A finales de agosto, la Policía detuvo una camioneta con 4.725 municiones. El vehículo fue interceptado en el sector oeste de Santo Domingo. Allí se descubrió que el cargamento ilegal estaba escondido en los asientos traseros del auto y empacado en cajas. La mayoría era de calibre 9 milímetros que se usan para armas semiautomáticas, el resto eran cartuchos .16 que se usan en las de cacería. La camioneta y el chofer llevaban logos y uniformes empresariales para no levantar sospechas en la carretera. 

La Policía aseguró que las municiones entraron al Ecuador por Perú y que su destino era San Lorenzo, en Esmeraldas. El general Carlos Cabrera, director de la Policía Judicial, dijo que posiblemente las municiones iban a ser vendidas a los grupos armados de Colombia. La incautación se dio dentro del Operativo Jaque X, ejecutado entre el 27 y 29 de agosto pasado. En ese lapso también se decomisaron de 100 armas de fuego, 89.000 de dólares falsificados y un total de 5.400 municiones, de las cuales la mayores parte fue aprehendida en Santo Domingo. El hombre que manejaba el automóvil fue detenido y acusado inicialmente por transportar armas y municiones no autorizadas. Pero la Fiscalía, en las últimas semanas, reformuló su acusación y ahora el detenido enfrenta los cargos de tráfico de armas. 

Este delito ha alcanzado en Ecuador cifras preocupantes. En los últimos años, la incautación de armas en operativos ha ido en aumento. En el 2017, se decomisaron 4.809 armas, mientras que en 2018 fueron 5.503. Entre el 1 de enero y 1 de agosto de este año, 3.218. Las armas que más se han retenido, desde 2017 han sido de tres tipos. En primer lugar se ubican los revólveres con 6.352 unidades incautadas; le siguen las pistolas (2.300) y las cartucheras (2.198). También escopetas, carabinas, fusiles, rifles. En el grupo, aunque en menor cantidad están las subametralladoras que han sumado 171 unidades y ametralladoras (11). En el 2019 también se incautó un cañón. Guayaquil es la ciudad que registra el mayor número de incautaciones: el 24% del total nacional en los últimos tres años. Quito se ha mantenido en el séptimo lugar. Por provincia, después del Guayas, la que lideró el ranking fue Manabí en 2017 y 2018. En lo que va el 2019, ese puesto lo asumió Guayas, según cifras del Ministerio de Gobierno. 

Los casos para ejemplificar el tráfico de armas y municiones en Ecuador sobran. El pasado 9 de septiembre, las Fuerzas Armadas reportaron el hallazgo de 3.500 cartuchos calibre 12mm para escopeta, durante una operación de control de armas en el control militar de Patuca, en la vía Santiago-Macas, en la provincia de Morona Santiago. Estaban siendo transportadas en un bus intercantonal. Una parte de las municiones estaban empacadas en 60 cajas con 25 cartuchos cada una y cubiertas con fundas negras. Otros 2.000 cartuchos fueron encontrados dentro de mochilas, al interior de dicho vehículo. El operativo fue realizaron por efectivos del Comando Operacional N. 3 “Sur”, pertenecientes a la Brigada de Selva N. 31 Cóndor. En 15 días está previsto que los tres detenidos se acojan a un procedimiento directo, es decir en una sola audiencia se resolverá su caso. A la primera audiencia, los militares del operativo no se presentaron. 

Hallazgo de municiones en un bus en el control militar de Patuca, en la vía Santiago-Macas. 

El 17 de mayo pasado, la Policía detuvo una camioneta con 50 cartones de cartuchos. Estos contenían 24.000 municiones de calibre 16 y 1.000 de calibre 12. El hallazgo se hizo en el control integrado La Marujita en la carretera Quinindé- Santo Domingo. Lo sorprendente del caso es que el conductor, al ser consultado sobre el cargamento, presentó una guía emitida por el Departamento de Control de Armas, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Según ese documento, el origen de las municiones eran del cantón Pichincha con destino al cantón de Guayaquil. Pero la Policía al verificar esa información se dio cuenta que era un papel falso. Porque en la guía se mencionaba una carga de 50.000 cartuchos, la que llevaba contenía 25.000 balas. 

Esta camioneta fue detenida con 50 cartones de cartuchos, en la carretera Quinindé- Santo Domingo.

A mediados de febrero pasado, hubo dos aprehensiones reveladoras. En el operativo Mega Avalancha 9 detuvo a un grupo delictivo dedicado al transporte, almacenamiento y comercialización de armas de fuego y municiones en Quito y Riobamba. La acción dejó 7 detenidos y la incautación de 503.060 municiones. En el norte de la capital, se encontraron 10.000 proyectiles para armas de largo alcance, como los fusiles usados por fuerzas militares. Mientras que en Chimborazo, se encontraron bodegas privadas donde se almacenaban municiones.

Solo en el 2018 se incautaron 61.221 municiones, de ellas la mayor parte fueron cartuchos (31.416) y balas (27.601). A diferencia de las armas, Quito fue el lugar con más decomisos de este material ilícito: 11.236 municiones en un solo año. A la capital le siguien las provincias fronterizas de Esmeraldas y Carchi. En el decomiso de febrero, la Policía no descartó que esos cargamentos tenían como destino a los grupos armados de la frontera norte. Días después de ese operativo, tres policías activos fueron arrestados por el tráfico de armas. En un vehículo que circulaba por el Condado, en el norte de Quito, llevaban 506 proyectiles de uso policial calibre 9 milímetros.

El operativo Mega Avalancha 9 dejó 7 detenidos y la incautación de 503.060 municiones.

Parecen casos aislados, pero no lo son. El análisis de las noticias sobre tráfico de armas lo demuestran. En junio pasado, el Ministerio de Gobierno informó que dentro de los casi 50 días que duró la operación Jaque Mate VII se decomisaron 10 armas de fuego y 38.815 municiones. Una de las características recurrentes en las noticias, en el caso de municiones, es que se tratan de balas de uso militar. Por ejemplo, en mayo de 2018 fueron 747 municiones de grueso calibre, en Manta. Desde esa fecha se investiga si este cargamento se extravió de algún destacamento militar. 

En Ecuador, las armas también se ofertan por redes sociales. Por ejemplo, en el cantón Pichincha, de Manabí, se registró el caso de un hombre que usaba esas plataformas para realizar el negocio. Una vez hecho el trato se dirigía a los lugares donde almacenaban los artefactos ilegales, uno de ellos era un local comercial. Se encontraron 13 armas de fuego, entre ellas una subametralladora y gran cantidad de municiones: 1.703 cartuchos, 68 frascos con pólvora, y un recipiente con perdigones. 

Es común que los grupos delictivos que son hallados con las armas también sean encontrados con drogas de diferente tipo. Pero también su uso ha servido para custodiar la minería ilegal. En 2017 hubo el caso de un decomiso en el sector El Pache, en cantón Portovelo de la provincia de El Oro. Los uniformados informaron que el armamento era utilizado para brindar seguridad a los denominados ‘sableros’ (mineros sin permiso), cuando extraían material aurífero dentro de la zona de exclusión en Zaruma. Lo mismo sucedió en la mina ilegal de Buenos Aires, en Imbabura, donde se registró la presencia de personas armadas que deambulaban libremente por el sector. Un testigo, dijo a un medio nacional, que había personas con “armas tan largas que, colgadas en hombros, el cañón caía más abajo de las rodillas”. 

Desde el 2017 hasta el pasado 2 de septiembre se reportaron 205 denuncias por tráfico ilícito de armas que es sancionado hasta con siete años de cárcel. Las provincias con más denuncias de este delito fueron Guayas y Manabí, con 55 y 53 casos, respectivamente. Por debajo se encuentran El Oro (con 24 denuncias) y Pichincha con 15. Uno de los casos más polémicos fue la detención del grupo que proveía de armas a alias Guacho y a su grupo Óliver Sinisterra, que opera en la frontera norte. Pero en ese caso la justicia va a paso lento. 

Caso Guacho: nueve prófugos en uno de los juicios 

El 17 de octubre del año pasado se ejecutó un operativo en cuatro provincias a recintos militares por supuesto tráfico de armas y delincuencia organizada y relacionada con grupos armados como los de alias Guacho. Esta organización operaba con el personal militar de servicio activo encargado de los rastrillos (bodegas de armamento municiones y pertrechos) quienes proveían de municiones para armas largas y cortas a grupos irregulares, los cuales transportan el armamento en vehículos livianos y  de transporte público, camuflándolo en productos comestibles hasta llegar a la zonas de frontera. 

En esa acción sorprendió el allanamiento de las bodegas de armas del Ejército, en Quito, así como otros recintos militares en Loja y Guayaquil. Según las investigaciones, hasta ese momento, este grupo borraba los registros informáticos de las armas que desaparecían. Específicamente de la base de datos del sistema de inventarios logísticos del Ejército para justificar el faltante de armamento, municiones y pertrechos de sus rastrillos. Por ello, la Fiscalía hizo un barrido informático del sistema durante más de siete horas. Pero aún no hay mayores detalles sobre los avances en esas investigaciones. 

Dentro de ese caso se abrieron algunos juicios. Uno de ellos fue por asociación ilícita contra 11 personas en Esmeraldas. Fueron detenidos en esa provincia mientras se movilizaban en cuatro vehículos de alta gama juntos. Eso levantó la sospecha de la Policía, que a su vez pidió la colaboración de los equipos de GOE para su detención en el sector de Tachina. Dos vehículos entraron al control policial y los otros dos intentaron fugarse. En los vehículos iban militares de la FAE en servicio activo, uniformados a pesar de estar francos. Uno de ellos fue encontrado con una pistola Pietro Beretta, calibre 9 mm, con 2 alimentadoras, 30 cartuchos. En otro automóvil también se hallaron dos chompas de uso policial y un chubasquero de uso policial con un estampado que dice ‘policía’. También se hallaron copias de cédulas de identidad, una credencial de las FFAA, chalecos de campaña, gorra tipo safari y una boina de uso militar. En los otros vehículos se encontraron armas de fuego, inhibidores de señales y cintas de embalaje. 

El grupo de 11 personas no recibió prisión preventiva. Pero a la audiencia de juicio directo solo se presentaron los militares José G. y Guido O. Los otros nueve están como prófugos de la justicia. 

Entre las evidencias que se presentaron fueron los celulares incautados y los chats. Allí se encontraron videos de los detenidos manejando con pistola en mano, dijo el fiscal del caso. En una nota de voz, un detenido decía ‘pícate, que estamos con el tiempo’, ‘vente pronto’, ‘es seguro el golpe sí’,  ‘hay que entrar con fiero y salir rápido y que hay son siete sacos de billetes’. La Fiscalía además acusó a José G., militar de la FAE, de conocer al personal de dotación asignado dentro de aeropuerto de Esmeraldas y de permitir al oficial Guido O. se traslade desde Guayaquil a Esmeraldas. Según la Fiscalía, el objetivo de la agrupación delictiva era golpear a una persona que se dedicaba a transportar en lanchas rápidas droga hasta Centroamérica, quien además tenía dinero encaletado en su casa. De los dos acusados, solo el oficial Guido O. fue declarado culpable por asociación ilícita y condenado a tres años de cárcel.