El mega trasvase Daule Vinces, (Dauvin), fue inaugurado con no poca pompa por el presidente de la República, Rafael Correa, el 22 de diciembre del 2015, en Guayaquil. La construcción, hecha por la brasileña Odebrecht y financiada en un 70% por un crédito del Banco de Desarrollo de Brasil, BNDES, irrigará más de 170 mil hectáreas en la cuenca del río Guayas y beneficiaría a cerca de 130 mil personas, de acuerdo con la versión oficial.

Sin embargo, también tuvo un mega costo. Mejor dicho, un mega incremento de costos. De acuerdo al contrato, al que tuvo acceso PLANV, el cual fue adjudicado el 30 de abril del 2012, el valor ascendía a USD 190,9 millones más IVA y el plazo de ejecución fue de 840 días calendario; es decir, dos años y tres meses. En el numeral 4.03 del contrato se dice “queda expresamente establecido que constituye obligación de la contratista ejecutar los trabajos conforme a los planos, especificaciones técnicas y los rubros detallados en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades, y Precios, que se detalla a continuación”. Tabla que se especifica en más de 26 páginas de las  72 que contienen el texto el contrato, donde constan el ítem, la unidad, la cantidad, el precio unitario y el precio final.

Tres años y medio después, en el discurso de inauguración, el propio presidente Correa dijo que la inversión de la obra superaba los USD 352 millones. Un incremento del 184%. El presidente defendió la obra al decir que el pueblo montuvio la había esperado más de cuarenta años. En el discurso de inauguración fustigó a quienes critican el "despilfarro" del gobierno, y dijo que en obras como esas estaba el ahorro nacional. Correa hizo cálculos al señalar que con el ahorro que se daría en el sector agrícola, gracias al control hídrico en sequias o inundaciones, la obra se pagaría en tres años. Correa precisó en su discurso (minuto 34 de este video) que la obra civil ascendía a USD 294 millones, USD 6,2 millones se pagaron en expropiaciones, y el saldo corresponde a los contratos de fiscalización, que la hizo la Escuela Politécnica del Litoral, a gerenciamiento, línea de trasmisión eléctrica, entre otros.

En el tiempo de construcción se dio una danza de cifras, dentro de las propias instituciones oficiales que han tenido que ver con el proyecto.  Cuando el ministro coordinador de Áreas Estratégicas, Rafael Poveda, firmó el convenio de financiamiento con el Banco de Desarrollo de Brasil, en agosto del 2013, anunció que el costo era de USD 200 millones, de los cuales USD 124 millones eran del crédito brasileño.  Un año después, un video promocional de la Vicepresidencia de la República anuncia que la inversión era de USD 250 millones. El propio ministerio de Áreas Estratégicas, en dos informaciones sobre los avances del proyecto habla de USD 260 millones y luego de USD 275 millones, con pocas semanas de diferencia. Cuando la Contraloría presenta un examen del periodo 2012 a junio del 2014, notifica que ha examinado montos por USD 269 millones. Luego la Secretaría Nacional del Agua, Senagua, señala en un informe oficial que el costo del proyecto es de USD 342, cifra en la que coincide una información de la Secretaría de Comunicación, Secom. Organismo que, sin embargo, días antes anuncia que el monto final del proyecto fue de USD 275 millones. Hasta que finalmente la cifra más alta es anunciada por Rafael Correa durante la inauguración, con USD 352 millones.

¿Cómo y por qué se dieron estos incrementos y contradicciones de cifras?

La historia comienza cuando el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos envia tres solicitudes al Minsiterio  de Desarrollo e Industria de Brasil, para que finance los proyectos Maduriacu y el trasvase Daule Vinces. El 9 de febrero del 2012, la entidad  brasileña responde que estaría "gustosa" de financiar el trasvase  y como dice la resolución de la Secretaría del Agua, "de acuerdo a las reglas fijas que aplica el Banco de Desarrollo de Brasil el financiamiento está destinado exclusivamente para las exportaciones de bienes y servicios brasileños por parte de empresas de ese país que participen en ese proceso de contratación bajo este régimen especial".

La certificación presupuestaria, emitida el 24 de febrero del 2012, por el ministerio de Financias para este proyecto señaló que el monto ascendía a USD 185,5 millones, de los cuales USD 107 millones estaban financiados por Brasil.

Así, mediante Resolución 2012-421 de la Senagua, el entonces secretario Walter Solis Balareo (hoy ministro de Transporte y Obras Públicas)  autorizó el inicio del proceso contractual mediante Régimen Especial, e invitó a participar en el mismo exclusivamente a las empresas brasileñas Odebrecht, Camarco Correa Sucursal Ecuador, Engevix Engenharia, Queiroz Galvao y Constructora OAS. Esto fue el 01 de marzo del 2012. Fue escogida Odebrecht, que obtuvo la calificación del 100% de acuerdo al Comité de Contrataciones. 

El informe de Contraloría para el periodo enero del 2013 a junio del 2014 examinó montos por USD 269 millones.  El informe DAPyA-0031-2015 señaló que los nuevos montos del proyecto, los contratos complemetarios y cinco Órdenes de Trabajo para la obra en sí no habíanm sido subidos al Portal de Compras Públicas. El registro de la Contraloría detalla un Contrato Complementario por USD 60,7 millones, cinco Órdenes de Trabajo por USD 6,7 millones, y un rubro para fiscalización por USD 8,1 millones para la Escuela Politécnica del Litoral y su empresa Espoltech.

El mismo documento del organismo de control señala que según lo manifestado por la Secretaría del Agua, para continuar y fortalecer la implementación del proyecto, se han programado trabajos adicionales que incremental el costo en USD 132 millones; es decir que la inversión pasa a USD 342,9 millones, de los cuales USD 136,9 millones serán financiados mediante crédito externo. Además de eso, se amplió el plazo de la entrega de la obra en 12 meses adicionales. 

En cuanto a los incrementos de rubros del proyecto, la Contraloría concluye "el subsecretario de demarcación hidrográfica del Guayas y el gerente del proyecto, en su calidad de administrador del contrato, inobservaron los artículos 88 y 90 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, debido que hasta la fecha de corte de la presente acción de control, junio del 2014, no han elaborado ni celebrado los instrumentos legales que icnluyan las variaciones reales y estimadas en las cantidades de los rubros que se incrementan; que se disminuyen y que se eliminan, para conocer con precisión el valor de afectación presupuestaria del contrato principal, puesto que eran obligaciones que asumía la entidad, suscribiéndose únicamente actas de diferencias de cantidades , sin haber determinado con certeza el valor real del proyecto, circunstancia que ha influido para no obtener la respectiva certificación presupuestaria que financie la diferencia de cantidades de obra, que constituye una obligación económica asumida por la entidad, lo cual ha provocado que en el periodo examinado no se conozca el valor final del sistema de riego Trasvase Daule Vinces".