recibían su coima, por partes, en cuentas bancarias abiertas por los corruptos o sus familiares, fuera del país.

Una descripción del mecanismo de sobornos, a alto nivel, se puede ver en estas denuncias que dan novedosos detalles:

Gastos suntuarios de Bravo se triangularon desde su offshore. El Comercio. 30 de octubre 2016. 

Audios revelan cómo Rivera acordó pagos. El Comercio. 5 de agosto 2017. 

Los negocios entre criollos

La ‘argolla’ y la coima entre criollos (proveedores locales, medianos y pequeños) funcionaba parecido.

Comenzaba con el ‘enganche’. El interesado en un contrato buscaba a uno de la ‘argolla’ de distribución de contratos. Este era generalmente un funcionario con poder de decisión que recibía la coima en efectivo o cheque. Ejemplos hay varios, impactantes fueron el ‘comecheques’, un funcionario que se tragó un cheque viéndose descubierto por la policía; los billetes en el tumbado de un funcionario de Petroecuador.

Si el interesado en el contrato y el de la ‘argolla’ llegaban a un acuerdo, este le daba información privilegiada (detalles del producto u obra, costo, tiempo de entrega, etc.) De esa manera, el oferente (que dio la coima) llegaba al concurso con la ventaja de ser el único poseedor de todos los datos y, obvio, ganaba pese al pataleo de sus competidores.

Esto se evidencia en un caso denunciado por la prensa que ni Súperman podía haber cumplido:

El 17 de septiembre de 2009 a las 23:53 se publicó el llamado a la licitación 001-014-IESS-2009. Las empresas interesadas contarían con apenas 11 días hábiles para presentar una propuesta de 1.000 páginas (debían especificarse más de 900 ítems) e incluir el “certificado emitido por el fabricante de los bienes objeto del contrato”.

Solo una empresa cumplió con este requisito, pero su oferta era un millón de dólares más cara. No importó, le dieron el contrato.

Tomado del diario El Universo, nota: Quirófanos del Iess 11 días para oferta de mil páginas.

Coimas por todo

Pero la coima no se daba solo en la contratación de la obra pública o compra de bienes que representan el 64.8% de todas las ‘compras públicas’ del SERCOP. También en la compra de servicios y hasta en consultorías (27.8 y 4.3% de las ‘compras’, respectivamente). O sea, el consultor no era precisamente el más inteligente, sino el que pagaba.

Y había otras coimas que se salían del marco de negocios del SERCOP, como los ‘diezmos’ (igual a coimas) por empleos. El caso más escandaloso fue éste:

Pero la coima no se daba solo en la contratación de la obra pública o compra de bienes que representan el 64.8% de todas las ‘compras públicas’ del SERCOP. También en la compra de servicios y hasta en consultorías (27.8 y 4.3% de las ‘compras’, respectivamente). O sea, el consultor no era precisamente el más inteligente, sino el que pagaba.

28 de marzo 2008. Los empleados y trabajadores de la Superintendencia de Compañías (SC) exigían la destitución de Francisco Arellano Raffo, titular de la entidad, pues el funcionario habría incurrido en 20 casos de corrupción, según denunciaron los miembros de la Asociación de Empleados de esa dependencia.

A los empleados les obligaban a ser “contribuyentes voluntarios” de ‘diezmos’ que debían depositar en una cuenta bancaria. Lo demostraron con las notas de depósito.

Cínicamente, el denunciado manifestó que los ‘diezmos’ son absolutamente ‘voluntarios’ y en ninguno de los casos se produjo presión o amenazas por parte de las autoridades de la SC pues, aseguró, estaban bajo los parámetros que establece la Ley.

Cínicamente, el denunciado manifestó que los ‘diezmos’ son absolutamente ‘voluntarios’ y en ninguno de los casos se produjo presión o amenazas por parte de las autoridades de la SC pues, aseguró, estaban bajo los parámetros que establece la Ley.

Y más cinismo mostró el ex presidente Rafael Correa quien defendió a Arellano porque fue su profesor en el colegio San José La Salle y “no podría dudar jamás de su honradez y rectitud”.

Según el entonces mandatario, las denuncias fueron porque Arellano empezó a aplicar los mandatos constituyentes 02 y 04, con los cuales se ordenó la reducción de los denominados sueldos dorados.

“Yo les puedo garantizar que el superintendente es un hombre honesto; no me vengan con que es corrupto, demasiados años lo conozco como para creer en esos cuentos... cambien de táctica”, enfatizó.

Ante la presión pública, el ‘honesto’ tuvo que renunciar. Más aquí

Así se manejó el Estado durante el régimen correista, de coima en coima, con una estructura organizada para su manejo y el encubrimiento de las altas autoridades empeñadas hasta en cambiar el concepto de corrupción por el de ‘negocio entre privados’ o ‘error de buena fe’. Y con un aparato de publicidad que quería lavarnos el cerebro con slogans como ‘manos limpias’, ‘los honestos somos más’.

Ahora los jefes de los ‘honestos’ aparecen como líderes de la corrupción.

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