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13 de Octubre del 2014
Investigación
Lectura: 27 minutos
13 de Octubre del 2014
Redacción Plan V
El rastro de una masacre

El teniente coronel González salió de la Policía en el 2006. Vive en Estados Unidos. La tesis de su defensa en el caso Las Dolores fue que la Policía actuó en un caso de delito flagrante y que el asalto era real.

 

Hasta cuando ocurrió el caso "Las Dolores", el policia Eduardo González era un héroe de la lucha contra la delincuencia. Los repetidos golpes de los efectivos del GAO, el GIA o la UIES le valieron dos condecoraciones "Al Valor". Sobre todo, por dos operativos realizados antes del de la farmacia Fybeca (con 8 muertos) y que causaron la muerte de otros 21 presuntos delincuentes. Excepto en el caso "Las Dolores", cuando el nuevo comandante de la Policía Jorge Poveda lo manda a investigar, González fue condecorado y felicitado por la autoridades policiales por varios operativos que en total provocaron 43 muertos, y no se hicieron investigaciones. Esta es la historia.

“El general Vega Gutiérrez hizo un informe de mala fe que perjudicó a los policías del operativo Fybeca”. La frase corresponde a una pancarta colocada frente a la Corte Nacional de Justicia, el lunes 13 de octubre último, a las ocho de la mañana, cuando empezaba la audiencia de juzgamiento de 18 procesados en el ahora llamado Caso "Las Dolores".

La frase no es traída de los cabellos. Efectivamente, fue el entonces inspector general de la Policía Nacional, general Marcelo Vega, quien por orden verbal del entonces comandante de la Policía, general Jorge Poveda Zúñiga, hizo una investigación inmediata del operativo del 19 de noviembre del 2003 en la farmacia Fybeca, de la Alborada, al norte de Guayaquil, que terminó en la masacre de ocho personas y la desaparición de otras tres.

Lea también: Caso Las Dolores, el retorno del horror. 

El informe, con un resumen de 84 páginas, recogió el testimonio de 52 personas, entre policías y civiles y fue entregado el 1 de diciembre. Pero como respaldo, el inspector general y su equipo produjeron 789 hojas, cuatro cuerpos, 127 páginas de informes de la inspección ocular técnica, un informe de 46 páginas sobre el reconocimiento del lugar  y un video.

En el numeral 17 de las conclusiones, el general Vega puso por escrito su sospecha sobre la versión y los reales motivos del mayor Eduardo González, jefe del operativo: “Habría que determinar con mayor facultad y amplitud investigativa si la información respecto de la presencia de Marcos Castro Carpio, alias “el marino”, fue o no verídica, como refiere el señor Mayor González y establecer qué circunstancias motivaron en verdad el desvío de recursos materiales y humanos a otra acción que no estaba ni en conocimiento de sus superiores ni autorizada por los jefes y comandantes correspondientes. Lo dicho se fundamenta en el texto de las versiones del personal que intervino en el operativo, pues ninguno conocía el sitio exacto al que tenían que acudir en la ciudadela Las Orquídeas, lugar donde supuestamente se encontraba el peligroso delincuente conocido como “El marino”, por lo cual cada patrulla y flecha eligió a su criterio una ruta distinta y como “por coincidencia” se detectó el delito flagrante, fueron llamados y acudieron a la escena del ilícito”.

El 3 de diciembre del 2003, el comandante Jorge Poveda remitió este informe al Fiscal de lo Penal del Guayas, Carlos Pérez Asencio; el 9 de diciembre, el informe fue enviado a la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, María Augusta Rivas.

El informe recomendaba que el documento fuera enviado a la H. Segunda Corte Distrital de Policía Nacional, al H. Consejo de Generales de la Policía Nacional y al ministro de Gobierno y Policía. No solo ocurrió eso. El 3 de diciembre, el comandante Poveda remitió este informe al Fiscal de lo Penal del Guayas, Carlos Pérez Asencio; el 9 de diciembre, el informe fue enviado a la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, María Augusta Rivas; el 12 de diciembre una comunicación fue remitida a la Hna. Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) diciendo que el informe completo reposaba en el Congreso; le llegó también a la entonces Ministra Fiscal, Mariana Yépez; al nuevo ministro de Gobierno, Raúl Baca Carbo, entre otros. También se dispuso a todas las autoridades policiales y a la Interpol el inicio de operaciones inmediatas para localizar a los ciudadanos desaparecidos en el operativo.

Así fue como se abrió el proceso judicial en contra del jefe del operativo en la farmacia.  En la hoja de vida del teniente coronel Eduardo González Flores, a la que tuvo acceso PLAN V, consta que el 4 de diciembre del 2003 estaba a órdenes de la Segunda Corte Distrital de Policía “por delito contra la existencia y seguridad de la Policía, la vida y la libertad individual”. El 3 de febrero del 2004 se hace extensivo el Auto Cabeza de Proceso por “delito de muerte”.

Fue la única y última vez que González fue denunciado por las propias autoridades de la Policía Nacional de entonces. La investigación y el informe del general Vega Gutiérrez, por orden del general Poveda, quien asumió la comandancia de la Policía dos meses antes de que se diera la masacre en la Farmacia Fybeca, fueron la excepción a la carrera policial, aparentemente exitosa, de González. Por ello el letrero expuesto por gente a favor de los policías en el juicio tenía sus razones.

Luego de dos operativos que culminaron en masacres, González fue condecorado en el año 2000 con la Orden al Valor, por un operativo de captura a varios presuntos asaltantes de bancos en Babahoyo (que ocurrió en agosto de 1998) y en el 2001 fue distinguido con otra Orden al Valor por, dice en su hoja de vida, “desempeño profesional” en el operativo que frustró un asalto a la sucursal de Filanbanco en Portoviejo, hecho que se dio en el año 2000.

En el operativo de Babahoyo, González operó con el grupo GAO, el cual fuera disuelto años después por violaciones a los derechos humanos. Hubo diez muertos. Reportes de la época señalan que no hubo investigación en este caso y las actividades del GAO y de González  continuaron. El argumento fue que se trataba de bandas de delincuentes.

En el operativo de Portoviejo, el 29 de agosto del 2000, se reportaron 12 civiles muertos, incluido un hombre inocente.  Este caso no fue tratado por la Comisión de la Verdad nombrada por el presidente Rafael Correa.

De acuerdo con un informe pericial entregado a la Fiscalía el 5 de marzo del 2014, este caso es una evidencia más de que el grupo antidelincuentes de la Policía, comandando por González, siguió un modus operandi en al menos ocho casos que terminaron en muertes desde 1996 hasta la masacre en la farmacia Fybeca, en el 2003: el tipo de delitos era delincuencia común; las reacción policial fue el  seguimiento por inteligencia y operativo para neutralizar los actos delictivos, finalizando con enfrentamiento armado y la eliminación física de los presuntos delincuentes.

"Todos los fallecidos en ese hecho murieron con un tiro en la cabeza lo que hace notar que hubo una ejecución sumaria y además negligencia"

Por ejemplo, el parte policial elevado a conocimiento de la Policía Nacional de Manabí, sobre los sucesos de Portoviejo, señala que:  “por operaciones básicas de inteligencia en torno a asaltos y robos a las agencias  se llegó a tener conocimiento de que los mismos antisociales iban a perpetrar un asalto y robo (…) por lo que se ha venido coordinando con los jefes de seguridad de los diferentes bancos a fin de tomar medidas de precaución  y estar alertas, especialmente con sus sistemas de seguridad electrónicas (…) Se activó la alarma electrónica de la sucursal de Filanbanco, por lo que concurrimos de inmediato …siendo recibidos con disparos de armas de fuego en contra de la integridad física de nosotros (sic), mantuvimos un enfrentamiento armado con esa banda de delincuentes por un lapso de 20 minutos (…) momentos en los que varios delincuentes aprovecharon para darse a la fuga en diferentes automotores, mientras que otros cayeron abatidos en este primer enfrentamiento (…) como resultado quedaron heridos dos miembros de la Policía (…) además los delincuentes realizaron disparos en contra de varias personas, ya que les confundieron con miembros de la Policía, causando la muerte al ciudadano Mendoza Cedeño y resultando herido de gravedad el ciudadano Leider Olmedo. Inmediatamente nos dirigimos hacia la puerta de Filanbanco, y al tratar de ingresar fuimos atacados con armas de fuego por los antisociales, resultando herido de gravedad un Sr. Oficial de Policía, produciéndose nuevamente un enfrentamiento armado resultando abatido otro grupo de antisociales”.

El parte policial asegura haber encontrado en poder de los presuntos asaltantes fallecidos un fusil, una subametralladora, una ametralladora y una repetidora.

La muerte de Juan Antonio "el Tuny" Mendoza Cedeño, de 21 años de edad,  en esos hechos de sangre generó un juicio contra el Estado. La versión policial dijo que él cayó víctima de las balas de los delincuentes.

Pero el joven fue asesinado con un tiro en la cabeza. Ese día, según Carlos Mendoza Loor, padre de la víctima, su hijo Tuny regresaba de la universidad Laica Vicente Rocafuerte, extensión Portoviejo, cuando por coincidencia pasó por la agencia bancaria que era asaltada. “A mi hijo lo cogen afuera, le dan un balazo en la pierna, lo arrastran al interior del banco y allí lo mata la Policía para luego hacerlo aparecer entre los antisociales”, dijo Mendoza a El Diario, de Manabí. El padre dijo  que todo esto fue observado por un testigo clave. “El error de mi hijo fue pasar y observar lo que estaba ocurriendo en ese momento, quizás por eso lo asesinaron”, comentó.

Javier Calderón, hermano de la víctima, comentó también al mismo diario que la muerte de su hermano fue denunciada y que pese a los años transcurridos aún no había sentencia. Salín Alcívar, abogado que conocía el caso, lo confirmaba. Afirmó que desde el 2006, luego de que el caso fuera tramitado en primera instancia en la Corte Provincial de Justicia la denuncia pasó a la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Salín manifestó que en el juicio de indemnización por violación de los Derechos Humanos, se ha seguido contra la Policía Nacional, que interpuso un recurso de casación. "Todos los fallecidos en ese hecho murieron con un tiro en la cabeza lo que hace notar que hubo una ejecución sumaria y además negligencia", agregó Alcívar.

El informe de peritaje da cuenta también de otros operativos en los cuales participó el oficial González: el enfrentamiento con una banda en los predios de la Universidad Estatal de Guayaquil, con cuatro civiles y un policía muertos, en febrero de 1996; en octubre de ese año se reporta la muerte de seis presuntos delincuentes y un policía durante la persecución a Julio Peralta Vergara; en sendos operativos en 1997 en Cuenca, Guayas y Babahoyo, se reportan otros cuatro presuntos delincuentes muertos. El oficial González aparece actuando en los grupos del GAO y la Unidad de Investigaciones Especiales, UIES. En todos estos casos se reporta el mismo procedimiento: labores básicas de inteligencia, delito flagrante y enfrentamiento.  En todos los casos, las autoridades policiales se conforman con el parte policial, no hay investigaciones y se continúan con las actividades.

En todos estos casos se reporta el mismo procedimiento: labores básicas de inteligencia, delito flagrante y enfrentamiento.  En todos los casos, las autoridades policiales se conforman con el parte policial, no investigaciones y se continúan con las actividades.

Antes de llegar al caso "Las Dolores", González llevaba 20 años en la institución y los últimos diez había encabezado el Grupo de Inteligencia Antidelincuencial, GIA, que había efectuado más de 50 operativos, entre esos el de Fybeca, hasta entonces.

Según su historial de trabajo, en julio de 1995, cuando González empezó a dirigir  el Grupo de Inteligencia Antidelincuencial (GIA), el cual ha cambiado varias veces de nombre (ha sido GAO y UIES), investigó el robo al Monte de Piedad de Loja.

Al año siguiente ejecutó el operativo, en las inmediaciones de la Universidad de Guayaquil, que terminó con la vida de Carlos Ortiz (a) Gato Ortiz, Tulio Moreira (a) Brujo Pancho, Julio Cevallos (a) la China y Manuel Palma Aguirre, incluidos en la lista de los más buscados por la Policía.

Prácticamente no hay grupo especial de la Policía que no haya contado a González en sus filas, reportó la revista Vistazo en el 2004.  La nota dice que: cuando se alejó la amenaza del terrorismo y empezó la ola de secuestros, apareció González formando el equipo de la Unase que se encargó de casos como "El niño del terror" y el plagio de varios empresarios.
En 1998 los asesinatos de un animador de televisión, de una empresaria y hasta de dos niños, incrementaron la sensación de inseguridad. Por si fuera poco, la Policía reportaba que 11 vehículos al día eran robados en Guayaquil. Con estos antecedentes, la Junta Cívica y el alcalde Jaime Nebot clamaban por mayor resguardo uniformado.
En ese mismo año, por dos ocasiones, se organizaron operativos conjuntos entre Policía, Fuerzas Armadas y Comisión de Tránsito. En medio de este escenario, la oficialidad policial decidió formar el Grupo de Investigación Antidelincuencial (GIA). Al mando de esta unidad especial se puso al entonces capitán Eduardo González.

¿El juicio es a las operaciones especiales de la Policía?

El informe de pericia sobre las actividades de los grupos policiales en la lucha contra la delincuencia tiene el nombre de Hermenéutica de dinámicas de actuación policial en la elaboración de partes policiales de operativos antidelincuenciales. Lo que hace el perito firmante, Carlos César Cueto Vásquez, es analizar los partes policiales desde 1980 hasta el 2010 en 18 casos escogidos. En el análisis de contenido intenta no solo reconstruir los hechos desde la óptica policial, sino demostrar "la existencia de un patrón reiterativo en el modus operandi de las acciones antidelincuenciales emprendidas por la Policía Nacional y sus grupos especiales". El perito Cueto entregó su informe a la Fiscalía General, en marzo del 2014.

La pericia reveló varias cosas:
Una labor de inteligencia previa a cada operativo. Un gran despliegue de efectivos y uso de armamento contra los presuntos delincuentes. Aunque cada operativo obedeció a una  planificación y cálculo premeditado, gracias a las labores de inteligencia y, en algunos casos, informantes, los agentes de policía terminaron siendo identificados fácilmente por los delincuentes, lo cual a su vez generaba fuertes enfrentamientos armados con la mayoría de supuestos delincuentes con el resultado, persistente, de delincuentes y policías muertos, o gravemente heridos o fugados o desaparecidos.

Es una constante de los partes policiales, tomar de modo reiterativo como evidencia al armamento confiscado o citar prontuarios delictivos, cuando ni siquiera se han reportado adecuadamente los hechos, dice el informe. Cada parte policial dedica un espacio a la descripción de los hechos, a extensas precisiones de armas decomisadas y antecedentes judiciales de los presuntos delincuentes abatidos. “Su finalidad, obviamente, además de dar cuenta de lo decomisado, demuestra el grado de peligrosidad de los delincuentes, tanto por sus ‘antecedentes’ como por el ‘arsenal’ decomisado, con lo cual se demuestra (el uso) de la fuerza bruta implementada en el operativo y por ende a una violencia legitimizada (sic) en razón del cúmulo de ilícitos, crímenes y armamento usado en contra de los efectivos policiales”, señala el perito.

Este informe pericial puede convertirse en una de las pruebas que la Fiscalía presente en contra de los involucrados en el caso Las Dolores. El objetivo: demostrar que la masacre en la farmacia Fybeca no fue un caso aislado.

De la muestra de partes policiales analizados en esta pericia “se tiene en cuenta a las autoridades que con su firma notifican a sus superiores los hechos que reportan. Pues bien, el agente de policía Eduardo González firma en cinco ocasiones en los partes analizados y se registra su grado de manera diferente en cada uno de ellos, por lo cual se ha usado el genérico de ‘agente de Policía’. Este agente policial protagonizó en todas sus operaciones graves y sospechosos acontecimientos con la mayoría de las ejecuciones de los delincuentes, una certificada inteligencia que avala el operativo, un despliegue asombroso de efectivos policiales, prontuarios criminales y armas de grueso calibre que enfrenta en cada escenario del cual se pueden tener serios cuestionamientos”.

Este informe puede convertirse en una de las pruebas que la Fiscalía presente en contra de los involucrados en el caso Las Dolores. El objetivo: demostrar que la masacre en la farmacia Fybeca no fue un caso aislado que partió de la “iniciativa” del oficial Eduardo González, condecorado por la Policía y los gobiernos de turno. Al apelar a un modus operandi en al menos 18 casos a lo largo de casi 30 años, la Fiscalía podría también demostrar que el sistema policial se ha estructurado para generar precisamente grupos de exterminio anti delincuencial. Las evidencias estarían en las conclusiones de este informe pericial. De hecho, la redacción de los partes policiales, en su análisis de contenidos, demuestran, dice el perito, que manejan un discurso “reiterativo, acomodado y seguramente intencional”. “Se persigue, por tanto, dar cuenta no de los hechos acaecidos sino de lo que conviene o no conviene decir (…). Los partes no pueden obedecer a ideologías o a políticas criminalísticas anti delincuenciales”, dice el informe.  Los partes policiales en contra de AVC (Alfaro Vive Carajo, grupo guerrillero que operó entre 1983 y 1988. Ndlr.) constatan esta tendencia, como también aquellos partes policiales que pretendieron ocultar la evidencia, negarla y posteriormente comentarla en beneficio propio, dice el informe.

De presentarse este informe como prueba, la Fiscalía estaría entrando en un proceso de juzgamiento e investigación de todo el sistema de lucha anti delincuencial de la Policía Nacional y de sus grupos especiales. En un momento delicado para el gobierno, cuando trata de sanar las heridas de la sublevación del 30 de septiembre del 2010, dice una fuente vinculada al proceso y que pidió reserva de fuente.

La tesis de la defensa, tanto del oficial Eduardo González como del general Jorge Poveda es que la nueva judicialización de este caso es un hecho  político. El juicio está en manos del polémico juez Wilson Merino, cuestionado por la forma en la cual accedió al cargo y que fue parte del tribunal que sentenció a los directivos del diario El Universo.

Nebot ha sido llamado a declarar como testigo porque el traslado del entonces mayor González desde San Lorenzo, Esmeraldas,  a Guayaquil fue para investigar la denuncia de un atentado contra la vida del político guayaquileño.

La decisión del juez Merino de pedir la detención de 99 testigos, incluido Jaime Nebot,  para que se presenten al juicio dio pábulo a la tesis de los acusados policiales de que este es un juicio político para involucrar al alcalde Jaime Nebot en el examen de la política del Estado en la lucha anti delincuencial y los métodos violatorios a los derechos humanos. En un momento también en que las relaciones entre la Policía y el gobierno de la revolución ciudadana parecen ir viento en popa, sobre todo tras la represión policial a los estudiantes secundarios de los colegios Montúfar y Mejía, tras la cual el gobierno defendió y justificó el accionar de los uniformados. Sin embargo, dos días después, el juez de la causa revocó la decisión, concediendo a Nebot que pueda dar su testimonio como testigo del caso por video conferencia. La contraorden del juez fue el resultado de una reacción furibunda de muchos sectores guayaquileños, que vieron en esta orden de prisión, calificada de exagerada por el propio Fiscal General, una persecución política del gobierno al alcalde del Puerto en medio de la polémica por las competencias del transporte y el costo político de una probable alza del pasaje del transporte urbano. Nebot ha sido llamado a declarar como testigo porque el traslado del entonces mayor González desde San Lorenzo, Esmeraldas,  a Guayaquil fue para investigar la denuncia de un atentado contra la vida del político guayaquileño.

Aunque el informe pericial afirma que hay un nuevo tiempo en la Policía Nacional, también cita en sus páginas finales un incidente, ocurrido el 24 de febrero del 2013, en el centro occidente de Quito. Se trata de un parte policial, del cual el perito dice que es un ejemplo de elaboración, sobre la detención de un cabo de la Policía:

“Por medio del presente me permito poner en su conocimiento mi Coronel que encontrándome de servicio de patrullaje por el sector de responsabilidad, como JC el Bosque Dos, en el vehículo PWA-2030, por disposición del 911 se avanzó hasta el lugar y a la hora antes indicado, donde el momento de nuestra llegada se tomó contacto con el señor Renato Quinta, guardia de seguridad del edificio Mármol, manifestando que tres sujetos de acento colombiano ingresaron al edificio en mención fuertemente armados, por lo que de inmediato había llamado a la policía UPC (…) luego de cinco minutos había llegado  al lugar el Sr. Policía Andrés Juan López y el señor Cabo Julián Maloso Moscoso Torres, los mismos que han tomado el respectivo procedimiento, así mismo han realizado la respectiva aprehensión de los tres sujetos, que no dan sus nombres, con los objetos sustraídos, USD 10000 en efectivo y dos armas de fuego (una pistola Taurus 9mm y un revólver Smith Weasson .39). Amparados en el Art. 139 de la Constitución, se presta la debida colaboración a la seguridad ciudadana. Inmediatamente se dio parte a la SEGOC y que se envíe personal de Criminalística para que recolecten evidencias. Posteriormente llegó personal del PJ-12 al mando del Sargento Rino Beto Alfa N. y del Cabo Augusto Hernán Juatiz Toalombo, a prestar colaboración en el procedimiento. Sin pedir autorización a mi persona proceden a entrevistar a los detenidos, los mismos que no prestan ningún tipo de colaboración a los agentes, por lo que se observó que el Sr. Cabo Augusto Toalombo empezó a golpear a los detenidos, pateándolos, y con un vocabulario soez insultaba a los mismos, irrumpiendo así en un trato inhumano y ejerciéndole torturas, violando el Art. 5 Código de Conducta de los FEHCL. En ese instante un detenido sale en precipitada carrera, al cual da alcance el Sr. Clase, maltratándole físicamente  y lo arroja al piso, posteriormente de su cintura saca su arma de fuego dada en dotación por parte del Estado (una pistola Glock 9 x 17, calibre 9mm) y procede a realizar tres detonaciones en la humanidad  del ciudadano de nacionalidad colombiana de nombres Enrique Martín R. C., el cual queda gravemente herido. El uso de arma de fuego no está dentro de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Inmediatamente se procedió a la verbalización con el Sr. Clase, desenfundadas las armas de dotación y apuntándole, para tratar de bajar el nivel de resistencia, el cual se encuentra en el escalón de Agresión Letal, para neutralizar su acción. Se le procede a desarmar y se realiza la detención del Sr. Cabo Augusto Juatiz Toalombo, por tentativa de asesinato; se le da a conocer sus derechos, estipulados en el art. 77 numerales 4 y 5 de la Constitución, se llama por medio del 911 a una ambulancia para que asista al ciudadano herido y posteriormente se les comunica a los familiares del herido. Al detenido se lo traslada hasta la Unidad de flagrancia para la respectiva audiencia y calificación del delito”.

El perito puso énfasis en que así se debiera actuar siempre, y que este era un parte policial modelo, porque se limitaba a relatar los hechos, sin juicios ni calificativos de por medio. Las alabanzas son en lo formal.

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