Al ingeniero geólogo Diego Pimentel, minero y representante legal de varias empresas del Grupo Bonanza, llevaba al eropuerto Simón Bolívar de Guayaquil, como hace 15 años las barras de oro para exportar a Estados Unidos. Las tres empresas del grupo producían y exportaban entre 7 y 8 kilos a la semana. Eran prácticamente los únicos que exportaban. Pero desde el 2012 empezó a notar que asomaban otras empresas, comercializadoras y no productoras, que empezaron a llegar con cajas de lingotes de 120 a 150 kilos de oro cada semana. 

Antes de eso, recuerda este ingeniero alto y vestido a la usanza exploradora, en el 2010 y antes, solo exportaban oro los que producían oro.  En ese año aparecen como principales exportadores las productoras Sociedad Minera Liga de Oro, Elipe, Expausa, Minera Nueva Rojas y Sultana del Cóndor. El total de exportaciones del Ecuador, según datos de la Carta Minera del Banco Central del Ecuador, ascendía a 1,25 toneladas de oro. El principal exportador solo había enviado al exterior 517 kg de oro. No aparecían comercializadoras en el horizonte. Sin embargo, los reportes de producción de oro, de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, constante en la misma Carta Minera, mostraban una producción de 4,59 toneladas para el 2010. Es decir, se exportó  mucho menos de lo que se produjo.

Para el 2011 la situación es similar aunque la exportación casi que se triplica. Ese año, las productoras mineras  Elipe, Liga de Oro y Expausa encabezaron el ranking y aparece una comercializadora en cuarto lugar: Waynoro. En total ese año se exportaron 4,28 toneladas, ventas que ascenderon a USD 131 millones. Y el reporte de producción de oro ascendió a 4,92 toneladas

En el 2012 la cosa cambia, pues dos comercializadoras desplazan a las productoras de los primeros lugares: Wayoro y Boldom Internacional, aparece en tercer lugar una persona natural, David Bravo, y Liga de Oro y Elipe ocupan el cuarto y quinto puesto. Ese año se exportan 10,79 toneladas de oro con un volumen de ventas superior a USD 350 millones. De ese monto,  las dos comercializadoras exportaron casi USD 120 millones, y Bravo exportó USD 42 millones. Pero en los reportes de oro producido, de la Arcom, consta que ese año se produjeron 5,13 toneladas. Es decir, se exportó más del doble de oro de lo que se produjo, lo cual, de por sí ya debió a las autoridades del sector.

A fines del 2013, los resultados de ese año arrojaban datos que para los productores ya eran indicios claros de que algo grave distorsionaba el mercado de la exportación de oro. Las cinco primeras exportadoras de oro aparecen ese año con volúmenes similares, pero también asoman decenas de otras pequeñas empresas con montos altos. Elipe retoma el primer lugar de las exportaciones, con 890 kg. Y le siguen Waynoro, Intermetals, Boldom y Minera Las Vegas. Ese año se exportan 16,8 toneladas de oro y se reportan como producidas la mitad: 8,67 toneladas. 

El último dato oficial ya muestra una tendencia clara en esta distorsión. En el 2014, aparecen como exportadas 29,2 toneladas de oro y como producidas 7,3 toneladas. Es decir una distorción de 21 toneladas, que nadie sabía de dónde salieron. Como primera exportador aparece la comercializadora Clear Process, que tiene una participación accionaria de Spartan. So nombre aparece como un relámpago, pues no constaba en las listas anteriores de exportadores. Clear Process exporta 4,37 toneladas por un monto de USD 157 millones.

Así, en el periodo entre los años 2010 y 2014 se produjeron 30,6 toneladas, según la Carta Minera. Y se exportaron 62,4 toneladas. Una diferencia de un poco menos de 32 toneladas. El boom de la comercializadora Clear Process no pasa desapercibido para nadie del sector. Incluso la revista Vistazo, en su tradicional ranking de las 500 más grandes empresas de ese año 2014 la destaca como "el gran salto" de las exportaciones de oro. 

El fenómeno se dio porque por esos años el Perú hizo un control riguroso de las comercializadoras de oro, para impedir el tráfico del metal precioso. De 30 comercializadoras quedaron tres, y el resultado fue que mucho de ese oro ilegal se evacuó por Ecuador y Bolivia.

¿Cuál es el esquema? ¿Por qué se dio esto? Para dos productores de oro consultados por Plan V, "el gobierno creo una patente de corso para que esto sucediera con la minería artesanal".  Antes de las reformas a la Ley Orgánica de Minería, que se dieron en junio del 2013 en la Asamblea, había minería legal e ilegal.  Esta última era considerada así porque no pagana regalías, impuestos, patentes... La legal sí. No había un punto medio.  "Este gobierno creo el punto medio; legalizó a los ilegales y premió a los invasores de minas, con la transitoria Sexta de la Ley de Minería". Nunca se debatió esa transitoria, según el ingeniero Rengel, que asistió a la sesiones de la Comisión para participar en los debates. La transitoria, dice,  lo que hizo fue legalizar a los ilegales, entregándoles títulos de mineros artesanales. 

La Transitoria Sexta publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 37, del 16 de julio del 2013 decía:  "SEXTA.- Para el caso de las personas que realicen labores de minería artesanal, identificadas en el Censo Minero del año 2010 y que hasta la fecha de promulgación de esta ley no hayan sido regularizadas, el Ministerio Sectorial en un plazo máximo de 180 días culminará su legalización conforme a las normas de la Ley de Minería y la presente reforma".

Luego, en el 2015, en la página oficial del Ministerio de Minería y en otras entidades del Ejecutivo aparece ya una versión "actualizada", con una versión de la Transitoria Octava (las Transitorias en la versión del RO de la ley reformatoria llegan hasta la séptima), que había sido aprobada en la Ley Orgánica de Minería que la Asamblea del 2009 dicutió y aprobó. En esta se dice:

OCTAVA.- En el plazo de 180 días a partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio Sectorial, realizará un censo de los mineros artesanales que carezcan de autorizaciones para efectuar actividades mineras y que justifiquen haber trabajado en las mismas por lo menos dos años antes de la realización del mencionado censo a fin de que sean regularizados".

"Había un sector muy poderoso de la minería que se aprovechó de este esquema, y a través de amigos, parientes, etcétera, comenzaron a sacar permisos de minería artesanal y decían: tengo estos diez kilos que salió de una minita, y no pago regalías, impuestos, patentes, nada", dice Rengel.

El Art 134 de la Ley de Minería en vigencia señala que: Por su naturaleza, las actividades de minería artesanal, no están sujetas al pago de regalías ni de patentes, pero si sujetas al régimen tributario, para garantizar los ingresos que corresponden al Estado. Se consideraba artesanal una concesión de hasta cuatro hectáreas en minas subterráneas y seis en minas a cielo abierto.

Jorge Rengel Piedra y  Diego Pimentel son socios y fundadores de las empresas del Grupo Minero Bonanza al que se pertenecen las productoras y exportadoras de oro Expausa, Expobonanza y Mollopongo. Entre el 2010 y el 2014 las exportaciones del Grupo Bonanza fueron de 1,5 tm; es un grupo que maneja varias minas desde hace diez años y tiene cientos de empleados.

Estos geólogos de la Espol hacen esta precisión porque en la denuncia El "oro sucio" de Ecuador..., publicada por el portal peruano www.ojo-publico.com, y reproducida por este medio,  se menciona que estas empresas exportaron 24 tm, entre el 2010 y el 2014 , por lo que "se nos está acusando del delito de exportar oro no declarado legalmente". Lo cual niegan rotundamente.

Pero reconocen que en el sector se ha dado este ilícito. "Detrás de este ilícito -dice Rengel- está un esquema que ortorgó a los mineros artesanales una patente de corso, que les permitía, sin beneficio de inventario, llevarse la riqueza minera del país, estableciendo el verdadero atraco minero. Los artesanales, que antes eran los mineros ilegales, son beneficiados en el gobierno con al exoneración total del pago de regalías de producción, con la posibilidad de realizar ventas con RISE y la totalidad del territorio ecuatoriano, para que con la totalidad de las solicitudes de áreas de 4 hectáreas puedan llevarse lo mejor de los yacimientos. Vale aclarar que el conveniente vacío legal que dejó este gobierno a las ventas artesanales, es que nada en la ley limita o impide que una artesanal pueda vender decenas o centenas de millones de dólares.

"Al cerrarse el catastro minero a las empresas que sí tributaban, bajo el régimen de pequeña o mediana minería, todo el territorio ecuatoriano quedó en manos de los únicos que podían solicitar concesiones mineras en este gobierno: los mineros artesanales.  Estos, que antes eran ilegales, y que incluso fueron premiados en sus invasiones -con la Transitoria Octava de la Ley Minera- con la entrega del área invadida, son la base del esquema de evasión y legalización del oro sucio en e Ecuador.

"En resumen, en estos nueve años, solo los mineros artesanales pudieron pedir áreas mineras, quienes justamente no pagaban regalías ni impuesto a la renta ni tenían la obligación legal de presentar informes de producción. Las empresas comercializadoras de oro, así como los artesanales, no debían presentar informes de producción o detalles de tonelaje, leyes, área de donde provenía la supuesta producción a exportar. En esta caja negra se ocultóel oro ilegal, tanto de Ecuador como del Perú", finaliza Rengel.

Este marco legal, el de las reformas mineras, que otorgó privilegios tributarios a los mineros artesanales, fue la primera Ley que aprobó la nueva Asamblea que se posesionó en mayo del 2013. PAIS obtuvo una mayoría equivalente a las dos terceras partes de la Legislatura. Estas reformas llegaron desde el Ejecutivo con el carácter económico urgente. Ramiro Aguilar, asambleísta que se estrenaba en el Parlamento y como parte de la Comisión de lo Económico, que tramitó el cuerpo legal, le extrañó que estas reformas fueran urgentes -el gobierno las justificaba para permitir la gran inversión minera- y lo expresó así en su intervención ante el Pleno. "Pero estas reformas solo sirvieron para lo que hemos visto luego de tres años", dice ahora Aguilar, refiriéndose a la ventana legal que facilitó y disparó el tráfico de oro y el lavado de dinero a través de las comercialización del oro sucio.

Una vista del pueblo de Nambija, donde está la mina de oro más famosa del Ecuador. Foto: OjoPúblico

El operativo Atardecer

El 17 de junio del 2016, luego de más de cuatro años en que estas operaciones se venían dando, una acción policial con agentes de la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA), la Unidad de Lavado de Activos (ULA), Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), Criminalística, en coordinación con funcionarios de Fiscalía "desarticuló a una presunta organización que se dedicaba al lavado de activos y a la defraudación tributaria, dejando grandes pérdidas al país", según la versión oficial del Ministerio del Interior.

El viceministro Diego Fuentes  explicó que "desde el 2013, las empresas Spartan del Ecuador S.A. y Clearprocess Cía. Ltda., se convirtieron en un corto lapso de tiempo en las mayores exportadoras de oro del país, a empresas estadounidenses como Mvp Imports Lls, Kaloti Metals and Logistics Llc y Republic Metals Corporation, de oro proveniente presuntamente de la minería ilegal de Perú.

"Estas entidades privadas que funcionaban en Quito y Guayaquil utilizaban el contrabando de oro y la defraudación tributaria para obtener ganancias. Estaba liderada por Alberto M., Javier M., Jordi M., Cesar C., Gustavo J., Cesar C., Daniel N., y Jorge N.

"Las empresas aparentaban la legalidad de su comercialización con notas de venta dolosas de compra venta del metal, a nombre de aproximadamente 230 personas registradas como contribuyentes RISE, como sus proveedores, suplantando identidades, falsificando y utilizando documentos falsos, causando una grave afectación económica al país, al evitar con este documento que se les haga retenciones de impuestos.

"Según la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en el periodo 2012 – 2014, el Ecuador produjo oro por 675’ 223 196 dólares americanos, sin embargo, en el mismo periodo, el Ecuador exportó oro por 1015’ 810 889 dólares, dando una diferencia de 940’ 587 692, sin que se determine el origen del mismo.

"La compañía Clearprocess Cía. Ltda. presentó sus declaraciones de IVA en el año 2014, registrando como compras a contribuyentes acogidos al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano el valor es de 157’ 281 275; sin embargo, los anexos de compras presentados al SRI no tuvieron registros, es decir, no se reportó a qué contribuyentes efectuó dichas compras.

"La empresa Spartan del Ecuador Productos Químicos S. A. se dedica a la importación y venta de materiales químicos; sin embargo, desde el año 2013, cambió sus actividades a la exportación de oro, sin que en sus anexos de compras presentados a la Administración Tributaria haya registrado la adquisición del material para su posterior exportación, realizando 141 declaraciones de exportación, con un valor total FOB de 241’ 406 788".

El comandante general de la Policía, Diego Mejía, dijo que la investigación duró aproximadamente un año y medio y a través de labores y diligencias investigativas, análisis financiero, comercial y patrimonial, así como la información aportada por la ciudadanía a través de denuncias, denotaron suficientes elementos de convicción que permitieron identificar a todo el componente orgánico de esta red criminal.

Lorena Freire, del Servicio de Rentas Internas (SRI), indicó “estamos investigando si estas empresas tomaron de manera ilegal la información de RISE y notas de venta de estas personas o si ellos también serían parte de la organización”.

El minero artesanal no tiene un límite legal de cuánto puede producir su mina. "Hay tremendas inversiones, de gente con mucho dinero, que se ocultan como mineros artesanales, porque esas cuatro hectáreas pueden estar en la mejor parte de sus yacimientos, ocultan también la producción de otros yacimientos, como se puede decir que esa producción salió de la mina artesanal, sin límite de producción, ocurrió que el oro del Perú empezó a llegar al Ecuador y se decía que eran de yacimientos artesanales, porque nadie decía de qué mina, con qué tonelaje y de que normativa legal salió", dice Rengel. ¿En cuántos años el Estado podía auditar eso?, se pregunta. Nunca, porque el Estado nunca audita, se responde él mismo.

"Lo que pasa es que los supuestos auditores se acercan a chantajear a los que están al filo de la ley". En el área de San Salvador, en Milena, Azuay, salen mil toneladas al mes, y las autoridades no saben. Es un escándalo, todo el mundo lo sabe en el Azuay", dicen los geólogos.

Una nota de diario Expreso, del 16 de abril del 2016, daba cuenta de estos hechos:

"Una auditoría integral a las plantas de beneficio para tratamiento de minerales exigió a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) el sector minero regularizado que opera en la jurisdicción de Azuay.

"Los mineros legales sostienen que los irregulares, que operan en un 80 % en el sector, trabajarían bajo conocimiento de las autoridades sin pagar tributos ni declarar regalías, patentes y obligaciones como el pago de Impuesto a la Renta, utilidades, décimos, aseguramiento de obreros y otros.

"Eloy Aucay, minero que opera en la zona, señala que los legales trabajan en desventaja y en muchos casos son perseguidos. Esto ocurre incluso bajo conocimiento de las autoridades de control mineras, insiste.

"Igual criterio esgrime Mauro Gómez, asentado en el sector hace varios años. Él aclara que existe una “creciente indignación”, considerando que “la informalidad cuenta con mayores garantías que el propio empresario que sí cumple con el pago de tributos y obligaciones determinadas en la Ley de Minería” y su reglamento.

"Se suman a los problemas la libre utilización de explosivos y combustible, cuyos puntos de origen y comercialización se desconocen.

"Según informes del Banco Central del Ecuador, desde el 2010 al 2014 hubo compañías mineras fantasmas y empresas comercializadoras de similar figura que exportaron toneladas de oro equivalentes a millones de dólares cuyos tributos y obligaciones estatales, laborales y sociales fueron incumplidas.

"En San Salvador existen alrededor de cincuenta sociedades que operan en actividades de exploración y explotación minera al margen de la ley y sobre el tema tiene conocimiento la Arcom con sede en Cuenca, según denunció en octubre del año pasado el empresario minero azuayo Vicente Reyes Berrezueta.

"La denuncia presentada ante el director nacional de Arcom cita nombres y con documentos a todas las sociedades y sus integrantes asentados en ese sector informal".

¿Cuántas veces, una autoridad entra a auditar la producción de una mina? Se pregunta a los geólogos: nunca, responden. 

En el Ecuador se dieron más de 3000 permisos artesanales. Después de la transitoria de la Ley, se cierra el espacio a la minería legal impidiendo que las compañias que sí tributaban pudieran pedir concesiones. Se cerró el catastro minero. Y el mapa minero quedó para los "regularizados" que eran los únicos que podían pedir concesiones mineras. 

Para los geólogos resulta muy extraño que las autoridades del sector no se hayan percatado estos años de la actividad de Clear Process. Incluso los precursores como el mercurio y el cianuro no se incrementaron, pero sí las exportaciones de oro. "Todos teníamos claro que aquí había algo, porque no podía ser que la Aduana se haga de la vista gorda se no tenían algo atrás, y ellos no podían haber sido tan audaces si no había algún tipo de respaldo para llevar a esos niveles esa exportación. Ahora, el respaldo era legal, porque a través de los permisos artesanales, que nadie les pide un certificado de producción", dice Rengel: les dieron el país a los mineros artesanales. Los únicos que en estos ocho años de gobierno han podido pedir concesiones mineras. Los que sí pagábamos impuestos no podíamos trabajar en nuevas exploraciones. 

¿Por qué luego de varios años de actividad impune se hizo el operativo Atardecer, cuando era fácil mostrar las evidencias de este tráfico de oro? Pimentel tiene dos conjeturas: ya el país no tiene liquidez ni fuentes de financiamiento y ha buscado fuentes de financiamiento "más serias" y estas tienen que ir tomadas de la mano con un control antilavado. Esto era tan evidente para nosotros. Estamos hablando de más de USD 1600 millones en tres años, que son macrocifras. Esto es visible para los controles internacionales y seguramente les exigieron arreglar esto. Y de hecho, días después de que retumba esto de acá, el FMI anuncia un crédito para el Ecuador. La otra conjetura de Pimentel es que "esta es tan solo una de las mafias que ha estado haciendo este flavado. Existe un par de mafias más, que no son aniñados, que están protegidos por otras figuras y que vieron que su negocio quedó estancado porque estas personas vinieron y coparon el "mercado" de la compra ilegal de oro y de hecho, el día anterior del operativo, el jueves, nosotros exportamos y Spartan exportó junto a unas tres comercializadoras más de menor volumen. A la semana siguiente del operativo exportamos solo nosotros. Esta última semana, (la del 4 al 8 de julio) ya aparecieron dos comercializadoras, con nombres medios raros con 25 y 30 kilos de oro. Creo que esto no se termina y lo que están queriendo hacer es recoger un poco lo que ha quedad abierto luego del operativo. 

Un productor de oro tiene la licencia para exportar a Estados Unidos. El comercializador compra y vende, tiene que tener una transacción donde hay un IVA. Al haber este impuesto, nadie en el exterior va a comprar con el 14% de incremento. Esto porque el oro tiene un precio fijo internacional. ¿Cómo se absorbe este IVA? En calidad de productor artesanal y está exonerado, presenta el permiso artesanal y el RISE y exporta. Y ahí se legaliza un oro que se debió haber comprado con el 14% de descuento, porque el ilegal que viene del Perú, lo que  quiere es vender. Este es el esquema que los geólogos consultados señala como el modus operandi de estas operaciones. 

"Ellos crearon un esquema a propósito, para que todos estos grupos, con un pie en la ilegalidad, porque financiaban invasiones, y darles la total legalida, y dejar fuera a los que estan en la legalidad porque nos cerraron el catastro. Solo los artesanales fueron protegidos estos ocho años, sin beneficio de inventario, sin informes de producción y sin pagarle nada al Estado", dicen los geólogos. 

Rengel considera que "el Estado les creó el sistema legal apropiado. Si no había este esquema de los artesanales, no hubiera pasado esto. Les crearon el hueco y por ahí entraron".