El reloj marcaba las 16:18, del 7 de noviembre, cuando un ciudadano desde Gualaquiza alertó al teléfono de las oficinas de la clausurada radio La voz de la Esmeralda Oriental Canela 103.7, en Macas, que cerca del mediodía, ciudadanos de esa localidad se percataron de que un operativo contra la minería informal, habría dejado un muerto y varios militares heridos. Al consultarle el lugar, dijo con exactitud:  en Shiramentza, hay un muerto shuar y militares heridos. De inmediato, el periodista radial Wilson Cabrera buscó un mapa y localizó el sector.

Ya ubicada la población en un viejo mapa del Instituto Geográfico Militar, trató de confirmar la información. Tal como fue anunciada le pareció compleja y delicada. Llamó a San Juan Bosco, trató con algún amigo en ese sector de obtener datos que verifiquen la noticia y poderla emitir por las redes virtuales. Un suceso nada agradable y que involucraba a entidades del Estado. No lo consiguió. Entonces logró contactar con Tarcicio Juep, morador en una comunidad cercana al suceso, quien apenas recibió la llamada dijo con desesperación: “Wilson, Wilson, mataron un hermano, hubo disparos con militares en el río y sabemos que ellos ya se fueron, pero dejaron un muerto”. Sin embargo, esta versión no era suficiente para poder lanzar una información de esta naturaleza. Pero por su experiencia de 30 años en las lides informativas en la Amazonia, estaba seguro que algo muy triste acababa de pasar en medio de la selva, en las estribaciones de la cordillera del Cóndor, lo cual de confirmar más detalles, sería otra tragedia para los shuar. Buscó un contacto con la Brigada de Selva Cóndor 21, en Patuca, para hablar con su comandante Fernando Vaca Hualpa, pero no tuvo suerte. Mientras tanto, el tiempo pasaba y la persona que alertó del hecho desde Gualaquiza habló nuevamente con Cabrera: “es cierto, es cierto, ya están llegando las ambulancias con los heridos y parece que son muchos”. Entonces pidió los números telefónicos del Batallón 63 Gualaquiza y del hospital. En el recinto militar contestó una persona que dijo ser del arma de Inteligencia, pero se limitó a afirmar que no estaba autorizado para dar información alguna. Cabrera, que es de los periodistas que no acepta un no como respuesta, insistió: ayúdenos, solamente diga si es verdad o no. El supuesto oficial respondió: “no estoy autorizado para dar ninguna información”. Al no obtener un desmentido, Cabrera se dijo: “es grave”. Como no consiguió respuesta alguna del Comando Militar, intentó con el Hospital de Gualaquiza. Ya eran las 18:30 y quien respondió era el médico de turno. Suerte de reportero. Le confirmó que a esa casa de salud  habían ingresado siete militares heridos. Podría decirse que hay una emergencia, preguntó Cabrera. Así es, fue la respuesta.

La primera noticia del hecho la difundió este periodista, cuya radio fue clausurada por las autoridades de Telecomunicaciones, “porque precisamente desde hace cinco años vengo denunciando los atropellos a las comunidades por la minería”.

Ya en camino hacia el sector, Cabrera iba relatando en las redes sociales lo que paulatinamente confirmaba. Pero no estaba conforme, necesitaba la versión de una autoridad de gobierno. Buscó entonces al jefe político de Gualaquiza, Amarú Saant y a la comisaria Diana Romero. Logró el contacto y no solo que confirmaron el fallecido y ocho heridos, sino que aseguraron además que la situación es difícil en la zona, puesto que los shuar reaccionaron y no permitían levantar el cadáver, del cual no sabían aun su identidad. 

Ya con esos datos y con más calma, arrancó de ellos una declaración más amplia sobre los hechos. Así fue como Diana Romero aseguró que: “Nosotros estuvimos en nuestras oficinas, cuando de pronto nos mandan a llamar a que vayamos hasta el Batallón 63 Gualaquiza. Al llegar nos dicen que hay un simulacro, pero al mismo tiempo nos hacen saber que están haciendo un operativo contra la minería ilegal con funcionarios de ARCOM y ni bien esto nos explicaban, de pronto mientras avanzamos hacia el lugar, ya comenzaron a salir los heridos”. De su parte Amarú Saant, reveló por primera vez la cifra oficial de nueve militares  heridos, que estaban a esa hora siendo trasladados a Loja y Cuenca, por ser que algunos tenían heridas de bala y se presumía que estaban graves. La situación se complicaba porque al sector solo se puede llegar en bote o canoa.

No quedó satisfecho con la información. Cabrera llamó nuevamente a Tarcicio Juep, por si tenía ya conocimiento de quién era la víctima. Pero no hubo respuesta.  Ya eran las 20:00, y Cabrera no confirmaba el nombre del fallecido.. Desde Bomboiza otra fuente denunció que habían “matado al pariente de nuestro líder Julio Tivira, él se llama Ramiro, Ramiro Taish, se llama”. Cabrera pretendió continuar con la conversación, pero la fuente shuar le dijo: “ahora no puedo, voy a ver qué podemos hacer, estos militares nuevamente están matando a nuestra gente; no queremos más muertes, no queremos a las empresas mineras, los militares defienden a las transnacionales, como el gobierno”.

Ya eran las 20:40. Cabrera llamó a sus hijos, a quienes pidió que revisaran los noticieros de televisión, por si algo decían sobre los hechos que estaba reportando en las redes. La respuesta fue: nada en Ecuavisa, tampoco en Teleamazonas, GamaTv o TC. Cuando fue a buscar un vaso con agua le llamó su hija de 5 años: “papi, papi, ya va hablar el gobierno”. Entonces subió a la sala de su casa y se percató que había comenzado una Cadena Nacional; con la que se confirmó lo que relato en esta nota y difundió en las redes sociales. Luego de los casi 8 minutos de escuchar al ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, junto al ministro José Serrano y al viceministro de Defensa, Carlos Larrea, se percató de que la información oficial coincidía con lo que él había anunciado desde la mañana.  Una historia que empezaría a contar cinco años atrás, que le costó la fuente del sustento familiar pero que le permitió acumular información sobre quiénes y cómo impulsaron la minería ilegal en la zona.

Luego de la cadena nacional, donde el gobierno empezó a hilvanar el discurso del enemigo externo, se fue perfilando una teoría de la minería ilegal, que conformada en mafias extranjeras y armas constituían prácticamente una amenaza para la seguridad nacional.

El presidente de la República encargado, Jorge Glas, quien sorteó la crisis mientras Rafael Correa estaba en Europa, fue más allá y aseguró que se trataba de “delincuentes peligrosos y mafias organizadas dispuestas a matar para realizar actividades ilegales en nuestro país”. Dijo también que los soldados no estaban con armas letales.

La versión de las comunidades shuar fue radicalmente distinta. Para comprobar la veracidad de la versión oficial, 18 representantes y líderes indígenas hicieron una semana después del incidente un recorrido por la zona de conflicto para reconstruir los hechos, según informaron en un comunicado. Buscaban indicios del accionar militar. Partieron desde el puerto de Proveeduría río arriba por el Zamora llegando hasta Kampanak. En el recorrido realizaron varias paradas para entrevistar a los comuneros de las riberas y para hacer inspecciones de terreno.

La canoa paró en la curva de Tutus, lugar donde cayó abatido el comunero shuar, allí la comisión dijo haber realizado  un barrido de la playa “encontrando varios casquillos de  bala calibre 12, cartuchos  de bombas lacrimógenas y dos balas de fusil que se sabe son usadas por el Ejército, todo este material se encontraba abandonado en la playa entre arena, troncos y hojarasca. Igualmente se constató gran cantidad de huellas de botas militares donde la gente testimonió se asentaron los efectivos”. Los testimonios de los comuneros coincidieron en datos clave, informaron: los militares estaban armados y bajaron de sus botes disparando insistentemente y lanzando gas lacrimógeno a las orillas del río; los comuneros presentes estaban desarmados y huyeron a resguardarse en sus casas; la familia del fallecido estaba pescando en el río y fue sorprendida por la balacera.

Los restos de armamento, fotografías, videos y versiones tomadas, fueron llevados a Kupiamais, comunidad donde se celebraba una gran Asamblea para tomar resoluciones definitivas frente al caso. Las autoridades comunitarias mostraron las evidencias a la gente y varios testigos hicieron públicos sus testimonios. En esta instancia comunitaria se volvieron a corroborar las afirmaciones antes realizadas, lo cual llevó a cuestionar la versión del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Leonardo Barreiro, quien manifestó que en ese operativo, a excepción de dos oficiales, el personal militar no portaba ningún armamento letal.

Los pronunciamientos dentro de la asamblea enfatizaron que los shuar no son mineros ilegales: las comunidades han ejercido esta actividad históricamente sin generar daños al ambiente, como sí lo hacen -denunciaron- las empresas medianas y transnacionales que cuentan con permisos del Gobierno, se aseguró en la asamblea. Los shuar plantearon exigencias para que el Gobierno aclarare a quién se refiere cuando habla de mafias asociadas a la minería ilegal, pero sobre todo, se discutió alrededor del derecho de la protección efectiva y autonomía dentro de los territorios globales shuar, pues como insistentemente mencionaron los asistentes, la tarde y noche de los hechos, el Ejército llegó con varios camiones de militares que se desplegaron desde la comunidad de Shiramentza hacia las distintas zonas de acceso terrestre, dejándolos así incomunicados y por tanto violando su derecho al libre acceso por su territorio.

La hipótesis de algunos dirigentes shuar era simple pero tenebrosa: el gobierno no sólo que hace un despeje militar del territorio para favorecer a las trasnacionales mineras, sino que busca crear un estado de sitio donde el miedo sea el que impere para minar la voluntad de resistencia.

Lo primero: asociar a los mineros artesanales con la minería ilegal y, lo segundo, asociarlos con el crimen organizado. Específicamente con el tráfico de metales preciosos: el oro. De ahí a considerar este tráfico como parte del lavado de activos hay un solo paso.

Sin embargo, la situación no es hipotética. Informes de inteligencia a los que tuvo acceso Plan V alertan sobre la toma paulatina de la frontera Sur, especialmente de la región amazónica, por mafias dedicadas al tráfico de metales preciosos. Eso no quiere decir que, en ningún aspecto, se pueda atribuir a las comunidades shuar relación alguna con estos grupos: “hacerlo es ya una decisión política”; indica un experto en el tema, quien por razones de seguridad prefiere la reserva de la fuente.

La tensión que se ha instalado en la zona está a punto de estallar. Las comunidades reportan incursiones anteriores, la última hace unos tres meses. El objetivo era requisar dragas que sirven para sacar material del río. Sin éstas, una persona puede procesar entre 1 m y 1,5 metros al día. Y obtener 1 gramo de metal precioso. Con la draga, los resultados se potencian. Una draga puede costar hasta USD 5000. Otro asunto son las retroexcavadoras. Cada una puede costar USD 300 000 y ese capital no está al alcance de las comunidades shuar ni causa el impacto ambiental que se dice desde el alto poder del Estado.

La virtual vinculación que voceros del Estado hacen del pueblo shuar con este tipo de delito pone la escalada de tensiones en otro nivel. El gobierno y su sistema de inteligencia están empeñados en demostrar efectividad en la lucha contra el crimen organizado.  Glas presentó, en el Enlace Ciudadano siguiente a los sucesos, un video -atribuido a Inteligencia Militar- donde se mostraba que la patrulla militar había recibido un ataque y dijo que había un individuo colombiano. Pidió que se lo ponga en el programa de Los Más Buscados, en el cual el gobierno expone los rostros de presuntos delincuentes peligrosos.

Una teoría del caso

En el sexto piso del elegante edificio B de la Flacso, en Quito, Freddy Rivera, experto en temas de seguridad, expone a Plan V los resultados de una de sus investigaciones sobre el crimen organizado. Uno de los temas que él y su equipo académico han detectado es el crecimiento del mercado ilegal de metales preciosos (USD 1287 la onza de oro, precio al 11 de nov.). Informes de inteligencia de hace más de dos años detectaron la situación sobre este tráfico de metales preciosos vinculado al lavado de dinero. Se ha multiplicado la cantidad de sitios donde se compra oro. ¿Todo el mundo está dedicado a la joyería?, se pregunta. ¿En Esmeraldas, en Zamora?  “El negocio ilegal funciona cuando los capitales pagan a los mineros, por lo general ilegales, y hay toda una lógica de la delincuencia organizada: minería ilegal, trata de personas que contiene desde redes de prostitución y hasta trabajo semiesclavo adolescente e infantil, extranjeros indocumentados, controles armados porque como bien preciado se debe cuidar el oro ante la ausencia de autoridades estatales, redes de aprovisionamiento de químicos, daño ambiental… No estamos viendo en conjunto, estamos agarrando cosa por cosa. Nosotros tenemos narcotizada la lógica del análisis, narcotizada la legislación, narcotizado el desempeño institucional. Con todo ese recurso de minerales preciosos se logran hacer pequeños capitales y eso se ‘invierte’ en especulación de tierras, que no tiene asideros formales. Estas son lógicas que se meten en zonas de disputas o zonas que en principio no tienen valor turístico pero que puede ser potencial”, señala el experto.

No hay datos en el Ecuador de cuánto podría estarse generando gracias al mercado ilegal de metales preciosos. Pero el reporte de una investigación, del también experto de la Flacso Daniel Pontón, denominado La economía del narcotráfico, publicado en la revista de esta universidad de ciencias sociales, asegura que el tráfico mundial de metales preciosos llega a generar USD 2300 millones cada año (cifras del 2011). Mucho menos que los 31 000 millones que se generan por el tráfico de personas y los 300 000 millones del tráfico de drogas. Si esto se compara con un negocio legal, tenemos que el mercado de automóviles genera 770 000 millones y la extracción y comercio de crudo unos 668 000 millones. Pontón establece con su investigación que existe un estancamiento de la industria de la cocaína a escala mundial, “lo cual incide en la proliferación de otras modalidades de reproducción económica de las organizaciones criminales, como el microtráfico y la diversificación de su cartera de negocios ilícitos”. Y esta nueva “cartera de negocios” pone ahora los ojos es el tráfico de oro, gracias al repunte de su precio y a que, como dice Rivera, se tienen los ojos puestos en el narcotráfico.

En la zona del conflicto no se entiende de todo esto. Los trabajadores shuar y de otras procedencias del país, incluso de Esmeraldas, se emplean como jornaleros en estos proyectos. Según los comuneros shuar, la zona está cerca del proyecto Mirador, que opera la empresa Ecuacorriente, de capitales chinos, y cuya operación ambiental, así como la actuación de las autoridades ambientales, fueron objeto de un reciente informe de la Contraloría General del Estado.

Según reportó el portal independiente www.labarraespaciadora.com la Contraloría determinó varias ilegalidades e inconstitucionalidades cometidas por las autoridades de varios ministerios y dependencias gubernamentales entre el 2005 y el 2011 en lo relacionado a la concesión minera del proyecto Mirador. Sobre todo el hecho, reclamado por los pueblos originarios y comunidades, sobre la consulta previa. El informe sostiene que “pese a que la Constitución en su artículo 88 establece que “toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada…” tal precepto parece no haberse cumplido en el caso del proyecto Mirador. Según el informe de la Contraloría, no existe evidencia de que la autoridad ambiental haya cumplido con este requisito indispensable para la entrega de la licencia ambiental del proyecto. El informe explica que el subsecretario de Protección Ambiental entregó documentación que hablan de varias reuniones y al menos dos asambleas con las comunidades y menciona un anexo con los resultados, documento que nunca fue entregado a la Contraloría”.

ENTREVISTA

“No vamos a retroceder”

Franco Viteri es un líder quichua del pueblo Sarayacu. El dirige la Organización de Pueblos Originarios de la Amazonia, que agrupa a varias nacionalidades que viven en la región.
Él y los dirigentes de la organización han emitido ya dos pronunciamientos públicos sobre el suceso, esperando sobre todo dos cosas: que el Gobierno reconozca que la muerte del joven minero shuar fue causada por el Estado y que respete los territorios indígenas. 

¿Cuál es la situación de la minería en el territorio shuar?

Hay una falta de apreciación seria por parte del Gobierno, porque está violentando territorios indígenas. Los tratados internacionales y la Constitución son muy claros en que cuando se quiere intervenir en los territorios tiene que ser a través de las nacionalidades. Se nota además que las políticas públicas del Estado están basadas en la represión. Creemos que el Estado debe fomentar el diálogo con las comunidades indígenas, hacia cualquier población o gremio. Esto porque el poder no está arriba, está en las bases. Quiero decir que el Gobierno debe primero verificar en el sitio cuáles son las limitaciones sociales y geográficas y detectar el problema real para de acuerdo a eso buscar una solución en conjunto y no emplear la fuerza pública. Se supone que estamos en un proceso de construcción del Estado Plurinacional, con una revolución supuestamente ciudadana. Y eso significa cambiar los métodos de gobierno en el país. El Gobierno nos impide movilizarnos, no permite siquiera una manifestación en la calle, incluso priva de la libertad de expresión. Como es posible entonces que ejerza la represión y el monopolio de la fuerza. Si se habla de una verdadera revolución tiene que cambiar los métodos de acercamiento a las poblaciones y en general a todo ciudadano ecuatoriano.

Lo que el Gobierno argumenta es que está haciendo controles de minería ilegal y eso justifica la presencia militar en los territorios.

Ellos hablan de presencia de extranjeros. Entonces ¿para qué está el Ejército? No han cuidado ambas fronteras. Nosotros averiguamos y los únicos “extranjeros” en el sector son esmeraldeños. El Gobierno no asume que ha abatido un indígena shuar, pero sí sacan en los medios que ellos han sido los agredidos. Eso hay que investigar y queremos ser parte de la investigación. También queremos que nos demuestren la veracidad de la afirmación de que el compañero shuar estaba armado. Se dice claramente que los militares estuvieron recogiendo casquillos y evidencias.

¿Cómo piensan evitar que esto se repita y fortalecerse en las comunidades?

Nosotros hacemos un trabajo de concienciación en las bases porque creemos en el poder de las palabras, en el poder del convencimiento para armar propuestas valederas. El Gobierno no puede atropellar así por así. Se va a topar con fuerte resistencia, como la que se ha dado ahora. Que es una resistencia legítima del pueblo shuar, pero que por el método del Gobierno la situación se vuelve no deseable. Estamos prestos a hablar con el Gobierno y decir: esta es nuestra propuesta. Yo soy de Sarayacu y lideramos una propuesta antipetrolera. Logramos ganar el juicio al Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en eso yo no voy a retroceder. Pero hay sectores en la Amazonia norte, donde la actividad petrolera es un hecho. Allá vamos a promover que la gente de la zona sea partícipe de esos beneficios y hasta que sean accionistas por ser dueños de ese territorio. Eso tiene que quedar claro y ellos pueden armar una empresa petrolera. Es contradictorio con lo sucede en la actividad minera. Por años, desde la conquista y la colonia hemos sido mineros, pero no hemos dañado la naturaleza. Entonces es ilógico que se pretenda salvaguardar los intereses de las grandes mineras cuando no se salvaguarda a la minería artesanal, incluso mineros que son ilegales pero que solo buscan el sustento. En vez de dar prioridades a las transnacionales se debe buscar mecanismos para legalizar esta actividad y dar facilidades tecnológicas acordes y que respeten a la naturaleza. Esa es una propuesta verdaderamente  revolucionaria.

¿Cree que el Gobierno ha declarado como enemigo al pueblo shuar en el tema minero y les atribuye los ataques?

Creo que el Gobierno está dando información manipulada y no quiere reconocer que han abatido a un compañero shuar. Es un grave error. Se nota claramente que la bala entra por el pómulo y sale por la parte trasera del cráneo y eso no lo hace una bala de perdigones. Tienen que reconocer eso. Creo que el Gobierno debe propender a solucionar los conflictos mediante el diálogo. Debe crear un organismo para el diálogo. Ya la guerra con el Perú se acabó y el Ejército debe cumplir funciones como la resolución y mediación de conflictos. No queremos que vayan el Ejército y la Policía, queremos que se coordine con las organizaciones y las instituciones civiles. Lo peor es que en el Ejército estaban compañeros indígenas y nos están enfrentado entre hermanos. Creemos que el Ecuador debe caminar a una época posmilitar y pospolicia, en el tema de la seguridad. Para nosotros la seguridad significa un ambiente sano, agua pura, tranquilidad, estar en armonía con la naturaleza. Lamentablemente el modelo del Ecuador está basado en la represión.

¿Qué va a pasar luego de este ataque y muerte?

Lo más seguro es que las comunidades van a limitar el acceso de la fuerza pública a sus territorios. Hay normas claras, hay estatutos de las organizaciones y esta bajo el aval de la Constitución. Por ejemplo, en mi pueblo, Sarayacu, no puede entrar el Ejército si no consulta con nosotros. Tiene que respetar los compromisos. Estamos viendo también que quien cometió este crimen en territorio indígena tiene que ser juzgado ahí, porque la justicia indígena es reparadora y restauradora. No sacamos nada enviando presos a los militares, pero queremos que se indemnice a la familia. Queremos que se cambie la metodología para solucionar los conflictos.