En abril del 2016, el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ según sus siglas en inglés) publicó una base de datos de todos los accionistas de empresas constituidas en Panamá por la firma de abogados Mossak Fonseca (MF). El leak de ICIJ, que comprende más de 11.5 millones de registros (desde 1977 a fines del 2015) muestra como opera la industria global de evasión y blanqueo de dinero a escala global. Esta industria conformada por firmas de abogados y grandes bancos proporciona el servicio de secretismo financiero a personajes de todo tipo: políticos, billonarios, celebridades, deportistas, estafadores y traficantes de drogas. Constituyendo empresas offshore, muchas de estas fantasmas pues solo sirven como pantalla para la ubicación del dinero, el accionista puede realizar transacciones financieras con total opacidad.

El esfuerzo investigativo de ICIJ ha provocado gran impacto a escala mundial, al develar las conexiones del poder político y económico con estas prácticas fraudulentas, nada transparentes y con vicios de corrupción. En la base de datos Panama Papers (PP) se han identificado a detalle más de 128 políticos y funcionarios públicos a nivel mundial involucrados en estos esquemas financieros oscuros, entre estos: el Primer Ministro de Islandia – quién renunció a su cargo luego de la revelación, el presidente Ukraniano Petro Poroshenko, la familia de Xi Jinping, Presidente de China, Mauricio Macri, presidente de Argentina, Eduardo Cuhna, senador Brasileño – recientemente apresado en Madrid.

En Ecuador se ha revelado que existen 324 firmas de abogados que colaboraron en la constitución de empresas en Panamá. El Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) realizó una consolidación de cifras con los datos de ICIJ y estableció 1755 beneficiarios o accionistas ecuatorianos (Grupos Económicos con integrantes domiciliados en paraísos fiscales y publicados en Panama Papers). Con ese gran número de beneficiarios o accionistas ecuatorianos el país se ubica en el noveno puesto de intermediarios de MF en todo el mundo.

Cabe la pregunta de cómo el Ecuador llegó a ese puesto, considerando el tamaño de su economía. Parte de la explicación proviene de la gran bonanza petrolera que ha experimentado el país en la última década. Con los recursos disponibles, el gobierno realizó inversiones en obras de infraestructura vial, energética (i.e. hidroeléctricas) y en el sector extractivo. El sector gubernamental se convirtió en el motor de la economía, hasta el 2015 cuando se experimenta una caída en picada de los precios del petróleo. Vinculado a la inversión pública, es que se observa el crecimiento en el número de empresas e individuos que tienen opción a abrir empresas offshore, una parte de las que fueran constituídas por MF. El leak proporcionado por ICIJ nos invita a cuestionar a profundidad porqué una enorme cantidad de dinero de la bonanza petrolera del Ecuador ha sido enviado a paraísos fiscales.

Ahora bien, más allá de el gran número de empresas enlistadas en los Panama Papers, algo que es sumamente cuestionable es cuántos beneficiarios y/o accionistas son funcionarios públicos. El que un funcionario público mantenga una empresa en un paraíso fiscal protegida por un velo de secretismo trae consigo una fuerte interrogante sobre la transparencia de su accionar. Siendo administradores de recursos públicos, los políticos y funcionarios públicos deben mantener sus cuentas transparentes y abiertas al escrutinio general. Esto está estipulado en la legislación vigente sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP, 2004). Sin embargo, al mantener empresas offshore cuyas actividades no están en el dominio público socavan el derecho ciudadano de estar plenamente informados.

En los Panama Papers, se han identificado varios funcionarios públicos ecuatorianos que figuran como accionistas en empresas constituídas por MF. Dos de estos: el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, y Pedro Melizalde, gerente de Petroecuador, han sido cubiertos por los medios de comunicación. Sin embargo, en estos dos casos no se han abierto procesos de indagación por parte de las autoridades competentes. Los funcionarios implicados en estos casos han sorteado las denuncias y vinculaciones argumentando – frente a la opinión pública- que las empresas sirvieron para fines específicos no financieros o no han tenido movimientos financieros, correspondientemente. Lo mínimo deseable para transparentar estos episodios y cualquier otro donde se hallen implicados funcionarios públicos es que se realicen investigaciones independientes por parte de las autoridades competentes de manera transparente y abierta al escrutinio público. Sin embargo, lamentablemente esto no está sucediendo.

Frente a los casos expuestos, el número de firmas de abogados que han colaborado con MF y el importante número de empresas que se encuentran en los PP, la pregunta que orientó la presente investigación fue: ¿Cuántos funcionarios públicos ecuatorianos más estarían involucrados en estos esquemas?

Es así que surgió el Colectivo X, un grupo de ciudadanos aglutinados informalmente con el propósito de contribuir a transparentar las vinculaciones de funcionarios públicos del Ecuador que constan en los PP. Este esfuerzo realizado de manera voluntaria, es el que presentamos a continuación. Nuestro objetivo es inspirar la acción ciudadana a favor de la transparencia y en contra de la corrupción, pues estamos convencidos que su ausencia socava la institucionalidad democrática.

Ahora bien, vale destacar que si bien los Panama Papers están al servicio de la sociedad civil, el esfuerzo de encontrar las conexiones rigurosas y a partir de estos hallazgos iniciar procesos de investigación a profundidad es una tarea muy compleja para el ciudadano común. Se requieren herramientas tecnológicas, barridos y cruces de bases de datos, voluntades ciudadanas y apoyo nacional e internacional. En ese sentido, lo que presentamos a continuación es un producto en desarrollo, al que esperamos se sumen esfuerzos ciudadanos que comulguen con la necesidad de la transparencia.

Con estos primeros resultados, el Colectivo X hace un fuerte un llamado a las autoridades gubernamentales para que se inicien procesos de investigación independientes y transparentes sobre los funcionarios públicos que se encuentran en los PP.

Como se hizo la investigación

Limitamos nuestro universo de estudio al sector público, a pesar – como lo mencionamos anteriormente- que en los Panama Papers hay un sin número de beneficiarios y accionistas de empresas offshore del sector privado. Seleccionamos 11 entidades públicas, vinculadas a los sectores estratégicos (i.e. Petróleo, Telecomunicaciones y Electricidad) tanto por su trascendencia en la economía del país y por ser el sector en el cual se han concentrado inversiones gubernamentales de gran magnitud en la última década. Para la selección de las 11 entidades, consideramos aquellas sobre las cuáles aún no han salido conexiones en los medios de comunicación nacional.

En las 11 entidades se realizaron la búsqueda de funcionarios públicos con sueldos mayores a US$ 1,500 (Un mil quinientos dólares americanos), a través de minería de datos entre el bases de ICIJ de Panama Papers y OffShore Leaks, el listado publicado por el SRI con la información acceso público (páginas web) de la nómina de funcionarios en cada una de las entidades. La investigación nos tomo cuatro meses.

Los Hallazgos

De las 11 entidades investigadas, se encontraron 7 funcionarios de alto nivel que constituyeron empresas con MF. De ese número tres fueron ya reconocidos públicamente:

Los nombres que no trascendieron públicamente y que el Colectivo X identifica como primicias son cuatro:

Los cuatro ejercieron como funcionarios públicos hasta el 2015, y justificaron al Colectivo X su presencia en los Panama Papers con una serie de explicaciones que relatamos a continuación. Sin embargo, más allá de las argumentaciones proporcionadas, es claro que se requiere mayor profundidad en la indagación, especialmente porque estos cuatro funcionarios fueron parte de importantes decisiones energéticas. Es fundamental despejar cualquier duda de cómo estos funcionarios llegaron a ser parte de estas empresas, transparentar las transacciones realizadas a través de éstas y mostrar la inclusión o no de estas empresas en las declaraciones juramentadas de bienes que por sus cargos desempeñados tenían obligación a realizar.

María Belén Córdova explicó en entrevistas mantenida con periodistas de medios de comunicación que creó la empresa por motivos personales (un divorcio) y que esta nunca funcionó. Gustavo Andrés Donoso que ahora es parte del estudio jurídico Ferrere, del que también son parte otros abogados que sirvieron en el sector público en el área de petróleo, dice haber constituido una empresa en Panamá pero solo después de haber renunciado a su función y que al final se retiró de ese proyecto.

El caso mas complejo le corresponde a Rodrigo Mencías Cisneros. Al ser consultado por su presencia en los PP, explicó que en junio de 2009 formaba parte del estudio jurídico Equitas, por pedido de uno de sus socios, Ricardo Jonathan Dávalos Marín, ayudó a constituir la empresa Rushmore Finance Corp en Pamamá.

Rushmore contó con otros accionistas: Ricardo Jonathan Dávalos y Pablo Dávila Silva. La empresa se domicilió en Francisco Romero N28 76 entre Selva Alegre y Bartolomé de las Casas, en el occidente de Quito; en ese mismo lugar se halla domiciliada la compañía Quito Oil Service, dedicada a servicios petroleros y que mantiene contratos de servicios con Petroamazonas.

Esta verificación domiciliaria trae una enorme interrogante: ¿acaso no es un conflicto de intereses haber servido en el cargo de gerente legal de Petroamazonas y haber mantenido una relación accionaria off shore con su socio que tiene contratos en Petroamazonas?

Mencías dijo que no tiene conflictos de interés con Quitoil –en la que aparece Dávalos, su socio en Rushmore- que a su vez mantiene negocios con Petroamazonas. Él dice que apenas conoció su participación en PP en abril de este año, consultó con Dávalos, este le aseguró que la empresa nunca funcionó: “tuve una reunión con el representante de Mossak Fonseca en Ecuador, que es Pablo Paredes y he pedido un certificado que explique que no hubo algún tipo de actividad personal en esa empresa, de hecho el pedido de sacar mi nombre de la nómina de directores se hizo en 2011”.

A pesar de esta afirmación por parte de Mencías, desde el 2012 en adelante aparece, en la empresa Quitoil Service, Jonathan Dávalos como presidente. La gerencia de Quitoil, dice la Superintendencia de Compañías, lo ocupa el venezolano Reinaldo Rodríguez Bravo. Accionistas de Quito Oil Service son los venezolanos Edgar Antonio Fuenmayor Rubio, Yran David Romay Castellano, y Adriana del Carmen Salvador German, esposa de Ricardo Dávalos.

Al año 2011 Quitoil no pagó un solo dólar de impuesto a la renta pero en 2014 ese monto era $12 612 y un año después $15 613. Dávalos, como persona natural, presenta también un fuerte crecimiento económico según el SRI: de $430 de impuesto a la renta que pagó en 2010, pasó a cancelar al año siguiente $17 815 y para 2012 $25 357.

Mencías Cisneros, abogado que dejó el estudio jurídico Equitas en 2010 para unirse al equipo de Wilson Pastor, se desempeñó como abogado senior en Petroamazonas hasta 2013, que ocupó la jefatura legal.

Asegura él que no tiene participación alguna con Quitoil, y que su presencia en Rushmore se redujo a un pedido que le hizo su socio Ricardo Jonathan Dávalos para constituir la empresa: “Mi participación se redujo a la firma que él me pidió, no pregunté por qué ni supe que se trataba de una empresa off shore, pasó el tiempo y me enteré que era socio de esa empresa cuando salió su nombre en la lista de Panamá Papers.

Dice no saber el propósito y el alcance de la empresa pero le informaron que esa empresa ni siquiera llegó abrir la cuenta bancaria para su funcionamiento. Dijo además que la empresa se canceló en 2011 pero la base de Offshoreleaks establece que estuvo inactiva y tachada recién en julio de 2012.

En su hoja de vida dice que participó del proceso de renegociación de contratos petroleros. Por su parte Quitoil en los meses de junio, julio y septiembre de 2015 recibió pagos por servicios de Petroamazonas por $49,745.93, $34,831.36 y $69,408.34. Montos que son significativos, considerando que a ese año tenía recién cuatro años en el mercado.

Las explicaciones otorgadas por Mencías Cisneros no despejan totalmente las dudas de porque un funcionario público como él, que tuvo un rol clave en la renegociación de contratos petroleros, figura como accionista en una empresa offshore. Adicionalmente, es vital que Mencías Cisneros haga pública (así como las otras personas que se han encontrado) su declaración juramentada de bienes durante el tiempo que ejerció como funcionario público y muestre la inclusión de la empresa Rushmore, caso contrario podría existir indicios de presunto perjurio. Finalmente la explicación otorgada, Mencías Cisneros tampoco resuelve la interrogante sobre su participación en Quitoil. Teniendo una posición tan estratégica como la renegociación de contratos petroleros es fundamental que las autoridades competentes realicen un examen con mayor detenimiento sobre si han existido conflictos de intereses u otras irregularidades. Esta recomendación se extiende para los otros casos que el Colectivo X ha hallado.

Los aprendizajes a raíz de los hallazgos

Lo primero a destacar es que con el esfuerzo realizado, pequeño en tanto recursos y tiempo se ha logrado encontrar resultados en 11 entidades públicas. Este es un mensaje muy potente, pues muestra que la acción ciudadana si puede lograr resultados y contribuciones a la transparencia. Si al accionar del Colectivo X se sumarían más ciudadanos la investigación se ampliaría y es muy probable que se encuentren muchísimos casos de conexiones entre funcionarios y ex funcionarios públicos con los PP. En resumidas cuentas, la primera lección que nos deja esta investigación es que la ciudadanía activa y deliberante es clave para combatir la corrupción y demandar la rendición de cuentas de la gestión pública. De cara al proceso electoral que se inicia en breve en el país, el llamado es a exigir que todos los/as candidatos/as presenten sus declaraciones juramentadas con todos sus bienes y participaciones en empresas offshore.

Por otra parte, más allá de personalizar la práctica de un funcionario público, lo que el Colectivo X halló es que las explicaciones otorgadas por los ex funcionarios que se encontraron con vinculaciones en los PP no son suficientes. Las afirmaciones personales que deslindan responsabilidades y/o conocimiento deben ser materia de indagaciones por autoridades competentes y no solo por el hecho de ser afirmadas disuaden y/o absuelven esta necesidad. A partir de la publicación de los PP la práctica frecuente por funcionarios implicados ha sido realizar ruedas de prensa para desmentir y/o desmerecer las vinculaciones. Esta práctica erosiona la institucionalidad que por ley debe realizar las investigaciones. La institucionalidad estatal debe responder a esta exigencia de manera oportuna. Mientras no se abran procesos independientes y transparentes, la sensación de impunidad se mantendrá entre la ciudadanía.

La falta de transparencia en la gestión pública nos hace daño, socava la credibilidad de la institucionalidad democrática, aumenta la posibilidad de prácticas fraudulentas y corruptas. Si quiere sumarse a esta cruzada, contáctenos: colectivoxecuador@gmail.com